Espacio público, patrimonio histórico y memoria democrática

CONGRESO DOCOMOMO Ibérico VI
Espacio Público, Patrimonio histórico-industrial y memoria.
Asturias, Abril 2010.

Nota del autor. El texto que sigue tiene una base de conocimiento muy personal, la experiencia de vivir en la Barcelona de los últimos 50 años. Por esta razón hay referencias concretas a la ciudad, a sus barrios y a Cataluña, pero que en la mayoría de casos son generalizables a toda España.

Entendemos por Patrimonio histórico no solo los elementos físicos con valor cultural simbólico o artístico, también aquellos lugares o espacios que fueron conquistas populares para acceder a los plenos derechos ciudadanos.

Segunda Parte, Capítulo 4. III. Espacio público, patrimonio histórico y memoria democrática

Anexo: La cultura urbana republicana: ciudad y ciudadanía.

1. Derecho a la Memoria y coste de su negación.

No hay un deber individual de Memoria pero sí que hay un derecho a recordar y ser recordado. En cambio hay el deber o mejor dicho una responsabilidad social y política de las instituciones que nos representan a hacer posible el ejercicio del derecho a recordar y a ser recordado. Olvidar no es solamente la no-memoria, es sobretodo la no-verdad (Claudio Magris). Es negar aquello que ha ocurrido y que no se quiere aceptar.

La construcción de un Estado y de una sociedad democráticos después de una dictadura no se puede permitir el olvido-mentira. Es como si hicièramos equivalentes o simétricos, en nombre de un hiper realismo, el pasado tiránico y el presente-futuro de democracia en construcción. La Memoria histórica democrática es construir y difundir el relato/s que proponen una descripción-explicación de los hechos del pasado, sin partidismos pero desde los valores democráticos irrenunciables. Es decir, la Memoria democrática supone una lectura crítica de la dictadura y la valorización de la resistencia democrática, sin silenciar ni perdonar nada, puesto que la violencia planificada del golpe militar, los asesinatos sin juicio y la represión a lo largo de la guerra y de la larga postguerra sobre el conjunto de la población y en particular sobre los que habían servido lealmente a la República no puede olvidarse ni perdonarse. Y aun menos la violencia institucionalizada de la Dictadura. Lo cual no conlleva ni justificación ni olvido ni excusa los crímenes y los atentados a los derechos de las personas que se hicieron en nombre de la república o de la revolución durante la guerra civil. Como dicen lo mexicanos una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ambos son condenables pero no son equivalentes pues éstos últimos se cometieron durante una cruenta guerra civil por parte de grupos que actuaban al margen de la legalidad republicana y en el marco de un Estado debilitado por el alzamiento militar mientras la violencia de Estado se ejerció a lo largo de 40 años mediante la utilización sistemática y criminal de todos los aparatos del Estado que son, tanto unos como otros, condenables. De lo cual no se deduce automáticamente que la reconstrucción de la memoria democrática y el reconocimiento social y jurídico de los que defendieron las libertades por una parte y la condena moral y política de los actos criminales y de sus autores deba traducirse en juicios y condenas. El tiempo no conlleva necesariamente el olvido pero puede hacer que la justicia se parezca a la venganza de las víctimas.La

Memoria democrática requiere un conjunto de políticas públicas que por una parte analizan y socializan el conocimiento de la realidad de la dictadura y por el otro las múltiples formas en que se expresaron el rechazo del gobierno nacido de un golpe militar y mantenido mediante el terrorismo de Estado y la multiplicidad de formas que expresaron la aspiración por la democracia. Hoy, construir unos relatos democráticos, de conquista de la democracia frente a la dictadura, es una condición necesaria para garantizar un futuro de país de ciudadanos libres e iguales.

Frecuentemente se dice que la Memoria es siempre individual, que no hay Memoria colectiva. Pero los ejemplos de “memorias colectivas” son innumerables: las tradiciones y las fiestas, las conmemoraciones y en general las emociones compartidas, los recuerdos movilizadores que están en la base de muchos comportamientos colectivos y de la mayoría de organizaciones sociales, el reconocimiento y los valores que dan sentido a los monumentos y al conjunto del patrimonio histórico y cultural, etc. Las ciencias sociales e históricas han reconocido la Memoria colectiva como objeto de investigación. Recordaremos solamente la obra clásica de Maurice Halbwachs, La mémoire collective (1950) que tendremos la oportunidad de citar en esta nota [1].

La Memoria o las memorias colectivas reviven momentos del pasado, seleccionados, reinterpretados, modificados… y los proyectan al presente. Las memorias son múltiples, selectivas, vivenciales, caóticas, emotivas, movilizadoras, contradictorias…. Indispensables para contribuir a construir la Memoria democrática, pero ésta es resultado de un proceso objetivable, se apoya en el trabajo de los historiadores (profesionales o no) y en los testimonios de los actores, de los que directa o indirectamente vivieron las épocas y sus acontecimientos. Todo ello combinado con la voluntad política de producir unos relatos proyectados hacia el futuro. “La historia es siempre contemporánea, es decir política” (Gramsci, citado por Traverso, 2005) [2].

En España la transición a la democracia y el proceso de instauración del Estado de derecho supuso una renuncia implícita pero radical a la Memoria democrática, por lo menos en la escena política institucional. El coste de la No-Memoria se está pagando ahora. Si se hubiera podido realizar una política pública de Memoria democrática ni la dirección del Partido Popular ni la cúpula de la Iglesia católica ni el Poder judicial serían lo que son hoy. Ni tendrían el respaldo social que hoy poseen.

