Movimiento ciudadano en busca de la ciudad futura (frente a la ciudad disuelta y la izquierda errante)

Jordi Borja
Contribución al libro Memoria Ciudadana y Movimiento Vecinal.
Madrid 1968-2008.
Editores Pablo Sánchez León y Vicente Pérez Quintana
Entidad Promotora FRAVM
Agosto 2008, revisado febrero 2012.

Cuarenta años es más que nada. Una referencia personal.

Veinte años no es nada dice el tango Volver. A veces sí. Y los cuarenta años que han pasado desde el 68 no han pasado gratis [1]. Algunas esperanzas de entonces la democracia ciudadana “limitada” ha satisfecho pero bastantes ilusiones se marchitaron frustradas por la perversión partitocrática, burocrática y a veces corrupta de de esta democracia. Muchos se han hecho adultos en el postfranquismo, solo conocieron Monarquía, los partidos y las instituciones electivas. Lo bueno se ha hecho banal por lo habitual, lo malo es demasiado visible. No todos los deficits acumulados se habían satisfecho y nuevas contradicciones han emergido. Y con ellas nuevos conflictos y nuevos actores.

Hace 40 años el autor retornaba a Barcelona. Había pasado casi siete años exiliado en Francia, desde los inicios de 1962. En Paris y no escribiría como Paul Nizan “teníamos 20 años y no permitiré a nadie que me diga que fueron los mejores años de nuestra vida”. Mi exilio no fue desgraciado, incluso puede considerarse muy afortunado si lo comparamos con los de tantos trabajadores, exiliados políticos o emigrantes económicos. Y aún más afortunado en comparación con lo que me hubiera ocurrido si en el otoño de 1961 no desaparezco a tiempo de evitar una inminente detención: un difícil tránsito por la Jefatura de Policía interrogado por la “brigada político-social”, un juicio militar a cargo de la EOA (tribunal de “espionaje y otras actividades”!) y una probable condena de 6 a 12 años de cárcel, pues algunos detenidos fueron condenados a 1 y a 17 años de cárcel. En Paris conseguí rápidamente el estatuto de refugiado político, me matriculé en la mítica Universidad de la Sorbonne, obtuve una modesta beca que complementaba con pequeños trabajos de conserje primero y luego de encuestador, estudié Sociología, Geografía Urbana y Urbanismo, me gradué, hice dos postgrados y empecé a trabajar en una Agencia de Urbanismo dependiente del Ministerio de Cooperación que realizaba estudios y proyectos en Africa y América latina. En la capital francesa viví intensamente los últimos coletazos de la guerra de Argelia, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam y el famoso mayo del 68. La ciudad era toda mi vida, como objeto de estudio geográfico y social, como intervención urbanística y política y como lugar de vida colectiva y de cambio histórico.

La resaca del mes de mayo no fue una fiesta, la reacción conservadora no presagiaba un futuro inmediato exaltante y un refugiado político podía ser expulsado en cualquier momento [2]. Además quería cambiar de aires, conocer mundo. Dudé entre dos propuestas profesionales: una misión de dos años en la base europea de Kourou (Guyana francesa) como me proponía mi agencia o aceptar una invitación cubana por el mismo período de investigación y docencia en La Habana. Intuí que en Europa los años siguientes serían agitados, incluso en España y no quería irme del continente por mucho tiempo. Como disponía de algunos meses antes de confirmar y partir a uno de los dos destinos posibles me aventuré, en el verano del 68, a un discreto regreso a España, con la intención de pasar este tiempo de transición y verificar las posibilidades de regreso definitivo. Me quedé y no me detuvieron hasta un año más tarde (habían pasado muchos años y las acusaciones eran tan confusas y mi declaración tan negativa que el tribunal militar acabó dictando sobreseimiento). Antes había ingresado como profesor en la Universidad, trabajé de técnico de urbanismo en el Ayuntamiento y me vinculé con el naciente movimiento barrial. Y sigo colaborando con la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) y las AA.VV. de Barcelona y otras ciudades.

En el inicio de mi relación con lo que pronto se llamaría “movimiento popular” ocurrió una anécdota significativa. A finales de 1968 el equipo de jóvenes técnicos de urbanismo que trabajábamos juntos decidimos presentarnos a un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para remodelar los barrios del norte de la ciudad. No teníamos ninguna posibilidad de ganar, estos concursos estaban entonces decididos de antemano y nosotros éramos casi desconocidos como profesionales pero conocidos y fichados por la policía. Dos o tres semanas después de haber iniciado la recogida de información recibimos una visita insólita. En el pequeño apartamento en el que trabajábamos por la tarde se nos presentaron 4 hombres y una mujer residentes en los barrios del concurso y de entrada nos dijeron más o menos: “si queréis conocer nuestros barrios os podemos ayudar y si pretendéis hacer propuestas que respondan a nuestras necesidades debéis escucharnos”. Luego supimos que muy informalmente (no había aún asociaciones) eran líderes de sus barrios, uno de ellos de Comisiones Obreras, otro veterano militante del PSUC, una pareja más joven de un grupo de cristianos de base…Tenían toda la razón e inmediatamente aceptamos su propuesta de colaboración. Y sin saberlo estábamos contribuyendo a gestar una de las experiencias vecinales más importantes de los años 70: estaba naciendo Nou Barris (los “nueve barrios”).

Aquéllos barrios fragmentados, en los que se mezclaban la autoconstrucción, los polígonos de vivienda social de “urgencia” de menos de 30 m2 de los años 50, los bloques de mala calidad de los años 60, sin calles paseables ni equipamientos sociales o culturales, sin espacios públicos ni articulación entre los barrios, no se podían conocer sin sus habitantes, ni repensar desde un laboratorio. En la zona vivían más de 150 000 personas, la gran mayoría trabajadores inmigrantes de toda España. Barrios desconocidos o percibidos como marginales por las administraciones y las ciudadanos de la ciudad formal No ganamos el concurso (fuimos segundos! un éxito) pero “nuestra” propuesta fue asumida por un conjunto de colectivos vecinales y se creó en 1970 la Asociación de Vecinos de Nueve Barrios, con delegaciones en cada barrio, que luego se convirtieron en A.V pero manteniendo una estructura vecinal federal en lo que hoy es uno de los 10 Distritos municipales, el único que debe su nombre y su identidad exclusivamente al movimiento vecinal.

Por mi parte como miembro del núcleo promotor de la organización naciente y clandestina Bandera Roja había propuesto iniciar un frente de lucha desde la barrios, el “movimiento popular”, y superar así la exclusividad de la dedicación a los dos frentes principales de la oposición y especialmente de la izquierda: las empresas o trabajo (movimiento obrero) y la cultura (universidad, enseñanza, intelectuales y profesionales). La mayoría de organizaciones políticas de izquierda o extrema izqierda veían en los barrios un ámbito de agitación política antifranquista y de reclutamiento de militantes. En el otro extremo los sectores más moderados del antifranquismo promovían grupos más o menos legales que planteaban algunas demandas a las autoridades y organizaban actividades culturales o festivas. Sin menospreciar ni a unos ni a otros por nuestra parte intentamos esclarecer cuales eran las contradicciones “objetivas” que se producían en los barrios, las reivindicaciones sociales potencialmente movilizadoras, los objetivos políticos planteables y los diferentes niveles organizativos que debían promover las acciones y la reflexión sobre la misma. En resumen: la modestia no era nuestra virtud principal. Y perdonen que añada que fue una experiencia positiva.

No es ahora la ocasión para reproducir aquéllos planteamientos “teóricos”. En su momento fueron escritos y publicados [3]. En resumen se analizaba la ciudad como ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo y por lo tanto la otra cara, indispensable, del proceso de producción. La vivienda, los equipamientos (educación, sanidad, cultura, ocio, etc), los transportes y la calidad del entorno debían proporcionar un salario indirecto que complementara el directo obtenido en el lugar de trabajo. El carácter represivo de la dictadura también se expresaba en su política de bajos salarios y en los deficits urbanos que afectaban especialmente a las clases trabajadoras (y en menor grado pero también a las capas medias) en los barrios. En la ciudad la explotación se agravaba y por lo tanto existía una contradicción objetiva entre las necesidades colectivas y las políticas públicas. El antagonismo era menos visible que en la empresa, donde “capital y trabajo” estaban frente a frente, pero no menos real. La diversidad de situaciones y de poblaciones y la vivencia de los problemas en el ámbito familiar introducía opacidad a lo colectivo que se veía reforzado por la coacción sobre la vida social que imponía el poder político. Hacer emerger el conflicto latente suponía plantear en cada caso las demandas básicas, unir a la población afectada y vencer el miedo a expresarse, es decir hacerse presente en el espacio público, en su sentido físico y político. Colectivos de mujeres y jóvenes especialmente, algunos militantes políticos y sindicales, grupos vinculados a la Iglesia o que se reunían en ella, activistas de entidades culturales constituían un grupo informal para “hacer algo por el barrio“, gentes muy diversas con alguna conciencia política constituían una “comisión de barrio” relativamente clandestina, o una coordinadora de facto para llevar iniciativas a los marcos legales, promovían actividades que reunieran a la gente, se planteaban campañas o demandas y se creaban luego las asociaciones de vecinos legales. A finales de la década el movimiento vecinal democrático había nacido. Y en los años siguientes se desarrollaría rápidamente.

