La cultura urbana republicana: ciudad y ciudadanía

Anexo a Espacio público, patrimonio histórico y memoria democrática.

Nota Introductoria

España desde los inicios del siglo XX inicia un proceso relativamente lento pero progresivo de urbanización. Las migraciones campo-ciudad tienden a acelerarse a lo largo del primer tercio del siglo, emergen dos potentes capitales millonarias, Madrid y Barcelona y dos regiones, País Vasco y Cataluña que concentran gran parte de la industria y devienen rápidamente dos territorios altamente urbanizados.

Paralelamente a este proceso urbanizador se desarrolla una cultura política que hace del ciudadano sujeto principal de la vida pública. Una cultura que se produce y apoya en sectores sociales específicamente ciudadanos: universitarios y maestros, profesionales, intelectuales y artistas, a los que se añaden algunos comerciantes, pequeños o medianos empresarios y artesanos cultivados. El ciudadano, sujeto de derechos y deberes, es el status unificador de la democracia. Lo que distingue al ciudadano no es solo el ser el sujeto poseedor de plenos derechos civiles y políticos, si no que vive en un contexto en el que todos tienen los mismos derechos, es decir en un país que suprime los privilegios y las exclusiones. Es la cultura republicana.

Esta cultura, urbana y democrática, se desarrolla lentamente en la sociedad española a lo largo del siglo XIX. La batalla cultural, en términos gramscianos, confronta a lo largo de todo el siglo y primer tercio del siguiente a las vanguardias culturales y sociales y a las minorías políticas democráticas a las fuerzas dominantes en el Estado. Se trata de los poderes políticos, económicos, eclesiales y militares que defienden durante este largo período un modelo de sociedad que hace de la desigualdad social, la intolerancia cultural y el autoritarismo político sus principios rectores.

1. La emergencia de la ciudadanía en la sociedad moderna.

El siglo XX en España empieza con la emergencia intelectual y política del ciudadano. Evidentemente el movimiento viene de lejos, para simplificar de las Cortes de Cádiz. A lo largo del siglo XIX el pensamiento liberal se hace, en sus sectores más avanzados, democrático, lo cual se manifiesta en las demandas de superar el carácter censitario del sufragio y en la reivindicación del derecho a la organización (“asociación o muerte”) así como en la educación (véanse los objetivos y los contenidos de la Institución libre de Enseñanza).

La consideración de los españoles como ciudadanos parte de unas bases que son comunes con los otros países europeos:

a. Todos los que viven y conviven en un territorio son sujetos con igualdad de derechos y deberes.
b. Estos derechos incluyen derechos civiles, políticos y sociales que se hacen operativos mediante políticas públicas
c. Las instituciones que establecen las leyes y administraciones encargadas de ejecutar estas políticas deben tener un origen representativo, es decir proceder del voto de todos los ciudadanos.

En la “sociedad civil”, clasista, casi de castas, del siglo XIX la cultura política ciudadana se difundió trabajosamente en vida civil, entre las capas medias urbanas, entre sus sectores más educados, los profesionales muy especialmente y en núcleos muy minoritarios de la “sociedad política”, como se comprobó durante el breve periodo de la primera República. Pero a finales de siglo empezaron a desarrollarse y a arraigarse en el tejido social los partidos y organizaciones cívicas de cultura “democrática” en un sentido moderno. Es decir no elitista en sus propuestas de “representación”. Un siglo después asumían los valores de las revoluciones francesa y americana. Además, aunque fuera confusamente, articulaban las libertades políticas con algunas políticas sociales (difusión de la enseñanza, reforma agraria, derechos de los trabajadores, etc) y con temáticas cívicas y políticas nuevas, como la igualdad hombre-mujer y el reconocimiento de la diversidad territorial o cultural del país.

Entre las nuevas organizaciones políticas y sociales que emergen a finales del siglo XIX están las organizaciones obreras, partidos y sindicatos. En ellos se encuentra una reivindicación de ciudadanía, que incluye derechos sindicales básicos que les son negados como el de organizar sindicatos en los lugares de trabajo, de huelga, de negociación colectiva, etc y también derechos sociales y políticos generales cuya ausencia confiere a las clases trabajadoras un status “subciudadano”: derechos de voto, a jornadas laborales de no más de 9 horas, a pensiones de vejez, a limitar el trabajo de los niños, etc.

