¿Sobrevirán los gobiernos locales?

Un título inspirado por algunos libros clásicos como “Podrán sobrevivir nuestras ciudades” del arquitecto Josep Lluís Sert y “Muerte y vida de las grandes ciudades” de Jane Jacobs 1. Si las ciudades se mueren con ellas desaparecerán los gobierno locales. Y viceversa, si dejamos morir a los gobiernos locales se morirán nuestras ciudades y con ella la democracia, entendida como el gobierno de los ciudadanos, libres, iguales y solidarios.Esta preocupación es propia de los periodos de cambios acelerados y de desafíos nuevos.

Actualmente vivimos una época en la que la ciudades tienden a disolverse en la urbanización dispersa y segregradora. Es la urbanización sin ciudad y sin ciudadanos, simplemente clientes atomizados. Mientras las ciudades centrales expulsan a amplios sectores de la población, fragmentan el territorio físico y social y se terciarizan. Son objeto de la especulación convirtiendo viviendas y barrios no valores urbanos de uso sino de cambio. Y se venden como atracción para el turismo, los congresos y los negocios y en el mejor de los casos para los usuarios de sus servicios y equipamientos.

Se trata de una tendencia potente pero que encuentra importantes resistencias sociales y culturales. Y también por parte de muchos gobiernos locales. Para las oligarquías económicas y políticas y su alta burocracia estas resistencias molestan y en nombre de la racionalización financiera se tiende a vaciar de poder a los gobiernos locales. Pero también tienen los poderes políticos y económicos encuentran ventajas en el minifundismo municipal. Permite a los partidos insertarse en el territorio y los partidos dominantes saben que los cargos locales dependen más de ellos que de los ciudadanos. Y las empresas vinculadas a los servicios y a la construcción y promoción de obras físicas y edificios les resulta más fácil enfrentarse a gobiernos locales debiles que a grandes. En consecuencia, se toma el peor camino: mantener una estructura municipal costosa pero poco eficiente y con competencias cada vez más reducidas lo cual degrada la democracia a cuestiones muy secundarias.

El gobierno español promovió recientemente una reforma local que vació de competencias a los municipios de menos de 20 000 habitantes. Las competencias se transfieren a una institución como las Diputaciones provinciales no electa directamente por los ciudadanos, muy alejadas de los municipios, de funcionamiento muy opaco y con frecuencia un ámbito de prebendas y corruptelas políticas. Hubiera sido mucho más democrático y más eficiente promover e incitar a los municipios a agruparse manteniendo los municipios actuales como circunscripción electoral y delegación del ente supramunicipal.2

Ahora se anuncia en España una nueva reforma local, en este caso el sistema de elección de los gobiernos municipales. La reforma pretende que el alcalde será el cabeza de lista más votada. Se supone que será necesario un mínimo de votos, por ejemplo un 30% de los votantes. Pero en un sistema multipardista es muy probable que un alcalde elegido no representa a una mayoría ciudadana ni mucho menos, agravado por un 50% de abstención ciudadana. Es probable ademásque no cuente de entrada con el apoyo del consejo municipal. En este caso tiene que tender hacia un presidencialismo autoritario, o distribuir cargos y prebendas entre los concejales en detrimento de la coherencia y de la honestidad o gobernar el día a día sin tomar decisiones importantes. ¿Porqué el gobierno español desea esta reforma? Por dos razones. En primer lugar porque el partido gobernante abarca desde el centro hasta la extrema derecha. Su alternativa hasta ahora eran el partido socialista (PSOE) pero que tiende a perder terreno. Pero ahora han emergido fuerzas nuevas, de izquierdas, con una base joven y incidencia en los sectores medios y populares. Y los nacionalismos vascos y catalanes también poseen un gran arraigo en el territorio. Por lo tanto las elecciones próximas se van a dirimir entre 3 o 4 listas. Cuando faltan solamente algunos meses para las elecciones municipales pretender cambiar las reglas de juego por una decisión unilateral del gobierno y sin que haya una demanda social es más que sospechoso. Los gobiernos a veces utilizan el desapego de la ciudadanía hacia las instituciones para promover reformas no a favor de “democratizar la democracia” sino de concentrar más poder en las oligarquías a todos los niveles.

La reforma electoral que se propone es simple y grosera. En vez de abrir las instituciones a la ciudadanía, indignada con las políticas dominantes, alejada y desconfiada de los partidos políticos “institucionalizados”, movilizada por múltiples reivindicaciones y afanes de intervenir en la “cosa pública, no se les ocurre otra cosa que intentar forzar que se mantenga la hegemonía formal de la derecha y como mal menor el centrismo que en España intenta tenerlo el PSOE.

El cual por otra parte se opone pues no solo el PP domina sino que otras fuerzas más progresistas y recién llegadas o renovadas al escenario pueden arrebatarle no solo las alcaldías, incluso ser la principal fuerza de la oposición.

Las elecciones municipales se caracterizan por la “personalización” de las listas y el protagonismo es prácticamente exclusivo de los cabezas de lista, es decir los candidatos a alcalde. En un sistema multipartidista y voto proporcional que puede ocurrir que se hagan bloques heterogéneos para dejar fuera de la alcaldía al candidato más votado, lo cual los ciudadanos lo viven como un engaño.3 Pero no es lo más frecuente. Casi siempre la lista más votada puede conseguir apoyos en el consejo municipal o mediante la presencia en el gobierno. Convertir en alcalde automáticamente el candidato más votado teniendo en cuenta sus importantes facultades multiplica el presidencialismo que ya se da cuando lo elige un consejo municipal plural. Una opción más equilibrada es establecer dos vueltas si en la primera ningún candidato ha obtenido más del 50% de los votos. En este caso conviene facilitar la posibilidad de fusionar listas como ocurre en Francia.