El horizonte político de este movimiento era la democracia política a partir de su dimensión local. Somos conscientes que sería falsificar la historia difundir la idea que el movimiento vecinal fue la tapadera para iniciar o ampliar la lucha antifranquista y que sus actores, gentes muy diversas de condición y convicción, de intereses y edades, de cultura política y proyectos de vida, eran todos o la gran mayoría militantes o resistentes activamente antifranquistas desde el inicio. Tampoco eran franquistas evidentemente. La gran mayoría eran claramente contrarios a la dictadura o lo fueron siendo, y se convirtieron en luchadores conscientemente pero también empujados por la dinámica del movimiento y la progresiva disolución de la presencia de la dictadura en la vida social. Otros, no tantos, incluso concebían el movimiento vecinal como una parte de un movimiento revolucionario socialista. Y muchos, el resto, fueron gentes que se sacaron el miedo de encima y pedían lo que les parecía tan necesario como justo: vivienda, escuela, transporte colectivo, plaza, semáforos… o se resistían a ser expulsados de su lugar por un proyecto especulativo. Reclamaban atención y diálogo. Y al enfrentarse con un poder político que les negaba el derecho de reunirse y de expresarse colectivamente, que sabían corrompido o por lo menos desinteresado de sus barrios entraban en una dinámica que les llevaba a plantear en la calle (¿dónde sino?) la necesidad de ser escuchados, de tener representantes propios y no burócratas o concejales que o no les daban respuestas o enviaban a las fuerzas policiales para “disolverlos”. El conflicto solo se resuelve por la negociación. Al faltar este espacio, al no encontrar el movimiento vecinal interlocutores válidos, la lógica reivindicativa social derivaba en rechazo político, en exigencia de derechos democráticos, de entrada a nivel local. Y de aquí a la exigencia genérica, pero muy concreta para cada uno, de libertad había un solo paso. [4]

No sería justo sin embargo reducir este movimiento a esta dimensión política local inmediatista. Había algo más en su ser profundo, una aspiración de justicia más radical. Las clases trabajadoras o populares, en una situación de dominación o dependencia, consideradas “subalternas” por los grupos hegemónicos, cuando se expresan colectivamente, cuando se hacen presentes en el espacio público actúan según un esquema dual. Sus demandas son concretas, quieren negociar una mejoras que consideran muy necesarias y en la medida de lo posible quieren evitar la represión violenta. Pero emergen, difusamente, no siempre explícitamente o de forma consciente, aspiraciones de un cambio social profundo, deseos de igualdad, exigencia de libertades tan formales como materiales. El movimiento vecinal apunta a un modelo de ciudad democrática como metáfora de cómo diríamos ahora de la idea de que otro mundo es posible.

Esta dimensión “utópica” venía reforzada por un conjunto de elementos externos pero próximos o paralelos al movimiento vecinal que emergieron entonces. El naciente movimiento vecinal encontró apoyo social y técnico en Colegios profesionales, algunas Fundaciones, departamentos universitarios. Y también en algunos sectores de la prensa local. Se legitimó y se cargó de razones. Reforzó así su visión critica de la ciudad y su capacidad de hacer propuestas alternativas.

En estos mismos sectores intelectuales y profesionales se desarrolló una crítica, a veces muy radical, de la situación de las ciudades, del urbanismo oficial, de la lógica perversa de la “ciudad capitalista” acentuada por un sistema político que no reconocía contrapoderes sociales. Se crearon centros o colectivos, especialmente en Madrid y Barcelona que desarrollaron a la vez esta crítica y la elaboración de propuestas alternativas y el apoyo y asesoría a los movimientos vecinales. En algunos casos estos grupos estaban vinculados a la “izquierda política”: PSUC con Bandera Roja en Barcelona, que se integró en 1974, PCE y ORT en Madrid, y otros más o menos efímeros. En otros casos procedían de una izquierda intelectual que incluso ocupaba posiciones profesionales en la Administración pública. La relación entre líderes vecinales, “técnicos” y militantes políticos no siempre fue fácil, pero fue siempre muy productiva.[5]

Todo este cuento sucedió hace entre 30 y 40 años, desde finales de los 60 hasta 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales. Empezó entonces otra historia, más conocida y no es tema de este texto. Nuestro objetivo es saltar del pasado al futuro. Este período que va del 79 hasta hoy viene caracterizado en lo que se refiere al movimiento vecinal por su triunfo glorioso en la transición y los inicios de la democracia, por su influencia decisiva en las políticas públicas locales de los años 80 principalmente y por su progresivo eclipse paralelo a la consolidación de los ayuntamientos democráticos a pesar de la legitimación política que había adquirido la “participación ciudadana”. Hoy que percibimos un resurgir del movimiento ciudadano y de la crítica urbana. Parece lógico que busquemos nuestras raíces morales y nuestras razones de esperanza, lo que nos ayude a construir un horizonte de futuro, en aquellos años de lucha y avances. Antes es inevitable explicar brevemente que le ha ocurrido al movimiento ciudadano en los casi 30 años de Ayuntamientos democráticos. Y luego, sin olvidar nada del pasado, analizar las contradicciones del presente para imaginar el futuro.[6]

Entre el pasado y el futuro: triunfo, eclipse y renacimiento del movimiento vecinal o ciudadano (Nota transitoria).

El movimiento vecinal explotó como movimiento ciudadano democrático durante la transición. Y cuando el ministro transitorio Manuel Fraga declaró “la calle es mía” las asociaciones barriales de Madrid, Barcelona y otras ciudades ocuparon la calle en los inicios del mes de febrero de 1976. Progresivamente la gente de los barrios había conquistado el espacio público incautado por la dictadura [7].

El triunfo específico del movimiento ciudadano se manifestó en los años que precedieron a las primeras elecciones municipales (1979): la gran mayoría de los partidos democráticos (por trayectoria, por renacimiento o por conversión súbita) asumieron en sus programas valores y reivindicaciones de los barrios. Las políticas urbanas de los 80 estuvieron en muchos casos influenciadas por sus propuestas: actuaciones urgentes urbanísticas y de vivienda en los barrios populares, participación ciudadana y descentralización, equipamientos sociales y culturales, calidad del espacio público, anulación de proyectos agresivos, ostentosos o especulativos, etc. Los gobiernos locales asumieron con más o menos convicción, y en parte llevaron a la práctica, muchas de las demandas vecinales. También incorporaron muchos profesionales y bastantes activistas sociales vinculados al movimiento ciudadano. Éste perdió protagonismo político pero obtuvo subvenciones para sus actividades en el marco de una participación que contribuyó a reducir su carga crítica y conflictiva. Lo cual era sobretodo una consecuencia lógica de unas políticas públicas que recogían muchas de las demandas sociales. Pero en las instituciones el conglomerado burocracia-partitocracia fue monopolizando la política local que las sucesivas elecciones confirmaron. Se inició el dulce y gradual eclipse político-cultural del movimiento vecinal a lo largo de los años 80 y 90, a pesar de lo cual, en un marco político que legitimaba la “participación”, las asociaciones aumentaron en número y en afiliados pasivos. Con el cambio de siglo se manifestó un resurgimiento del movimiento vecinal relacionado con un cambio generacional: los jóvenes-adultos solo habían conocido la democracia. Han emergido los conflictos derivados de las nuevas contradicciones generadas por políticas poco participativas y muy sometidas a la lógica del mercado. También en algunos casos ha habido la defensa de situaciones de privilegio, o se han expresado los miedos al cambio, a veces emergen comportamientos insolidarios. En este renacer de la conflictividad urbana intervienen un conjunto de cambios territoriales y societales que el movimiento vecinal debe necesariamente tener en cuenta para desarrollarse y adquirir de nuevo una dimensión ciudadana con capacidad de incidir en las políticas públicas. Pero no está de más reflexionar sobre las nuevas formas que deberá tomar el movimiento social que no puede reproducir las del pasado puesto que la dimensión de los territorios es otra, como distinta es la naturaleza de las instituciones, y si antes el miedo a la represión inhibía la acción colectiva ahora puede ser el temor a perder los fragmentos de bienestar adquiridos. La sociedad urbana actual ha favorecido la autonomía individual pero también ha debilitado los lazos solidarios.

Pero el objeto de esta contribución es explicitar cuales son los retos que se le plantean a un movimiento popular con voluntad transformadora y a la cultura política democrática de la izquierda. Estos retos deben ser asumidos a partir de las contradicciones reales, los conflictos que se generan y una conceptualización renovada de los “derechos ciudadanos” en nuestras sociedades urbanas, los cuales son la base legitimadora de las demandas populares y de las políticas públicas democráticas. Y sobre estas bases los actores del movimiento ciudadano encontraran las formas y métodos adecuados.

Cambios territoriales y societales y conflictividad urbana.

La “globalización” es el típico concepto multiuso y por lo tanto multívoco. Solo se puede utilizar con rigor si se precisa en cada caso el sentido que se le da. En este texto entendemos que el cambio tecnológico (sociedad de la información, revolución en los medios de comunicación) y económico (capitalismo financiero global en el marco de una economía y una sociedad altamente mercantilizadas) ha producido cambios de gran escala en el territorio. En las áreas del mundo altamente urbanizadas asistimos a un doble movimiento: más densificación en las áreas centrales y más dispersión en las periferias. ¿Nos encontramos ante una revolución urbana o una contrarrevolución?

La revolución urbana que vivimos es una de las principales expresiones de nuestra época. Existe ya abundante literatura, incluso el autor de este texto ha escrito al respecto [8]. Las nuevas regiones metropolitanas cuestionan nuestra idea de ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, caracterizada por la segregación social y la especialización funcional a gran escala y por centralidades “gentrificadas” (clasistas) o “museificadas”, convertidas en parques temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo. Esta ciudad, o “no ciudad”como diría Marc Augé [9] es a la vez expresión y reproducción de una sociedad a la vez heterogénea y compartimentada (o “guetizada”), es decir mal cohesionada. Las promesas que conlleva la revolución urbana, la maximización de la autonomía individual especialmente, está solamente al alcance de una minoría. La multiplicación de las ofertas de trabajo, residencia, cultura, formación, ocio, etc., requieren un relativo alto nivel de ingresos y de información así como disponer de un efectivo derecho a la movilidad y a la inserción en redes telemáticas. Las relaciones sociales para una minoría se extienden y son menos dependientes del trabajo y de la residencia, pero para una mayoría se han empobrecido, debido a la precarización del trabajo, el tiempo gastado en la movilidad cotidiana y la falta de recursos suficientes para “usar” los nuevos y amplios territorios metropolitanos.

La difusión urbana es la principal característica de las regiones metropolitanas. En los países europeos y americanos, estas regiones tienden a concentrar la mayoría de la población pero domina la urbanización de baja densidad lo cual supone altos costes de sostenibilidad (despilfarro de suelo, energía, agua, etc) y mayor segregación social (proliferan los enclaves, los guetos, las áreas monofuncionales, etc). En España la urbanización dispersa ha caracterizado los desarrollos urbanos del último cuarto de siglo XX e inicios del actual. En estas periferias difusas la ciudad no existe, no se ha muerto, no ha llegado a nacer. Sus catedrales son los centros comerciales o los puestos de gasolina y los comercios, bares o discotecas que crecen a su lado [10].

