Las trampas del lenguaje

Texto dedicado a Maurizio Marcelloni cuando pronto se cumplirá un año que nos dejó.

Hubiera deseado no tener que dedicar este texto a Maurizio. Primero, obvio, porque estaría presente. Asumo su ausencia aunque no su muerte. Está vivo con nosotros, los que lo recordamos e imaginamos que mantenemos los diálogos semejantes a los que tuvimos durante muchos años. En mi caso a lo largo de casi 40 años. Segundo, si Maurizio estuviera presente le enviaría este texto no como homenaje a su memoria. Se lo enviaría como amigo, compañero, con el que discutir a partir de compartir valores, ideas, experiencias, complicidades y afectos. Se lo enviaría para mantener vivo el intercambio intelectual, consciente que sus comentarios, críticas y sugerencias me estimularían, como siempre ocurría en nuestras conversaciones.

El texto que sigue no trata de urbanismo, pero si de muchos conceptos que utilizamos, con una cierta inocencia, en nuestros trabajos. Creo que los que nos dedicamos al planeamiento territorial, al urbanismo y a las políticas de ciudad caemos frecuentemente en una trampa, y yo me incluyo en ello: aceptamos como “çà va de soi” conceptos que nos parecen claros, unívocos, positivos, útiles y indiscutibles: competitividad, equidad, gobernabilidad, sostenibilidad, participación, sociedad civil, planeamiento, globalización, democracia local o de proximidad, democracia “tout court”. Pero estos conceptos no son ni claros, ni unívocos, no son siempre positivos, son con frecuencia confesionarios (crean confusión), merecen ser discutidos. En el texto argumentamos que en muchos casos estos conceptos sirven para “naturalizar” los procesos urbanos más negativos, excluyentes, insostenibles e improductivos.

¿Porqué haber elegido este tema para dedicárselo a Maurizio Marcelloni? Sentía necesidad de escribir algo como lo que sigue. En algunas conferencias y artículos había esbozado esta crítica al lenguaje que usamos no solo en relación a la ciudad y al urbanismo, también en política, en economía, en el periodismo y en general en las ciencias sociales. Y siempre que pensaba en escribir sobre ello lamentaba no poder discutirlo con Maurizio y con François Ascher, desaparecidos con algunos meses de diferencia. Con Maurizio estoy seguro que hubiéramos discutido sobre algunos conceptos, me habría dicho quizás que la crítica debiera ser más matizada, que algunos de estos conceptos son patrimonio del pensamiento moderno progresista, que no sería bueno regalarlo a los reaccionarios, a los postmodernistas y a los desreguladores. Pero estararíamos de acuerdo en lo fundamental. Las ciencias sociales deben contribuir a promover una democracia real, el urbanismo tiene una vocación de reforma social, de hacer accesible la ciudad, sus bienes y sus servicios, a todos, de hacer real la ciudadanía, de reducir las desigualdades.

Maurizio tenía una capacidad fantástica para integrar en su discurso y en su acción los valores morales y los objetivos transformadores más ambiciosos a favor de las clases populares con la acción posible, práctica y coherente en cada momento y desde el lugar en el que estaba. El ejemplo que tengo siempre presente es como planteó el plan de Roma, la definición de las “certezas”, la concepción procesual del planeamiento, el debate ciudadano. Con Maurizio aprendí mucho “urbanismo democrático”. Lo extraño siempre, y más en momentos como ahora, cuando escribo pensando a la vez en él y en el texto que le dedico. Me faltan sus respuestas, sus críticas, su acuerdo y su sonrisa. Y luego continuaríamos la discusión, con él, con Laura, con los amigos, en la cena, con una copa de vino que él habría elegido.
Hasta siempre querido Maurizio. Y gracias Laura por darme la oportunidad de participar en esta publicación que contribuye a que Maurizio siga vivo y esté entre nosotros.

Las trampas del lenguaje
En el mundo actual predomina una perversión del lenguaje que consiste en el uso habitual de conceptos dudosos, por su carácter multívoco, o porque sirven para encubrir la realidad en vez de descubrirla o interpretarla, o por su función legitimadora destinada a substituir un concepto más exacto y más crítico. El lenguaje de la política es un caso extremo: la extrema derecha se autodefine como centro, el centro conservador y timorato se presenta como izquierda o socialista, los xenófobos y racistas como demócratas… nadie es lo que dice ser. Las ciencias sociales, en parte por influencia de los medios políticos y de comunicación y de los organismos internacionales, los han adoptado y legitimado, y así, sin casi darse cuenta se han adaptado y sometido al poder formal y al poder real. Los controles que se ejercen por medio de las revistas indexadas y el financiamiento de programas de investigación ha facilitado la traición moral e intelectual de una parte importante del mundo universitario. La perversión del lenguaje es su expresión más visible.

