El fin de la ciudad postmodernista y el derecho a la ciudad

México, abril 2012.

Presentación

La ciudad es vocacionalmente democrática. Recordemos desde el conocido adagio medieval de las hanseáticas: “el aire de la ciudad os hará libres” hasta la respuesta espontánea de Mitterrand cuando le preguntaron qué es el socialismo: “es la justicia, es la ciudad”. Pero el progreso o la historia no es una “línea recta que llega hasta nosotros” como creía de adolescente Sartre (primera línea de su texto autobiográfico: Les Mots). Hay períodos de progreso democrático y otros de regresión, como el actual. En este capítulo sintetizamos los trabajos anteriores y concluimos que en las últimas décadas estamos viviendo un período regresivo, tanto en lo que se refiere a la calidad urbana que ofrecen los territorios metropolitanos como al ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin embargo, no solo aparecen dinámicas negativas, también las hay positivas, unas como reacción a las anteriores y otras como emergencia de nuevas aspiraciones y derechos. Este texto se divide en dos partes.

En la primera, Claves para interpretar la ciudad postmodernista urbanicida, analizamos la urbanización especulativaque caracteriza el desarrollo urbano, en especial en las regiones metropolitanas, es portador de una amenaza de muerte o degradación de la ciudad democrática, es decir la que genera las condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía. Pero la historia es siempre dialéctica, o si lo prefieren, avanza o retrocede movida por la lucha de clases. Por ello las reacciones sociales que se suscitan, a partir de factores objetivos y de motivaciones diversas, tienden a agregarse en defensa de una utopía urbana posible, y excusen el oximoron. Exponemos primero los procesos urbanizadores que configuran las regiones metropolitanas. Nuestros referentes territoriales son España y América latina principalmente aunque en gran parte las dinámicas urbanas son similares a Europa y América del norte. Hemos intentado exponer las tendencias principales, positivas y negativas, sobre las que hay un cierto consenso entre los expertos aunque las valoraciones que se hacen de las mismas son obviamente del autor. Es decir partimos de un modelo implícito, que es el derecho a la ciudad, elaboración resultante del estudio de la relación contradictoria entre urbanización real y ciudad posible y deseada expresada en los conflictos sociales y que ha sido expuesta a lo largo del conjunto del trabajo.

En la segunda, La ecuación imposible: lenguaje, actores, intelectuales, es más polémico. Proponemos una crítica del lenguaje que “naturaliza” unos procesos que son producto de mecanismos sociales y de actores locales y globales. A continuación analizamos el comportamiento de los actores citados y sus efectos sobre la sociedad urbana actual. Finalmente exponemos la responsabilidad intelectual de profesionales e investigadores urbanos teniendo como baremo el concepto de derecho a la ciudad y su negación o su reducción para gran parte de la población de las regiones urbanizadas.

Advertencia. Asumimos el importante coeficiente subjetivo de este trabajo. Las numerosas referencias no son una necesariamente una prueba de objetividad académica, se utilizan “pour les besoins de la cause”, es decir para apoyar posiciones previas del autor. En nuestro descargo podemos aducir que estas posiciones son explícitas y son resultado de una experiencia diversa. La dedicación a los temas urbanos se ha concretado tanto en la práctica académica e intelectual como en la participación en los movimientos sociales y políticos, en marcos legales y también ilegales. También cuentan quince años en las instituciones de gobierno (en Catalunya y especialmente en Barcelona) y más de diez de consultor internacional en diversos países de Europa y América. Por lo tanto el autor habla, o escribe, desde lugares diferentes y espera que las subjetividades de cada posición se complementen o se relativicen. Pero en el fondo acepta con gusto que se le considere como alguien que su punto de partida es una actitud crítica, que pretende siempre vincular el análisis con la propuesta, la reflexión con la acción. Es decir, la subjetividad está presente en todo momento en sus escritos y en sus trabajos. Creemos que es así como tiene que ser en las “ciencias sociales”, existen para transformar el mundo. Y con su permiso pienso que lo esencial no es lo que se aprende, es lo que se inventa. O, como escribió Ernest Bloch, a lo real hay que oponer lo verdadero.

Primera Parte. Claves para interpretar la ciudad de la postmodernidad urbanicida.

Introducción

Esta parte no propone un “modelo” interpretativo y menos aun “estructural”. El uso, y con frecuencia el abuso, de la modelística tiene a nuestro parecer dos vicios que aparecen cuando se pone en práctica. El primero es la confusión entre la construcción conceptual del modelo, es decir un artefacto abstracto, y la realidad concreta a la que se aplica, cada ciudad es un caso específico y multidimensional. El modelo es en cambio reduccionista y deja fuera múltiples dimensiones de la realidad. Su aplicación conduce a una falsa evidencia, del tipo de la respuesta de Binet, el creador del test de inteligencia: a la pregunta “qué es la inteligencia” contestó “lo que mide mi test”. El segundo vicio, derivado del anterior, es casi siempre su carácter unilateral, sea cual sea su orientación, economicista o culturalista, crítica o legitimadora. Se eligen los elementos de la realidad que sirve con frecuencia para confirmar el a priori utilizado. Muchos trabajos de investigación parte de un concepto tipo “la ciudad dual”, o “la ciudad capitalista”, “la ciudad creativa”, “la ciudad informacional, “la ciudad de los especuladores”, etc. El concepto, sus elementos y las relaciones entre éstos, orientarán el estudio y seleccionarán los datos. Las conclusiones del análisis confirmarán luego el punto de partida teórico. Su aplicación solo resulta válida si el análisis concreto va más allá de lo que cabe en el modelo formal, sea o no cuantitativo.

Nuestro punto de partida es otro, más historicista que estructural. Partimos de la existencia de un consenso básico entre los estudiosos sobre “la revolución urbana” que caracteriza el proceso de urbanizacióna partir del último cuarto de siglo XX (1). Analizamos la urbanización como un proceso que no genera necesariamente ciudad. El viejo concepto de “área metropolitana”, muy dependiente del binomio centro-periferia ha sido desbordado por el desarrollo de una urbanización regional, multiescalar, en la que se encuentran núcleos urbanos con cualidad de ciudad y zonas de urbanización dispersa, fragmentada y segregadora, espacios agrícolas o simplemente expectantes pendientes de ser urbanizables o “naturales” más o menos protegidos. Estos territorios suburbanos, lacónicos, que no transmiten sentido alguno, que no tienen cualidad de ciudad, son la imagen de la postmodernidad urbana (2).

Se trata de una revolución espacial de una escala muy superior a las conocidas anteriormente y que genera una dicotomía: “ciudad, compacta, heterogénea-urbanización sin ciudad”, una dicotomía que los mecanismos urbanizadores dominantes han tendido a acentuar mucho en las últimas dos o tres décadas. Aumenta la escala de la urbanización debido a la difusión de la misma, crecen también la segregación y la exclusión sociales y el territorio se fragmenta y no genera ni límites ni referentes integradores. Es una revolución resultante de otros cambios, que incluso podemos denominar revoluciones específicas, las cuales inciden en el territorio. Como son la revolución tecnológica vinculada a la emergencia de la sociedad informacional y de los impactos sobre el territorio debidos a los nuevos medios de información y comunicación. El cambio económico producido por la globalización de los mercados y por el carácter dominante del capitalismo financiero, en gran parte volátil y especulativo y que actúa sobre el territorio de forma depredadora. La toma de conciencia ambiental sobre el cambio climático y la insostenibilidad del hiperconsumo urbano de bienes básicos (agua y energía especialmente). Una revolución socio-cultural por la multiplicación de colectivos humanos muy heterogéneos (migraciones) y por la individualización de los comportamientos. Y una frustrada revolución política por la inadecuación entre los territorios como espacios socio-económicos y los territorios institucionales, tanto en el ámbito de los Estados nacionales en su relación con las regiones urbanas encorsetadas por instituciones anacrónicas, como en el ámbito global en el que el poder económico financiero domina y los poderes políticos se encuentran en los Estados en muchos casos inermes ante sus iniciativas especulativas.

Nuestra intención es exponer las contradicciones de la revolución urbana en la ciudad estricta (compacta) y la diversidad de entornos metropolitanos. Hay razones para argumentar un proceso disolutorio de la ciudad (3). Estas realidades contradictorias generan la crisis de la ciudad como ámbito de ciudadanía. Existe una relación necesaria entre el medio urbano y los derechos ciudadanos. La democracia y el progreso están estrechamente relacionados con la ciudad. La revolución urbana dominada por el mercado, especialmente financiero, se convierte en contrarrevolución urbana, es decir niega las promesas de la revolución, Toda revolución es una esperanza, la revolución urbana prometía más libertad, más posibilidades para todos sus habitantes, más adecuación del territorio a sociedades complejas. La disolución de la ciudad aumenta o genera desigualdades y pobreza, se reducen las libertades, aumentan los costes sociales debidos a la segregación y a las distancias-tiempo y se favorece la insolidaridad. Por otra parte la inexistencia o debilidad de las formas de gobierno de escala “metropolitana” o regional dificulta la eficacia de las políticas de “hacer ciudad” para lo cual es preciso primero explicitar en que puede consistir el “derecho a la ciudad”. Un concepto acuñado a finales de los 60 por Henri Lefebvre que se ha desarrollado especialmente en la última década (4). Emergen también dinámicas de resistencia en las ciudades existentes y vocación ciudadana en las periferias urbanizadas, como veremos más adelante.

Las regiones metropolitanas, que es la forma predominante de la urbanización en Europa y América, viven unos procesos contradictorios, con fuertes elementos negativos para los ciudadanos que cuestionan la misma existencia de las ciudades según los modelos deseables de los siglos XIX y XX. Catalunya, por ejemplo, es un caso de ciudad-región. Si a principios del siglo XX se acuñó el proyecto político-cultural de “Catalunya-ciutat” hoy la casi totalidad de la población vive en un territorio urbanizado, aunque no siempre la urbanización genera ciudad y ciudadanía (5). Lo cual ha convertido en obsoletos o por lo menos en insuficientes los conceptos de área o región metropolitanas. Las tres regiones metropolitanas catalanas, Barcelona, Camp de Tarragona y Girona-Empordà constituyen una mancha urbana mientras que la zona interior, alrededor del eje Manresa-Lleida gravitan fuertemente sobre la capital a la que están unidas por un casi continuo urbanizado. Pero el análisis se revela muy contradictorio, puesto que en los desarrollos urbanos más recientes predomina la difusión física y la segregación social. Es decir la negación del binomio ciudad-ciudadanía.

Las dinámicas urbanas actuales son a la vez constructoras y disolutorias de ciudad tanto en Europa como en América. Expondremos a continuación dos lecturas distintas sobre la ciudad del mañana: una lectura crepuscular y una lectura sobre una nueva aurora urbana. El juego entre ambos paradigmas interpretativos determinará en gran parte el futuro de nuestras ciudades. El futuro es hoy, es y será el producto de las dinámicas existentes, sus contradicciones y los condicionamientos del pasado así como la fuerza de las aspiraciones de futuro de los actores urbanos. Un libro clásico sobre las ciudades, escrito a finales del siglo XX lleva por título “Las ciudades del mañana” (citado en la nota 1). Su autor, Peter Hall, es un geógrafo urbano y uno de los mejores analistas de las ciudades actuales. El libro que nos anuncia como una reflexión sobre la ciudad futura es en realidad un magnífico estudio histórico sobre como se hizo la ciudad del siglo pasado. La ciudad futura solo se puede imaginar a partir de la ciudad presente, de sus tendencias y contradicciones, de las dinámicas en marcha y de las resistencias al cambio, de las memorias colectivas y de las ideas y actores emergentes. La ciudad de hoy nos anuncia la ciudad de mañana.