La otra cara es la alta densidad de la ciudad central, su primera corona y algunos centros intermedios que articulan estas regiones en los que un cierto policentrismo reduce muy relativamente los efectos perversos de los dos extremos dominantes, la fuerte centralidad de la gran ciudad y la baja densidad de la mancha urbana. La densidad de los núcleos centrales viene dada no solo por la población residente sino también por la usuaria, sean los generados por los movimientos pendularios cotidianos (residencia-trabajo especialmente) o los estacionales o intermitentes (ocio o turismo por ejemplo). En estas centralidades se produce una fuerte tendencia a la gentrificación, a la ciudad-oferta hacia el exterior, a la ciudad-objeto, a la desposesión de los ciudadanos de su “lugar” [11]. Los flujos se imponen sobre los lugares-nodales complejos, es la alienación urbana. El espacio público ciudadano se pervierte en espacio-espectáculo o desaparece engullido por las vías circulatorias.

El resultado de ambos procesos es la tendencia a la disolución de la ciudad. Tanto em las nuevas periferias metropolitanas de urbanización difusa y fragmentada, como en las ciudades “históricas” compactas pero especializadas y excluyentes. Una disolución que cuestiona incluso la misma existencia del movimiento popular ciudadano en tanto que impulsor de un cambio social y cultural de sentido democrático, igualitario y equilibrado.

En las ciudades compactas el movimiento vecinal tiende inicialmente a plantear posiciones de resistencia localizada cuando las dinámicas y las políticas urbanas (gentrificadoras) ponen en peligro su statu quo en barrios bien integrados a la centralidad urbana. O posiciones de protesta cuando recibe los efectos negativos de esta centralidad (turismo, excesos de “animación urbana”, inseguridad). Como las políticas públicas tienden a priorizar la oferta urbana en las zonas más atractivas se generan desigualdades en el tejido aglomerado que dan lugar a reivindicaciones tradicionales de rehabilitación urbana garantizando la continuidad de los residentes, de vivienda protegida, de equipamientos y servicios, etc. Pero si bien estos movimientos encuentran formas de articulación entre entidades y plataformas diversas y pueden unir en ciertos momentos a diversos barrios no poseen las bases culturales y las estrategias políticas para plantear modelos alternativos a las dinámicas disolutorias.

En la ciudad difusa y fragmentada la situación en la que se enfrenta el movimiento vecinal democrático no es precisamente mejor. En estos casos se dan aparentemente condiciones mejores para la reivindicación: población más homogénea y demandas mas evidentes y unificantes. Como son: completar los servicios básicos vinculados a la urbanización (algunas redes como saneamiento o alumbrado, fractura digital, transportes, escuela, seguridad, etc), construcción de algunos equipamientos sociales o culturales, desconcentración o descentralización municipal, incluso creación de un nuevo municipio. La importancia inmediata de estas reivindicaciones y la fragmentación del territorio metropolitano hace que este movimiento tiende al localismo más estricto, incluso se confronte con el núcleo histórico del propio municipio o con otras urbanizaciones del mismo. Una visión y una estrategia de conjunto en las nuevas regiones metropolitanas no nacerá espontáneamente de estos fragmentos. Ni tampoco de los partidos políticos totalmente absorbidos por las instituciones existentes, por los ciclos electorales y cuyo principal conexión con la sociedad son los sondeos de opinión.

Si que existe hoy una visión crítica de los modelos de urbanización dominantes, tanto en ciertos medios profesionales o culturales como en colectivos más o menos formales y alternativos. También emergen en algunos liderzazos sociales (por ejemplo en núcleos dirigentes de algunas federaciones de asociaciones vecinales). Pero no se ha desarrollado aún el movimiento socio-político correspondiente [12].

Este movimiento no podrá resultar únicamente de la suma o coordinación de movimientos vecinales de ámbito local, ni es posible que sea una reproducción del movimiento ciudadano que precedió y empujó la conquista de la democracia desde la calle. Deberá encontrar los objetivos y las formas para articular una sociedad más compleja, o más heterogénea que la de hace 40 años. Esta nueva sociedad urbana no está estructurada en grandes grupos sociales como los que caracterizaban la sociedad industrial.

Las clases trabajadoras tienen niveles de renta, de influencia social o política y de valores culturas muy diversos y el lugar de trabajo es hoy poco unificante. A las diferencias socio-profesionales se añaden las de origen nacional, las de género, las de edad. En la ciudad los comportamientos son más individuales que colectivos, cada miembro de la familia es un actor en sí mismo. Las relaciones barriales son unas entre muchas, pues se tienen más relaciones a distancia que en el pasado, el consumo y el ocio se privatizan, el espacio público se empobrece. Esta sociedad individualizada nos aparece fracturada entre los que temen perder sus rentas de posición, sus pequeños privilegios y seguridades vulnerables y los que viven en precario, en sus trabajos y en sus derechos, sin otro horizonte vital que el de la incertidumbre, sin otra garantía que la de no poder alcanzar el nivel de sus expectativas. Es una sociedad que necesita del Estado del bienestar, pero precisamente éste no llega, o no lo suficiente, a los que más lo necesitan. El muy loable propósito de defender el Estado del bienestar como “nuestro Estado de derecho” [13] olvida que este programa no garantiza el “bienestar”, por insuficiente o inadaptado a las necesidades de hoy a gran parte de los que más lo necesitan: los mileuristas y los desocupados, los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y los inmigrantes sin derechos reconocidos, los fracasados de la escuela y los excluidos por la fractura digital. Y los que viven en el círculo vicioso de la marginación, en urbanizaciones periféricas o en barrios degradados, lejos de todo y demasiado cerca de los que viven la misma situación o peor que ellos.

En estos espacios urbanos y en estas sociedades atomizadas la cultura política progresista se pierde. En bastantes casos ha habido una gestión municipal correcta, atenta a sus electores, más reproductora que innovadora (más de lo mismo) y que mantiene su presencia institucional. Pero hay disolución de la presencia en el tejido ciudadano de una fuerza política y cultural sintetizadora, falta de arraigo militante en el territorio, especialmente entre los sectores sociales más discriminados en unos casos y más reactivos en otros. Y, sobre todo, hay disolución del discurso de izquierda. Si hay crisis de la ciudad (riesgo de degeneración pero oportunidad de re-creación a una escala mayor) la izquierda debiera proponernos en el presente un proyecto de ciudad futura. Es indudable que los gobiernos locales progresistas han sabido desarrollar políticas positivas en la ciudad compacta heredada, especialmente de reconstrucción de los espacios públicos y de mantenimiento relativo de la mixtura social y funcional. Pero esta izquierda institucionalizada, desde los gobiernos o desde la oposición, no es capaz de proponernos políticas de resistencia y alternativa a los efectos perversos de la globalización que se manifiestan especialmente en los territorios donde se está desarrollando la ciudad futura, los vastos espacios urbanizados sin calidad de ciudad. Y tampoco sabe contrarrestar las dinámicas excluyentes que se manifiestan en muchas partes de la ciudad compacta. Al contrario, mediante políticas sectoriales y cortoplacistas acaba sometiéndose a la lógica segregadora y excluyente del mercado y contribuye en muchos casos a la disolución de lo ciudadano. A lo que gobernantes (derechas e izquierdas confundidas) y grandes empresas añaden en nombre de la competitividad y del marketing urbano la ostentación arquitectónica, el neomonumentalismo de exportación, que banalizan la ciudad y alienan a los ciudadanos, puesto que en muchos casos esta arquitectura de autor parece destinada a provocar sentimientos de expropiación en vez de la identificación o la emoción integradoras. Se vende la ciudad a inversionistas y turistas y se empuja a los sectores populares, y a los jóvenes especialmente, hacia las tristes periferias metropolitanas.

Las cúpulas políticas, en especial las de izquierdas, periódicamente declaran que hace falta construir una gobernabilidad metropolitana para construir la ciudad del futuro. Pero cuando gobiernan evitan hacerlo pues parece que a la mayoría ya les va bien la fragmentación y la superposición de organismos actuales. La cultura estatista y partitocrática es común a los que proceden de la tradición social-demócrata como a los que han adherido al social- liberalismo. Sus líderes políticos e intelectuales se mueven entre las abstracciones del Estado, las dependencias de la economía global y las poco fiables encuestas de opinión (puesto que los ciudadanos viven estas realidades contradictoriamente y con muchas incertidumbres, contestan sobre a partir de experiencias anteriores no sobre dinámicas novedosas). La ciudad de carne y hueso, de gentes con deseos y necesidades que se entremezclan en cada uno de ellos y que demandan respuestas integradas y próximas queda muy lejos a las instituciones y partidos. Cerca, en el mejor de los casos están los gestores locales del día a día, inevitablemente conservadores de lo único que tienen, la proximidad, que no es suficiente para enfrentarse con las dinámicas actuales que reducen las libertades urbanas y acrecientan las desigualdades en el territorio.[14]

Contradicciones sociales y asimetría política. [15]

Es casi un lugar común en Europa la idea de que la contradicción propia a nuestras sociedades se ha trasladado del ámbito de la empresa al del territorio, es decir de la contradicción capital-trabajo a la de las políticas públicas (por acción u omisión)-condiciones de vida (reproducción social). Sin embargo esta contradicción aparece confusa por la multiformidad de los objetos o materias que la expresan, tan dispares como la vivienda y la seguridad, el trabajo precario y la inmigración, la protección del medio ambiente o el patrimonio y la movilidad. Una confusión que dificulta la construcción de proyectos simétricos oponibles.

A esta asimetría se añade la derivada de la diversidad de sujetos, con intereses a su vez contradictorios y que difícilmente son capaces de definir un escenario compartido en el que negociar el conflicto (solamente si el conflicto se agudiza y en casos puntuales). Denominamos esta conflictividad como asimétrica cuando los actores en confrontación no pueden definir objetivos negociables o no están en medida de asumir responsabilidades. Un caso extremo de conflictividad es cuando se da una rebelión “anómica” (por ejemplo las protestas de los “banlieusards” de Paris). Y un ejemplo de conflictividad sin actores responsables por un lado y representativos de un interés común por otro es cuando las actores demandados no tienen capacidad de dar una respuesta conjunta y los demandantes son heterogéneos, no pueden ofrecer una representación unificada y tienen intereses contradictorios como ocurre actualmente con el conflicto de las infraestructuras en Catalunya.