La transición en España, resultado de muchos compromisos con el régimen anterior, omitió la construcción de un Relato(s) democrático(s). Es un tema bastante conocido. La relativa debilidad de las fuerzas políticas democráticas y la paradoja de la “excesiva fuerza” adquirida en la lucha antifranquista por la izquierda y especialmente los comunistas, determinó un pacto implícito que garantizaba la impunidad a los responsables de la represión continuada del franquismo, que no anulaba los efectos jurídicos de esta represión (juicios, sentencias) y que finalmente equiparaba los represores con los luchadores por la democracia. Este pseudopacto seguramente ha ido más lejos de lo que podían esperar los beneficiados por la lógica de la impunidad. Es inexplicable pero un indicio de la ambigua realidad democrática que 30 años después de la aprobación de la Constitución se encuentren en el espacio público nombres de calles, monumentos y otros elementos físicos que exaltan la dictadura. Ha sido resultado más de la cobardía de gobernantes democráticos que no imposición de sectores ex y neofranquistas, los cuales se reanimaron en los últimos diez-quince años debido a la muy tímida o casi nula política de desfacistización en general y del espacio público en particular.

La consecuencia política y cultural de la no-Memoria democrática ha hecho que los valores y el estilo (ética y estética) de la dictadura han mantenido su “legitimidad” en una parte de las instituciones y de las opiniones públicas y en cambio los valores y los estilos propios de la democracia no se han desarrollado como en otros países donde los movimientos de resistencia se impusieron al acabar la segunda guerra mundial. En otras ocasiones hemos analizado este precio, quizás inevitable en el momento de la transición que ha creado una debilidad estructural de la democracia en España [3]. Parece que ha llegado hora de acabar con esta peligrosa anomalía.

No hay que insistir en el argumento que construir la Memoria democrática no consiste en perseguir y juzgar a los represores, tarea por otro lado difícilmente posible aunque fuera solo por el paso del tiempo. Tampoco quiere decir asumir o justificar los actos criminales que se produjeron en las zonas republicanas durante la guerra civil, que nunca fueron “política de la República”. El comportamiento pacífico y las ideas respetuosas de los derechos humanos de los movimientos y de los partidos durante la larga dictadura es una prueba más que suficiente para demostrar el rechazo a estos actos y la adhesión radical a las formas democráticas y al Estado de derecho.

Construir la Memoria democrática quiere decir analizar y denunciar el carácter perverso de la dictadura franquista expresado en la violencia social, cultural, política y jurídica que ejerció en todos los ámbitos sobre la vida pública y privada de los ciudadanos. Y sobretodo la Memoria democrática significa el reconocimiento y la difusión de las múltiples formas de resistencia social y cultural, la lucha democrática y de rechazo de la dictadura que fueron determinantes para evitar su continuidad durante la transición.

El reconocimiento en el espacio político democrático (instituciones, medios de comunicación, educación, elementos presentes en el espacio público), de los combatientes por la democracia y de las víctimas de la represión de la dictadura, la anulación de los juicios plíticos, la compensación a las víctimas, el descubrimiento y identificación de las fosas, la difusión de los actos de resistencia y sus protagonistas, no es solamente un derecho de los que lucharon por la democracia, es sobretodo un deber que tiene el Estado consigo mismo y con el conjunto de la sociedad española. El deber o la responsabilidad que tienen los Gobiernos elegidos de servir a la democracia impone deslegitimar el franquismo y los neofranquismos que todavía permanecen en la vida pública española, en el ámbito estrictamente político, en aparatos del Estado (judicial especialmente, incluso más visible que en el militar), en algunos medios de comunicación, en la iglesia católica y en cierto económicos y profesionales.

Como muy bien dice Joaquim Sempere [4], los resistentes al franquismo no necesitan recibir ningún reconocimiento honorífico del Estado, pues ya lo tienen de sus compañeros y de aquélla opinión pública que ha interiorizado los valores democráticos. Pero el Estado sí que necesita dar este reconocimiento para dejar claro que el camino iniciado hacia la democracia es un camino sin retorno. El Estado democrático no puede ser neutro entre resistentes y represores.

El test de la democracia que todavía tenemos que pasar es construir y socializar un Relato fundacional o básico que empiece por entender los casi 40 años de la dictadura terrorista y la memoria de la resistencia democrática. No hay democracia arraigada en el país si no se deslegitima radicalmente la violencia del poder dictatorial y de su discurso, un discurso de guerra permanente contar un enemigo fantasmal, un absurdo amalgama de masones y comunistas, liberales y nacionalistas, republicanos y monárquicos, izquierdas europeas y cualquier otro potencial opositor o crítico. Un discurso que finalmente consideraba sospechosos a todo un pueblo, todos los que no se sometían a la dictadura eran la anti-España. Las leyes en que se fundamentó jurídicamente el franquismo, desde la Ley de responsabilidades políticas o Ley de represión de la masonería y el comunismo hasta las que crearon los tribunales de espionaje u otras actividades o el tribunal de Orden público, ya en los años 60 deben ser conocidas y condenadas. No sé si la mejor manera de construir y socializar este Relato puede hacerse por medio de una nueva materia como Educación para la ciudadanía pero si que el Relato democrático debe estar presente en todo el sistema educativo. Y en la vida cultural. Y en el espacio público, no sol en el espacio de las instituciones, sino en el espacio cotidiano de la ciudadanía.

2. Los tiempos y los espacios de la memoria.

Marc Bloch, uno de los historiadores más influyentes del siglo pasado, escribe en los años 40 en la Francia ocupada: “nuestra civilización occidental siempre ha esperado mucho de la memoria” [5]. Y más adelante añade: “La historia no reconstruye el pasado, es la búsqueda”, y cita a Leibnitz “del origen de lo que sucede en el presente”. “La historia estudia”, dice Bloch, “los hombres en el tiempo…” siempre se hace historia del presente, para entender e intervenir en el presente. Y volvemos a Halbwachs, y su libro sobre la Memoria, también póstumo, como el de Bloch.