En este texto no vamos pues a exponer utopías urbanas, positivas o negativas. No vamos a hacer jugar la imaginación sobre la base de extrapolar alguna dimensión de la ciudad actual. Ciertamente puede hablarse de la ciudad informacional a partir de la influencia las tecnologías de comunicación (6), pero se trata solamente de una de las dinámicas existentes, probablemente la más novedosa como ha expuesto muy bien en sus trabajos de los últimos 25 años Manuel Castells. O de la ciudad dominada por el capitalismo financiero-especulativo y el protagonismo creciente de los promotores, la dimensión perversa que se ha hecho visible con la crisis que ha mostrado la estrecha relación entre las pautas de urbanización y la intervención en el territorio del capital financiero global y los promotores locales o nacionales. Es la ciudad del neoliberalismo como titula un libro reciente (7). O la ciudad de los arquitectos, que fueron los protagonistas aparentes de la construcción de la ciudad postmoderna y han caído del pedestal con la actual crisis (8). O los nuevos comportamientos urbanos que favorecen las operaciones especulativas: los miedos y el afán de distinción y de segregación que conducen a la disolución de la ciudad en territorios de urbanización difusa y fragmentada como han señalado numerosos autores a partir de posiciones distintas (9).

El “fin de la ciudad” ha sido el aparente triunfo de la ciudad “postmoderna” o la ciudad genérica de Koolhaas (10). Conlleva la negación del planeamiento, la exaltación del proyecto arquitectónico, la aceptación de la dispersión y la fragmentación de los territorios urbanizados. Incluso los “modelos positivos” que se proponen sobre la ciudad informacional basada en el teletrabajo, la comunicación informática universal mediante las redes sociales y la dispersión de la población en núcleos pequeños o medianos acaban pareciéndose mucho a los “modelos negativos” que anuncian la desaparición de la ciudad densa y diversa substituida por una urbanización tribal que lleva al extremo la segregación social y funcional. La realidad futura tendrá algo de todo esto y de lo contrario. Y como siempre no será ni blanco ni negro, sino resultado de muchas mezclas de colores, o más exactamente grises.

Expondremos las dinámicas existentes que nos parecen más significativas y duraderas convencidos que no habrá un “modelo” de ciudad universal, o más o menos dominante. Más bien una combinación distinta resultante en cada caso de la confrontación entre las dinámicas actuales que pueden ser en gran parte comunes a muchas ciudades pero no con la misma intensidad ni con las mismas combinaciones. Tampoco se pueden prever todos los nuevos factores que pueden aparecer: tecnológicos (por ejemplo que afecten a la movilidad), ambientales (como crisis energética), políticos (como aparición de nuevos tipos de liderazgo), catastróficos (por ejemplo explosión de centrales nucleares), etc. La ciudad, como muchos productos humanos, evoluciona entre el azar y la necesidad, lo cual hace que no solo los elementos de cada ciudad singular son relativamente distintos unos de otros, también las necesidades que aparecen y los factores imprevistos y a veces sorprendentes que inciden en su evolución, dan lugar a realidades urbanas diferentes. Por ello aunque los problemas sean similares las respuestas en cada ciudad deben ser distintas.

En esta primera parte exponemos de forma muy sintética las principales dinámicas positivas o negativas en relación al binomio ciudad-ciudadanía. Y en la segunda parte nos referiremos a la casi imposible ecuación (teniendo en cuenta las dinámicas citadas) que permitiría un desarrollo urbano democrático y luego analizaremos a los actores que intervienen en estos procesos. Para concluir con la responsabilidad intelectual en época de crisis y de cambio, perdonen la redundancia, y la propuesta de “derecho a la ciudad” como concepto clave para plantear una alternativa a la ciudad postmoderna, es decir la ciudad del neoliberalismo, aunque probablemente los postmodernistas no acepten responsabilidad alguna en el “caos sistémico” urbano (11).

El crepúsculo y el renacer de la ciudad moderna

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Nota sobre las referencias bibliográficas. En esta primera parte las referencias que se citan en cada punto son muy desiguales pues los textos en los que nos hemos apoyado han sido citados en las referencias correspondientes a la introducción y en los capítulos anteriores. Por otra parte se trata de sintetizar un conjunto de tendencias que están expuestas en numerosos textos y trabajos de estudiosos de las ciudades y forman parte de unos conocimientos socializados. La mayoría de estos puntos han sido tratados por el autor en sus obras de la última década en especial La ciudad conquistada y textos posteriores, los cuales se citan en diversas notas de este artículo.
A continuación exponemos 12 tendencias negativas y 12 positivas referidas especialmente a los casos europeos pero que a nuestro parecer están también presentes, en mayor o menor grado en las ciudades americanas.

I. El crepúsculo de la ciudad o las tendencias negativas.

1. La revolución urbanao la disolución de la ciudad. El marco global de un capitalismo financiero desregulado y de un entorno político y económico que ha hecho de la urbanización especulativa su forma principal de acumulación, ha estimulado dinámicas disolutorias de la ciudad compacta creada por la sociedad industrial. El resultado han sido grandes regiones urbanizadas de geometría variable y límites confusos, espacios lacónicos que no transmiten sentido alguno, barrios cerrados o marginales, dispersión del habitat, atomización social, insostenibilidad ambiental. Es la urbanización difusa: en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona el suelo urbanizado se ha duplicado en 10 años (1996-2006), es decir la urbanización reciente iguala a la realizada a lo largo de toda la historia. La ciudad se va perdiendo y con ella la ciudadanía. (Ver las referencias en las notas 1 y 2).

2. La ciudad central y los núcleos urbanos locales compactos con potencial de centralidad tienden a especializarse como centros de servicios de población residente menguante o substituida por sectores acomodados (gentrification, término inglés usado internacionalmente). En sus márgenes se encuentran áreas de actividad y zonas de residencia popular. Sin embargo la población urbana respecto a la suburbana es casi siempre minoritaria. La “especialización” social y funcional de las áreas centrales tienden a la expulsión de sectores sociales enteros (pueden ser ricos o pobres, residentes o usuarios) y homogeneizan comercios y servicios. La ciudad central cuando se “especializa”, deviene administrativa (congestionada de día, vacía de noche) o monumental-turística de la cual son excluidos de facto gran parte de los ciudadanos. En otros casos los centros históricos se abandonan y se degradan, especialmente cuando en ellos hay fuertes contingentes de sectores populares, lo cual conlleva que una parte de esta población lo abandone y lo ocupen sectores más pobres y marginales, lo cual permite que la ciudad sea refugio, como así ha sido históricamente pero se reduce su función integradora. En todos estos casos los centros pierden pulso y vitalidad, la cualidad ciudadana se empobrece, el alma de la ciudad queda en el recuerdo. Los centros deben tener población residente y diversa pero también cumplen una función ciudadana para toda la población de la región metropolitana. (Ver las referencias en las notas 3).

3. Degeneración de la arquitectura. A la vez que se ensalza a los arquitectos sufrimos un proceso de degradación de la arquitectura, en parte por su participación cómplice en los procesos disolutorios citados y en parte por el éxito de la figura del arquitecto de objetos singulares. Es casi un axioma: cuanto más brillan los arquitectos más se empobrece la vida urbana. En las áreas centrales o zonas privilegiadas por el poder político o el económico aparecen objetos arquitectónicos ostentosos, aislados, que transmiten la imagen del poder. Se trata de una arquitectura excluyente, que los ciudadanos no pueden hacer suya, como el castillo del señor o la catedral del arzobispo. En las zonas periurbanas o suburbanas la arquitectura se homogeneiza, caricaturiza los objetos aislados mediante torres o barras que generan espacios de nadie o, peor aun “barrios cerrados (edge cities, countries), invisibles detrás de sus murallas, inaccesibles para la población del entorno. La ideología arquitectónica dominante es menospreciar las demandas y aspiraciones del ciudadano medio, del usuario de clase medio o popular. El arquitecto-divo, con excepciones, considera que tiene el monopolio del diseño, con frecuencia tiene más en cuenta las modas de su corporación y la publicación en revistas que el uso social de la vivienda o del espacio público. Pero si que se adaptan cuando el demandante público o privado es poderoso y solvente. Los ciudadanos no siempre tienen “razón” pero siempre tienen razones, argumentos atendibles, necesidades que el diseño del gusto del arquitecto muchas veces no resuelve. Los líderes sociales, los responsables políticos y los colectivos profesionales independientes del poder deben hacer de mediadores, recoger las demandas explícitas y las aspiraciones latentes y generar espacios de participación y negociación. La ciudadanía se encuentra muchas veces frente a la alianza impía de responsables políticos y empresarios ostentosos, promotores y constructores codiciosos y diseñadores autocomplacientes. (Ver la nota 8).

4. El territorio urbanizado de las regiones metropolitanas es a la vez una expresión de la desigualdad social y un factor de agravación de la misma. La ciudad ha sido históricamente integradora, mezcladora de poblaciones diferentes, reductora de desigualdades mediante los servicios colectivos, los equipamientos y la calidad del espacio público. La oferta ciudadana debe ser necesariamente de carácter universal. Pero las regiones urbanizadas tienden a alejar a los sectores populares de las áreas centrales: el efecto distancia respecto a equipamiento y servicios así como la relativa invisibilidad de estas poblaciones las hace más vulnerables, reduce su salario indirecto (los bienes y servicios urbanos), son víctimas de la exclusión territorial. Y cuando los sectores de bajos ingresos o marginales se concentran en algunos centros o barrios degradados de la ciudad compacta igualmente viven a espaldas de la ciudad bien aposentada. La segregación social genera en los sectores populares el círculo vicioso de la dependencia o de la exclusión pues hay una relación directa entre movilidad social y heterogeneidad de la población residente o usuaria en cada zona de la ciudad. Ejemplo: el fracaso escolar de una población de origen popular es mayor en las zonas socialmente homogéneas y segregadas que en zonas urbanas de población mezclada. Existen fronteras invisibles y físicas que separan: los sectores medios y altos no van a zonas suburbanas populares y los habitantes de las mismas solamente van a la ciudad de calidad a trabajar o a recoger las migajas. (Ver la nota 1, 3 y 5).

5. La crisis del capital fijo urbano y la dualización social. La ciudad moderna se había desarrollado sobre una base económica, la de la sociedad industrial, que generó una gran diversidad de actividades productoras de bienes y servicios. La globalización financiera y de los mercados apoyada en la revolución informacional ha impuesto la dominación de capitales volantes y especulativos, la deslocalización de las actividades productivas y el abandono o devaluación de una parte importante del capital fijo (infraestructuras e industrias) y del capital social (las habilidades de la población trabajadora). Resultado: despilfarro de “trabajo acumulado”, precariedad y desocupación. Las ciudades centrales concentran una parte de las nuevas actividades pero solo promueven empleo para dos tipos de población: el que se vincula a la economía del conocimiento (además del que corresponde a los servicios centrales) y el personal precario y poco calificado destinado a sectores como la construcción, el servicio doméstico o el turismo y ocio. (Ver las notas 1, 7, 22, 23 y 32).