Se puede argumentar que esta problemática afecta muy especialmente a la izquierda, que se encuentra con frecuencia entre y en las distintas partes en conflicto pero que difícilmente puede evitar esta situación puesto que lógicamente está en las instituciones y también representa muchas veces a la ciudadanía movilizada. Pero la cuestión que interesa en este caso no es la complejidad del conflicto sino la debilidad de las políticas de la izquierda institucional en estos casos. Una debilidad que se deriva más de la inconsistencia teórica y la laxitud de los valores morales que del carácter de las personas o las opciones coyunturales de los partidos. Una debilidad de los principios y de los valores que conduce al oportunismo electoral y a la gestión rutinaria . Veamos un conjunto de cuestiones conflictivas, que se expresan en ámbitos territoriales de proximidad. Temas que pueden servir como líneas o estrategias específicas para un movimiento ciudadano similar al que dio el movimiento vecinal en la década de los 70. Y como test para evaluar si la cultura política progresista o de izquierdas es portadora de un proyecto de futuro más democrático o es simplemente una gestora del presente, con sus progresos adquiridos y sus contradicciones y retrocesos permanentes.

a) La precariedad del trabajo.

La evolución de la economía de mercado ha “naturalizado” la precariedad del trabajo asalariado, la consecuente desvalorización del puesto de trabajo y del proceso adquisitivo de la cualificación profesional. La izquierda gobernante ha implementado medidas correctoras de los efectos más negativos de la precariedad (seguro de desempleo, programas de formación continuada, duración mínima de los contratos de trabajo, reducción de la jornada, etc.) pero no es portadora de un proyecto global valorizador del trabajo y de la profesionalidad de todas las actividades como han planteado algunas corrientes sindicales (por ejemplo Trentin, exsecretario general de la CGIL, la confederación italiana). Por otra parte si tenemos en cuenta la entrada tardía en el mercado de trabajo, los casi inevitables periódos de desocupación que acechan a gran parte de la población activa y la jubilación de personas cuando aun disponen de dos o más décadas de esperanza de vida plantea la cuestión de la necesidad de unos ingresos mínimos garantizados. Actualmente las desigualdades y las incertidumbres caracterizan los actuales sistemas de pensiones. La propuesta de una renta básica universal es interesante aunque seguramente en su concepción mas radical es discutible y de difícil implementación pero indica la existencia de un problema que requiere una solución global que no puede diferir demasiado de su principio: garantizar a toda la población un mínimo ingreso monetario.

b) La vivienda y el suelo.

La vivienda es un derecho básico recogido en los textos constitucionales y en las cartas de derechos humanos pero solamente es un principio orientador de las políticas públicas, es decir se trata de un “derecho programático”, no garantizado por el Estado de “derecho”. Hoy se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales para amplios sectores de la población y al mismo tiempo una de las principales fuentes de beneficios especulativos, tanto del capitalismo financiero como de un extenso y variopinto mundo de propietarios de suelo, promotores y constructores. La urbanización, la construcción de viviendas y las obras civiles son seguramente el principal factor de corrupción política y social. En España, bajo gobiernos de izquierda y de derecha se ha destruido por igual el paisaje costero, la urbanización extensiva ha favorecido la mayor especulación del suelo de nuestra historia, se han construido centenares de miles de viviendas que no tienen comprador o localizadas tan lejos de los centros de trabajo y de servicios que generan altos costes sociales y ambientales. La especulación inmobiliaria ha corrompido la vida política y regional y ha alcanzado a algunas cúpulas partidarias partidarias y de organizaciones sociales. No es preciso recordar que la burbuja que ha conducido, con el beneplácito del Gobierno, a producir más viviendas que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos explotaría y provocará probablemente una recesión mayor que en el resto de Europa. La izquierda ha abandonado sus objetivos clásicos: propiedad pública del suelo urbanizable y urbano, prioridad a las viviendas de alquiler (que no debiera superar el 10% de los ingresos familiares), continuidad y mixtura de los tejidos urbanos, etc. Y cuando se proponen medidas correctoras, como la reciente legislación sobre las plusvalías urbanas, son de una timidez increíble (recuperación por parte del sector público del 15% de estas plusvalías! ¿porqué no del 90 o del 100%?). La reciente ley catalana sobre el “derecho a la vivienda”, cuyo proyecto no iba más allá de otras leyes similares vigentes en los países occidentales, ha sido desnaturalizada tanto en el debate parlamentario como en la negociación social. En estos casos la mayoría de los representantes de la izquierda, tanto aquí como en Madrid, han demostrado convicciones muy débiles frente a los intereses privados. No encontramos hoy en la izquierda una comprensión clara sobre “el derecho a la vivienda” y menos aún sobre “el derecho a la ciudad”, una cuestión de la que depende nuestro futuro.

c) Las infraestructuras y movilidad de los ciudadanos.

El actual debate sobre las infraestructuras parece centrarse en una disputa sobre el nivel institucional al que corresponde la principal responsabilidad de gestión. Sin duda es un tema importante y parece probable que una gestión de proximidad de las redes ferroviaria y viaria, de los puertos y de los aeropuertos sería sin duda más eficaz al estar más sometida al control social. Pero no es un debate derecha-izquierda y sorprende que ambas coincidan en las mismas propuestas “incrementalistas” a pesar de que en muchos casos suponen costes sociales y ambientales difícilmente sostenibles. Parecería lógico que la base de partida de la izquierda fuera el reconocimiento del “derecho a la movilidad”, hoy fundamental, que debe considerarse un derecho universal, para todos, para cada día y a todas las escalas. En consecuencia debería priorizarse la movilidad más masiva y más cotidiana, como son las redes de cercanías, lo cual no sucede ahora. Las infraestructuras son también el principal motor de la urbanización y corresponde especialmente a la izquierda favorecer los desarrollos urbanos apoyados en la compacidad de los tejidos urbanos. No es así, los ejemplos más frecuentes en España nos indican que no se asume ni el derecho a la movilidad ni el buen uso de las infraestructuras para hacer ciudad. Se mantienen los modelos radiocéntricos y la política del “caballo grande, ande o no ande”. Y en Catalunya es suficiente analizar los programas viarios de los gobiernos sean de centro derecha o de centro izquierda para constatar que sirven más a la especulación inmobiliaria que al derecho a la ciudad.

d) La seguridad ciudadana.

De nuevo nos encontramos con discursos y prácticas que se caracterizan por las ambivalencias, las contradicciones y finalmente la sumisión a valores y comportamientos más propios de una derecha conservadora y excluyente, que excita los estados de opinión más primarios. La creación de ambientes seguros es un derecho fundamental para el conjunto de la población y es una obligación de las políticas públicas garantizarlo. Especialmente para los colectivos que por razones diversas son más vulnerables, sufren discriminaciones y demandan protección. Pero la inseguridad procede de muchas causas: desocupación o precariedad del trabajo, entorno urbano inhóspito, pobreza, presencia de colectivos culturalmente distintos y percibidos como potencialmente “peligrosos”, debilidad del tejido social, etc. Por otra parte vivimos en una época en que la política del “miedo” se ha convertido en un instrumento manipulador de la opinión pública por parte de los gobernantes más reaccionarios. Lamentablemente esta política ha contaminado a las izquierdas gobernantes y en bastantes casos han asumido el discurso securitario y la práctica de la represión preventiva en contra muchas veces de los colectivos más vulnerables. El ejemplo más próximo y más escandaloso es el de las Ordenanzas para la convivencia aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona, en las que se criminaliza a colectivos sociales enteros (vendedores ambulantes, prostitutas, mendigos, limpiacristales, sin techo, etc) y se imponen sanciones tan exageradas como inaplicables [16]. Todo ello en nombre del “ciudadano normal” que tiene derecho “a no ver aquello que le disgusta”. Unas ordenanzas que la dirección del PSOE ha declarado que deberán servir de modelo a todos los ayuntamientos de España en los que participe en el gobierno. Incluso han sido bien recibidas por otros gobernantes de la izquierda europea como el alcalde de Bolonia, durante décadas considerada la ciudad modelo de la gestión progresista. Entendámonos: no se trata de defender una política permisiva, todo lo contrario. Creemos que la policía de proximidad, la justicia local rápida, la sanción inmediata de los comportamientos incívicos, etc. forman parte de unas políticas públicas que deben ser propias de la izquierda pues afectan a la gran mayoría de los ciudadanos. Pero la base de partida debe ser la consideración de todos los ciudadanos por igual, la protección de los más débiles y la construcción de unos ámbitos de convivencia que promuevan el conocimiento mutuo, la cooperación entre los ciudadanos y la solidaridad con los más débiles o discriminados. Curiosamente las “ordenanzas” citadas si bien proclaman al inicio su intención de sancionar los comportamientos racistas o xenófobos luego se olvidan de concretar esta buena intención en el articulado. El derecho a la seguridad hoy no parece que por ahora esté elaborado y asumido por la izquierda gobernante como propio, simplemente se apunta a la ideología y a las prácticas más conservadoras. Una ideología y unas prácticas que criminalizan a los pobres, a los jóvenes sin horizontes de los sectores populares y a los inmigrantes. Es la doctrina Bush sobre el terrorismo difuso que nos acecha y la aplicación a la política local de la grosera política de la represión preventiva, cuyo ejemplo más repugnante son las Ordenanzas del civismo aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2006.

e) La Escuela pública y la religión.

