Los derechos contra el “Derecho”

Ernest Bloch decía que en muchas ocasiones “lo real no es lo verdadero”. Quizás consideraba que el lenguaje real era lo suficientemente explícito para evidenciar que no correspondía a la verdad. Hoy el lenguaje se ha prostituido y en nombre de la democracia, de la sostenibilidad o de la seguridad, etc. se nos vende exactamente lo contrario. Por ello es necesario hablar de democracia “real” para desenmascarar lo que llaman democracia a lo que es simplemente el gobierno de una minoría oligárquica a favor de una mayoría de privilegiados, especuladores y corruptos. En todo caso vale también la fórmula de Bloch: la realidad formal de nuestro Estado no corresponde a la verdad democrática a que aspira la ciudadanía.

Aterricemos un poco. Se nos dice que vivimos en un Estado de Derecho, que nos garantiza todos los derechos que proclama la Constitución. Todo vale en el marco de la Constitución, nada es admisible contra ella. Revisen ustedes los derechos constitucionales y póngalos en relación con las políticas públicas neoliberales: derecho el trabajo, desocupación y reforma laboral que facilita despedir a trabajadores cualificados y substituirlos por otros a mitad de precio; derecho a la vivienda, desahucios (en contra incluso de la legislación europea) y apoyo incondicional a los bancos que han especulado con el suelo y con las hipotecas; o derecho a la escuela y a la sanidad públicas y por otra parte tendencia creciente a la privatización de estos servicios que cubren necesidades básicas.

El Estado de derecho establece la democracia política mediante elecciones por sufragio universal para que las instituciones representativas y los gobiernos establezcan políticas públicas destinadas a hacer efectivos los derechos establecidos por la Constitución. No es así, se ha reducido la democracia a sus aspectos procedimentales, imprescindibles, pero no suficientes. Si no complementan los aspectos formales con los materiales la democracia se pervierte, se hace ausente para gran parte de la ciudadanía. A lo que hay que añadir la falta de mecanismos efectivos para que los ciudadanos estén representados, puedan controlar a los electos y tengan medios para intervenir en los procesos deliberantes. Nuestro marco legal favorece a unos partidos más que a otros, no hay procedimientos concretos para evitar que los electos no respondan ni a sus programas ni a las demandas de sus electores (como sería el voto programático, es decir el obligado cumplimiento de lo prometido) y algunos instrumentos que permitirían a los ciudadanos proponer normas o programas, como la iniciativa legislativa, no solo es de muy difícil presentación sino que además las instituciones solicitadas tienen la facultad de aceptarla o rechazarla.

En el caso español hay que tener en cuenta además que la Constitución no se hizo en un marco democrático pleno sino que fue resultado de un pacto entre opositores democráticos que en su mayoría fueron escasamente presentes en la lucha antifranquista y los sectores vagamente reformadores procedentes del franquismo. Todo ello con fuertes presiones de la Monarquía, de las Fuerzas Armadas (identificadas con la dictadura), de la Iglesia y de los poderes económicos especialmente financieros. Lo cual dio lugar a un texto lleno de ambigüedades y limitaciones, incluidos artículos absurdos como “la indisolubilidad de España” y herencias del pasado, como el mantenimiento de las provincias, los privilegios de la Iglesia y el no reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y el derecho de autodeterminación de los pueblos.

El que pudo ser presidente de Italia, Stéfano Rodotá, si no hubiera sido que el señor Napolitano optó por prolongar su mandato y forzar un acuerdo impío del Partido Democrático (ex PCI) con el siniestro personaje que es Berlusconi, ha publicado un libro importante: El Derecho a los derechos. Sus reflexiones nos sirven pues el caso español no es único, más bien es común a muchos otros países de nuestro entorno. Aunque hay que reconocer que España, e Italia, destacan por convertir en falsedad las promesas de su marco constitucional. Rodotá propone constitucionalizar concretamente y con rigor los derechos que corresponden a los principios generales del Derecho derivado de la misma Constitución y de las Cartas internacionales a las que el Estado se adhirió. Se trata de convertir las necesidades históricas de los ciudadanos en derechos y éstos en políticas públicas. Hoy el marco legal no solo es insuficiente y en la práctica injusto, es también un medio de legitimación de las políticas impopulares y contrarias a los derechos básicos de las personas.

Hoy en Catalunya se propone con toda legitimidad el “derecho a decidir”. Algo tan obvio, consultar a la ciudadanía catalana sobre su futuro, sin carácter vinculante, no es posible con la Constitución en la mano, solo sería posible si el gobierno español lo permitiera, mediante una reforma legal o simplemente delegando la competencia que ahora tiene para autorizar referéndums. Nos encontramos con un caso de libro. El marco legal impide una consulta legítima que corresponde al ejercicio de unos derechos básicos en una democracia: la opinión del pueblo. Como el gobierno español y el régimen bipartidista (PP y PSOE) no están por la labor el ejercicio del derecho a decidir requiere primero o bien poner en crisis gobierno y régimen político o bien un acto de desobediencia civil. En ambos casos se tratará de hacer progresar la democracia subvirtiendo un Estado de derecho que se niega a sí mismo.

Y mientras tanto el PSOE-PSC vendiendo una mercancía tan averiada como es una caricactura de federalismo, que no reconoce ni el carácter “nacional” de Catalunya ni el derecho a decidir, que no constitucionaliza la ordinalidad y no abre camino a la negociación específica de Catalunya con el Gobierno español. En resumen deja las cosas casi igual que estaban. Un federalismo entendido como “café para todos” ya sabemos que tiende a la recentralización y sean cuales sean las instituciones federales que se proponen, concretamente el Senado, en ellas pos partidos “estatales” tendràn siempre mayoría. O ¿a caso no es sabido que en Catalunya y en el País Vasco el sistema de partidos es distinto al resto? En el resto del Estado PP y PSOE, partidos centralistas y de acendrado nacionalismo españolista, se alternan en los gobiernos de las CC.AA. mientras que las mayorías políticas en Euzkadi y Catalunya son muy distintas. Además de partidos específicos que ellos solos pueden construir mayorías parlamentarias los partidos vinculados al partido equivalente del Estado, como ocurrió con el PSUC y más tibiamente sucede hoy con el PSC, tienen posiciones propias y a veces opuestas al “partido hermano”. Una propuesta federal que no atribuya un status específico a Catalunya, negociado bilateralmente, no sirve para nada hoy en Catalunya. Una vez más el PSC ha perdido una oportunidad de mostrar que existe como partido catalán.

Jordi Borja, 8 de julio 2013.

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