La rigidez excluyente es sin embargo ampliamente mayoritaria en la clase política conservadora gobernante que se resiste a aceptar el sufragio universal y solo amplía lentamente el censo de electores. Y también en la clase empresarial, que al desarrollo del movimiento obrero responde con la violencia del pistolerismo patronal y la represión política. En este marco una parte del movimiento de los trabajadores rechazó de facto la lucha por la ciudadanía en un marco democrático para confrontarse, incluso mediante la violencia, a las exclusiones que sufre, reivindicando un escenario ideal de sociedad igualitaria y de democracia de base a la que solo se puede llegar mediante una revolución proletaria. Una posición ideológica que fue común a amplios sectores del socialismo con el anarco-sindicalismo, aunque solo un sector de estos últimos lo asumió hasta sus consecuencias más radicales, es decir la violencia para acabar con el sistema capitalista, incluidos sus representantes principales.

2. La alternativa republicana: una democracia de ciudadanos.

Las ambivalencias están presentes a lo largo del primer tercio del siglo XX. Por una parte en los sectores políticos e intelectuales de las grandes ciudades los ideales republicanos están cada vez más presentes y oscilan entre la acción antimonárquica y la desmoralización post 98. Por otra parte los movimientos de crisis política y de reacción conservadora se deben a las explosiones sociales obreras y en menor grado autonomistas, que a su vez son reacciones a la incapacidad del sistema político de ofrecer marcos de representación y diálogo. El agitado período que sigue a la crisis del 98, con puntas de violencia como la Semana trágica de Barcelona y las huelgas generales de 1917, termina provisionalmente con la anacrónica dictadura de Primo de Rivera.

Entre tanto la alternativa política republicana se ha ido consolidando en la España urbana. En ella convergen progresivamente una parte de la derecha política liberal, los partidos o movimientos que tienen su base en las clases medias y populares urbanas (el “radicalismo” o republicanismo de centro-izquierda en sus diversas facetas), sectores intelectuales que se habían mostrado hasta entonces remisos a la acción política (los “intelectuales al servicio de la república”) y dos fenómenos políticos nuevos: los representantes del autonomismo territorial (catalanes y vascos especialmente) y los del movimiento obrero y socialista. Este conjunto de fuerzas converge en el Pacto de San Sebastián que anuncia el establecimiento de la República. Fueron precisamente los resultados de unas elecciones municipales en las cuales las fuerzas republicanas ganan en las ciudades las que iniciaron el periodo republicano. El voto urbano fue suficiente para que la Monarquía se derrumbara. Lo que no deja de ser significativo. Por lo tanto parece oportuno analizar las relaciones entre los movimientos sociales, profesionales y culturales vinculados a la ciudad con la evolución del marco institucional urbano (o regional) y el contenido de las políticas públicas territoriales. Unas relaciones que evolucionan espectacularmente entre los inicios del siglo y el periodo republicano hasta la guerra civil.

La República es el momento de afirmación de la ciudadanía. Y aunque el status ciudadano no es obviamente un derecho real o latente exclusivo de los habitantes de las ciudades si que es en las ciudades donde más se ha afirmado. Y también será en ellas en las que la complejidad de derechos, políticas públicas e instituciones que configuran el status ciudadano se manifestará con más rotundidad a lo largo de los años republicanos.

En este breve texto nos centraremos especialmente en las grandes ciudades, en Madrid y en Catalunya, que merece una especial atención. La claridad del proceso que se da en el primer tercio de siglo parece una síntesis cinematográfica de una interpretación basada en el materialismo histórico. Un proceso que expresa la reacción a la crisis del 98 con la emergencia de una política burguesa modernizadora en Barcelona a partir de las elecciones municipales de 1901 y que se generaliza luego en todo el territorio con la Mancomunitat (1914). Al cual sucedió el urbanismo reformista o socialdemócrata del inicio del periodo republicano, que a su vez fue prontamente superado por una política de transformación social revolucionaria durante la guerra civil. Téngase en cuenta que Barcelona, a diferencia de Madrid, no fue frente militar hasta mediados de la contienda.