6. Dependencia del exterior y competencia urbana. Los actores privados y los públicos dependen del financiamiento externo para promover inversiones y para mantenerse y prestar servicios. El financiamiento procedente del Estado no cubre el coste de las funciones y servicios de los gobiernos locales, en especial si quieren responder a las demandas sociales, deben endeudarse en el ámbito nacional e internacional. El sector privado, sean “productores” o “consumidores”, requieren aportaciones de capital y créditos externos. El resultado que se pretende es atraer capitales y actividades, inversiones, créditos, subvenciones, etc. muchas veces a cualquier precio. Se impone la ideología de la atractividad a toda costa, la absurda idea de la “competitividad” entre los territorios, cuando solamente algunas actividades deben ser competitivas y el supuesto atractivo muchas veces se confunde con el “dumpig”. En la práctica esta obsesión competitiva ha significado la urbanización salvaje difusa ya citada, opciones políticas que pueden ser efímeras o precarias como el turismo y abandono de actividades productivas estables por las especulativas o las que podrían denominarse de “dumping local”, como la permisividad ambiental o respecto a las obligaciones sociales o fiscales. (12)

7. El mal gobierno del territorio o la incapacidad de la política. En los ámbitos locales y regionales se da la paradoja de un exceso de instituciones y entidades y una debilidad de gobierno. Pseudoconceptos como gobernabilidad o gobernanza solo sirven a crear confusión y a legitimar la confusión político-administrativa sobre el territorio. La permisividad urbanística va unida a la generación de ingresos públicos y privados, a la opacidad política y a la hipertrofia institucional. La conjunción entre complejidad hiperinstitucional del territorio, la fragmentación urbana y municipal (que con frecuencia no se corresponden) y su corolario la atomización social genera la asimetría de los conflictos. Las instituciones próximas no pueden dar respuesta y las poblaciones atomizadas tienden más a expresar su malestar que en agregar sus demandas en forma de reivindicaciones colectivas. Los suburbanos, excepto los sectores más acomodados, están desprotegidos, son colectivos sociales muy vulnerables. Con el no-gobierno metropolitano ocurre, a otra escala, algo similar al no-gobierno europeo. La resistencia corporativa de la clase política y la demagogia localista que excita el minipatriotismo impide desarrollar políticas públicas potentes y en especial reequilibradoras y redistributivas. Sin gobiernos legitimados por el sufragio universal y sin asambleas electas por los ciudadanos no puede haber una política metropolitana coherente e integradora (13).

8. Multicultaridad, inmigración y exclusiones. Las ciudades siempre han sido receptores de poblaciones ajenas y en un mundo globalizado es lógico que puedan atraer poblaciones de todas las regiones del mundo. Hoy son multiculturales, en ellas pueden convivir en muchos casos un centenar de nacionalidades y decenas de grupos lingüísticos. También ha distinguido históricamente a las ciudades, desde la Edad Media en el mundo occidental, en considerar a todos sus habitantes “ciudadanos libres e iguales”. En la práctica había pobres y marginales, ejército de reserva de mano de obra y lumpen, residentes en la ciudad formal y otros en la informal pero en teoría “todos ciudadanos”. En la ciudad actual, como en la de la Edad Antigua, hay habitantes no considerados ciudadanos, trabajadores con escasos derechos sociales, residentes de años a los que se les considera inmigrantes y no se les permite o se les obstaculiza reunir a su familia. Este status excluyente, diferenciador y separador, legitima el racismo y la xenofobia. Se crean las condiciones para que en épocas de crisis se expresen actitudes y comportamientos colectivos contra esta población no reconocida como ciudadanos que pueden derivar primero en verdaderos “pogroms” y más tarde en reacciones violentas de la segunda o tercera generación de origen inmigrante. (14)

9. Juventud sin futuro y sin ciudad. El modelo económico vigente, denominado “neoliberal” que en la realidad concreta significa “capitalista especulativo” ha conseguido algo que hacía muchas generaciones que no sucedía: los jóvenes, la mayoría, no tienen trabajo, no pueden independizarse de los padres, no encuentran como ejercer una actividad que corresponda a su formación, no pueden esperar un futuro esperanzador. Los procedentes de clases medias temen justificadamente que cuando deban independizarse vivirán peor que sus padres. Y los que se han beneficiado de la movilidad social ascendente de sus padres y han accedido a la Universidad difícilmente encuentra el trabajo y el status prometidos. De poco les sirven los estudios, haber viajado y poseer intereses culturales más o menos sofisticados. Malviven en la ciudad, no pueden adquirir o alquilar una vivienda y su presencia en el espacio público es con frecuencia criminalizada. Véanse las lamentables ordenanzas de civismo que se comentan en la segunda parte. Muchos ya viven en las periferias suburbanas, otros irán a vivir allá para conseguir una vivienda. Es decir, su presente o su futuro urbanos suponen la expulsión de la ciudad. Se pierde así gran parte de la savia innovadora (15).

10. Ideología hipersecuritaria, la política del miedo y la represión preventiva. La ciudad es una combinación de miedos y de deseos escribió Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Los deseos han envejecido en nuestras sociedades pusilánimes. Los miedos se han multiplicado, a pesar de que nunca hubo lugares más seguros en la historia de la humanidad que las ciudades del mundo desarrollado. Y los miedos son peligrosos, estimulan los peores instintos de una humanidad sin ilusiones de futuro pero aferrada a sus pequeños privilegios. La ideología securitaria, alianza impía entre poderes políticos y mediáticos, encuentra un amplio apoyo en una ciudadanía en la que se han distendido los lazos solidarios, individualista y conservadora. Se crean las condiciones para la represión de los que se rebelan contra el “desorden establecido”. La ideología hipersecuritaria es destructora de ciudad, como expresan los barrios cerrados y la urbanización dispersa. Y también de la ciudadanía, pues se abandona el espacio público y se excita el temor y la represión sobre sus ocupantes. Los jóvenes, además de los inmigrantes, son sus principales víctimas. Nos remitimos a las referencias bibliográficas que se citan en la segunda parte de este texto en el apartado “la ideología del miedo (nota 38).

11. La degradación de los servicios públicos y desigualdad social. Uno de los componentes de la ciudadanía es el acceso universal a los servicios básicos para ejercer de ciudadano: transportes y comunicación, escuela y cultura, sanidady empleo, programas sociales de acción positiva y renta básica, etc. La costosa hiperburocratización de los Estados y la insuficiencia de los ingresos fiscales que privilegian a los más ricos ha dado lugar a un desmontaje gradual del “welfare state” (estado del bienestar). Se tiende a constituir una doble red: una red privada para sectores altos y medios acomodados con subvenciones públicas y otra red pública para sectores de bajos ingresos cuya calidad tiende a degradarse rápidamente. Es decir se crean dos clases de ciudadanos, unos con derechos reales y otros con derechos disminuidos. La crisis actual ha sido utilizada para acelerar este proceso privatizador mediante una acción concertada entre grupos económicos y gobiernos conservadores (a veces con la complicidad de partidos políticos que se definen de izquierda o centro izquierda). Cuando se debilita la oferta pública universal de servicios colectivos que usan a la vez desde sectores medio-altos hasta los de más bajos ingreso se reduce considerablemente el “salario indirecto o ciudadano” que es un complemento indispensable del ingreso económico-monetario como garantizador de los derechos personales de los sectores de bajos e incluso medios ingresos. El déficit de servicios colectivos universales hace que se rompan una parte considerable de los lazos que unen a los habitantes de un territorio y se hace visible una desigualdad escandalosamente injusta (16).

12. La ciudadanía en cuestión. El predominio de estas tendencias cuestiona la misma existencia de la ciudad y también del ciudadano. Si los derechos teóricos no corresponden a los reales, si se consolidan ciudadanos con plenitud de derechos, otros con derechos capitidisminuídos y otras prácticamente sin derechos, la ciudadanía desaparece y con ella la democracia. El porvenir de la democracia y los principios de libertad, igualdad y solidaridad están vinculados a la ciudad, a sociedades que integren por medio de derechos básicos compartidos, que se den marcos conflictuales simétricos que permitan exigir y conseguir que estos derechos sean reales para todos y cuyo entorno físico que haga visible la existencia de la ciudadanía y la creación colectiva y cotidiana de la ciudad. Estas tendencias negativas afectan más especialmente a los jóvenes y a los “inmigrantes” ya citados y también a aquéllos grupos que requieren una “acción positiva” como son las mujeres (discriminación de género), la infancia y la tercera edad y vejez, colectivos afectados por los crecientes recortes de las políticas sociales y por la privatización de servicios que hasta ahora eran públicos. Las ciudades generadas por la revolución industrial expresaron siempre en su configuración física y en la localización de los grupos sociales la desigualdad social existente. Pero, las dinámicas urbanas tendían a integrar gradualmente a la población “periférica”, lo cual era facilitado por la continuidad urbana. Actualmente las dinámicas urbanas dominantes generan dispersión y el efecto de escala contribuye a aventurar las desigualdades lo cual genera un “déficit de ciudadanía”. La desigualdad socio-territorial es hoy un reto al que un sistema político local fragmentado no es capaz de dar respuesta. El derecho a la ciudad es radicalmente negado por las pautas urbanizadoras difusas y segregadoras, la ciudadanía se debilita frente a la anomía, tribalización, individualismo, etc. y los ciudadanos devienen clientes, usuarios, públicos, electores o marginales o “desechables”, como dicen en Colombia. (17).

Nota complementaria sobre ciudad y género. Una nueva visión sobre el déficit de ciudadanía ha emergido a finales del siglo XX: el análisis crítico urbano desde una perspectiva de género. La organización de la ciudad ha sido pensada fundamentalmente para hombres adultos y empleados. El feminismo en sus diversas dimensiones ha integrado en sus reivindicaciones los derechos de la mujer en la ciudad. Cuestiones prácticas derivadas de que con mucha frecuencia las mujeres combinan un trabajo externo con la gestión de la casa y de la familia, un trabajo no remunerado que debiera estar socializado. Por ejemplo el cuidado de personas dependientes, la gestión del tiempo cotidiano y su relación con los horarios de los servicios colectivos, comerciales, etc. o la adecuación de la vivienda a la diversidad de “familias”. Y también demandas más generales, compartidas con otros colectivos sociales (niños, ancianos, discapacitados, etc.) como el acceso a los transportes, la adecuación de los espacios y equipamientos públicos o la seguridad ciudadana. En las referencias bibliográficas citamos un conjunto de libros, artículos y documentos que nos parecen representativos y útiles sobre una temática que es lógicamente multidimensional (17 bis).

II. El nuevo amanecer ciudadano o las tendencias positivas

1. Revalorización social y cultural de la ciudad. Subsiste una literatura negativa sobre la ciudad que amplifica el malestar urbano propio de cada época. En la medida que a partir de la revolución industrial las ciudades han tendido a concentrar gran parte de la población y de las actividades también han concentrado los problemas. El malestar urbano y la visión de la ciudad “como el infierno” (“the hell is the city” titulaba hace unos años The Economist) no es sino la expresión visible de diversas formas de crisis, económica, social, cultural, etc. Estos factores causales se traducen en el territorio y en la convivencia, pero no son en general consecuencia de la forma urbana, aunque ésta puede agravar o reducir los problemas. Actualmente y pensando en el mañana el problema no es “la ciudad” sino la disolución de la misma, como se ha expuesto anteriormente. O, como dijo Jaime Lerner, el arquitecto-urbanista y político brasileño, “la ciudad no es el problema, es la solución”.Y así lo han percibido no solo significativos sectores intelectuales y profesionales, también numerosos colectivos ciudadanos que reclaman más ciudad, más espacio público, más acceso a las centralidades, más mezcla de poblaciones y funciones, más participación ciudadana. Se han revalorizado las obras que exaltan la ciudad compacta, heterogénea, que integra la historia en el presente y en los proyectos de futuro. Por ejemplo la obra de Jane Jacobs y de autores ya citados como Henri Lefebvre o David Harvey a la vez que es numerosa la bibliografía reciente reivindicación de la ciudad (18). Una confirmación social de la atracción de la ciudad y que indica una tendencia de futuro es la resistencia que oponen sectores populares y medios a proyectos urbanísticos que implican o temen que signifiquen un desplazamiento a las periferias y el retorno a la ciudad compacta de sectores adultos relativamente jóvenes que habían elegido diez o más años antes vivir en urbanizaciones periféricas. Otro dato: las corrientes inmigratorias siempre que pueden tienden a concentrarse en zonas centrales de la ciudad pues por degradadas que estén ofrecen un acceso mucho mayor a bienes y servicios. Lo cual es positivo: favorece la mezcla socio-cultural y la integración ciudadana y consolida la diversidad de las áreas centrales amenazadas por la homogeneización.