La Escuela pública, obligatoria y laica ha sido históricamente una de las grandes conquistas de la izquierda, en su triple objetivo. Garantizar una formación básica para todos los ciudadanos como medio de promover un desarrollo económico y social más justo y más eficaz. Crear un mecanismo de movilidad social ascendente al alcance de los sectores populares y de los colectivos que sufren discriminación y exclusión. Y por último formar ciudadanos para la democracia, mediante una educación que no imponga creencias que pretendan monopolizar la verdad y que signifiquen menosprecio para otras de signo diferente. Actualmente la combinación entre los afanes de distinción de los sectores sociales acomodados por una parte y el accesos al sistema educativo de los sectores populares, incluidos los procedentes de la inmigración, ha provocado una fuerte fractura en el sistema educativo. A ello ha contribuido el nefasto comportamiento de una parte importante de la Iglesia católica, defensora de privilegios heredados de la dictadura y convertida en gran empresa que ha hecho de la enseñanza un negocio y una fuente de poder y de influencia. La izquierda institucional ha entrado en este juego, políticamente y también personalmente. Envía a sus hijos a la escuela privada, incluso religiosa, y admite que las escuelas concertadas practiquen la discriminación (por ejemplo respecto a la población inmigrante) y incluso incluyan en sus enseñanzas obligatorias la religión. Esta debilidad ha traído consigo un retroceso progresivo del laicismo y ha permitido que incluso se admita la enseñanza de la religión (no la historia de las religiones) en la escuela pública. El resultado es que ninguno de los tres objetivos de la escuela pública, obligatoria y laica se cumplen.

f) Los servicios públicos urbanos.

Lo sabemos todo el mundo y es profecía: existen unas relaciones oscuras, importantes nichos de corrupción pública y posiciones privilegiadas de grandes empresas de servicios que generan enormes beneficios privados que pesan sobre los contribuyentes y sobre la calidad de las prestaciones. Es indiscutible que uno de los principales avances promovidos por la izquierda y su proyecto, hoy ya histórico, del “estado del bienestar, ha sido el establecimiento de un sistema de servicios públicos “universales” o de interés general. Este sistema está hoy afectado de un proceso de deterioro creciente debido principalmente a dos factores. Primero la relativa inadecuación de la oferta a las nuevas realidades urbanas caracterizadas por la difusión del habitat y la mayor escala de la segregación social. Las poblaciones menos solventes estarán peor servidas tanto en transporte público como en equipamientos socio-culturales y también en acceso a las actuales tecnologías de información y comunicación (la “fractura digital). Y segundo: las situaciones de monopolio de facto garantizan una impunidad que permite que los deficits de inversión y de mantenimiento fragilicen las prestaciones como ocurre ahora en agua y energía. Y no deja de ser una escandalosa paradoja que estas mismas empresas de servicios utilicen las políticas públicas de cooperación para instalarse en países menos desarrollados en los que fuerzan contratos leoninos y transfieren tecnologías poco adecuadas .

La cultura de izquierda debiera recuperar algo tan elemental y que forma parte de su razón de ser como es la propiedad colectiva de bienes básicos de la humanidad, por lo menos de los 4 bienes clásicos: el agua, el aire, el suelo y el fuego (la energía en términos actuales). No es posible que estos bienes sean objeto de apropiación privada y en consecuencia de lucro para unos y de exclusión para otros. La gestión del agua es privada y una parte importante de la población del mundo no tiene agua potable por no poder pagarla. Se compra el derecho a contaminar y los países dominantes contaminan así a las poblaciones más pobres. La propiedad privada del suelo es uno de los principales factores generadores de marginación social, de especulación privada y de corrupción pública. Y las mayores fortunas se generan en los sectores energéticos y se distribuyen según los niveles de solvencia de las demandas, con la paradoja que en muchos casos las poblaciones y los territorios productores de fuentes energéticas no pueden acceder a las mismas.

Hay una correlación evidente entre la progresiva dominación de los servicios básicos que requiere cualquier población (y de servicios urbanos comunes a todas las ciudades) por parte de grandes grupos económicos multinacionales y los procesos de privatización de los servicios públicos o de interés general. Los movimientos ciudadanos pueden plantearse la crítica y la denuncia de las consecuencias negativas de estos procesos y a la vez ampliar el concepto de servicios de naturaleza universal o de interés general. Además de los vinculados a los cuatro bienes básicos citados deberíamos incluir entre otros la movilidad y la comunicación (telefonía, fractura digital, prioridad al tranporte colectivo,etc), la seguridad alimentaria y el acceso a los medicamentos, la identidad cultural, etc. Por ejemplo en el caso de la industria farmaceútica so podrían promover urbi et orbi los medicamentos genéricos, difundiendo las fórmulas para que éstos llegaran a todos los países más pobres, imponiendo condiciones a la producción y distribución de medicamentos fabricados por el sector privado, creando redes locales de distribución alternativa y priorizando la investigación en los centros públicos.

Como consideración más general se nos debería evitar la vergüenza de ver tratar a las empresas multinacionales (las financieras, las de servicios, las energéticas, etc) como representantes del interés nacional por el hecho de tener su origen en el país (como actúan ahora, gobierno, partidos políticos y medios de comunicación en relación a las nuevas políticas que emergen en América latina).

g) La inmigración.

El discurso y la práctica de la izquierda institucional es en este caso de una ambigüedad que va más allá de la inevitable consideración de los límites que tanto los marcos económico y legal (nacionales y europeos) como el estado de la opinión pública imponen a una política de la inmigración. Se practica la contradicción o el doble discurso entre los principios que se proclaman y las normas que se imponen. Véase si no la ley de extranjería que promovió el gobierno socialista en los años 80: en la exposición de motivos se decía que el objetivo era reconocer y proteger los derechos de los inmigrantes mientras que el texto articulado era un compendio de limitaciones al ejercicio de derechos básicos. Se hacen declaraciones oportunistas e hipócritas negando la regularización de los “ilegales” cuando todos sabemos que es inevitable que la población establecida en el país, que trabaja y paga impuestos, acabe siendo regularizada, lo cual deberá hacerse periódicamente. Se omiten los injustos costes sociales que debe asumir este ejércitos de reserva de mano de obra que trabaja en precario mientras espera que al cabo de unos años sea regularizado. Se ponen trabas a derechos tan básicos como el reagrupamiento familiar o el ejercicio de los derechos sindicales. No reclamamos que la izquierda practique una política de puertas abiertas en permanencia pero si que admita el derecho de los habitantes del mundo a tener un proyecto de vida propio y establezca cauces regulares y dignos para recibir una población que igualmente llega a nuestros países desarrollados. También aquí faltan principios claros y los más importantes son los que se refieren a los derechos de los inmigrantes. El derecho a la dignidad, al reconocimiento de su identidad, el trato basado en la “acción positiva” para facilitar su proceso integrador, la sanción al maltrato provenga de la sociedad civil o de los funcionarios públicos, la difusión de sus valores y de sus aportes al país al que llegan. Por ejemplo: los datos nos dicen que el nivel medio educativo de los inmigrantes es superior al de los españoles, y que la tasa delictiva (si excluimos la irregularidad legal) es igual al del resto de la población. La cuestión fundamental desde una cultura democrática es reconocer a los inmigrantes instalados en el país de acogida como ciudadanos de plenos derecho. No hay argumentos admisibles que puedan negar este principio. Para la izquierda es un test ineludible. La población de origen no comunitario con residencia legal debe ser sujeto de los mismos derechos que los nacionales, incluidos todos los derechos políticos.

Los derechos ciudadanos y el derecho a la ciudad.

Los movimientos sociales progresistas y la izquierda política, para ser fieles a sus objetivos históricos de libertad e igualdad, a su vocación internacionalista y de estar al lado de los son a la vez víctimas necesarias y resistentes potenciales de un sistema basado en el despilfarro global y el lucro personal, deben reconstruir sus bases teóricas y sus valores morales. La nueva realidad de este mundo global y de esta sociedad postindustrial nos obligan a repensar, actualizar y ampliar los derechos ciudadanos correspondientes a nuestra época [17].

En todas las épocas han sido los movimientos sociales e intelectuales los que han establecido un nuevo horizonte de derechos exigibles que luego se han ido formalizando políticamente y jurídicamente por medio de la lucha política. Así fue con los derechos civiles y políticos promovidos por las revoluciones democráticas a partir del siglo XVIII y con los derechos sociales y económicos revindicados y en parte conquistados por las luchas, reformas y revoluciones sociales del siglo XX. En nuestro siglo han emergido derechos de género, ambientales, comunicacionales, vinculados a la mayor autonomía del individuo, otros relativos a las identidades colectivas, etc. En un caso se trata de derechos nuevos, en otros de ampliación y desarrollo de derechos ya legitimados pero que resultan insuficientes hoy. Es el caso del derecho a la vivienda y a algunos servicios básicos. En nuestras sociedades urbanizadas se requiere un derecho más complejo, el “derecho a la ciudad”.

La elaboración y conversión en reivindicación politica nuevos derechos ciudadanos es una tarea que difícilmente cumplirán espontáeament las instituciones y los partidos políticos. Están doblemente limitados por los marcos legales y financieros y por los sondeos de opinión. Unos límites que impiden la innovación. Pero las contradicciones sociales existen y la capacidad cultural para reflexionar a partir de éstas también. Vivimos un momento histórico que nos impele a pensar y a luchar por algo nuevo. Por nuevos derechos. Y es tarea de los movimientos sociales y culturales (en sentido amplio, es decir la conceptualización y difusión intelectual).

El “derecho a la ciudad” integra derechos relativos al entorno físico como la vivienda, el espacio público, el transporte, el ambiente, etc que condicionan derechos individuales y colectivos de carácter social o político, es decir la efectividad del estatuto del ciudadano. Pero también se integran en el derecho a la ciudad derechos políticos y sociales que a su vez condicionan la inserción en la ciudad como la igualdad político-jurídica, la identidad personal y colectiva de las minorías, el salario ciudadano o renta básica, la formación continuada, etc. El derecho a la ciudad pues es un conjunto de derechos formales y materiales que configuran la ciudadanía.

En nuestras sociedades altamente urbanizadas hay una estrecha relación entre derecho a la ciudad y derechos ciudadanos. En sentido amplio los derechos ciudadanos, y los deberes correlativos configuran el estatuto de las personas reconocidas como ciudadanos. La democracia no consiste únicamente en la existencia de instituciones representativas y libertades políticas y civiles. Esta es la dimensión formal. La dimensión material es que las instituciones y las libertades se justifican y se ejercen con el fin que las políticas públicas hagan reales los derechos teóricos considerados legítimos en cada momento histórico y las libertades sirven para reivindicarlos. Optamos por conceptualizar estos derechos como ciudadanos y no “humanos” por considerar que forman parte del estatuto de ciudadanía, es reconocer a la persona como sujeto de derechos y deberes que le hacen libre en el territorio en el que ha elegido vivir e igual a todos los que conviven en este territorio.