Otra razón de interés es que en Catalunya la evolución política y social en lo que se refiere a políticas del territorio es paralela a la creciente demanda de autonomía y de voluntad de construir un país moderno (el “Catalunya-ciutat” orsiano) que comparten grupos burgueses “nacionalistas” (la Lliga de Prat de la Riba, el arquitecto y sucesor de Prat en la presidencia de la Mancomunitat Puig i Cadafalch y el millonario Cambó) con importantes sectores medios, de base profesional urbana. También se da un paralelismo entre la radicalización social y política del país y la evolución cultural y profesional de las vanguardias intelectuales, influidas tanto por el contexto internacional como por el compromiso social, sin las cuales difícilmente se hubiera dado un proceso tan acabado. Aunque como todos los otros procesos republicanos terminara mal.

3. Urbanismo y ciudadanía.

Desde los inicios del siglo XX el creciente proceso de urbanización y de concentración de la población en grandes ciudades planteó la necesidad de dar respuestas públicas urbanizadoras, es decir establecimiento de redes viarias y de servicios públicos, lo cual a su vez ofrecía interesantes expectativas de negocio inmobiliario. Por otra parte una parte de la población, en general procedente de la inmigración, requería una política de vivienda específica que excepto en casos muy aislados, no se cubrió o dió lugar a operaciones de “urgencia” en los márgenes de la ciudad.

El desarrollo urbano siguió en algunas grandes ciudad la pauta de los ensanches iniciados en el siglo anterior, como fue el caso de Madrid, Barcelona y Bilbao, aunque la mayoría son desarrollos específicos del siglo XX. Los ensanches favorecen en teoría un desarrollo urbano formal e ilimitado, lo cual se expresa especialmente en el caso barcelonés (Cerdà lo consideraba un “urbanismo igualitario”). Pero en la mayoría de los casos la Administración pública delimitaba las actuaciones de ensanche a un territorio específico. En la práctica los ensanches daban una respuesta a las demandas solventes de la población instalada y generaban importantes plusvalías urbanas.

Esta política era aun más evidente en las operaciones de reforma interior basada en la apertura “quirúrgica” de amplias vías en el tejido central de la ciudad, como la Granvía (Barcelona 1908, Madrid 1910). Se trata de una política socialmente ambigua, por una parte se generaban espacios públicos integradores de la ciudadanía, por otra se generaban oportunidades de negocio y se dejaba fuera de la oferta de vivienda o locales de actividad a los amplios sectores de más bajos ingresos.
Las operaciones periféricas en general fueron de pequeña escala, con la excepción del original proyecto de “Ciudad lineal” de Arturo Soria, el único proyecto de gran escala que junto el del Ensanche barcelonés de Cerdà, pretendía dar una respuesta global ciudadana. El mercado del suelo y la falta de apoyo oficial limitó tanto la escala como la composición social del proyecto de Soria, que quedó reducido a un interesante ejemplo de barrio de clases medias. Las urbanizaciones tipo “ciudad jardín” fueron numerosas, de pequeña escala y casi siempre para una demanda solvente. El habitat popular producido por las iniciativas públicas se redujo a operaciones de “casas baratas” (ley de 1908), de pequeña escala y en suelos marginales al tejido urbano.

Es resumen las políticas públicas en la práctica promovieron un urbanismo poco ciudadano, si exceptuamos la creación de algunos ejes o espacios públicos integradores. Los barrios populares o eran dejados de lado, abandonados a un proceso de degradación, o eran objeto de algunas operaciones especulativas de reforma interior. Los ensanches incluían a sectores medios y algunos sectores populares integrados pero no a la creciente población que afluía a las grandes ciudades. Y en las periferias además de las escasas operaciones de casas baratas proliferaban zonas de autocontrucción. La urgencia de la oferta de vivienda para las clases trabajadoras iba a ser el gran desafío al que se debería confrontar la República si quería ser fiel a su compromiso ideal con la ciudadanía.