2. El valor ciudadano del espacio público. El espacio público se ha convertido en un test de la calidad de la ciudad. Progresivamente el espacio de uso colectivo, la expresión más visual de la ciudadanía, se ha ido empobreciendo a lo largo del siglo XX, reducido en muchos casos al espacio viario ocupado por el transporte mecánico. A mediados del siglo pasado se inició la “reconquista de la ciudad” como espacio público pero si bien esta tendencia empezó a dar frutos en la reconstrucción de la ciudad europea a partir de los años 50 y 60 al mismo tiempo proliferaban en las periferias las urbanizaciones de torres y barras y crecía exponencialmente el uso del automóvil privado en la ciudad. Barcelona y otras ciudades españolas levantaron de nuevo la bandera del espacio público a partir de los años 80 y las operaciones urbanas en la ciudad compacta fueron exitosas. Pero ha sido a inicios del siglo XXI cuando la cuestión del espacio público ha pasado a ser central en el debate ciudadano, se ha hecho una cuestión política. El malestar ciudadano hace públicos, es decir colectivos, espacios urbanos que se habían empobrecido, ocupados por la circulación, o desocupados por los miedos, o privatizados de facto. La lucha de clases ha derivado hacia la lucha por las plazas. “La calle es nuestra…de todos” ha sido el título de una exposición creada en Paris (2007) y que ha recorrido grandes ciudades de Europa, América y Asia. La vida de la ciudad, su calidad democrática y su supervivencia incluso, se decidirá en el espacio público. El espacio público como espacio colectivo, accesible y polivalente, integrador y conflictivo, generador de sentido y que marca simbólicamente al territorio es el antídoto del laconismo de los territorios y de la atomización de los habitantes. El espacio público de hoy determinará la calidad del futuro de la ciudad de mañana. (19)

3. La ciudad compacta condición de la innovación y de la convivencia. La forma de la ciudad, o en sentido amplio de la urbanización, obstaculiza o fomenta la relación entre los ciudadanos. La ciudad compacta, heterogénea de población y en la que se entremezclan actividades y funciones diversas genera múltiples intercambios, socializa pautas de comportamiento comunes o conocidas por la gran mayoría y multiplica no solo los contactos previsibles, también los imprevistos. La innovación nace muchas veces de estos intercambios, lo que ha llevada a aplicar el concepto de “serendipity” a la ciudad (20). Y la convivencia es más posible cuando las gentes diferentes se encuentran, se frotan e intercambian algo que no cuando viven atomizadas o segregadas, lo cual consolida los estereotipos diferenciales y los prejuicios negativos. El urbanismo actual, por lo menos por parte de los profesionales e intelectuales más reconocidos y los políticos y líderes sociales más responsables opta, por lo menos en teoría, por la ciudad compacta. Debería ser un signo esperanzador, a pesar de que las dinámicas de los mercados y muchos gestores públicos muchas veces promueven un urbanismo difuso. Pero la crítica intelectual de los profesionales es políticamente débil, indican criterios válidos para un urbanismo democrático pero evitan casi siempre señalar las causas que resisten o pervierten las propuestas y la responsabilidad de los agentes políticos y económicos actuantes. Ver al respecto la parte de conclusiones de este trabajo.

4. Las resistencias sociales frente a la crisis financiera. La crisis ha servido para revelar ante la opinión pública la perversidad de unos modelos económicos injustos, insostenibles y a la larga empobrecedores y ha demostrado que el efímero y aparente enriquecimiento ha contribuido muy poco a la felicidad de la gran mayoría de ciudadanos. En especial sectores importantes de la juventud, los protagonistas de la ciudad del mañana, han reaccionado recientemente frente a los procesos urbanizadores vinculados al despilfarro de recursos, a la corrupción, a la segregación social, al individualismo insolidario y la mala calidad de vida. Parece poco probable que se pueda volver al boom inmobiliario, al crédito fácil, a los proyectos faraónicos. Los movimientos sociales que se han generalizado en los países desarrollados abren probablemente una nueva época de derechos ciudadanos. Emerge en nuestras sociedades una demanda de vida más sosegada, de más convivencia y comunicación, de garantizar los bienes y servicios básicos, de más austeridad pública y de poder ejercer realmente la condición de ciudadanos. Los desahucios y la desocupación de muchos y los sueldos y beneficios escandalosos de los especuladores y financieros codiciosos, la privatización de bienes y servicios de interés general y la marginación o exclusión de amplios colectivos sociales, la indignación frente a la corrupción y el porvenir con escasas experiencias de los jóvenes todo ello estimula una (relativamente imprecisa o confusa) exigencia de “democracia real”. Algo muy sencillo de entender y muy lógico de reclamar: si en nuestra cultura e incluso en los textos legales se nos reconocen los derechos al trabajo y a la educación, a la vivienda y a la protección social, a la seguridad y a la salud, a la participación y a la no discriminación, etc., estos derechos deben ser reales, efectivos, la base de las políticas públicas, el deber de los gobernantes, lo que legitima a las instituciones supuestamente representativas. La democracia formal sin esta dimensión material es un fraude, sin las políticas públicas que reduzcan las desigualdades y conviertan en realidad los derechos teóricos los gobiernos electos pierden su legitimidad. (21)

5. Regiones metropolitanas y economía productiva. Los procesos de urbanización difusa en las regiones metropolitanas especialmente han ido vinculados a la substitución progresiva del capital productivo local por el capital especulativo global. La transición del capitalismo industrial al capitalismo financiero ha usado la urbanización (infraestructuras de movilidad y servicios básicos, boom inmobiliario y especulación del suelo) en favor de unos procesos de acumulación y concentración de capital cuyos beneficios (privados) se volatizan mientras que los costes (sociales y ambientales) se multiplicaban. Uno de estos costes ha sido el desmantelamiento de la economía productiva local. La crisis financiera ha revalorizado social y culturalmente esta economía, el capital fijo, físico y social, es decir infraestructura material y habilidades sociales. Este capital fijo va asociado al tejido de pequeñas y medianas empresas que generan empleo y requieren un tejido urbano articulado y relativamente compacto y una sociedad compleja como la ciudadana. La sociedad industrial no desaparece, convive con la postindustrial. (22)

6. Nueva economía y ciudad. La difusión urbana y la atomización social que parecía un corolario inevitable de la revolución informacional, ha demostrado muy pronto sus límites. La economía del conocimiento por muy vinculada que esté a las tecnologías de la información requiere también la proximidad y el intercambio entre gentes muy diversas. Las ciudades centrales tienden a concentrar gran parte de la llamada “nueva economía” y las poblaciones vinculadas a ésta a su vez expresan demandas variadas de servicios personales. La concentración urbana, aunque sea en regiones policéntricas, es decir no dependientes de un único centro, es hoy una tendencia real de las sociedades postindustriales. (23)

7. La cuestión de la sostenibilidad en las grandes ciudades y regiones metropolitanas. La conciencia ambiental que se ha desarrollado lentamente en las últimas décadas se ha visto estimulada por la crisis y además se ha ampliado a lo urbano. La ciudad compacta es mucho más sostenible, ahorra suelo, energía, agua. Hay conciencia creciente de que el automóvil particular, primer factor contaminante, no es compatible con la ciudad. Los grandes proyectos urbanos ostentosos no son sostenibles, además de difícilmente viables económicamente, como no lo son las supertorres aisladas que además generan “tierras de nadie” en su entorno. Aunque solo fueran por criterios de sostenibilidad la urbanización difusa periurbana, verdadera negación de la ciudad, es hoy el gran pecado del urbanismo. El hiperurbanismo que pretende expandir una urbanización difusa ad infinitum es la absurda culminación de la ciudad postmoderna, sea Miami o la costa del Levante español. (24)

8. Gobiernos locales, identidades sociales y participación ciudadana. Los gobiernos locales por su historia, su adecuación a identidades colectivas y su proximidad a los ciudadanos gozan de una relativa legitimidad. Pero la relación institución-ciudadanos es positiva en la medida que el gobierno local promueve y gestiona políticas públicas que corresponden no solo a sus competencias, también a las demandas y expectativas de la ciudadanía. Lo cual ahora sufre serias limitaciones de tres tipos. Primero: las demandas ciudadanas requieren recursos en general muy superiores a los que dispone el gobierno local. Lo cual produce un efecto colateral: el gobierno local se endeuda y se hace cómplice de los procesos especulativos para generar ingresos. Segundo: como consecuencia de lo anterior en la gestión local se actúa con opacidad, a veces mediante la corrupción, en nombre de la atractividad promueve proyectos aparatosos, prioriza sus “clientelas”, etc. Lo cual genera una pérdida de confianza por parte de la población. Tercero: el ámbito del gobierno local no se adecua a la ciudad real que muchas veces es plurimunicipal. Es la cuestión clave pues impide casi siempre desarrollar políticas públicas potentes, redistribuir ingresos, obtener beneficios de aglomeración, etc. A pesar de estas limitaciones la adhesión ciudadana a la institución política más próxima es muy fuerte y es posible transferir esta adhesión a un nivel supramunicipal si se articula la gestión descentralizada y la participación ciudadana con la reestructuración de las instituciones locales. En una época de cambio de modelos económicos y políticos como exige la respuesta a la crisis es urgente y posible crear estructuras municipales renovadas, más eficientes y participativas y más adecuadas al siglo XXI. (25)

9. Movilidad, centralidades y redes comunicacionales. Sea cual sea la evolución de las ciudades actuales una cuestión clave será la gestión de la movilidad a partir de dos criterios: la sostenibilidad y por lo tanto la gestión de los recursos (tratada en un punto anterior) y la accesibilidad entendida del derecho de todos los habitantes a la movilidad en el ámbito de la ciudad metropolitana o región urbana. La movilidad va estrechamente vinculada a las centralidades o zonas más compactas y diversificadas que ofrecen a la vez más empleos diversificados y la máxima oferta de servicios. Por otra parte las posibilidades comunicaciones que ofrece la tecnología informacional permiten superar las “fracturas digitales”. La ciudad de hoy para mañana deberá ofrecer la posibilidad de maximizar las redes comunicacionales para todos sus habitantes. La movilidad física y la virtual están estrechamente vinculadas: el mayor acceso de una favorece el uso de la otra. ( 26)

10. Rechazo de la segregación y de la exclusión: contra los espacios lacónicos. La actual segregación que emerge en las regiones urbanas actuales genera una reacción social que tenderá a crecer. En Europa son frecuentes las urbanizaciones aisladas como ya lo son los enclaves tipo parques tecnológicos o empresariales, los grandes centros comerciales solo accesibles en automóvil, etc. Esta tendencia a crear productos “off city” es uno de los factores clave de disolución de la ciudad. Especial importancia merecen los barrios cerrados puesto que llevan la segregación al grado máximo. En Estados Unidos se ha producido una progresiva crítica cultural a estos productos anticiudadanos, como son los “edge cities” (“ciudades en los bordes”) así como en América latina. Algunas ciudades, como Rosario (Argentina) a partir de una iniciativa popular se han prohibido estos barrios o countries o “edge cities”. Por ahora continúan creciendo en Europa, donde había más reticencias, pero que la difusión de los miedos y el afán de distinción estimula su creación. Sin embargo los costes económicos y de sostenibilidad y la revalorización de la ciudad compacta hace previsible que esta tendencia encuentre crecientes resistencias sociales y políticas.(27)