Ya hemos dicho que la memoria individual y también la colectiva son caóticas, dispersas. Halbwachs cita a Stendal cuando nos dice que cuando intenta recordar los hechos vividos rememora imágenes, situaciones, actos fragmentados. Tiene que acudir a una hemeroteca o a un libro de historia contemporánea para entenderlo. Y también explica que hay una dialéctica permanente entre la conciencia individual y la colectiva, que las memorias individuales se construyen en el marco de ambientes familiares, sociales, culturales y territoriales. Son famosas sus reflexiones sobre la memoria inscrita en los muros de las ciudades, en los ambientes de plazas y calles, en los lugares que por una u otra razón dan sentido a nuestras vivencias. Una reflexión sociológica que nos recuerda la literaria o filosófica de Baudelaire y de Walter Benjamin y que después encontraremos en algunos como el Breton de Nadja o el Gracq de La forme d’une ville.

El historiador y el sociólogo se reencuentran en sus escritos, hechos bajo ocupación y la resistencia. Los dos morirán poco después, Bloch fusilado en Lyon por los alemanes en junio de 1944 y Halbwachs en el campo de Buchenwald a finales del mismo año [6]. Su maestro, Durkheim, nos dice que las memorias, individuales y colectivas, más fuertes se construyen en “marcos sociales efervescentes”. Las épocas históricas más agitadas y ruidosas, las más trágicas, han favorecido las culturas de la memoria. Pensemos en el periodo entre las dos guerras mundiales, cómo la memoria marca la literatura y la filosofía: Proust, Bergson, Svevo, Henry James, Conrad, Joyce… y el proyecto racionalizador de Freud. Y la guerra civil y la larga dictadura han sido una tragedia. Una tragedia que no se puede reparar ni perdonar, pero que hemos de entender, con su horror y su miseria, un sistema brutal basado en el menosprecio y la violencia física y moral sobre los ciudadanos.

Hoy, nuestra época, llena de incertidumbres sobre el futuro individual y colectivo, cuando nuestro país intenta consolidar una democracia y una personalidad propia todavía precarias y mal aceptadas por una derecha postfranquista pero no antifranquista, tenemos necesidad de entender de donde venimos, entender nuestro entorno, qué nos han hecho y qué hemos hecho y de este modo situarnos en el tiempo y en los espacios de las memorias para afrontar los retos del futuro.

En esta nota proponemos unos apuntes orientados a la comprensión y a acción, es decir hacia las políticas públicas. Y nos centramos en sus relaciones pasadas y presentes entre los espacios públicos, sus formas y su concepción, espacios donde se produce y se manifiesta tanto la voluntad represiva de la Dictadura, destinada a impedir cualquier manifestación colectiva no sometida incondicionalmente al poder, como las acciones democráticas de defensa y de conquista de un espacio en le que se puedan expresar intereses, opiniones o valores colectivos. Este hilo conductor, el espacio público, lo entendemos tanto en su sentido físico como político y cultural. Se ha dicho que la concepción democrática de la ciudad considera equivalentes ciudad y espacio publico, como dice Oriol Bohigas en el prólogo de un libro dedicado al espacio público que citamos más adelante (referencia 14).

El concepto de espacio público es “moderno” y está vinculado al desarrollo de la sociedad industrial y urbana capitalista europea. Y también a la dimensión democrática de la ciudad. En sentido físico, urbanística, se empieza a utilizar en la segunda mitad del siglo XIX. Los catastros fijan la parcelación privada de la ciudad y la legislación urbanística tiene que fijar y preservar los espacios para el uso colectivo (o las reservas del suelo). El espacio público se utiliza principalmente para referirse a espacios especializados (plazas, parques, zonas verdes) y a menudo “monumentalizados”. A veces se distinguen y otras se se confunden el espacio circulatorio y el público, ambos de uso colectivo, pero ambos especializados. En estos casos se produce una reducción del concepto de espacio público, que hoy todavía persiste tanto en la normativa como en la opinión pública.

Este espacio físico es también un espacio de ejercicio del poder y de desarrollo de la ciudadanía, es decir de ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Es un espacio en el que la historia se expresa y se realiza. En todas las épocas se ha expresado una tensión en relación al espacio público, el orden y el desorden, la libertad y la represión, la confrontación de intereses y de valores, la expresión de comportamientos tradicionales y innovadores. El espacio público es querido y temido por el poder político. Y siempre pretende controlarlo en democracia, anularlo como espacio ciudadano en dictadura. También es deseado y temido por los ciudadanos. Es su lugar de estar con los otros, de expresarse y relacionarse. Pero también se temen a los “otros” o, a veces, a los agentes del poder. No hay que olvidar la demanda de protección o seguridad en el espacio público que caracteriza a la vida urbana actual.

El espacio público en un sentido político-cultural tiene un precedente antiguo en la “ágora”, aunque reduce el espacio público a ciertos lugares donde se manifiesta la vida comunitaria con una intensidad especial. Es propio de la modernidad vincular el concepto de espacio público al espacio democrático, el espacio donde la sociedad se representa a si misma, el de la convivencia entre gente diferente pero igual en derechos y deberes, es decir el espacio de la ciudadanía.