4. La acumulación de cultura urbanística.

De la misma forma que las ideas políticas que ordenaron el diseño del sistema republicano se forjaron a lo largo de las décadas anteriores lo mismo ocurrió con las políticas sociales y urbanísticas.
El aspecto más interesante, aunque inicialmente fuera de una eficacia limitada, fue la aparición de la cultura del planeamiento urbano, como expone muy bien Fernando de Terán en sus obras sobre Historia del urbanismo en España). Así como la intervención sobre el tejido urbano debía mucho a la experiencia francesa (Haussmann) el planeamiento del territorio circundante sobre el cual se iba a dar el desarrollo urbano se inspiraba en la cultura de planeamiento alemana (zoning) y británica (regional planning).
En Madrid hubo diversos intentos fallidos mediante leyes (1896, 1903, 1910) que promulgaban la necesidad de planificar la urbanización de todo el término municipal. Finalmente el Ayuntamiento elaboró un Proyecto para la urbanización del Extrarradio (1907). Aprobado por el municipio en 1911 suponía importantes expropiaciones para la realización del viario y otros espacios públicos, e incluía una municipalización parcial del suelo. El proyecto de ley no fue aprobado ni en 1916 ni en 1918, en las dos ocasiones en que se debatió.

El Estatuto municipal promovido por Calvo Sotelo (1923) imponía la obligación a las grandes ciudades de elaborar un plan general que ordenase su crecimiento. Esta norma, a priori interesante, quedó desnaturalizada por el contexto autoritario y clasista del sistema político que excluía a los sectores populares e incluso medios de mecanismos para hacer valer sus intereses y por la impotencia técnica y administrativa de la gran mayoría de los ayuntamientos.

En Barcelona coinciden tres líneas de actuación que todas convergen en un planeamiento de la ciudad que la integre en su región. La Mancomunitat (precedente de la futura Generalitat) que se establece en 1914 (mediante la federación de las 4 Diputaciones) inicia una cierta planificación del territorio mediante los Planes de obras y servicios. Es un inicio de materialización del citado ideal de Catalunya-ciutat, emblema del Noucentisme. Un complemento de esta actividad fue la influencia de las ideas que Cebrià de Montoliu importó de Alemania e Inglaterra a través de Sociedad Cívica La Ciudad Jardín, que integraba el desarrollo de la ciudad con el tejido urbano-rural del territorio.

En segundo lugar cabe destacar el nuevo Plan barcelonés destinado a completar el Plan de Cerdà, el llamado Plan Jaussely que se convirtió posteriormente en Plan de Enlaces (1917), un ambicioso proyecto que articulaba la ciudad del ensanche con los pueblos del llano (una parte de los cuales fueron integrados a Barcelona entre 1897 y 1921). Por primera vez se propone un modelo de ciudad en desarrollo que articula centralidades, espacios públicos y viarios y usos residenciales y de actividades. El plan contiene una estructura de ciudad para toda la aglomeración que es excepcional en el contexto español de la época.

Finalmente cabe citar la eclosión de dos generaciones de arquitectos y urbanistas que representan en este campo a las vanguardias culturales que emergen en la vida europea en el primer cuarto de siglo y que ha estudiado Oriol Bohigas (ver bibliografía). El primer grupo, que se inicia en los años de la primera guerra, ambivalente entre el monumentalismo oficialista y el gusto “clásico” burgués y el cosmopolitismo racionalista europeo contiene nombres importantes como Nicolás Rubió i Tuduri (luego autor del Regional Planning de Catalunya en el periódo republicano y paisajista de prestigio internacional) o el influyente y progresista crítico Rafael Benet (director de la revista de la Associació d’Arquitectes La Ciutat i la Casa). El segundo grupo, que se inicia en la década siguiente, será más influyente, puesto que liderará la presencia en España del Movimiento moderno representado por la Carta de Atenas y la figura de Le Corbusier. Es el grupo fundador del Gatcpac (Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per el Progrés de l’Arquitectura Contemporània) que tendrá una expresión en el resto de España como Gatepac.

Con la proclamación de la República este capital cultural acumulado tendrá la ocasión de dar sus frutos: las vanguardias culturales se integrarán, por lo menos en parte, en el proceso de transformación política y social.