11. Valoración de la especificidad de los paisajes físicos y sociales y de las identidades de lugares y poblaciones. La urbanización dominante en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI ha creado paisajes físicos lacónicos, banales, la “urbanalización” según Francisco Muñoz. Pero la reacción no se hizo esperar. El urbanismo ha integrado el paisaje en el urbanismo, primero mediante la relación del medio físico transformado por la acción y la mirada humana con el entorno urbano. Luego se ha incorporado a la noción de paisaje el espacio público, la percepción colectiva de lo construido, el patrimonio histórico cultural (incluye el correspondiente a la sociedad industrial: fábricas, puertos, estaciones, etc.), la memoria histórica y el tejido social presentes en las tramas urbanas, los elementos identitarios de los colectivos humanos. Se trata de que cada ciudad, sus barrios y sus arquitecturas, sus lugares significativos, sus gentes, sean autóctonos o recién llegados, marquen la diferencia. No nos referimos a una identidad “esencial” que se mantiene incólume a lo largo del tiempo. La identidad de cada lugar se construye en el presente y cada sociedad urbana es diferente. Se trata de que también lo sea la imagen del territorio. Las ciudades, sus políticos y sus profesionales más honestos inteligentes y sus líderes ciudadanos han entendido que desarrollar su identidad específica es también fortalecer su cohesión y su atractividad. (28)

12. El derecho a la ciudad y las políticas urbanas. El concepto de derecho a la ciudad es de uso reciente en el debate actual sobre la ciudad y su futuro. El término, en su forma actual o con palabras similares, se había empleado a veces como “ampliación” del derecho a la vivienda, a lo que se añadían los servicios básicos vinculados a aquélla como la red de saneamiento, electricidad, etc. y otros servicios de naturaleza universal (necesarios para todos) como transporte, escuela, puesto sanitario, etc. Actualmente, a inicios del siglo XXI, el “derecho a la ciudad” no se limita a reivindicar elementos básicos para sobrevivir en el entorno urbano. Propone un concepto de ciudadanía para la ciudad de hoy y de mañana. Entiende la ciudadanía como igualdad de derechos sociales, políticos, económicos y culturales y los concreta en su relación con la ciudad como marco físico en el que se ofrecen mediante las políticas públicas un conjunto de bienes y servicios. El derecho a la ciudad incluye un conjunto de derechos que podríamos llamar específicamente “urbanos” como vivienda, espacio público y equipamientos de igual calidad, centralidad, movilidad, visibilidad, integración en el tejido urbano, a residir en el lugar que se ha elegido y a mantenerse en él, calidad ambiental, etc. Y también derechos de naturaleza cultural, socio-económicos o políticos que condicionan o hacen reales los anteriores: conocimiento de la lengua y cultura del lugar, mantenimiento de la identidad cultural originaria y reconocimiento de las obras poblaciones y sus culturas, empleo, formación continuada, renta básico o salario ciudadano, participación en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, igualdad político-jurídica de todos los residentes en un mismo territorio (es decir la plena igualdad debe incluir a todos los residentes), gobierno democrático (electo) de la ciudad metropolitana, etc. El derecho a la ciudad parte del principio que este conjunto de derechos forman un todo, si no se tienen todos a la vez incluso aquéllos que se consiguieron dejan de ser derechos reales. La vivienda sin movilidad, o sin empleo o sin conocimiento de la lengua y la cultura del lugar, no permite ejercer como ciudadano. (29)

Segunda Parte. La ecuación virtuosa e imposible: lenguaje, actores y resistencias.

Introducción

La ciudad postmoderna tiende a ser la “anticiudad” y es producto de una alianza impía que expresa el nombre aparentemente neutro y renovador de neoliberalismo. Una alianza entre: a) políticos débiles, oportunistas y cómplices cuando no corruptos, b)financieros globales y actores locales que promueven una urbanización cuyo motor es la especulación y c)profesionales que legitiman el no planeamiento, exhiben proyectos ostentosos (arquitectura “tape l’oeil”) y ejecutan obras éticamente contrarias a los valores de su disciplina. Se fabrica así un territorio insostenible y generador de desigualdad, una sociedad más atomizada que individualizada y una cultura del cambalache, del todo vale si se gana dinero.
Sin embargo la justificación de los programas políticos, los planes territoriales, los proyectos urbanos y las obras que los materializan coinciden siempre en planearnos una ecuación virtuosa. Es sospechosa la unanimidad y la coincidencia de los documentos de los organismos internacionales y nacionales, las memorias de los planes o de los grandes proyectos, los discursos políticos de ministros o alcaldes, las conclusiones de lo foros o seminarios, las declaraciones de investigadores o profesionales. Todos ellos nos proponen la siguiente ecuación, tan sensata como imposible. El desarrollo urbano debe conciliar laCompetitividad, la Cohesión social o la Equidad, la Sostenibilidad, la Gobernabilidad y la Participación. Es la ecuación virtuosa tan necesaria como imposible. Las normativas internacionales y nacionales no imponen esta conciliación. Las memorias de planes y proyectos o bien olvidan estos objetivos o bien no concretan medidas para conseguir que se alcancen. Los discursos políticos suenan casi siempre a retóricos, luego se imponen las dinámicas del mercado y la complicidad de las instituciones (véase lo ocurrido con el boom inmobiliario). Y quizás lo más grave es que los profesionales y los académicos proclaman estos objetivos pero en la mayoría de los casos no denuncian las causas concretas ni a los responsables de que la ecuación sea de imposible cumplimiento.

A lo largo de los capítulos anteriores hemos expuesto las promesas incumplidas de la revolución urbana, la perversión de muchas políticas públicas que no consiguen imponerse a las dinámicas especulativas y las múltiples complicidades que se generan y que hacen posible esta sumisión. También se han expuesto experiencias y dinámicas positivas y se han apuntado líneas de resistencia. En esta parte final del último capítulo nos centraremos en tres cuestiones que nos parecen clave para entender los procesos negativos y armarse para resistir y plantear alternativas.

En el subcapítulo que sigue analizaremos críticamente el lenguaje pues los conceptos utilizados llevan consigo la trampa suficiente para que no se cumpla.

En los siguientes expondremos sucintamente el comportamiento de los actores, sus intereses y el uso que hacen de los mecanismos económicos, políticos e ideológicos que configuran la especulación financiera global y las prácticas público-privadas locales que caracterizan el “neoliberalismo urbano” o anticiudadano por ahora vigente y dominante en la mayoría de regiones metropolitanas. Y a continuación esbozaremos diversas líneas de acción, de resistencia y alternativa.

1. Cuestionar el lenguaje.

Los estudiosos del desarrollo urbano creo que deberíamos empezar cuestionando el lenguaje utilizado, especialmente los “conceptos” a los que se atribuye un valor explicativo y orientador de la acción indiscutibles. Este reconocimiento acrítico permite usarlos sin especificar en cada caso el significado específico lo cual los hace tan multívocos como confusionarios, “naturalizan” la realidad cuando en muchos casos tienen una carga ideológica interesada. En la temática urbana es muy frecuente que se usen para el análisis, que incluso sirvan de apoyo a la crítica parcial de la realidad inmediata y además sirven para justificar cualquier política. Lo cual permite a los expertos concluir proponiendo retóricamente la ecuación imposible citada y los profesionales o políticos, aceptemos la buena intención, ofrecer medidas y proyectos correctores, tan parciales como inoperantes. Pero casi nunca se mencionan los procesos causales y los agentes dominantes que actúan sobre el territorio que impiden o pervierten los objetivos y tipos de actuación que se proponen.¿Ingenuidad? ¿Ignorancia? ¿Complicidad? ¿Neutralidad del “científico” y especialización del profesional? ¿O simplemente el afán de practicar su oficio sin perturbar a los poderes establecidos?

Veamos primero los “conceptos” de la ecuación imposible.

La competitividad aplicada a las ciudades carece prácticamente de sentido. La producción de bienes y servicios que se realizan en un mercado abierto ya les obliga a ello pero ello no significa que el “territorio” deba ser “competitivo”, lo cual es un absurdo lógico. La ciudad puede ser más o menos “atractiva” pero proponerlo exige añadir “para quién y para qué”. ¿Inversiones? ¿Turismo? ¿Recursos humanos cualificados? Etc. Algunas iniciativas públicas pueden exigir competir (por ejemplo obtener la organización de un evento o disputar el mismo público a otras ciudades). Pero la gran parte de los bienes y servicios que se producen en una ciudad van destinados a la demanda local o regional. En este caso el concepto a utilizar sería en todo caso productividad, obtener el máximo con menos recursos. Calificar una ciudad de competitiva es introducir en el lenguaje la ideología neoliberal que parte del supuesto que todo es, o debe ser, mercado. No solo la economía, también la sociedad. Y en nombre de la competitividad se crean enclaves empresariales separados del tejido económico y social de la ciudad, se convierten los centros en zonas de negocios o de turismo y ocio que excluyen a la mayoría de la ciudadanía, se gentrifica la ciudad compacta y se promueve la difusión urbana sin ciudad en la periferia. La experiencia directa y la observación de otras ciudades nos demuestra que el principal atractivo de una ciudad compleja (distinguir de las ciudades “monoproductivas” o monofuncionales) es la calidad del conjunto de su oferta urbana, la eficacia y transparencia de las administraciones públicas, el buen funcionamiento de los servicios, la oferta cultural, la seguridad, el ambiente urbano, etc.

La prioridad que se concede a la “competitividad de las ciudades” es intelectualmente una majadería. Las ciudades funcionan sobre la base de la cooperación interna y el intercambio externo. Algunos elementos de ellas pueden competir, pero en la mayoría de los casos se necesitan o se ignoran. Pero el discurso competitivo global sirve para legitimar las operaciones especulativas locales más desenfrenadas (la ciudad de Valencia sería un paradigma de ello, véase el trabajo de Montiel en El modelo inmobiliario español, op.cit). Unas operaciones que casi siempre cuestionan los otros elementos de la ecuación.

La cohesión social es otro concepto equívoco. Se podría entender que todos deben poder ejercer por igual sus derechos, que las políticas públicas promueven prioritariamente reducir las desigualdades sociales y que se construye en permanencia una sociedad convivencial, solidaria y que comparte los valores básicos y derechos ciudadanos. Pero no es así. Su uso ingenuo no excusa su carácter confusionario. Y, sobre todo, predomina hoy un uso fuertemente ideológico y conservador. La cohesión social se vincula ideológicamente a los procesos de integración socio-cultural de los que sufren exclusiones y al uso del principio de equidad, valor orientativo de las políticas públicas redistributivas de carácter socio-económico para atribuir a cada uno lo que le corresponde y necesita teniendo en cuenta su lugar y sus méritos en la sociedad. El énfasis en la integración cumple una función de pantalla de la realidad: omite la situación real de los “integrables”, las causas de su exclusión y niega la relación conflictual, que es precisamente el principal factor para reducir las exclusiones. Un ejemplo del uso perverso de este concepto es cuando se niegan derechos ciudadanos a los inmigrantes si no han alcanzado un determinado grado de integración. Es precisamente la obtención de estos derechos lo que hace posible que se dé el proceso “integrador”. La equidad presupone que no se modifica la estructura social, la redistribución no cuestiona la desigualdad social existente. Puede llevar a aumentar el salario mínimo si es muy bajo, pero no afectará a los ingresos altos por ejemplo estableciendo salarios máximos.