Estos dos niveles del “espacio público” no acostumbran ser tratados conjuntamente en su relación dialéctica y normalmente se apoyan en los sentidos reductivos que han prevalecido cuando se ha hablado de espacio público. Ver la gran obra (3 volúmenes) dirigida por Pierre Nora, Les lieux de la mémoire muy centrada en el patrimonio monumental y en su simbolismo más explícito. Más interesante respecto al tema de este texto es la obra de Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine [7]7<. Y no deja de ser curiosa la dificultad que encuentran los estudiosos de espacio público en tratarlo en su contemporaneidad y en vincular el espacio público físico, el ordenador de la ciudad, el que relaciona sus elementos construidos, con el espacio político-cultural, el de la socialización y el de la participación en los asuntos colectivos.

La ciudad democrática es toda ella “espacio público”, es laregla [8]. La excepción es el espacio privado, importante cuantitativamente, pero no definidor de la ciudad. La expresión de la democracia no se limita a unas ágoras monumentales que supuestamente concentran todo el simbolismo de la vida colectiva, el espacio público de la democracia es el conjunto de la vida social i institucional, y las relaciones entre ellas, si seguimos el razonamiento de Habermas [9]. Pero, dado que el funcionamiento político de la democracia representativa es una realidad abstracta, racional y frígida, según Dahrendorf [10], hace falta el complemento de la ciudad, concreta, sensual y cálida, concebida como diálogo permanente entre espacio público físico y espacio público político y cultural.

Por lo tanto la concepción teórica y la práctica política en relación al espacio público nos puede servir de test sobre la democracia, su cualidad y sus déficits. O su negación, como en el caso del franquismo.

3. La negación del espacio público

En el año 1972 la revista Ejército, que como su nombre indica correspondía al Ministerio del mismo nombre, publicó un extenso informe sobre Urbanismo y Seguridad en forma de artículos que ocuparon una parte importante de cuatro números de la revista. La idea principal del Informe era considerar el espacio físico potencialmente público como una amenaza latente. En consecuencia hacía propuestas que se añadían a las normas bastante conocidas relativas a impedir el uso no autorizado del espacio público para manifestar opiniones, a la necesidad de pedir permiso para reuniones superiores de 20 personas, el derecho de la autoridad a impedir grupos de más de tres personas en la calle, la voluntad explícita de no establecer ningún local ni espacio para facilitar la relación entre los vecinos, etc. Desde sus inicios la Dictadura estableció “jurídicamente” su monopolio sobre el espaciopúblico. Se apropió del espacio de la ciudadanía al mismo tiempo que mediante normas represivas suprimía los derechos de los ciudadanos, es decir los convertía en súbditos. Como se dijo a los catalanes que se les permitía usar su idioma “en el seno del hogar”, también se les permitía libertad de movimientos y de expresión encerrados en su casa.

Entre otras propuestas que se hacían en la revista Ejército me llamaron la atención unas de carácter estrictamente urbanístico como la conveniencia de que los polígonos o barrios destinados a las clases trabajadoras fueran separados del tejido compacto de la ciudad y tuvieran pocos y relativamente amplios accesos para facilitar la acción policial o militar. Otra propuesta era la de limitar los espacios de los bares para evitar que la gente se reuniera alrededor de las mesas, autorizando solo locales largos y estrechos donde se tenía que estar de pie. La ordenación de los espacios vacíos entre bloques estaba concebida de tal manera que no hacía calles, con bajos comerciales que favorecieran la animación. Los barrios populares modificados o creados por la dictadura no creaban espacios hospitalarios de paso y de encuentro, aceras acogedoras o plazas donde uno podía estar.

La segregación social se convirtió en un objetivo explícito, negador de una dimensión fundamental del urbanismo moderno: integración e igualdad de los ciudadanos y voluntad de reforma social. Los polígonos de vivienda “social” o protegida se hacían lejos de la ciudad compacta, densa y diversa, separados por calles-carretera, y a menudo más que la distancia física se creaba una distancia de percepción social donde se combinaba la ruptura de la continuidad construida y la falta de transporte público y de equipamientos con la no visibilidad de una zona donde los ciudadanos instalados en la ciudad compacta no veían ni necesitaban, donde la ciudad perdía su nombre (título de la novela que dio a conocer a Francisco Candel). Ahí vivía una población “forastera”, tan extraña y marcada en la percepción social como hoy la inmigración no comunitaria. Incluso cuando se realizaban polígonos sobre la trama de la ciudad formal (la trama Cerdà en Barcelona, por ejemplo) la deficitaria urbanización servía para mantener la imagen y la realidad de la segregación. Y si hacía falta se tapaban con muros las zonas más degradadas como las de “barracas” para que los visitantes o los vecinos de bien no las vieran [11].

Resumiendo, se manifestaba una ideología sobre el espacio público muy explícita: evitar que fuera un espacio de uso colectivo, un espacio libre donde se expresaran memorias y aspiraciones diversas, donde los ciudadanos pudieran convivir y relacionarse. Como decía Tocqueville, los tiranos no dan importancia a si los ciudadanos los quieren o no, lo que les importa es que no se quieran entre ellos.

Esta negación del espacio público como espacio propio de la ciudad, de uso colectivo, libre y polivalente no solamente se manifestaba en medidas represivas como las citadas, también se reflejaba en el urbanismo, por acción y por omisión. El espacio público se convirtió en espacio de expresión y enaltecimiento de la un régimen dictatorial, facistoide y nacional-católico. Los nombres de calles o de barrios o pueblos, placas, monumentos, conmemoraciones, desfiles, procesiones, etc. eran exaltación de la dictadura franquista, del poder militar, de la Iglesia cómplice activa. Un espacio público pervertido como lugar de expresión de los sus valores y de los personajes. Un espacio público negador de sí mismo por su carácter excluyente. El espacio público se convirtió en un monopolio absoluto de un poder que quería ser absoluto. Y así fue hasta que progresivamente este monopolio fue cuestionado y finalmente vencido. Cuando el poder perdió este monopolio la dictadura empezó a ser vencida por la democracia.