5. El Urbanismo republicano: de la reforma a la revolución.

El urbanismo republicano hereda una triple herencia o tres bases que lo sustentan. Primero un objetivo social, la conciencia de la prioridad a la vivienda popular, o dicho en lenguaje de la época: a la vivienda obrera. Así lo plantean Torres Clavé y Sert a Le Corbusier cuando éste les visita en Barcelona poco antes de la proclamación de la República. Hay que tener en cuenta que en menos de 20 años, desde los inicios de la primera guerra mundial hasta la proclamación de la República la población barcelonesa casi duplica su población (de 600.00 a 1.100.000 habs.) y los inmigrantes ocupan también barrios degradados o autoconstruídos de la primera corona (Badalona, Hospitalet, etc.).

En segundo lugar debe citarse la herencia relativamente importante de la cultura del planeamiento, es decir la concepción del «hacer ciudad” como una operación compleja, que supone intervenir a la vez en el tejido existente y en la ordenación del desarrollo futuro, atribuyendo tanta importancia a los usos y construcciones que los posibilitan como a las relaciones entre actividades y personas, es decir a la movilidad. La respuesta a la crisis del 29 contribuye decisivamente a promover y legitimar la cultura del planeamiento, especialmente en los países anglosajones, en los cuales ya había emergido en las primeras décadas del siglo (gobierno laborista británico en los años 20, “new deal” roosweltiano post 29). Y es el momento histórico de prestigio de los planes quinquenales del gobierno revolucionario soviético.

Y la tercera base propiamente política es el rol que el pensamiento democrático atribuye a la ciudad en hacer real la ciudadanía, las libertades de las personas en sus movimientos y en su privacidad, el derecho por igual de los habitantes al acceso a la vivienda y a los servicios, el espacio público como ámbito de convivencia y expresión de la colectividad y como entorno sano y agradable. Es el encuentro de dos culturas democráticas, la que pone el enfásis en la libertad del individuo, que caracteriza a la cultura republicana desde el siglo anterior, y la que lo pone en la igualdad, propia de la cultura “socialista” de las organizaciones de base obrera. Una expresión sintética que hizo fortuna fue el “soy socialista a fuer de liberal” del dirigente del PSOE Indalecio Prieto, futuro ministro de Obras Públicas. Paralelamente corrientes republicanas, de tradición cultural liberal-democràtica, simpatizaron con la revolución rusa y en los años 30 ante la resistencia al cambio de las fuerzas conservadoras optaron por políticas socializantes.

No es posible ahora reseñar la ingente actividad reformadora del periodo republicano. En Madrid finalmente se aprueba el Plan de Extensión (1933) que establece un planeamiento integral de la ciudad. El mismo Gabinete técnico de Accesos y Extrarradio, dirigido por el arquitecto Zuazo elabora en 1932 un Plan regional que incluye un territorio mucho más extenso que la ciudad y su periferia. El delegado del Gatepac en Madrid, García Mercadal gana la plaza de director de la Oficina de Urbanismo de la ciudad y elabora el Proyecto de Ciudad Verde del Jarama. El impulso a las obras públicas urbanas del Ministerio de Prieto se concreta en Madrid con una gran operación de centralidad según las directrices del plan Zuazo, la prolongación de la Castellana y los Nuevos Ministerios.

En Catalunya el dinamismo de la política territorial progresista es espectacular. Los proyectos, grandes proyectos urbanos los llamaríamos ahora, se desarrollan a la vez que el planeamiento. La Ciutat del repós y de les vacances nació como proyecto de los profesionales del Gatcpac en 1929 y queda listo para su ejecución en 1934. El bienio negro primero y la guerra civil luego no lo hacen posible y se pierde la posibilidad de una Ciudad del esparcimiento para los trabajadores que hubiera sido un referente mundial. En 1932 se inicia el proyecto de viviendas obreras a partir de una realización experimental, la Casa-bloc en el barrio de Sant Andreu. Se trata de un encargo del Institut del Atur forçós (del desempleo forzoso) que ejecuta el Comisariado de la Casa Obrera de la Generalitat. Se termina en 1936 la Casa y también el conjunto del proyecto, debido a la guerra civil. También es obra de los líderes del Gatcpac (Sert, Torres Clavé y Subirana) el Dispensario Central Antituberculoso, un proyecto iniciado en 1934 y que en este caso puede terminarse, en plena guerra civil. Cabe también citar el ambicioso programa de construcciones escolares (27 000 escuelas) impulsado por el Ministerio de Instrucción pública y que en Catalunya da lugar a algunos grupos escolares modélicos. Y no es posible olvidar un proyecto muy especial: el Pabellón de la República de la Exposición de Paris (1937), obra de Sert, que deviene un icono del Movimiento moderno, en el que se expone el Guernica de Picasso y la escultura móvil de Calder, dedicada a la República.