Como los ejemplos son muy numerosos citemos algunos conceptos que son de uso frecuente tanto en las ciencias sociales como en la política y en los medios de comunicación. No vamos a denunciar el lenguaje ultra neoliberal de los economistas, o el hiperpositivismo de juristas y politólogos, o el objetivismo “neutral” o cómplice de muchos sociólogos, puesto que además de fácil sería criticar a una parte de los universitarios pero probablemente no la mayoría. Comentaremos únicamente términos que se han generalizado, que los usan también universitarios críticos, que a priori parecen inocentes, bienintencionados, la mayoría de las veces incluso progresistas, en todo caso siempre se utilizan como “naturales”, indiscutibles, positivos

Conceptos tramposos.

La competitividad, un concepto a desterrar o a usar en un marco muy específico. ¿Los profesores, los investigadores o los estudiantes deben ser “competitivos”? Debe serlo la Universidad? Los profesores deben ser competentes y esto lo apercibirán los colegas y los estudiantes. Los investigadores en su mayoría deben aportar algo en la sociedad en la que viven, no competir en un ranking mundial, lo cual solo algunos podrán hacerlo. Los estudiantes no tienen por qué competir entre ellos, deben aprender algo que les interese. La competitividad también se aplica a las empresas, pero solo una pequeña parte de ellas compiten en mercados abiertos, lo importante es que sean productivas. Aplicar la competitividad a las ciudades es absurdo, las ciudades más bien necesitan cooperar entre ellas y solo en algunos casos compiten con algunas, para atraer turismo, conseguir la organización de un evento o para generar masa crítica para una infraestructura o un equipamiento.

La gobernabilidad y la gobernanza, son palabras que no quieren decir nada, que solo generan confusión, que sirven únicamente para enmascarar a los que detentan el poder, los gobiernos y los poderes fácticos. La gobernabilidad sirve para ofrecer una imagen ideal de una forma de gobierno consensual por medio de una relación armoniosa entre instituciones políticas y “sociedad civil” (otro concepto confuso que recubre todo tipo de organizaciones y colectivos). La gobernanza es un concepto perfectamente inútil referida a la forma de cómo se gobierna en relación a la gobernabilidad. Un intento de referirse a un bloque de poder, poderes formales y fácticos, pero disimulando su naturaleza oligárquica. Palabras vacías, impropias de las ciencias sociales, que solo sirven para rechazar sin citarlo el conflicto entre “el poder” y los que lo soportan o lo resisten. Oen lenguaje más antiguo y más claro: la lucha de clases.

La seguridad,la gran palabra para los apóstoles del miedo, los mensajeros de los peligros que nos acechan, los mesías que nos traerán tranquilidad por medio del autoritarismo y la exclusión de las “clases peligrosas” (recuerden: “Clases trabajadoras, clases peligrosas”, la obra clásica de Louis Chevalier). La paradoja del mundo occidental: nunca ha existido mayor seguridad que la que disfrutamos hoy, si nos atenemos al uso que se le da hoy en nuestros países (delincuencia urbana, es decir robo, violencia en el espacio público). Sin embargo aparece como principal preocupación a la par que el desempleo o la inmigración! Inseguridad hay, pero por otras razones y en otros aspectos: las pensiones, las hipotecas, el trabajo, etc. y por la pérdida de referentes territoriales y socio-culturales y la dificultad de entender y gestionar los cambios que se producen en el entorno, es decir la llamada globalización. Los poderes políticos y mediáticos contribuyen decisivamente a que las inseguridades profundas se sublimen por medio de transferirlas a la inseguridad en la ciudad. Combatir la ideología del miedo y de la inseguridad es hoy una tarea tan importante como la denuncia del racismo y la xenofobia, forman parte del mismo complejo de angustias de la época.