Pero el urbanismo antidemocrático y negador del espacio público ciudadano del franquismo tenía manifestaciones mucho más generales, a menudo ejecutadas por profesionales que no eran necesariamente franquistas y que se pensaban que solamente proponían soluciones técnicas… y aceptables por la autoridad. Un ejemplo: la complicidad inicial con el barraquismo y después la recuperación de unas áreas urbanas que se convirtieron en valiosas expulsando los residentes y recluyéndolos en ghettos, hoy todavía está presente en nuestras ciudades. Ya hemos citado las motivaciones políticas que pretendían orientar, a menudo con éxito, la creación de polígonos de vivienda social, hechos de tal modo que fueran poco accesibles y faltantes de espacio público acogedor. Los mismos criterios se aplicaban, con voluntad marginadora, en el crecimiento anárquico de los barrios periféricos en nuestras ciudades (por ejemplo los barrios del Sur de Madrid, o Nou Barris y Besós en Barcelona, Bellavista y Torreforta en Tarragona, los polígonos en la periferia de Sevilla, etc.).

En el marco de “desarrollismo de los años 60 caracterizad por el boom de la construcción rápida y de la circulación mecánica se impuso una política urbana destructora de calles y plazas que concentraban la memoria popular y el uso colectivo más intenso y creador de sentido. En parte se aplicó y muchas “calles y plazas mayores” de los barrios populares, centrales o periféricos, fueron semidestrozados en beneficio de conjuntos inmobiliarios de baja cualidad y de vías pseudo rápidas para los coches. Algunos de estos proyectos no se pudieron realizar debido a la oposición de los emergentes movimientos ciudadanos o vecinales y también de sectores profesionales democráticos. Entre los proyectos más enloquecidos del tardo-franquismo destacó en Barcelona la Vía O de Gracia, la conversión de la Gran Vía en autopista (suprimiendo la construcción existente entre la avenida y las calles Sepúlveda y Caspe) o la conversión de la Rambla en vía rápida [12].

La memoria democrática no debe olvidar estos precedentes, no solamente porque ilustran la naturaleza del franquismo y la colusión entre el sistema represivo y los intereses capitalistas más brutales, sino para evitar que se repitan, o por lo menos criticarlo de forma fundamentada y oponerse con fuerza, en el marco de nuestra joven y todavía débil democracia. Pues puede ocurrir y ocurre.

El espacio público en la ciudad democrática cumple diversas funciones diferentes y articuladas. Es un espacio funcional que ordena cada parte de la ciudad y establece vínculos físicos en sentido amplio (circulación, percepción sensorial, visibilidad) entre cada una de las partes. Es un espacio polivalente: “en la ciudad la calle no es una carretera” escribió Cerdà [13]. La trama física ha permitido generar ejes que unen (material y también sensorial y simbólicamente) cruces y plazas que se convierten en centros de uso y sentido más intensos. Es un espacio evolutivo que tiene que permitir y facilitar los cambios de los comportamientos y la, adaptación física a los mismos. Es un espacio al servicio de la ciudadanía, sirve a su calidad de vida, mediante equipamientos y servicios tiene un potencial de redistribución social y de reducción de las desigualdades, en el espacio público los ciudadanos tienen que ver reconocidos sus derechos y ejercer sus deberes.

El espacio físico, además de funciones propiamente urbanísticas, cumple funciones sociales, culturales y políticas. Es el espacio de la convivencia, la tolerancia y la diversidad. Un espacio libre y abierto a todos, que transmite sentido, refuerza identidades y permite la expresión de intereses y voluntades colectivas. Es un espacio político [14].

4. Memoria democrática y conquista popular del espacio público

Una dimensión importante pero difícil de evaluar de la actividad democrática que progresivamente se desarrolló en el país se manifestó mediante la conquista progresiva del espacio público por medio de prácticas colectivas. No nos referimos solo a las asambleas o reuniones no autorizadas o las manifestaciones y concentraciones reivindicativas. Ni a la acción propagandística de denuncia de la dictadura mediante la difusión de publicaciones ilegales y de octavillas convocando a actos de protesta o huelgas, colgadas de banderas republicanas o catalanas o de pancartas. Estas acciones en la calle de índole directamente política evidentemente eran formas arriesgadas y valientes por parte de miles de militantes políticos y sociales, pero por su propia naturaleza minoritarias y discontinuas, aunque a partir de mediados los años 60 fueron frecuentes. Permitieron crear una fuerza social con voluntad democrática que con la muerte del dictador hizo la continuidad de la dictadura materialmente imposible. Pero hubo otras formas, de presencia democrática en el espacio público, que contribuyeron también a una conquista o creación gradual del espacio público vocacionalmente democrático.