En paralelo se desarrolla una actividad planificadora y de reorganización territorial considerable. En 1932 se inicia la elaboración del Pla Maciá o Plan Le Corbusier que está terminado en 1934. Sigue los principios de la Carta de Atenas, integra los proyectos citados con como el proyecto de una ciudad empresarial o de “negocios” cerca del puerto, manzanas de 400×400 metros (tipo la supermanzana de Brasilia), el saneamiento y esponjamiento de la ciudad antigua (incluye rascacielos), el cinturón litoral, etc. En los mismos años, 1932-34, se elabora y se aprueba el llamado usualmente Regional Planning, o “Pla de Distribució de zones del territori”, obra dirigida por los hermanos Rubió i Tuduri. Es una nueva concreción, como planificación económica y urbanística del territorio del ideal racionalista de la “Catalunya-ciutat”. Y paralelamente una Ponencia técnica dirigida por el geógrafo Pau Vila elabora una nueva Divisió territorial de Catalunya, que crea 9 regiones y 38 comarcas. Una división por cierto que recupera la actual Generalitat.

Estos planes y proyectos como se ve afectan solo indirectamente la lógica del mercado, a la desigualdad social y a la especulación urbana (aunque hay unas ordenanzas fiscales que se aplican al Ensanche barcelonés interesantes). Por lo tanto hay conciencia de que los efectos de los planes y proyectos citados serán limitados si no se incide decisivamente en las distorsiones que se derivan de la propiedad privada del suelo y en la lógica de maximización del beneficio de la promoción inmobiliaria.

La guerra civil y la existencia en Catalunya de un gobierno con fuerte presencia de las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda (socialistas, anarcosindicalistas y comunistas forman alianza con el partido hegemónico, Esquerra Republicana) radicalizan las políticas urbanas. A partir de un proyecto de Colectivización del ramo de la Contrucción elaborado por la CNT el sector queda de hecho bajo el poder republicano. Se congelan primero y se suspende más tarde el pago de los alquileres. Y finalmente se aprueba en 1937 el Decreto de Municipalización de las fincas urbanas, expuesto por sus principales autores, el comunista Grijalbo y el anarcosindicalista Fábregas en su libro Municipalització de la propietat urbana. Un texto que hoy podría ser objeto de culto.

Esta radicalización provoca rupturas en el Gatcpac, pero la mayoría de sus principales líderes colaboran activamente con el proceso revolucionario, empezando por el aristócrata socialista que es Sert hasta el comunista Torres Clavé. Sert se exilará más tarde y se convertirá en uno de los arquitectos y urbanistas emblemáticos del movimiento moderno. Torres Clavé morirá combatiendo en el frente. Muchos se exilan, otros permanecen en España y se acomodan discretamente en la nueva situación. Ningún nombre significativo se convierte en defensor del nuevo régimen.

6. Conclusión.

No parece necesario ni el espacio lo permite comparar esta década prodigiosa, de finales de los 20 hasta la guerra civil con el siniestro periodo que se inicia con la victoria de la sublevación militar. Hasta bien entrada la década de los 50 transcurren 20 años en los que parece que el país y las ciudades han retrocedido un siglo. La cultura urbanística y de planeamiento de la ciudad desaparece literalmente de la Administración y de la Enseñanza. En las Escuelas de Arquitectura solo hay una materia denominada “Urbanología” que se reduce a una visión “literaria” de la ciudad. En las facultades de Derecho el urbanismo se cita superficialmente en un capítulo del Derecho Administrativo. Desaparecen obviamente los programas de vivienda destinados a los trabajadores. La arquitectura de vanguardia queda satanizada y todo lo que se derive del Movimiento moderno es considerado subversivo. El triste slogan “ni un hogar sin lumbre ni un español sin pan” parece llegado directamente de la Edad media.