Conceptos como cohesión social y sus complementarios, integración y equidad, permiten obviar otros conceptos, mucho más adecuados a las realidades sociales, con sus contradicciones y tensiones, sus avances y retrocesos. Con lo cual se pueden obviar las referencias a las clases sociales y sus conflictos y al binomio igualdad-desigualdad y la universalidad de los derechos iguales para todos. Se han adoptado acríticamente por los cientistas sociales (economistas, sociólogos, politólogos) y con mucho gusto por los organismos internacionales, que precisan de conceptos de apariencia bientintencionada pero que en realidad sean inocuos. Se proponen palabras que parecen apostar por políticas públicas progresistas, pero sin molestar a los sectores acomodados a los que se les garantiza su status privilegiado y se les dice implícitamente que mejorando un poco la situación de las clases populares será más fácil o “menos peligroso” que perturben su vida. Por ejemplo se prioriza, en el mejor de los casos la reducción de la “pobreza absoluta” pero se omite que se mantiene o incluso aumenta la desigualdad social, a pesar de que ésta es mucho más fuente de conflicto que la pobreza.

¿No es a caso más comprensible y más medible utilizar el concepto de igualdad? Un objetivo fundacional del urbanismo es contribuir a la reforma social mediante la reducción de las desigualdades entre los ciudadanos, proclamar la igualdad formal de todos los habitantes e impulsar políticas públicas que conviertan los derechos teóricos en reales. La ciudad debe proporcionar un “salario ciudadano” que compense en parte por lo menos las desigualdades de renta. El uso del concepto de cohesión social en realidad lleva implícito la voluntad de imponer unas pautas conciliadoras destinadas a deslegitimar el conflicto y a mantener el statu quo en sociedades tremendamente desiguales. Se utiliza este lenguaje aplicado a la ciudad para suprimir del vocabulario actual el concepto de lucha de clases en el territorio. Un conflicto que no se quiere reconocer tanto si es respecto a las condiciones de acumulación de capital (maximización y concentración de los ingresos privados frente a las teóricas prioridades de la producción social de bienes comunes) como si se refiera a la reproducción de la fuerza de trabajo (beneficios capitalistas frente a gasto público destinado al salario indirecto). Pues es hoy en el territorio que se combinan y se dirimen este conjunto muy complejo de factores. Los intereses de unos y otros, para simplificar Capital y Trabajo, no son los mismos. Las dinámicas urbanas dominantes se han orientado prioritariamente en función de la acumulación del capital lo cual genera más desigualdad en el territorio. Por ello la cuestión de la desigualdad es un concepto clave para analizar las sociedades urbanas y el conflicto social es el factor dinámico imprescindible para su progreso democrático. No se puede asignar al urbanismo que suprima la desigualdad social, lo que si puede hacer es no aumentarla, y también puede contribuir a reducirla mediante su contribución al salario indirecto por medio de un urbanismo público potente. (30)

La sostenibilidad, otro concepto-coartada para justificar políticas, planes y proyectos, sin especificar medidas eficaces frente a los mecanismos que generan despilfarro de recursos y usos depredadores del medio ambiente. Las políticas urbanas que favorecen la difusión metropolitana son evidentemente insostenibles por lo que representan de hiperconsumo de suelo, energía, agua y prácticamente ningún país las pone en cuestión. El uso masivo del automóvil particular en las ciudades densas se mantiene cuando es casi siempre el principal factor de calentamiento de la tierra. Los grandes “proyectos urbanos”, basados en torres grandes y entornos lacónicos, en la mayoría de los casos se debieran considerar insostenibles pero se presentan como símbolo de progreso. Y en nombre de la “competitividad” en muchos países se practica el dumping ambiental además del social. La “sostenibilidad” se ha convertido en una muletilla que organismos internacionales e instituciones varias exigen que se añada como calificativo que acompañe siempre a “desarrollo”.

La gobernabilidad y la gobernanza no merecían ningún comentario serio si no fuera que su uso reciente se ha difundido y tampoco en este caso es inocente. El uso común en el pasado no era frecuente, servía para calificar una situación o un territorio si eran más o menos “gobernables” (controlables). En términos “democráticos” se referían a la capacidad del gobierno de representar legítimamente a los ciudadanos y de ejercer realmente los cometidos que tuviera atribuidos. Actualmente la gobernabilidad es un concepto tremendamente confuso que pretende indicar que la complejidad institucional y societal requiere una articulación entre el sistema institucional y la “sociedad civil” (otro concepto confuso que se comenta más adelante). ¿Para qué sirve este pseudoconcepto multívoco que llamamos gobernabilidad? Primero: para legitimar la inflación institucional existente derivada de la partitocracia que caracteriza las democracias formales actuales. Se convierte el vicio en virtud. Segundo: se responsabiliza a las entidades u organizaciones de la “sociedad civil” de contribuir al gobierno del territorio. Con lo cual los gobiernos reales (la alianza oscura entre gobiernos formales y grupos de presión económicos-financieros) pretenden reducir al mínimo sus responsabilidades públicas. Tercero: la gobernabilidad sirve para dejar fuera del campo semántico el “conflicto social”, si hay gobernabilidad con el consenso (pasivo) de “todos” no debe haber conflicto colectivo, es disfuncional, el paso siguiente es considerarlo ilegítimo, patológico y subversivo. Cuarto: en determinados casos se utiliza para legitimar la cooperación público-privada con objetivos particularistas. Y quinto: pretende casi siempre, cuando se trata de una participación institucionalizada crear instrumentos que generen consenso pasivo. La gobernabilidad pretende siempre institucionalizar la “participación”, otro concepto de uso confuso al que nos referiremos a continuación. Y la gobernanza, una palabreja afortunadamente menos usada, se supone que pretende significar como se organizan los gobiernos para promover la gobernabilidad. El palabro además de feo es innecesario. Lo cual no fue óbice para que en un seminario internacional el representante de un organismo de NN.UU. dedicara su discurso si inaugural a exponer y distinguir los “conceptos de gobernabilidad y gobernanza”. ¿No es más sencillo hablar de gobiernos, describir el sistema institucional, sus obligaciones y competencias, sus gastos y sus ingresos y las mecanismos y procedimientos de relación con la ciudadanía, sus organizaciones y sus formas de acción colectiva. Sin embargo gobernabilidad y gobernanza basan su recurso, aparentemente democrático, en el reconocimiento de la “sociedad civil”.

La sociedad civil citada es un concepto pervertido por el uso generalizado. Cuando Ferguson lo propuso, en el siglo XVIII, se refería a los cuerpos organizados de las clases emergentes, que no eran ni el clero ni el ejército, los burgueses (comerciantes, manufactureros, etc.) y la “bourgeosie de robe” (hoy serían los cuerpos profesionales). En resumen: la base social del “tiers état”. La referencia a la sociedad civil se ha convertido en la “tarte à la crème” o un café para todos muy aguado. Este concepto, muy propio de los Estados “absolutos” del siglo XVIII que dea la actualidad, entonces tenía un sentido relativamente preciso: las formas organizadas de la sociedad que no estaban integradas o eran relativamente autónomas de la organización centralizada, piramidal y centralizada del Estado, como hemos visto al citar el “tires état!.. Actualmente hablar de sociedad civil tiene escasa utilidad, pues se mezclan todo tipo de organizaciones, algunas paraestatales, otras reguladas o financiadas por los gobiernos, otras de clase (empresariales, sindicales), unas muy políticas y de amplio espectro en cuanto a intereses y formas de actuar, otras muy específicas, unas muy reconocidas por las instituciones, otras ninguneadas, etc. Y quedan fuera de la sociedad civil colectivos informales o no reconocidos que en muchos casos son los que aportan más potencial innovador. El uso de esta amalgama caótica de este concepto inadecuado hoy sirve para convocar por parte del poder (político o económico) a las elites o para reunir un tutti revolutum que favorece la creación de consensos pasivos Parece más adecuado en todo caso utilizar el concepto de “sociedad política” o de “pueblo” que permite definir un conjunto relativamente heterogéneo que se moviliza conjuntamente por objetivos compartidos y transformadores (reformistas o revolucionarios).

La participación algo tiene de equívoco cuando se ha convertido en un concepto exaltado por todo el mundo. Quien más quien menos se apunta incluso a la “democracia participativa”. Cuando la participación es también un discurso del poder es el homenaje del vicio a la virtud pero también requiere saber de qué habla cada uno. La participación es construir escenarios entre las instituciones y los colectivos sociales para deliberar, negociar, confrontarse, llegar acuerdos o no. Es una conquista ciudadana si es resultado de la demanda social activa, sea por medio de organizaciones formales o de la acción colectiva (por ejemplo: la ocupación de un edificio abandonado para convertirlo en centro cívico). Exige reconocer la legitimidad del conflicto y a los actores que lo expresan y aceptar que las instituciones no tienen el monopolio de las decisiones políticas, por lo menos en los procesos de elaboración y de ejecución. Gobernantes y funcionarios públicos en su mayoría consideran el conflicto colectivo como una patología social. Los gobiernos (nacionales o locales) deciden las reglas, la composición, las materias y las atribuciones de los órganos que se creen, etc. y en la práctica establecen y modifican el funcionamiento de éstos. En el mejor de los casos sirve para obtener información y hacer llegar propuestas y reivindicaciones, pero en general la voluntad institucional es evitar o reducir la presión social. La participación se conquista cada vez que hay un movimiento colectivo que expresa unas demandas, reivindicaciones o propuestas y consigue crear escenarios de deliberación y negociación de las políticas públicas. Sobre la base que se da una confrontación de valores, intereses y prioridades bien con los responsables públicos o con los representantes de actores sociales opuestos.

El lenguaje propio de una sociedad dividida como la presente precisa recuperar el análisis de las clases sociales, asumir la “lucha de clases”, que está presente también en el territorio, pues éste es a la vez ámbito de acumulación de capital y de segregación social y también medio de reproducción de la fuerza de trabajo y que proporciona un salario indirecto. La eficacia de generar un espacio participativo dependerá de la fuerza de las demandas sociales colectivas y de la disposición de los gobiernos a reconocer a la otra parte como interlocutor válido. Si la participación no influye en las políticas públicas deja de tener razón de ser. En la práctica las instituciones formalizan los contenidos y procedimientos que rigen los espacios participativos, incluso en muchos casos eligen a los interlocutores y reducen la participación a generar consensos pasivos o, como máximo, a momentos en los que se expresen “tribunos de la plebe” sin otras consecuencias que sus palabras en el aire. En resumen, decir participación sin más hoy casi siempre igual a no decir nada. Un brindis al sol.

En resumen, siendo los conceptos tan equívocos, contradictorios ente ellos y en sí mismos y de muy difícil evaluación, sirven para cualquier cosa y para nada. Nunca se cumple la ecuación virtuosa por la fuerza de las dinámicas negativas expuestas pero los conceptos utilizados son tan equívocos que siempre se puede hacer un discurso que parezca que se avanza en su consecución. Son pseudoconceptos, legitimados por cuentista sociales que cumplen a su vez una función legitimadora de los poderes actuantes y una función naturalizadora de la realidad social en relación a la ciudadanía. Todo ello con la activa complicidad de políticos, expertos y medios de comunicación.

Hay otros conceptos, comunes a las ciencias sociales y al lenguaje periodístico, que han entrado en el lenguaje técnico, político y de los medios que aparecen como neutrales y que forman parte de la confusión interesada del poder político-económico. Se trata de conceptos analíticos o descriptivos comunes que como los anteriores no son tan inocentes, ni científicos, ni rigurosos, como parecen. Y que en muchos casos sirven de sustrato de los anteriores. Como la globalización.