La acción en la calle de enfrentamiento abierto con la dictadura se apoyó en una multitud de prácticas sociales, de carácter cultural, social, lúdico, familiar, etc. que ni se reducían a los marcos coactivos establecidos por el gobierno franquista ni tampoco eran una confrontación directa con las pautas legales y policiales que limitaban al mínimo el uso del espacio público. De la ocupación “dominical” de espacios abiertos como La Casa de Campo en Madrid o Les Planes o Torre Baró em Barcelona se pasó a las concentraciones del 1 de mayo. De las sesiones de cine que se celebraban casi clandestinamente en algunas parroquias o entidades culturales se pasó a los cineforums y cineclubs donde el debate se volvía fácilmente político y antifascista (el ministro de Información y turismo declaró en 1960 que “los que van a los cineclubs son maricones o comunistas”). De la recuperación discreta de locales de cultura popular o cooperativas poco significados políticamente para organizar fiestas y excursiones se pasó a conferencias, debates y obras de teatro de contenido social y democrático. Boletines de asociaciones que habían sobrevivido o renacido en los años 40 y 50 o algunas hojas parroquiales rompían diplomáticamente el panorama monótono de la prensa toda controlada por el régimen dictatorial. Y a menudo las famosas ciclostils que servían para imprimir el programa (legal) de las actividades de una asociación o de una escuela se utilizaría después para convocar una asamblea o una huelga (no legal, delictiva). Actividades formalmente no políticas como las comidas en las afueras, los aplausos en un campo de fútbol, el escoutismo, las discusiones a “la hora del bocadillo” en las fábricas, las tertulias en los bares, las actividades culturales en institutos vinculados a países europeos democráticos (especialmente el francés e italiano) o las entrevistas en catalán, vasco o gallego en un programa radiofónico podían adquirir una clara connotación política. Los ejemplos son infinitos.

Hubo una conquista o creación del espacio público (físico, socio-cultural y político) pacífica, progresiva, tenaz y de raíces democráticas. A menudo no había solución de continuidad entre las actividades “no políticas” descritas, la utilización de los medios legales por parte de las organizaciones opositoras (por ejemplo participación en las elecciones sindicales “oficiales”, creación de las asociaciones de vecinos, organización de actividades culturales o formativas, etc.) y las iniciativas directamente políticas, de tipo democrático que se planteaban abiertamente en ámbitos públicos (recogida de firmas contra la tortura o la censura, peticiones de amnistía política o laboral, propuestas en favor del catalán, etc.). Una iniciativa tan importante como la Asamblea de Cataluña seguramente no hubiera sido posible sin esta conquista multiforme, tranquila, valiente y gradual de los espacios públicos. O tal vez fuera más exacto hablar de creación de espacios públicos físicos y políticos desde la sociedad y en frente de un régimen político que solamente admitía un “espacio público” monopolizado por el mismo. Dos grandes frentes, más abiertamente políticos, democráticos, opositores, conquistaron una presencia en el espacio público: el frente obrero en fábricas y barrios y el universitario y cultural. Se hicieron presentes de forma cada vez más frecuente en el espacio público físico, en calles y plazas, a partir de los años 60. Pero también su presencia contribuyó a crear un espacio público cultural y politico que se reflejó en sectores de la Iglesia, de los medios de comunicación, de la producción cultural. Es una temática conocida y no es el objeto de este trabajo. Nos referiremos más específicamente a los movimientos “ciudadanos” que se generaron tanto en los barrios periféricos o de carácter popular como en espacios ciudadanos más propios de sectores medios (entidades culturales, colegios profesionales, etc). Estos movimientos convergieron en sus actividades y objetivos en lo que podríamos denominar la reivindicación de la ciudad democrática.La práctica de las AA.VV., de muchas parroquias y otras entidades ciudadanas o barriales nos ofrecen un modelo de conquista política democrática realizada por actores inicialmente o aparentemente no políticos. A mediados de los años 60 la urbanización acelerada de la población especialmente en las grandes ciudades ofrecía un panorama bastante contradictorio. Se había consolidado en el mercado de trabajo una extensa capa de trabajadores de cuello azul y de cuello blanco, de gente de ingresos modestos y bajo nivel educativo, a menudo inmigrada de zonas rurales y de otras regiones, pero que tenía un trabajo estable y una familia con hijos destinados a mejorar la condición social. Esta población había densificado los barrios tradicionales, había construido nuevos barrios más o menos informales, u ocupado conjuntos de viviendas “sociales” o “protegidas” de baja cualidad y muy deficiente urbanización. Era inevitable que aparecieran demandas, protestas y reivindicaciones.

También en otros barrios más aposentados, de las clases medias autóctonas, liberales y progresistas, o catalanistas en el caso de Barcelona, también se expresaba malestar, ganas de mejorar el entorno, de sentirse ciudadano, es decir propietario de la ciudad y del barrio. Era el tipo de gente que, en muchos casos, de forma prudente había hecho resistencia pasiva, había mantenido el uso del catalán y procuraba informarse yendo a Francia alguna vez o escuchando la BBC en sus programas en castellano.

Unos y otros dieron nueva vida a entidades sociales o culturales diversas, a clubs deportivos, a muchas parroquias, a las asociaciones que la legislación tímidamente aperturista permitía a partir de mediada la década de los 60. Se aprovechó esta fisura en el rígido marco jurídico de la dictadura para crear las asociaciones de vecinos en muchos barrios, especialmente en ciudades grandes. Este tercer frente no ha tenido quizás la consideración que se merecía pues ha sido un actor fundamental del proceso democrático y de la conquista del espacio público. Por ejemplo la excelente Exposición sobre la Transición organizada por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que focaliza su atención en los cambios y los combates sociales y culturales que crearon las condiciones propicias para el acceso a la democracia prácticamente silencian el “frente ciudadano”.

Ahora no es el momento ni el lugar de hacer una historia del movimiento asociativo. Pero sí que es pertinente destacar algunos aspectos. Estas asociaciones integraban casi siempre gente diversa, algunos podían tener un cierto nivel de conciencia política, otras tal vez habían tenido experiencias anteriores a la guerra o en otros ámbitos (en el trabajo, Universidad, etc.). En algunas asociaciones la iniciativa correspondía a militantes políticos de izquierda, o procedentes de Comisiones Obreras o de los Colegios profesionales más politizados. Pero la gran mayoría de sus miembros eran hombres y mujeres de todas las edades, ciudadanos producto de la dictadura, sin cultura política general y sin experiencia de organizaciones y de lucha social. En muchos casos ni se imaginaban que emprendían en un camino que les llevaría muy pronto a a enfrentarse a la dictadura.