Hemos citado inmigración y globalización, dos palabras a usar muy poco y en contextos muy específicos que no generen confusión. La inmigración es un proceso entre dos residencias (si no fuera así serían nómadas). Usar el término inmigrante referido a una población residente en un país desarrollado procedente en general de otro “menos desarrollado” sirve para escamotear dos realidades vergonzantes. Llamamos inmigrantes a residentes que no poseen un status completo de ciudadano, lo cual teóricamente les correspondería: todos los que viven en un territorio, están sometidos a las mismas leyes y, si les corresponde por edad y actividad, van a la escuela, trabajan, pagan impuestos, etc., deben poseer los mismos derechos. Es doctrina liberal democrática básica desde por lo menos el siglo XIX. La otra realidad es que “inmigrantes” se refiere a trabajadores, en muchos casos precarios, mal pagados, a veces “sin papeles”, con frecuencia con signos externos, físicos o culturales, diferenciales. No llamamos inmigrantes a empresarios, religiosos, profesionales, incluso estudiantes. Ocultamos su condición de ciudadanos y trabajadores porque nos avergonzamos de su capitis diminutio, o derechos incompletos como ciudadanos, y por ser ejército de reserva de mano de obra que se explota más que al resto y se tira cuando el capitalismo volátil ya no los necesita. La etiqueta de inmigrante además facilita que sirvan de “chivo expiatorio”: se criminalizan unos colectivos sociales que son considerados delincuentes potenciales o sospechosos por definición, culpables además que los autóctonos no tengan trabajo o no accedan a becas escolares o viviendas sociales. Rechacemos el uso del término inmigrante, son ciudadanos y trabajadores a los que se les priva de unos derechos que legítimamente les corresponden. No es mucho pedir a las ciencias sociales que denominen las cosas por su nombre.

La globalización sirve para todo, es decir para nada. Usamos esta palabra cuando deberíamos decir en muchos casos capitalismo especulativo, imperialismo, mercados financieros desregulados. Justificamos con la “globalización” la libertad de movimientos de los capitales y de los bienes y servicios pero cerramos los ojos al control de los movimientos de poblaciones. Actualmente se usa un término tan neutro y confuso como “los mercados” para referirse a la especulación financiera internacional. ¿Por qué no llamarles simplemente especuladores? Y además deberíamos añadir como explicación alguna vez que esta especulación es posible por haber apostado por la “economía de la deuda”, es decir el capital financiero y los gobiernos se han dedicado a jugar a la pirámide con el dinero de las clases populares y medias. Por otra parte siendo la globalización actual un proceso hegemonizado por el capitalismo especulativo sería más productivo contraponerlo a “internacionalismo”.

Otros términos que se toman en vano o que generan confusión incluso cuando se usan de buena fe: participación y sociedad civil, equidad y cohesión social, sostenibilidad y planeamiento.La participación se ha convertido casi siempre en una operación política promovida desde las instituciones para hacer avalar a la población sus políticas públicas. Los gobiernos (nacionales o locales) deciden las reglas, la composición, las materias y las atribuciones de los órganos que se creen, etc. y en la práctica establecen y modifican el funcionamiento de éstos. En el mejor de los casos sirve para obtener información y hacer llegar propuestas y reivindicaciones, pero en general la voluntad institucional es generar consensos pasivos. La participación real es la generada por organizaciones y conflictos sociales con fuerza suficiente para obligar a los poderes políticos a reconocer a los actores y abrir escenarios de deliberación y negociación de las políticas públicas. No hay participación sin reconocer de entrada la legitimidad y la utilidad del conflicto. La referencia a la sociedad civil se ha convertido en la “tarte à la crème” o un café para todos muy aguado. Este concepto, muy propio de los Estados “absolutos” del siglo XVIII (se atribuye a Ferguson), tenía un sentido relativamente preciso: las formas organizadas de la sociedad que no estaban integradas o eran relativamente autónomas de la organización centralizada, piramidal y centralizada del Estado. Actualmente hablar de sociedad civil tiene escasa utilidad, pues se mezclan todo tipo de organizaciones, algunas paraestatales, otras reguladas o financiadas por los gobiernos, otras de clase (empresariales, sindicales), unas muy políticas y de amplio espectro en cuanto a intereses y formas de actuar, otras muy específicas, unas muy reconocidas por las instituciones, otras ninguneadas, etc. Y quedan fuera de la sociedad civil colectivos informales o no reconocidos que en muchos casos son los que aportan más potencial innovador.El uso de esta amalgama caótica de este concepto inadecuado hoy sirve para convocar por parte del poder (político o económico) a las elites o para reunir un tutti revolutum que favorece la creación de consensos pasivas Parece más adecuado en todo caso utilizar el concepto de “sociedad política” o de “pueblo” que permite definir un conjunto relativamente heterogéneo que se moviliza conjuntamente por objetivos compartidos.