La globalización es seguramente el concepto que se ha aceptado acríticamente y es el más tramposo. Deberíamos precisar a que globalización nos referimos pues se utiliza genéricamente y legitima todo tipo de procesos globales sean comerciales, financieros, culturales, políticos, migratorios, informacionales, securitarios, etc. Si usamos este término genéricamente pero lo aplicamos a las consecuencias de la globalización financiera legitimamos sus “efectos colaterales” como si de una fatalidad se tratara, en vez de precisar que nos referimos a la actividad especulativa global del capitalismo financiero. La globalización se convierte en un concepto naturalizador que pretende expresar el nivel actual alcanzado por el “progreso” de la humanidad. Se reconocen que existen unos costes en estos procesos que se deben a que la globalización no ha alcanzado su total plenitud. O los más críticos reconocen que hay unos costes que pueden corregirse mediante programas como el “Milenio” de Naciones Unidas. Este discurso crítico se cuida muy bien de denunciar las causas y los agentes responsables, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, las políticas neoliberales, la financiación de la economía internacional, la acción de las multinacionales, el apoyo a las dictaduras cómplices gobernadas por elites que viven en la opulencia y la gran mayoría en la miseria, etc.

Los mercados, son otro ejemplo de lo mismo. Un mecanismo opaco, anónimo, imprevisible y fatal. Pero en realidad son firmas y personas con nombres y apellidos, inversores improductivos, bancos cuyo único afán es el lucro inmediato, agencias de evaluación corruptas. Sería hora de no confundir mercado, inversión, finanzas, términos relativamente neutros, con lo que es simplemente especulación, un siniestro juego de pirámide que pagan la inmensa mayoría que son los ciudadanos comunes. La lógica de los mercados globales especulativos conduce a un aumento de las desigualdades y de la dualización social como lo demuestran los impactos de la crisis actual.

La flexibilidad del mercado de trabajo es únicamente generalizar la precariedad de los trabajadores y en especial de los jóvenes, legitimar el desempleo como un indicador de economía moderna. Se utiliza una palabra con una carga genérica positiva para nombrar una realidad regresiva y perversa. El “precariado” reproduce a gran escala el ejército de reserva de mano de obra, produce un nuevo lumpenproletariado al que se pueda criminalizar y va vinculado a los procesos de privatización de servicios y empresas hasta una época reciente de carácter público. La privatización de servicios de vocación universal, como la sanidad, la educación o los transportes, esta destinado a dualizar a los ciudadanos: sectores altos y una parte importante de los medios serán clientes de los servicios privados y el resto, que será más del 50%, dependerá de unos servicios básicos deteriorados y unos programas sociales de mínimos. Probablemente la precarización del trabajo representa la mayor regresión respecto al capitalismo predominante en la segunda mitad del siglo XX en el que fue compatible con un rol económico importante del sector público y el establecimiento de políticas de bienestar social con vocación universal.

La revalorización de la identidad y laimportancia adquirida por la individualizaciónson dos dimensiones del discurso dominante sobre la globalización.

La identidad es una palabra peligrosa nos dice Tony Judt. Es cierto, pero a veces resulta incómodo criticar un exceso de afán identitario de colectivos sometidos a un poder externo, pues te encuentras al lado de los que critican esta identidad en nombre de la suya, la dominante. La identidad hoy de los pueblos o comunidades, tengan Estado propio o no, es hoy una mezcla multicultural que vive procesos de fusión relativa o parcial. Por lo tanto en ningún caso puede discriminarse a nadie en nombre de una identidad autóctona esencial y permanente. No es, en el plano teórico, discutible el reconocimiento de derechos iguales de todos los habitantes de un territorio y de la universalidad de un conjunto de derechos básicos en proceso de codificación continua. Es evidente que ni los derechos proclamados por la revolución francesa de 1789 ni los derechos humanos de la Carta de NN.UU. hoy no son suficientes (aunque en gran parte del mundo no están satisfechos). El derecho de una colectividad al autogobierno puede apoyarse en la identidad histórica pero solo puede ejercerse a partir de la voluntad mayoritaria y no discriminadora de su población actual. En la cuestión que ahora tratamos, sobre los usos del lenguaje, nos importa principalmente el uso perverso que los diferentes tipos de “neocons” usan la identidad para crear guetos de privilegiados o para excluir a colectivos sobreexplotados. Un ejemplo reciente es el discurso público de un líder de los neocons: “es antiamericano facilitar que los pobres ejerzan el derecho de voto” (citado por Harvey en la nota 30).

La individualización es otro lugar común tanto de los cientistas sociales como de los medios de comunicación. Es un tópico muy actual… desde el Renacimiento. Es cierto que en las últimas décadas se han acentuado los comportamientos individualizados: por ejemplo respecto a la movilidad, a las comidas cotidianas, a los horarios de cada uno, las relaciones sociales, etc. (la lista es casi infinita). En nombre de la individualización economistas y politólogos legitiman modelos analíticos que parten del “individuo tipo” y se abandonan los conceptos clave de la estructura y el conflicto sociales, como es la “clase”. La afirmación convertida en paradigma de que no hay “sociedad” hay individuos es una de las bases ideológicas principales de las políticas neoliberales. Pero un análisis elemental nos permite comprobar que la socialización de los individuos es hoy probablemente mayor que en épocas pasadas. Se mantiene la familia como entidad social solidaria, se revaloriza el barrio, se multiplican las redes sociales asociativas (las reales y las virtuales) y sobre todo los individuos dependen cada vez más de los servicios públicos o de carácter colectivo (educación, salud, cultura, ocio, asistencia social, etc.). En las relaciones de trabajo subsisten las clases trabajadoras asalariadas que representan más del 50 % de la población activa, aunque una parte de ellas usen el ordenador en vez de un telar, un torno o una máquina de escribir. Y tanto los estudios estructurales como los comportamientos y los conflictos sociales nos muestran la pertinencia del concepto de “clase”, aunque se hayan modificado sus formas y sus denominaciones. Como en los otros casos citados un concepto como individualización que puede servir si se relativiza su uso en realidad es con frecuencia utilizado como un medio de escamotar el carácter “clasista” de nuestras sociedades.

La seguridad,la gran palabra para los apóstoles del miedo, los mensajeros de los peligros que nos acechan, los mesías que nos traerán tranquilidad por medio del autoritarismo y la exclusión de las “clases peligrosas” (recuerden: “Clases trabajadoras, clases peligrosas”, la obra clásica de Louis Chevalier). La paradoja del mundo occidental: nunca ha existido mayor seguridad que la que disfrutamos hoy, si nos atenemos al uso que se le da hoy en nuestros países (delincuencia urbana, es decir robo o violencia en el espacio público). Sin embargo aparece como principal preocupación a la par que el desempleo o la inmigración! Inseguridad hay, pero por otras razones y en otros aspectos: el trabajo y la desocupación, la seguridad social y las pensiones, la vivienda y las hipotecas, la educación y el porvenir de los hijos, el acceso y la cualidad del servicio de salud, etc. y también por la pérdida de referentes territoriales y socio-culturales y la dificultad de entender y gestionar los cambios que se producen en el entorno, es decir la llamada globalización. Estas inseguridades incontrolables se subliman y encuentran en la delincuencia urbana (casi siempre de baja intensidad) y en la presencia de gentes diferentes (inmigrantes, en especial jóvenes) en el espacio público compartido el chivo expiatorio. Importantes poderes políticos y mediáticos contribuyen decisivamente a que las inseguridades profundas se reorienten y focalicen transfiriendo la inseguridad difusa a la ciudad. Combatir la ideología del miedo y de la inseguridad es hoy una tarea tan importante como la denuncia del racismo y la xenofobia y el fanatismo identitario forman parte del mismo complejo de angustias de la época. Jóvenes, pobres e inmigrantes son las víctimas de la inseguridad manipulada.

La inmigración precisamente es otro concepto mal usado. Inmigrante es el que se traslada de un territorio a otro. Es alguien que viene de fuera, que está de paso, para un período relativamente breve. Pero si se instala en un país determinado deja de ser inmigrante, es un residente, un ciudadano cuyo status debe reconocerlo la Administración del lugar. El hecho real es que en la Europa actual inmigrantes son los “no comunitarios” y sea cual sea su situación de “residentes”, con o sin trabajo, llegados recientemente o con años de residencia, con arraigo familiar o no, con “papeles” (siempre insuficientes para tener plenos derechos) o “sin papeles”. En la práctica son inmigrantes los que buscan trabajo o realizan actividades poco cualificadas, es un concepto “clasista” no “étnico”. Los profesionales, los empresarios, los rentistas, los residentes europeos de la tercera edad, etc. no son llamados “inmigrantes”. ¿Porqué se utiliza incorrectamente el término inmigrante? Muy simple: sirve a mantener ante la opinión pública y ante los mismos así denominados que son considerados gente de fuera aunque tengan aquí residencia formal, hijos, proyecto de futuro. Es formalizar y legitimar mediante el lenguaje su status precario, su “capitis diminutio” (derechos reducidos), su desigualdad permanente, el estar siempre bajo sospecha y bajo amenaza (el temor atávico y la xenofobia hacia el “extranjero”). El enorme “ejército de reserva de mano de obra” que representan los inmigrantes, su status y sus condiciones de vida, recuerdan los peores casos del “capitalismo manchesteriano” descrito por Engels en su obra La situación de la clase trabajadora en Inglaterra. Y en el caso actual se “legitima” mediante un uso fraudulento de la “extranjería”.

El gasto público considerado como despilfarro y los recortes como una necesidad objetiva que creara las bases para la reactivación económica. Mentiras aunque sean avaladas por autoridades políticas, económicas o académicas. El supuesto despilfarro en el gasto público (inflación de personal, baja productividad, etc.) existe pero es relativamente fácil de conocer y de exigir las reformas que lo reduzcan al mínimo. Pero la crítica sería válida si se compara con el sector privado que ha sido el principal generador de deuda (los bancos y el bloque “cementero tres veces más que los compradores de vivienda). Conocemos lo que producen los servicios públicos, en general se considera que se trata de bienes o servicios de carácter universal, es decir que interesan a todos los ciudadanos. Pero no sabemos muchas veces si lo que producen las empresas privadas es lo que corresponde a las necesidades sociales y a las demandas solventes. Si que podemos sospechar o constar que en nombre de la demanda solvente la industria farmacéutica por ejemplo se ocupa mucho más de investigar y producir productos de belleza que remedios para las enfermedades masivas. Y los promotores y constructores crean urbanizaciones en el desierto que quedan abandonadas y se financian con créditos que los bancos si no los cobran son compensados por el Estado. Bancos que a su vez especulan en ámbitos globales, cierran las puertas al pequeño o mediano capital productivo local (el principal generador de empleo), distribuyen dividendos e indemnizaciones a sus consejeros y directivos, gracias a que son refinanciados por el gobierno con lo cual aumenta la deuda pública que luego debe cubrirse recortes sociales. Los recortes, como el paro, a su vez afectan principalmente a la educación, a la sanidad y a los programas sociales y se utilizan no solo para reducir la deuda pública, también sirven para fomentar procesos de privatización de los servicios públicos que supone un inicio de liquidación del welfare state. Estos recortes van unidos a contrarreformas fiscales que reducen los impuestos con el argumento que habrá más inversión y se creará más empleo. Falso. Como además se “recortan” los salarios, no solo aumenta la pobreza también se reduce la demanda solvente lo cual conlleva recesión y desocupación. Y la minoría privilegiada aumenta su patrimonio, espera mejores tiempos para invertir o lo hace en otras partes del mundo. Es decir hay una dinámica que nos lleva a los peores modelos de sociedad del siglo XIX.