La reforma electoral local anunciada no solamente pretende favorecer al partido gobernante en el Estado. También forma parte de una estrategia de las oligarquías políticas y económicas de debilitar los gobiernos locales que ofrecen en muchos casos resistencias sociales ante las políticas neoliberales que agravan las desigualdades y multiplican exclusiones. No son las reformas destinadas a reforzar las “castas” o elites gobernantes sino aquéllas que faciliten la presencia en las instituciones de fuerzas nuevas, arraigadas en el territorio y vinculadas a los movimientos y organizaciones de base ciudadana. Reformas que no hagan de las elecciones la única vía de promover la participación como son el presupuesto participativo, las comisiones deliberantes de participación en la elaboración de normas y programas y en su ejecución, la iniciativa popular, la obligada comparecencia en las asambleas ciudadanas si hay un número significativo de ciudadanos, la gestión cívica de equipamientos y empresas públicas, el voto programático4, etc.

Lo que precisan los gobiernos locales es una reforma profunda que no solo se basa en las formas de organización y participación. Es necesario replantear el mapa municipal, creando estructuras locales con capacidad de gestionar el territorio y de promover políticas transformadoras. Unas políticas que requieran competencias y capacidades ejecutivas sobre el suelo, los servicios básicos, la gestión de los programas sociales, la reorientación de las economías locales, etc. Si no se produce esta reforma radical los gobiernos locales se disolverán gradualmente como se disuelva la ciudad en la urbanización urbanicida, es decir sin ciudad. Pero no confiemos únicamente en las elecciones. Si éstas no sirven para que la ciudadanía irrumpa en las instituciones ninguna política renovadora, promotora de los derechos y reductora de las desigualdades, protectora del territorio y de los grupos más vulnerables, será efectiva. Desde las instituciones se puede en el mejor de los casos conservar lo que hay. Sin un apoyo social activo, no los consensos que casi siempre son pasivos5, no hay los cambios imprescindibles para democratizar la democracia. Ahora solamente es una democracia teatral cuyos protagonistas principales son actores perversos.

Jordi Borja, julio-agosto 2014

Notas

1 J.L. Sert fue con Josep Torres Clavé el principal impulsor de los Congresos Internacionales de Arquitectura moderna (CIAM) en Catalunya y España y del programa sintetizado en la Carta de Atenas. Sert fue vicepresidente del CIAM y el redactor principal de libro citado publicado en 1942. Al terminar la guerra mundial las Naciones Unidas y muchos gobiernos se inspiraron, más o menos, en su obra en la reconstrucción de las ciudades. Veinte años después Jane Jacobs se rebeló contra el urbanismo groseramente funcionalista que mataba la ciudad. Su obra estuvo basada no solo en sus conocimientos de cientista social sino también en su lucha por defender la vida ciudadana de New York . Jacobs ha sido un referente del urbanismo ciudadano enfrentado con el urbanismo postmodernista propio del neoliberalismo, generador de urbanización sin ciudad y empobrecimiento de la vida colectiva y convivencial.
2 EL caso de Catalunya es una prueba de ello. La reforma reduccionista deja a más de 700 municipios, sobre 940, sin competencias reales. Los principales estudios realizados desde los años 30 del siglo XX hasta hoy demuestran que la estructura municipal racional e integradoras se debería basar en un centenar de agrupaciones municipales. Hoy exiten ya las comarcas, algo más de 40. que agrupan municipios sin prácticamente competencias. Bastaría subtituir la s comarcas y los actuales municipios por un centenar de entes supramunicipales a partir de un proces voluntario, participativo y manteniendo la identidad local histórica.
3 La elección por la via “parlamentaria” (alcalde de elección indirecta por parte del consejo municipal) favore el enquistamiento de grupos reducidos en las instituciones locales. Y a veces se dan situaciones profundamente antidemocráticas cuando las fuerzas conservadoras o inmobilistas (no solo de derechas) se coaligan para impedir ser alcalde a un candidato ganador. Un caso que conozco de cerca. En el año 1990 hubo elecciones municipales en Torino, feudo de la FIAT. El candidato de la izquieda (PCI), Diego Novelli, consiguió el 49% de los votos, el más votado de Italia. Era un amigo, lo llamé por teléfono para felicitarle y me dijo: ha sido un gran triunfo pero nos quedaremos como siempre en la oposición. Desde la extrema derecha hasta los socialistas, todos financiados por la FIAT, se pusieron de acuerdo y eligieron a un viejo liberal ultraconservador , Zanone, que había obtenido el 2%de los votos.
4 El voto programático permite revocar a un cargo electo si no cumple su programa por haber cambiado sus objetivos o prioridades políticas. La ley municipal de Catalunya (1934) del periódo republicano había establecido esta figura legal que atribuía esta prerrogativa a la ciudadanía.
5 Gramsci distinguía el consenso activo que se basaba en un tejido social movilizado que generaba una agregación de objetivos básicos de un consenso pasivo cuando las minorías gobernantes establecían su hegemonía.

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