Entre finales de los años 60 y los primeros años 70 la evolución de estas asociaciones y de las decenas de miles de ciudadanos que formaban parte de éstas, fue espectacular. Desde el inicio hicieron, en mayoría de casos, del espacio público una cuestión principal. Reivindicar plazas y zonas verdes, equipamientos sociales y culturales, zonas de recreo accesibles, transporte público para garantizar el uso de la ciudad, remodelar el barrio para convertirlo en una parte digna y agradable de la ciudad… todo junto formaba parte de la práctica inicial de las asociaciones de vecinos y marcó las políticas urbanas de la transición y de los primeros ayuntamientos democráticos [15]. En este proceso de maduración cultural y política de los movimientos ciudadanos influyeron también los sectores profesionales que por una parte desarrollaron un creciente análisis crítico de la ciudad y por otra apoyaron y asesoraron los colectivos vecinales. Los colegios profesionales y sus revistas cumplieron una función de apoyo y de legitimación de las reivindicaciones sociales y también de crítica política y técnica del urbanismo y de sus responsables, tanto de las autoridades políticas como de los sectores económicos y profesionales que se beneficiaban de las políticas urbanas de la dictadura. Una crítica que hay que incluir también en la memoria democrática [16].

El espacio público físico se convirtió en espacio político. Se hacían asambleas y concentraciones y a la mayoría les parecía normal y no entendían que se pudiera prohibir. Se reclamaba la presencia de una autoridad municipal y aparecía un regidor o un funcionario y los vecinos se preguntaban cómo era posible que no les representara, no lo habían elegido y que no les defendía ni les daba respuestas. Exigir participación en la política municipal fue un paso que la mayoría dio muy pronto. De reclamar la zona verde y los equipamientos a reivindicar el derecho a reunirse, a participar y elegir fue una evolución natural. En Barcelona, al principio de la transición, en las grandes manifestaciones de febrero de 19976, las asociaciones de vecinos eran una fuerza convocante decisiva, en paralelo con la Asamblea de Cataluña.

5. Políticas públicas y memoria democrática en el espacio público

Espacio público, espacio colectivo, conquista de espacios de libertad. Todo un programa para un Memorial Democrático, no el único, pero seguramente uno de los principales. Es la memoria de una conquista pacífica y valiente como cantaba Raimon: “Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg/de gent que va alçant-se des del fons dels segles… Jo vinc de les places i dels carrers plens… Jo vinc d’un silenci que no es resignat, jo vinc d’un silenci que romprà la gent, jo vinc d’una lluita que es sorda i es constant”.

Es indiscutible que un aspecto de las políticas públicas democráticas en relación al espacio público es la supresión de los vestigios más escandalosos o provocadores que expresan el terrorismo del Estado de la dictadura y exaltan sus protagonistas. Recientemente en la ciudad de Tenerife, gobernada por la Coalición Canaria, donde fui invitado a hacer unas conferencias para el Gobierno canario, también presidido por el mismo partido, de matriz original nacionalista y de izquierdas, hoy centrista pero indudablemente democrático, me sorprendió ver que la avenida principal estaba dedicada al General Franco. Para un visitante de cualquier país europeo, por poco informado que esté o se sorprenderá o deducirá que somos una democracia muy curiosa o muy precaria. Ahora bien, estas cuestiones no merecen mucho discurso, piden actuaciones decididas por parte de gobernantes.

Consideramos que ahora hay que dar prioridad a recuperar la “memoria” de las acciones positivas de conquista democrática del espacio público por parte de la ciudadanía. De los hombres y mujeres de todas las edades y condiciones que en su mayoría no eran militantes políticos pero que, como el burgués de Molière hacía prosa, muchos ciudadanos hicieron política democrática sin saberlo. O quizás sí que lo sabían, o lo intuían. El Memorial democrático puede ser un gran proyector que ilumine la negra noche del franquismo con miles de acciones positivas, con las decenas de miles de protagonistas, la mayoría anónimos, que se rebelaron contra el modelo de vida que imponía el franquismo y lucharon a su manera, con acciones inicialmente modestas y prudentes y poco a poco con más fuerza y convicción contra la dictadura. Y entre estas acciones, poco o mal conocidas, las orientadas por la conquista del espacio público no son las menos importantes.

Evidentemente la lucha democrática, sus protagonistas, los hechos más significativos, grandes o pequeños, tienen que tener su presencia entendedora en el espacio público y en las propuestas y los espacios museísticos o de exposición. Pero la conquista democrática del espacio para hacerlo realmente público, colectivo y convivencial, va mucho más allá de los momentos épicos de lucha abierta contra la dictadura.

El Memorial democrático no es sólo un recordatorio, lo cual es necesario, lícito y de justicia. Como lo es que se descubran las fosas y se reconozcan y honoren a los decenas de miles de republicanos asesinados hasta ahora anónimos o escondidos en fosas comunes. Y es una reivindicación justa que se anulen los juicios de represión política que se produjeron a lo largo de cuatro décadas. Y que se reconozcan los derechos y se indemnicen a las víctimas. Pero también un Memorial democrático puede ser factor fundamental para dar un impulso, consolidar y hacer progresar las libertades individuales y colectivas y los derechos ciudadanos conquistados hasta ahora o que aún están pendientes. El espacio público es una de las condiciones y de las expresiones de la vitalidad democrática. El espacio público es el de la convivencia entre iguales pero diversos. Es el de la manifestación de las aspiraciones y reivindicaciones colectivas. Es el espacio de las personas en libertad. Y hoy día hay retrocesos antidemocráticos en nuestro espacio público. Dinámicas urbanísticas generadas por el miedo, el mercado y afán de distinción que sin la grosería de la citada revista Ejército generan efectos similares. Comportamientos sociales racistas, xenófobos o simplemente clasistas que limitan o niegan los derechos de muchos ciudadanos. Políticas públicas represivas en nombre de la seguridad o del “derecho a no ver aquello que no gusta” que excluyen a los colectivos más vulnerables del espacio público. La conquista de los espacio de libertad es historia, es memoria democrática, y es también un reto actual y una esperanza de futuro[17].