En el texto que sigue a continuación proponemos un catálogo, obviamente no exhaustivo, de derechos urbanos como contribución a la renovación de la cultura política en el ámbito de la ciudad y del gobierno local. La legitimización de las demandas locales y la síntesis entre valores universalistas y practicas políticas territoriales requiere la formulación de derechos que permitan desarrollar un combate democrático por la justicia en la ciudad.

  1. Derecho a la vivienda y al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al re-alojo en la misma área si esta se transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitats degradados o marginales. Las autoridades locales protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciativas privadas. El derecho a la vivienda está integrado necesariamente en el derecho a la ciudad: la vivienda si no está integrada en un tejido urbano, articulado con el resto, en él que conviven poblaciones y actividades diversas. Si no es así el derecho a la vivienda puede ser de hecho la marginación de los sectores de bajos ingresos (la exclusión territorial).
  2. Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados. El espacio publico es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía.
  3. Derecho a la belleza. El lujo del espacio publico y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante la forma, el diseño, la calidad de los materiales…
  4. Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es mas factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, o participar o confrontarse. Para los “excluidos” la integración grupal conflictiva es indispensable para conseguir su reconocimiento.
  5. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. La accesibilidad de cada zona es indispensable para existir para los otros.
  6. Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos o metropolitanos. En la ciudad metropolitana la articulación de los centros viejos y nuevos, el acceso y la recalificación de los centros históricos no solo de la ciudad central sino también de las áreas periféricas, la creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición social son elementos consubstanciales de la democracia urbana. Las centralidades marcan las principales diferencias entre las ciudades. La adecuada relación centralidades-movilidades es hoy una de las condiciones básicas para el funcionamiento democrático de las ciudades. La pluralidad de centralidades se vincula a la superación de las dinámicas segregadoras y especializadoras de los territorios: el urbanismo de la ciudad del siglo XXI debe optar por el collage, la mezcla, la diversidad de poblaciones, actividades y usos plurales de los espacios.
  7. Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía. Las políticas publicas deben desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social, promover formas originales de participación ciudadana que se adapte a las características de poblaciones especialmente vulnerables. Los grandes proyectos de infraestructuras de comunicación o económicas que se realizan en las periferias, o los proyectos comerciales o inmobiliarios deben ser siempre constructores de la ciudad, es decir, incorporar programas de vivienda y de urbanización básica así como elementos de monumentalidad.
  8. Derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal. Sin perjuicio de la importancia democrática y funcional de los ámbitos nacionalitarios o regionales (federalización de los Estados grandes o medianos) los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno de proximidad. En las regiones más urbanizadas este gobierno debe tener una dimensión plurimunicipal o metropolitana. No se trata de suprimir los municipios, incluso los pequeños son ámbitos de representación y de gestión (a veces muy limitada) válidos. Pero casi siempre la gestión pública de proximidad requiere ámbitos de planificación y programación, de gestión de servicios costosos y de redistribución de recursos, que abarcan una diversidad de municipios. Deberemos plantearnos la elección directa de estos gobiernos para que adquieran una mayor legitimidad democrática. Y para garantizar que se tienen en cuenta más a las personas que a los km2.
  9. Derecho a la innovación política. Los gobiernos locales y regionales deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. P.ej. el planeamiento estratégico es una innovación política aun no recogida por el derecho público. Las relaciones entre Administraciones y entre actores públicos y privados deben incorporar cada vez más formas contractuales y no únicamente jerárquicas o compartimentadas.
  10. Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación. Las administraciones públicas no solo deben proteger y garantizar este derecho sino también utilizar las TIC (tecnologías de información y comunicación) para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés general. Derecho al uso social de las actuales tecnologías de información y comunicación, especialmente en las relaciones con las Administraciones públicas (p.ej. ventanilla única). Barrios y viviendas tienen, todos, derecho al cableado.
  11. Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir áreas de refugio para aquellos que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de los aparatos más represivos del Estado, en tanto que las instituciones democráticas no son capaces de protegerlos o integrarlos. Por otra parte estas áreas-refugios forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.
  12. Derecho a la protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios. El gobierno local debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos en tanto que personas sometidas a otras jurisdicciones y también en tanto que usuarios y consumidores. Esta protección por parte de los gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Por otra parte la complejidad del consumo social aumenta la dependencia de los ciudadanos respecto a las empresas de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en mercados oligopólicos.
  13. Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su coste, lentitud, etc.). La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre todo cuando la «inseguridad » afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia local, de base municipal y la seguridad como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada es hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en la medida que puede asegurar una prevención más eficaz y si es preciso una reacción sancionadora más rápida.
  14. Derecho a la ilegalidad. Paradójicamente tanto los colectivos sociales como, a veces, las instituciones locales deberían asumir el coste de promover iniciativas ilegales o alegales para convertir una demanda no reconocida en un derecho legal (p.ej. para obtener la reversión de uso de espacio público congelado por una institución estatal). Es decir se trata de demandas que se pueden considerar “legítimas”, aunque no sean legales. Los ejemplos son las sentencias absolutorias de los okupas, la tolerancia oficial en áreas urbanas delimitadas, respecto al tráfico de droga, el uso social efímero o definitivo de espacios privados con vocación pública, etc.
  15. Derecho al empleo y al salario ciudadano. El ámbito urbano-regional debe garantizar un rol social que proporcione ingresos monetarios es decir remunerados al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (p.ej. servicios de proximidad, ecología urbana, etc.) es en este ámbito que se pueden experimentar y gestionar algunas formas de « salario ciudadano » y de “formación continuada para todos. El espacio urbano-regional puede ser un marco de gestión de estas políticas entre gobiernos de proximidad y organizaciones sindicales y sociales.
  16. Derecho a la calidad del medio-ambiente. Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar el medio para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).
  17. Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales. Nadie puede sufrir discriminación según sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione. Todo tipo de vínculo personal libremente consentido (p.ej. parejas homosexuales) merecen igual protección. No hay un modelo de vida personal o familiar que tenga derecho a más protección que otro.
  18. Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político-jurídico de ciudadano. Y por lo tanto igualdad de derechos y responsabilidades. La ciudadanía debe distinguirse de la nacionalidad (que en el marco de la globalización y de las uniones políticas supraestatales debe perder su actual carácter absoluto es decir la facultad de proporcionar un estatuto diferenciado). Es la relación con un territorio – con un entorno social lo que debe determinar el estatuto legal.
  19. Derecho a que los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.) participen o accedan a las conferencias y organismos internacionales que tratan cuestiones que las afectan directamente.
  20. Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a la información transversal similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas de servicios de interés general. Derecho a la movilidad física completa en los espacios políticos y económicos supranacionales en los que se encuentran inmersos.
  21. Derecho de los gobiernos locales y regionales y de las organizaciones, ciudades a constituir redes y asociaciones que actúen y sean reconocidas a escala internacional. Este derecho incluye tanto el reconocimiento por parte de las NN.UU. y de todos sus organismos y programas como de organizaciones mucho menos transparentes (como la Organización mundial del comercio o el Banco Mundial). La regulación de los procesos globalizados no la realizarán únicamente los gobiernos de los Estados y los grandes grupos económicos como el fracaso del AMI en su momento demostró.La globalización supone poner en cuestión el soberanismo monopolista.

El desarrollo y la legitimación de estos derechos dependerán de un triple proceso :

  • Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y de explicitación o especificación de los mismos.
  • Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de los mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos
  • Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.

En la medida que en muchos casos estos derechos aparecen como una novedad política y no tienen aun el suficiente arraigo social, el rol de los intelectuales, a la vez como fuerza sociocultural y como colectivo capaz de definir los contenidos y las motivaciones de estos derechos, es hoy fundamental. En esta etapa histórica el desafío que el territorio plantea a la intelectualidad exige un gran coraje moral y una considerable audacia política. Entendemos intelectuales en un sentido “gramsciano”: aquéllos que desarrollan una reflexión crítica y una capacidad de propuesta a la ciudadanía, sean profesionales de la cultura, líderes sociales, militantes políticos o técnicos. Recordemos el epitafio de Brecht: No necesito lápida, pero/ si vosotros necesitais ponerme una/ desearía que en ella se leyera/ Hizo propuesta. Nosotros las aceptamos/Una inscripción así nos honraría a todos.

En este proceso de legitimación de derechos es interesante constatar como en los últimos años se han elaborado diversas Declaraciones, Manifiestos o Cartas de derechos ciudadanos o de derecho a la ciudad. En la conferencia de Naciones Unidas – Habitat de Istanbul se discutía del derecho a la vivienda pero ni gobernantes ni expertos, ni autoridades locales ni organizaciones sociales, se planteaban la cuestión más ambiciosa y necesaria del derecho a la ciudad. En los primeros años del siglo XXI se han elaborado por parte de las autoridades locales reunidas en el Foro Social de Porto Alegre la Carta de los Derechos Humanos en la ciudad (2000) y la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis 2002). En el Forum de las Culturas (Barcelona 2004) se elaboró la Carta de los Derechos Emergentes promovida por Institutos y Ligas de Derechos humanos de diversos continentes. El Consejo de Europa ha iniciado un proceso de elaboración de su Carta Urbana en la que incluye tanto los derechos ciudadanos de carácter social, económico, cultural, político y civil como los derechos relativos al entorno físico, ambiental, movilidad, espacio público, etc. Habitat International Coalition que reúne a casi medio millar de organizaciones vecinales o ciudadanas de todo el mundo esta desarrollando desde hace inicios de este siglo un ambicioso proceso participativo para elaborar la Carta del derecho a la ciudad de los movimientos populares urbanos. Todo ello es una demostración evidente que la cuestión de la ampliación y reelaboración de los derechos ciudadanos es un reto de nuestra época.

Notas conclusivas.