La equidadha substituido a la igualdad tanto en la terminología política como en las ciencias sociales. Por cierto, resulta un poco sorprendente como los cientistas sociales adoptan acríticamente “conceptos” de procedencia política, especialmente de organismos internacionales. Se entiende la equidad como garantizar a cada uno lo indispensable, pero en el mejor de los casos supondría mantener la igualdad social, lo cual hace no solo inviables económicamente las políticas redistributivas, también mantiene idéntica conflictividad social pues un grado importante de desigualdad es insoportable para los que están en la parte baja del sistema. Algo similar se puede decir de la cohesión social y de la integración ciudadanaque han substituido a los conceptos más claros de justicia social y derechos ciudadanos iguales para todos. Se proponen palabras que parecen apostar por políticas públicas progresistas, pero sin molestar a los sectores acomodados a los que no solo se les garantiza su status privilegiado, también se les dice implícitamente que mejorando un poco la situación de las clases populares será más fácil o “menos peligroso” que perturben su vida.

Conceptos peligrosos si no se precisan

Se supone que los conceptos de sostenibilidad y planeamiento son propios del progresismo, que indican un criterio y un instrumento respectivamente para llevar a cabo políticas públicas favorables al conjunto de la población, presente y futura, y que necesariamente mejoran las condiciones de vida de los sectores populares. En realidad la cuestión no es tan simple. La sostenibilidad es un concepto genérico, que en muchos casos no queda claro a qué se refiere y cuya aplicación en muchos casos es contradictoria. Puede preservar o reducir el coste de un bien sostenible pero aumenta el coste de otro. En ocasiones se utiliza la sostenibilidad para reducir programas de interés social, cuando un buen uso de este criterio puede servir a reducir las desigualdades. La “sostenibilidad” es usada para facilitar negocios de empresas que previamente despilfarran recursos y atentan contra bienes básicos. O se utiliza como argumento para obtener o preservar situaciones de privilegio. Si argumentamos en favor de la sostenibilidad conviene concretarlo mediante propuestas críticas y alternativas como el control público del suelo, la compacidad de la urbanización o la supresión del automóvil en las áreas de alta densidad de población. En abstracto la sostenibilidad puede ser utilizada con fines contrarios a los que se proclaman. Algo parecido ocurre con las identidades que usan tanto para afirmar unos derechos individuales y colectivos legítimos, como para excluir o no reconocer los derechos de los “otros”, los considerados ajenos a esta identidad.

La identidad es una palabra peligrosa nos dice Tony Judt. Es cierto, pero a veces resulta incómodo criticar un exceso de afán identitario de colectivos sometidos a un poder externo, pues te encuentras al lado de los que critican esta identidad en nombre de la suya, la dominante. En todo caso conviene relativizar la identidad mediante el reconocimiento de derechos iguales de todos los habitantes de un territorio y de la universalidad de un conjunto de derechos básicos en proceso de codificación continua. Es evidente que ni los derechos proclamados por la revolución francesa de 1789 ni los derechos humanos de la Carta de UU.UU. no son hoy suficientes (aunque en gran parte del mundo no están satisfechos).

¿Planeamiento para qué? El concepto de planeamiento vuelve progresivamente a la actualidad. A priori el que se reconsidere su importancia, después de algunas décadas de valoración baja, parece positivo. La desregulación de las políticas económicas y territoriales nos han llevado a una situación caótica y catastrófica. Sin embargo la reivindicación del planeamiento suena muchas veces como un brindis al sol y también como la ocasión para que se expresen intereses corporativos, legítimos pero particularistas, que identifican cualquier planeamiento con el “interés general”. Reclamar el planeamiento sin precisar objetivos y actuaciones, es decir estrategias de implementación, es simple retórica legitimadora de cualquier cosa. El planeamiento territorial por ejemplo puede perseguir objetivos positivos que se le suponen, pero no están garantizados como promover o mejorar la oferta de bienes y servicios colectivos destinados a la población y a las actividades, reducir las desigualdades sociales, facilitar la deliberación ciudadana en relación a las políticas públicas, etc. Pero muchas veces es una palabra que se utiliza en vano y que puede servir para legitimar actuaciones público-privadas que contradicen los objetivos teóricamente proclamados. La vida local es una fuente infinita de ejemplos.