La miserable cultura oficial criminaliza la ciudad. Una de las pocas películas interesantes de la época es Surcos (1951), de un director considerado “falangista social”, Nieves Conde. En ella la ciudad es fuente de todas las desgracias, vicios y delitos. La única salida positiva que se ofrece es la redención en el convento o la cárcel o la vuelta al campo. Sin embargo la población rural fluye, cada año más que el anterior, a las grandes ciudades y especialmente en los años 50 y 60 el proceso anuncia un país que muy pronto tendrá a las tres cuartas partes de su población viviendo en las ciudades o, con más frecuencia, en sus suburbios. Esta población es urbana pero no es ciudadana. Una pésima película de aquéllos años, “La ciudad no es para mí”, nos ofrece un título que podría simbolizar la situación de los nuevos pobladores urbanos. En realidad la ciudad los acoge para trabajar pero la ciudadanía no está a su alcance. Como sucedió un siglo antes nuevamente empezará un largo y trabajoso proceso de conquista de la ciudadanía.

Los valores republicanos, las políticas públicas, las propuestas profesionales y culturales y las reivindicaciones sociales urbanas de los años 30 resultan hoy muy actuales. La prioridad a la vivienda popular y su inclusión en un planeamiento integrador y no excluyente resultan hoy tan necesarios como entonces. Hoy también la ciudad niega lo que promete y el desempleo, la falta de vivienda y la urbanización suburbial crean amplias capas de la población con un status ciudadano sometido a una capitis diminutio.

El periodo de acumulación de propuestas culturales y sociales que precedió a la República y la radicalidad de las políticas y de los proyectos de los gobiernos republicanos constituyen un patrimonio de experiencias a tener en cuenta. Y pueden contribuir a formular un catálogo de derechos y deberes ciudadanos que no se reduce a aspectos sectoriales de las políticas públicas. No es suficiente hoy con proclamar el derecho a la vivienda, a la educación o al trabajo. Hay que definir políticas que los hagan posible. Y que sumadas garanticen un derecho que los engloba, el derecho a la ciudad.

Jordi Borja. Barcelona, febrero 2006

Referencias bibliográficas

Bibliografía

Nos parece innecesario proponer bibliografía histórica general puesto que es tan numerosa como conocida. Solamente citaremos algunos textos relativamente recientes que hacen referencia a la actualidad de los valores republicanos o ciudadanos y otros que se refieren más específicamente a la cuestión urbana.

De los primeros citamos:

  • Pérez Ledesma,M. “Ciudadanía y democracia” (Fundación Pablo Iglesias 2002) y del mismo autor, junto con Cruz,R. “Cultura y movilización en la España contemporánea (Alianza1997).
  • Townson, Nigel (ed), El republicanismo en España (Alianza 1994)
  • Piqueras, J.A. y Chust, M., Republicanos y repúblicas en España (Siglo XXI, 1996)
  • Cortina, Adela, Ciudadanos del mundo (Alianza 2003)

Y de los que se refieren a la ciudad y al urbanismo:

  • Bohigas, Oriol: Modernidad en la arquitectura de la España republicana (Tusquets 1998) y Arquitectura i Urbanisme durant la República (Dopesa, 1978)
  • de Terán, Fernando: Historia del urbanismo en España, vol 3 (Ediciones Cátedra 1999)
  • Santos Julià, David Ringrose y Cristina Segura: Madrid, historia de una capital (Alianza 1994)
  • Textos de la Generalitat de Catalunya: La política urbanística (El Pla Macià, El Gatcpac, etc), con una Introducción de Eduardo Moreno (Undarus, 1977)
  • Borja de Riquer: Los límites de la modernización política: el caso de Barcelona 1890-1923 (en la obra colectiva dirigida por Manuel Tuñón de Lara: Las ciudades en la modernización de España, Siglo 21 1992)

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