Para los que nos ocupamos de la ciudad lo que nos atrae con frecuencia de ésta es que es el lugar de la libertad y de la aventura posibles de cada uno y de todos, la multiplicación de los encuentros imprevistos, de las reacciones sociales espontáneas, de los azares insospechados. La ciudad puede sorprendernos en cada esquina (Breton) y allí queremos vivir “per si hi ha una gesta” (Salvat Papasseit). La ciudad es vivencia personal y acción colectiva a la vez. Sus plazas y calles y sus edificios emblemáticos son el lugar donde la historia se hace, el muro de Berlín, la plaza Wenceslas de Praga, el Zócalo mexicano, la plaza Tienanmen… Y si miramos a un pasado más lejano el palacio de Petrogrado y las escaleras del Potemkine o la Bastille y el salón del Jeu de Paume junto a la Concorde del Paris revolucionario. Precisamente en este salón se proclamaron Les droits de l’homme “los hombres nacen y se desarrollan libres e iguales”. El mito originario de la ciudad es la Torre de Babel, gentes distintas pero iguales, juntas construyendo su “ciudad” como desafío al poder de los dioses, como afirmación de independencia. Ciudadanos son los que conviven, libres e iguales, en un territorio dotado de identidad y que se autogobierna.

A una pregunta televisiva, imprevista y en directo sobre como definiría el “socialismo” Mitterrand respondió escuetamente: “es la justicia, es la ciudad”. La ciudad pues es una metáfora de la izquierda, en su doble dimensión individual y social, lírica y épica. La ciudad es cálida y es el contrapeso a la democracia que es frígida (Dahrendorf). La ciudad como el socialismo tienen por vocación maximizar la libertad individual en un marco de vida colectiva que minimice las desigualdades. La ciudad humaniza el

La ciudad como metáfora de la izquierda nos interesa especialmente pues permite enfatizar algo que es común o necesario a ambas: la dimensión sentimental y sensual, cordial y amorosa, individualizadora y cooperativa, plural y homogeneizadora, protectora y securizante, incierta y sorprendente, transgresora y misteriosa, conflictiva y comunitaria, contradictoria y unanimista. Y también porque vivimos una época en que no es casual que ciudad y izquierda se nos pierdan a la vez, parece como si se disolvieran en el espacio público, en sentido físico y político. Si la ciudad es el ámbito generador de la innovación y del cambio es en consecuencia el humus en el que la izquierda vive y se desarrolla, en tanto que fuerza con vocación de crear futuros posibles y de promover acciones presentes. La ciudad es a la vez pasado, presente y futuro de la izquierda. Y no tener un proyecto y una acción constante de construcción de la ciudad, que se nos hace y se nos deshace cada día, es un lento suicidio.

Es preciso repensar a la vez el proyecto de sociedad y de ciudad a los que se aspira, como un horizonte ideal, más que como un modelo armado (tan especulativo como peligroso). El proyecto de sociedad y de ciudad no se inventan, nacen de tres fuentes: la memoria histórica democrática, la crítica teórica y práctica de la sociedad y ciudad existentes y las aspiraciones y objetivos que emergen de los conflictos sociales en los que se expresan valores de libertad y de igualdad. La izquierda, después del fracaso y del justo rechazo de los modelos de tipo “soviético” y del agotamiento del “estado del bienestar” socialdemócrata tiene miedo de pensar un “otro mundo posible”. Sin embargo tanto los ideales históricos del socialismo y del comunismo como las prácticas de los movimientos de los trabajadores, de los movimientos ciudadanos y culturales y de las luchas en defensa de la democracia así como las realizaciones del “welfare state” no solo representan un patrimonio positivo sino que son también unas bases para repensar el futuro. Causa vértigo el vacío cultural de la izquierda, que no quiere mirar hacia atrás ni se atreve a imaginar hacia delante. Y en España especialmente. La izquierda institucional teme el debate sobre la memoria histórica y evita la reflexión sobre un futuro que cuestione el modelo capitalista despilfarrador que caracteriza nuestro modo de vida.

No confío mucho en la disposición a pensar con imaginación y audacia de la izquierda institucional, gestora del día a día y sin otro horizonte que el de las próximas elecciones. Como tampoco creo que la política se construya en los laboratorios de investigación y en los seminarios académicos solo nos quedan los movimientos políticos alternativos (globales) como los que combaten la globalización del mundo real en nombre de otro mundo posible y los movimientos sociales y culturales de resistencia (locales) que defienden identidades o intereses colectivos legítimos pero limitados. Solo nos queda esperar que entre la política institucional, los ámbitos de investigación y debate intelectual y los movimientos globales y locales se generen intercambios y transferencias que pueden sentar las bases de una izquierda pragmática en su acción y radical en sus objetivos.

La ciudad es el lugar de la historia, de la innovación cultural y política, es el entorno en el que se puede recrear y desarrollar la izquierda. Hoy hay tendencias disolutorias de la ciudad y de la ciudadanía. Es el doble desafío al que se enfrenta la izquierda: reinventar la ciudad y reinventarse a sí misma en la ciudad.

Movimiento ciudadano. Notas (2008)

[1] El movimiento vecinal o ciudadano se desarrolló con continuidad y adquirió un carácter progresivamente más político democrático a partir de finales de la década de los años sesenta. Varios factores incidieron en ello: las clases trabajadoras habían adquirido un cierto grado de autonomía y de experiencia sindical (las Comisiones Obreras nacieron entre 1962 y1964), entre las clases medias urbanas se manifestaban aspiraciones liberales, la generación que no había vivido la guerra ni dura represión de los 40 eran jóvenes menos vulnerables al miedo, los salarios eran bajos pero había pleno empleo gracias a la emigración a Europa, por el turismo y la televisión se conocía como se vivía en Europa, en los barrios la población no era marginal sino gentes integradas en la economía formal y insertos en un proceso de modernización cultural y lenta movilidad social ascendente. A lo que se añadía un marco legal, derivado de la ley de asociaciones, que poco a poco se fue abriendo y se pudieron crear en los primeros años 70 asociaciones de vecinos con un importante grado de autonomía. Anteriormente hubo diversas experiencias de resistencia o de protesta pero fueron discontinuas, no pudieron dejar estructuras organizadas ni colectivos estables.

Usamos indistintamente los términos de movimiento vecinal o ciudadano aunque en otros trabajos se el movimiento vecinal para referirse a la actividad de colectivos o asociaciones en el ámbito barrial y el calificativo de ciudadano se aplica a cuando se generalizan sus objetivos y adquieren un carácter político. En Madrid y en otras ciudades españolas el concepto de movimiento ciudadano se forjó en los últimos años de la dictadura. En Barcelona se utilizó en un sentido similar el concepto de movimiento popular que incluía tanto a barrios periféricos proletarios como centrales con fuerte presencia de clases medias. El término de movimiento social urbano fue en cambio más utilizado en los estudios académicos, en especial en América latina.

[2] Manuel Castells, uno de los primeros y más importantes estudiosos de los movimientos sociales urbanos, fue expulsado de Francia cuando decayó el movimiento de mayo 68. Más adelante jugó un rol fundamental en la relación entre estudiosos y líderes sociales de Madrid y Barcelona con los de países europeos y latinoamericanos. A lo largo de casi 50 años el autor se ha beneficiado de su amistad y de una colaboración intermitente pero nunca rota que se expresó entre otras actividades en su colaboración con el CEU-CEUMT (ver nota 5) y en la publicación de algunos libros conjuntamente como Las grandes ciudades en la década de los 90 (editorial Sistema, Madrid 1990) y Local y Global (Taurus, Madrid 1997, reedición en libro de bolsillo en 2005).

[3] Los primeros escritos del autor sobre el tema fueron publicados en revistas clandestinas. Por ejemplo “Movimiento popular”, de la que se publicaron pocos números a principios de los 70. También dirigió en estos años una sección sobre movimientos urbanos en la revista del Colegio de Arquitectos de Quaderns. En 1975 se publicó un libro (Ediciones Siap, Argentina) con el título de Movimientos sociales urbanos. El título lo pusieron los editores. El libro reúne tres textos escritos entre 1972 y 1974 uno teórico, otro metodológico y el tercero es un artículo sobre los Movimientos urbanos en España (1939-1974). En 1975 escribió un artículo teórico-político Movimientos urbanos y cambio social y político que se presentó en un encuentro entre estudiosos de los movimientos sociales y lidéres de los mismos en Ciudad de México y se publicó en la Revista Mexicana de Sociología. Más tarde se incluyó en el libro Estado y Ciudad (Ediciones de la Universidad de Barcelona 1988). En el año 1976 escribió una breve historia del movimiento ciudadano en España correspondiendo a un encargo de la colección “Qué son…”. El título era Qué son las Asociaciones de Vecinos (Editorial Gaya Ciencia). Nos hemos permitido infligirles esta relación bibliográfica personal referida a textos escritos en los años de decadencia y fin de la dictadura y de emergencia de los movimientos vecinales porque si bien estos movimientos jugaron un papel importante en el proceso que nos llevó a la democracia luego nos parece que se ha valorado poco. Por ejemplo en las exposiciones y libros recientes, al cumplirse los 30 años de la transición (1977 legalización de los partidos, primeras elecciones y proceso constituyente) estos movimientos han estado muy poco presentes. El autor, muy vinculado al movimiento popular de Barcelona, obviamente no fue el único que hizo a la vez de actor y escritor del tema. Un nombre significativo que fue y es también actualmente una referencia obligada sobre los movimientos sociales y la participación ciudadana es el sociólogo de Madrid Tomás Rodríguez Villasante. Otro sociólogo que analizó y participó en los movimientos ciudadanos del País Vasco es Victor Urrutia. Pero no estamos en condiciones de ofrecer ahora una lista de autores y textos que sería muy larga.

[4] En la izquierda política e intelectual de los años 70 se plantearon unas discusiones que ahora nos parecen bastante confusas, o si lo prefieren marcadas por prejuicios ideologistas. En algunas cúpulas políticas se expresaba desconfianza y un cierto menosprecio por el movimiento vecinal considerándolo que no iba más allá de plantear demandas de alcance limitado, que no ponían en cuestión ni el sistema político ni el económico. Y en núcleos intelectuales relacionados con estos movimientos se construyó la teoría de que estos movimientos eran los que tenían más potencial revolucionario pues expresaban unas aspiraciones más globales que las del movimiento sindical y proponían un cambio de sociedad que iba mucho más allá de los objetivos de los partidos políticos principales de la izquierda. En ambos casos se apoyaban en elementos reales: las demandas iniciales de los movimientos barriales y las aspiraciones latentes de estos movimientos cuando se desarrollaban. Sin embargo el análisis político “desprejuiciado” nos decía que la lógica de estos movimientos era revindicar la democracia política principalmente en el ámbito local y promover políticas públicas propias del “Estado del bienestar”. Ni más pero tampoco ni menos. No es preciso decirles que los que nos situábamos en estas posiciones intermedias recibíamos palos (teóricos) de los dos lados. El texto citado en la nota anterior (Movimientos urbanos y cambio político, 1976) expone sistemáticamente esta posición y polemiza con las citadas al principio de esta nota.