Las libertades democráticas se conquistaron principalmente en las ciudades. Y en las ciudades las hemos de defender y hacer que progresen.

Notas

[1] Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective. La edición más accesible es la digitalitzada por la Universitat de Quebec, colección Classiques des Sciences sociales

[2] Traverso, E. (2006). Los usos del pasado. Universidad de Valencia.

[3] Borja, J. (2005). Conferencia en las Jornadas Cataluña-Chile organizadas por el Instituto Ramon Llull y articulo en El Pais, Memoria y silencios, diciembre 2005.

[4] Sempere, J. (2006). ¿Memoria histórica? Articulo publicado en El País, 31-1-07.

[5] Bloch, M. (1949). Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien. Reedició Armand Colin, 2002.

[6] Semprun, J. (2001). El autor, que ha tratado el tema de la Memòria en diversos libros y artículos, la mayoría en relación a los campos de exterminio nazis, entre otras en una obra excepcional, L’Écriture ou la vie (1994), relata en Le mort qu’il faut, les últimas semanas de vida de Halbwachs en el camp de Buchenwald. Obras editadas per Gallimard, Paris

[7] Nora, P. Les lieux de la mémoire, 3 vols., Gallimard, 1984, 1987 i 1994 y Choay, F. L’allégorie du patrimoine, Seuil 1999

[8] Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Alianza Editorial, Madrid y la obra citada Espacio público, ciudad y ciudadanía (referencia 14)

[9] Habermas, J. (1997) Droit et democratie, Gallimard y Aprés l’Etat-nation, Fayard

[10] Dahrendorf, R. (1992) La democrazia in Europa, diálogo con Geremek, B y Furet, F., a cargo de Caracciolo, L., Laterza, Roma

[11] El Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en 1952 fue el primer acontecimiento internacional de una cierta importancia celebrado en España desde el final de la guerra civil. El régimen franquista inició su ingreso formal en les relaciones internacionales occidentales de la mano del Vaticano. También sirvió para derrumbar algunas barracas y hacer barrios-ghetto teóricamente provisionales pero que han durado hasta la democracia, como las casas del “Gobernador” en Nou Barris. En otros casos se hicieron muros que impidieran la visión de las barracas y aumentaran la marginación de sus habitantes.

[12] En el año 1971 trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona y uno de los principales responsables del urbanismo municipal me comentó estos proyectos. Le dije que me parecían estupendos, se sorprendió pues esperaba una reacción crítica y yo añadí: Cuando los ciudadanos de Barcelona sepan que pretendéis hacer desaparecer la Rambla, haremos la revolución

[13] Cerdà, I. Teoría General de la Urbanización (1859). El libro fue escrito como Memoria justificatoria del Plan (el subtítulo es: Reforma y Ensanche de Barcelona) y esté considerado una de las obras fundacionales del urbanismo. Fue editado en 1867 y reeditado en tres volúmenes por el ’nstituto de Estudios Fiscales con las editoriales Ariel y Vicens Vives en 1968, a cargo de Fabià Estapé. El primer volumen, de carácter teórico, todavía hoy día es un texto fundamental del urbanismo moderno

[14] Borja, J. i Muxí, Z (2002). Espai públic i Ciutadania. Prólego de Oriol Bohigas. Edita Diputació de Barcelona i (2004) y en castellano Editorial Electa. Sobre el urbanismo de Barcelona y otras grandes ciudades españolas del final de la dictadura y de los 20 primeros años de democracia ver El urbanismo de las grandes ciudades, de mismos autors (editores) y otros (Edicions UPC, 2004)

[15] Capel, H. (2005). El modelo de Barcelona, un examen crítico. Ediciones del Serbal. Y el ya citado de Borja i Muxí, El urbanismo de las grandes ciudades (2004). Sobre el Movimiento vecinal , su influencia en las políticas urrbanas de la transición y en la gestión municipal de la democracia inicial ver de Borja, J.: Qué son las Asociaciones de Vecinos (Gaya Ciencia , 1976), Por una política municipal democràtica (CEU-Editorial Avance 1977), Por unos municipios democráticos (1986, IEAL, Instituto de Estudios de Administración local, Madrid), Descentralización y Participación ciudadana, IEAL 1987) y como editor de Manual de Gestión municipal democràtica (IEAL 1987)

[16] Especialmente destacaron en Barcelona,en esta función crítica y de proximidad a los movimientos sociales las revistas del Colegio de Aparejadores, CAU y del Colegio de Arquitectos, Quaderns, a lo largo de toda la década de los 70.

[17] Sobre la crítica del urbanismo actual y la relación urbanismo y espacio público ver los textos de Capel y Borja-Muxí citados en la referència 17 y de Borja, J. los artículos Urbanismo y Ciudadanía (Revista Barcelona, Metròpolis mediterrània (monográfico nº 6, 2006), Inseguretat Ciutadana a la Societat de risc, Revista Catalana de Seguretat Pública (nº 16, 2006), y Revolución y contrarrevolución en la ciudad global, Introducción al Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura de David Harvey y Neil Smith (MACBA-Universitat Autònoma Barcelona, 2005)

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