Algo similar ocurre con la exaltación de lademocracia local, la descentralización, la proximidad. No es oro todo lo que reluce. El descrédito de los gobiernos y de los partidos ha revalorizado la imagen de la de la política o mejor dicho el mito de la proximidad. Es obvio que la cercanía a las personas que detentan una cuota de poder favorece el control social pero muchas veces el resultado es el contrario de lo esperado: falta masa crítica de territorio o de población, competencias débiles y recursos escasos, pantalla entre los ciudadanos y los centros de decisión, etc. Antes de dar como positivo cualquier proceso de acercamiento entre instituciones y ciudadanos conviene evaluar sus efectos prácticos.

Finalmente nos parece urgente cuestionar el concepto y el uso de una palabra mágica que nadie discute: democracia. Declarar que los países de Europa occidental no son “democráticos” parece una aberración, puesto que son Estados de derecho, con constituciones que garantizan un régimen de libertades públicas, se asientan en un conjunto de políticas sociales (welfare state), etc. También es cierto que en comparación con otros parecen más “democráticos” que la gran mayoría de países del resto del mundo. Pero la democracia no se reduce a un conjunto de derechos formales, a un conjunto de procedimientos garantistas, a la elección de los gobernantes especialmente. La democracia para qué? Volvemos a la pregunta que Lenin espetó a Fernando de los Rios con ocasión de la fundación de la III Internacional. La democracia es un régimen de libertades que no solo sirven para garantizar en el plano político-jurídico la libertad y la igualdad de las personas, también conlleva la realización por parte de los gobiernos elegidos de políticas públicas que hagan reales los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que limitan las libertades y expresan las desigualdades que se dan en las sociedades humanas, estén más o menos desarrolladas. Hoy, afortunadamente, ya no vale exaltar la democracia en abstracto. La reacción ante la crisis ha puesto sobre la mesa la “democracia real”, es decir la que da respuestas positivas a los derechos de todos.

Considerar “democráticos” sin más, a nuestro país y a los de nuestro entorno, es por lo menos una enorme exageración. Incluso en el plano político-jurídico los déficits democráticos son visibles: sistema electoral que favorece las oligarquías partidarias y que no respeta el principio del valor igual de los votos, exclusión de la población residente que no posee la nacionalidad española, influencia decisiva de los grandes grupos económicos y mediáticos en la formación de la opinión pública, etc. El reciente fenómeno de los “acampados” ha enfatizado estos déficits al reivindicar una “democracia real”. Pero es solamente un aspecto de la “realidad democrática”. Si las políticas públicas no mejoran el bienestar de la población y no reducen las desigualdades sociales, se está negando la justificación de la democracia “representativa”. Los gobiernos elegidos no son legítimos únicamente por su origen, es preciso que luego se legitimen mediante sus políticas. Y las actuales políticas económico-sociales de la UE permiten concluir que no vivimos en países democráticos. La Universidad es la institución más adecuada para hacer esta denuncia, por su conocimiento acumulado, por su independencia y por los valores que se supone que guían su comportamiento público.

Recuperar un lenguaje real.

La recuperación de un lenguaje que en vez de crear confusión aporte claridad, que indique las fallas de la sociedad en que vivimos, que señale causas y responsables, que indique salidas y proponga alternativas, que denuncie los lenguajes de la ocultación y de la legitimación de lo existente. Cada día podemos escuchar a algunos políticos o intelectuales prestigiosos denunciando los males del mundo, como si de plagas bíblicas se tratara: el hambre y la miseria, las víctimas de las guerras y los que mueren de sed, los que no tienen casa y los que emigran para sobrevivir, las mujeres que sufren violencia o son objeto de tráfico, las niños abandonados y famélicos, los que mueren de enfermedades endémicas, etc. Pero casi nunca citan a los organismos internacionales como el Fondo Monetario o la Organización mundial de comercio, las multinacionales que explotan la mano de obra de los países pobres y las que no permiten que les lleguen fármacos y alimentos, los entes financieros especuladores y sus cómplices políticos, etc.

La vocación política de las ciencias sociales es analizar y denunciar lo que los medios políticos oficiales y los de comunicación nos presentan como algo objetivo, así son las cosas, en el mejor de los casos como una única cara de la realidad. Pero, las causas y los agentes causantes también son otra cara de la realidad, las víctimas y los que resisten son así mismo otra cara y el medio universitario, intelectual y profesional debiera ser la cuarta cara de la realidad, la que explica, denuncia y propone alternativas, la que apoya a los que se enfrentan a esta realidad. Recordemos de nuevo la aparente paradoja de Ernest Bloch: la realidad no es la verdad.

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