[5] En Barcelona se creó el CEU (Centro de Estudios Urbanos) en 1972, a partir de un núcleo de jóvenes profesionales que fuimos cesados del Ayuntamiento a finales de 1971. Estábamos vinculados a Bandera Roja y al PSUC y al naciente movimiento vecinal. A partir de 1974 BR se integró en el PSUC. Siempre colaboraron profesionales independientes o vinculados al socialismo. Se crearon colectivos vinculados al CEU en distintas partes de España, especialmente Madrid, Galicia, País Vasco y Andalucía. Se publicaron artículos colectivos en la prensa diaria y especializada. Cuadernos para el diálogo publicó un Cuaderno especial sobre Los Movimientos Urbanos en España que encargó al CEU. A partir de 1977 el CEU se denominó CEUMT (se añadió Municipales y Territoriales) y se iniciaron la publicación de una revista mensual y de libros de formación. El CEU, luego CEUMT fue un punto de encuentro durante la década de los 70 y los primeros años 80 entre profesionales-militantes y líderes sociales. En los años de la transición desarrolló una intensa labor de preparación de programas y candidatos para las primeras elecciones municipales. En 1977 se publicó el libro Por una política municipal democrática que sirvió de base a los programas de los partidos de izquierda, especialmente PCE y PSUC (autores principales J.Borja, R.Boix y M.Tarragó, prólogo de Ramón Tamales, Editorial Avance). En 1979, antes de las elecciones municipales se publicó un extenso Manual de Gestión Municipal (editado por el propio CEUMT) que fue adquirido por algunos partidos políticos y gobiernos autonómicos. En los años siguientes se publicaron distintos Manuales y se desarrollaron cursos destinados tanto a políticos y técnicos municipales y a líderes sociales. El autor asumió en 1983 la tenencia de alcaldía de Descentralización y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona y pudo así llevar a la práctica las propuestas elaboradas colectivamente a lo largo de 15 años. Ver su libro: Descentralización y Participación ciudadana (IEAL, Madrid 1987). El CEUMT se disolvió pocos años después. La incorporación de la mayoría de sus miembros a la agestión pública democrátaica y la creación de organismos institucionales dedicados a la misma temática y de consultoras profesionales hizo que un centro basado en el trabajo militante o benévolo perdiera su razón de existir. Su última publicación fue un voluminoso Manual de Gestión Municipal Democrática para América Latina que editó el Instituto de Estudios de Administración Local (Madrid 1987).

Le experiencia del CEU-CEUMT no fue un caso aislado. En otras ciudades funcionaron colectivos parecidos, a veces apoyados en despachos de arquitectos o abogados, o en departamentos universitarios, o en fundaciones independientes. En Madrid el movimiento ciudadano encontró importantes apoyos en sectores profesionales. Pero no me corresponde a mí, por falta de conocimientos suficientes, explicarlo.

[6] Este renacimiento de la crítica urbana y de la conflictividad ciudadana se ha hecho visible especialmente en la excelente revista de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) El Carrer, Ver especialmente el nº 100 (2007) en el que se encuentra entre otros artículos uno del autor: La ciutat i la revolució. Recientemente la FAVB ha empezado a publicar una revista-libro con el título de Quaderns. Ver en el nº 1 el artículo del autor: Els territoris de la vida ciudadana. Renaixement del a conflictivitat urbana. La FAVB publicó un libro-informe muy completo que cubre el periódo de 1969 a 1995: Barcelona en lluita: el moviment urbà (1996). Una buena y objetiva síntesis del análisis crítico aplicable a las ciudades españolas aunque se refiera especialmente a Barcelona es el libro de Horacio Capel: El modelo Barcelona, un análisis crítico (Ediciones de El Serbal 2005). Ver también el libro coordinado por J.Borja y Z.Muxí Urbanismo del siglo XXI: Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona (Ediciones UPC, Barcelona 2003).

[7] El autor expuso esta conquista gradual del espacio público en su ponencia Espai públic i Memòria democràtica presentada en el primer Encuentro Internacional del Memorial Democràtic de Catalunya (Barcelona, octubre 2007), pendiente de publicación. Una versión reelaborada se presentó en el Seminario Espacio público: Sociabilidad y Espacios de Ciudadanía organizado por la Academia Española de Roma (abril 2008), también pendiente de publicación. Con ocasión de cumplirse 30 años de la transición a la democracia se han celebrado exposiciones, publicado libros y artículos, celebrado coloquios, etc. Sorprende la poca presencia en todas estas actividades del movimiento ciudadano. Incluso la magnífica exposición y el cuidado catálogo de En Transición (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 2007-08) caen en la misma omisión. A pesar de que la orientación de la exposición evita el proceso político formal y la acción de las cúpulas partidarias i institucionales para centrarse en la evolución de la sociedad, los comportamientos modernizadores más o menos transgresores y las manifestaciones públicas de unas difusas aspiraciones a la libertad individual y colectiva. La escuela y las universidades, la lucha obrera y la policía, la psiquiatría y las editoriales, la música y las artes escénicas, etc, están presentes pero no los movimientos ciudadanos. Una prueba más del esfuerzo necesario que debemos hacer, ahora que aun no hemos muerto, para dejar escrita una página importante de nuestra historia democrática.

[8] La ciudad conquistada (Alianza Editorial 2003 y reediciones posteriores). Un informe anterior menos conocido encargado por el Instituto de Educación de Barcelona: Los desafíos del territorio y los derechos de la ciudadanía (en el libro publicado por el citado Instituto Por una ciudad comprometida con la educación, dos vols. 1999).Y un texto más reciente: Revolución y contrarrevolución en la ciudad global: las expectativas frustradas por la globalización de nuestras ciudades (Revista Eure, nº 100, Instituto de Estudios Urbanos, Santiago de Chile 2007). En esta misma revista (Eure nº 59, 1994)se publicó su contribución al Foro sobre Reforma Urbana en el Foro alternativo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Rio de Janeiro 1992): Ciudades, gobiernos locales y movimientos populares.

[9] Marc Augé. Los no lugares. Espacios del anonimato. (Gedisa 1994).

[10] En el último cuarto de siglo XX las ciudades metropolitanas de Madrid y Barcelona han mantenido su población estable, entre 4 y 5 millones de habitantes. En centro perdía población y la segunda y tercera corona crecían. En el mismo periódo el suelo urbanizado se duplicaba. La mitad había sido comprado por entidades financieras. Este modelo, especulativo e insostenible, genera espacios urbanos sin atributos, anónimos, miserables en valores ciudadanos. La equivalencia entre las catedrales medievales y los puestos de gasolina en estas áreas difusas es un comentario sarcástico de Richard Ingersoll (Tres tesis sobre la ciudad, Revista de Occidentes nº 185, Madrid 1996).

[11] Sobre la “desposesión” ciudadana ver del autor: Un futuro urbano con un corazón antiguo. Catálogo de la Exposición Quórum (Ayuntamiento de Barcelona 2005). Sobre la cuestión clave del espacio público en la ciudad democrática ver del autor con la colaboración de Zaida Muxí: Espacio público, ciudad y ciudadanía (Ediciones Electa 2003).

[12] La existencia de un conocimiento crítico sobre la ciudad es una condición necesaria para el desarrollo del movimiento ciudadano, pero de lo primero no se deduce necesariamente lo segundo. Puede ocurrir incluso que exista un desfase importante entre uno y otro. Las motivaciones y demandas vecinales o ciudadanas pueden ser a veces muy ambiguas, incluso insolidarias, defensoras de situaciones de privilegio relativo. Sobre la seguridad ciudadana, la aceptación de los inmigrantes, la oposición a determinados equipamientos, etc han sido frecuentes las reacciones sociales agesivas y excluyentes.

[13] Ver el artículo de José Mª Ridao: La izquierda sin crisis (El País, 25.11.2007).

[14] Los sistemas políticos de las democracias liberales han sido casi siempre incapaces de construir instituciones metropolitanas representativas y eficientes. Hay excepciones, como Toronto, Montreal, Melbourne, Lima y Londres (el gobierno laborista restableció el gobierno electo del gran Londres que la líder conservadora Margaret Thatcher había disuelto. Madrid (como Roma, Quito o Zaragoza) es un municipio muy extenso pues incorporó su corona suburbana en los años 50, por una decisión hiperpolítica de la dictadura. Lo cual hay que reconocer que fue en teoría positivo aunque en aquel marco no se tradujo en una mayor inversión en los barrios de la periferia. Otro aspecto positivo de la realidad institucional madrileña es la existencia de una Comunidad autónoma que corresponde aproximadamente a la actual ciudad metropolitana, aunque se está quedando chica. De todas formas que exista una institucionalidad más adaptada a los requerimientos del territorio no garantiza la calidad de las políticas públicas.

[15] La conflictividad en el territorio y los retos a los que los gobiernos responden poco y mal han sido expuestos con algo más de amplitud en la contribución del autor, La izquierda errante y la ciudad perdida, al libro colectivo promovido por Raimon Obiols y Antoni Comín “L’Esquerra, un instint bàsic. Vint-i-una reflexions sobre els reptes del socialismo del segle XXI (Pagès Editors, 2008).

[16] Del autor: Miedos urbanos y demandas de seguridad (revista La Factoría nº 32, 2007 ). Ver también los dos artículos publicados en El País conjuntamente con la penalista Mercedes García Arán: La represión preventiva (marzo 2006) y La calle es de todos (mayo 2006).

[17] El tema de los nuevos derechos ciudadanos lo hemos desarrollado más ampliamente en la obra citada La ciudad conquistada y especialmente en el Informe Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad, encargado por la Fundación Alternativas (Documento de trabajo nº 51, Madrid 2004).

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