Del planeamiento y la regulación a las estrategias y los proyectos concertados. Un ejemplo de la fuerza del mercado especulativo propio del capitalismo financiero actual es como se ha pasado sin solución de continuidad del planeamiento público a los proyectos que interesaban a la iniciativa privada con independencia de los grandes principios de sostenibilidad, cohesión social, corrección de desequilibrios, etc. La desregulación financiera ha ido acompañada por la desregulación urbanística. Esta última ha sido avalada, a veces con buena fe, por profesionales y políticos democráticos. El camino ha sido casi siempre el siguiente: 1) Primero, a finales de los años 70 y principios de los 80, se toma conciencia de la rigidez del planeamiento, el largo proceso de elaboración, su eficacia para prohibir pero mucho menos para construir. El autor recuerda que él, como responsable de política municipal del PSUC, indicó a alcaldes y regidores de urbanismo que en su primer mandato “priorizar las plazas y no los planes”. La crítica al planeamiento general tenía una base cierta pero fue instrumentalizada en muchas ocasiones para actuar sobre el territorio según fueran las iniciativas privadas o sectoriales. 2) A finales de los 80 emerge el “planeamiento estratégico” que rápidamente se pone de moda. Se da por supuesto el marco jurídico urbanístico (leyes, planes) generales y se proponen un listado de proyectos, unos ubicados en el territorio y otros donde surja la “oportunidad”. El atractivo de este planeamiento es que crea tres ilusiones: un escenario de futuro consensuado con los actores sociales y económicos y con diversas instituciones y organismos del Estado; una aparente concreción de proyectos deseables para el territorio; y el espectáculo de una presentación mediática legitimadora ante la ciudadanía. En la práctica se trata de retórica sobre la ecuación (imposible) y poner en la agenda algunos proyectos que se podrían haber colocado igual sin el plan estratégico. 3) El tercer momento desregulador vino inmediatamente: el urbanismo concertado, los convenios en Madrid y los “new projects” en Barcelona. Se ofrecen máximas facilidades a la iniciativa privada que se hace cargo de proyectos urbanos más o menos complejos en las localizaciones que más le convienen. El discurso estratégico, creado en el marco de la empresa privada, ha sido en muchos casos el facilitador de la colusión entre instituciones de gobierno y grupos económicos. El urbanismo de la democracia posee luces y sombras. Conviene hacer un análisis de clase (quién ha ganado qué en la transformación urbana del país) para poder establecer un balance. Apuntamos tres hipótesis. Una. Los principales beneficiados han sido un importante grupo de de nuevos ricos que se ha unido con los que ya lo eran y transfirieron inversiones e influencias a la especulación del suelo, la promoción y la construcción. También han ganado en el festín las entidades y los representantes del sector financieros. Cuando estalló la burbuja el Estado los ha resarcido.
Dos. Los efectos depredadores, físicos y morales sobre el territorio y la sociedad han sido inmensos y en gran parte irreversibles. Hacer ciudad en las extensiones mal urbanizadas, apostar por una nueva cultura sobre la movilidad, el agua y la energía y regenerar moralmente una parte importante de la sociedad que ha presenciado y asumido que las formas de enriquecimiento no dependen del trabajo y de la profesionalidad no será fácil ni rápido. Tres. Una vez más las víctimas han sido los sectores populares. La realidad y la metáfora la encontramos representada por los miles de desahuciados que pierden la vivienda y continúan deudores de los bancos.

Sobre los modelos urbanos.

Algunas ciudades han realizado procesos urbanos exitosos, por lo menos en el corto plazo. Se han legitimado para continuar promoviendo proyectos cada vez más ostentosos y más vinculados a las iniciativas privadas. No se ha prestado atención a los efectos perversos del éxito, a la fuerza de las dinámicas del mercado, a la intervención agresiva sobre el tejido urbano cuando la calidad del nuevo entorno urbano genera oportunidad de negocio. Pero la ciudad, sea Barcelona, Bilbao o Madrid, se autoproclama modelo, ejemplo de modernidad, referencia internacional. Y durante un período más o menos largo los proyectos continúan y las contradicciones se hacen más evidentes. El modelo ha hecho posible la impunidad.

La referencia a un modelo o proyecto ajenos legitimadores han sido constantes en el urbanismo moderno. Barcelona ha servido de modelo referencial partir de los 90, aunque en los últimos años empezó a romperse el encanto en los medios profesionales. Por una parte se había mitificado su urbanismo, sus luces pero no sus sombras. Por otra se han realizado proyectos en otras ciudades que se reclamaban del “modelo” y en algunos casos se ha hecho lo contrario del mismo. Por ejemplo el “Plan estratégico de Puerto Madero” (en realidad un “gran proyecto urbano”) en Buenos Aires y el proyecto olímpico de Rio 2016. Lo mismo ha ocurrido con Bilbao y el Gugenheim: el éxito de un edificio emblemático como ha sido el de Ghery ha llevado a muchas ciudades a buscar un “arquitecto divino” que marcara el territorio, al estilo del ya citado Koolhaas).

Planeamiento para qué?

El concepto de planeamiento vuelve progresivamente a la actualidad. A priori el que se reconsidere su importancia, después de algunas décadas de valoración baja, parece positivo. La desregulación de las políticas económicas y territoriales nos ha llevado a una situación caótica y catastrófica. Sin embargo la reivindicación del planeamiento suena muchas veces como un brindis al sol y también como la ocasión para que se expresen intereses corporativos, legítimos pero particularistas, que identifican cualquier planeamiento con el “interés general”. Reclamar el planeamiento sin precisar objetivos y actuaciones, es decir estrategias de implementación, es simple retórica legitimadora de cualquier cosa. El planeamiento territorial por ejemplo puede perseguir objetivos positivos que se le suponen, pero no están garantizados como promover o mejorar la oferta de bienes y servicios colectivos destinados a la población y a las actividades, reducir las desigualdades sociales, facilitar la deliberación ciudadana en relación a las políticas públicas, etc. Pero muchas veces es una palabra que se utiliza en vano y que puede servir para legitimar actuaciones público-privadas que contradicen los objetivos teóricamente proclamados. La vida local es una fuente infinita de ejemplos como veremos más adelante.

Intermedio personal (31). El autor asume una parte de responsabilidad en la difusión de sus propuestas urbanas con efectos perversos, no deseados, en América latina. Sobre tres temas principales: la descentralización, el planeamiento y los proyectos. En un contexto diferente y por la fuerza de las dinámicas y de los agentes dominantes, estas propuestas en algunos casos han servido a objetivos contrarios a los pretendidos. La descentralización en el contexto europeo y en un momento histórico de auge de los movimientos sociales populares y de clases medias locales y regionales favorecía a la vez la participación popular activa, las políticas públicas más receptivas a las demandas sociales y la reducción de las desigualdades sociales y territoriales. Pero en pleno auge de las políticas neoliberales en América latina la descentralización en otros casos podía servir a preservar privilegios (Bolivia) o a empobrecer las políticas públicas en municipios habitados en su gran mayoría por sectores populares (Chile). El planeamiento urbanístico convencional en los países más desarrollados tenía una base legal muy fuerte pero cuya rigidez podía resultar paralizante en unos casos y objeto de modificaciones sucesivas que desnaturalizaba el entramado planificador. Por ello pareció un progreso completar el planeamiento regulador mediante el planeamiento estratégico que concretaba actuaciones de “interés general” a corto o mediano plazo. Es un tipo de planeamiento legitimado por un proceso participativo que incluía a las administraciones públicas junto con las organizaciones sociales populares y sindicales, universidades y asociaciones profesionales, además de los sectores económicos públicos y privados. Pero en América latina el planeamiento era mucho más débil y la anarquía urbanística mucho mayor que en Europa y por otra parte las organizaciones populares y los sectores intelectuales eran más reacios y desconfiados en participar en procesos de carácter general por considerar que no tendría eficacia alguna. En la práctica tuvieron bastante razón. Los planes estratégicos, en Colombia y en Brasil, se elaboraron sobre todo entre representantes de los gobiernos locales y actores económicos privados y no fueron más allá de priorizar algunos grandes proyectos que dejaron en herencia a los gobernantes posteriores. Los grandes proyectos en diversas grandes ciudades latinoamericanas tomaron como referencia a seguir la experiencia de Barcelona. En algunos casos fue positivo, como por ejemplo la importancia atribuida al espacio público (en México, en Río de Janeiro, en Bogotá), la rehabilitación del centro histórico (en Santiago de Chile, en Ciudad de México), en la reforma política local (México, Sao Paulo, Buenos Aires), en hacer ciudad en la periferia (Santo André/Sao Paulo, Bogotá). Pero tuvo una eficacia mediata, de tipo político-cultural que no de actuación inmediata, pues o no se ejecutó o se hizo solo en parte. Y hubo casos que la referencia a Barcelona ha servido para hacer lo contrario como ocurrió con el proyecto de Puerto Madero, un propuesta inicial asesorada por un equipo de Barcelona, había elaborado un proyecto integrado al área central de la ciudad, de carácter polivalentes y de composición social diversificada. El resultado ha sido una operación altamente especulativa para crear un gheto de oficinas, ofertas de ocio y vivienda exclusivamente para sectores altos. Más recientemente el proyecto olímpico de Río en vez de propiciar un reequilibrio de la ciudad, basado en concentrar gran parte de las actuaciones en el triángulo Centro-Puerto-San Cristóbal/Maracaná, ha optado por realizar las principales inversiones en el Sur rico y lejano donde viven los sectores sociales más acomodados. Creo que en el plano político-cultural la “influencia barcelonesa” ha sido positiva, sin embargo los efectos inmediatos han sido en muchos casos discutibles, inoperantes o negativos. Ello es debido que faltó primero una visión más autocrítica respecto a nuestra propia experiencia (ver mi libro reciente Luces y sombras del urbanismo de Barcelona, op.cit) y en segundo lugar no es evaluó acertadamente el carácter o la fuerza de los interlocutores latinoamericanos, que por falta de medios o por insuficiente voluntad política no pudieron llevar a cabo los objetivos que se proclamaban. Volvamos a los conceptos confusionarios.

El urbanismo y la arquitectura, o el urbanismo no es arquitectura.

En sociedades que viven procesos de urbanización acelerados, el hacer ciudad sobre la ciudad y ordenar el desarrollo de las periferias y de regiones metropolitanas, se convertido en una disciplina muy socializada y objeto de debate político, cultural y mediático. Pero esta disciplina, que posee una importante base teórica y empírica (en el caso de Catalunya con Cerdà como figura fundacional) ha sufrido una deriva lamentable. Al menosprecio del marco político y legal en nombre de proyectos puntuales, arbitrarios urbanísticamente y al servicio de intereses particularistas se ha añadido como la consideración del urbanismo como una técnica derivada de la arquitectura entendida a su vez como obra de arte del autor y como voluntad de negocio de sus clientes. El urbanismo es ante todo una dimensión de la política. Primero hay un proyecto de ciudad, es una opción social, cultural, económica, ambiental, es decir política. A partir de esta premisa se pueden plantear proyectos de escalas muy diferentes y ubicarlos en el marco legal que les corresponde (plan general, especial o parcial, proyecto de rehabilitación o de espacio público, programa de viviendas, etc.). El proyecto preliminar comporta en esbozo de diseño que excepcionalmente puede ser un “objeto singular” pero en general es un diseño funcional que permite el debate ciudadano. La política y la legalidad son los dos pilares del urbanismo.

Hacer vivienda no es hacer ciudad, pero sin vivienda no hay ciudad.

Los programas de vivienda masiva han producido no-ciudad y déficit de ciudadanía. Han sido la prueba visible de la imposibilidad de la ecuación ciudadana, la expresión más contundente del carácter perverso de los procesos urbanizadores dominantes. La vivienda hace ciudad, sin ella la ciudad muere lentamente. En la ciudad compacta, donde se hace ciudad no se ha hecho (o muy insuficiente) vivienda pública o protegida, se ha dejado para el mercado libre y el sector público ha hecho infraestructuras, equipamientos, centralidades, espacio público… y gradualmente ha ido empujando a los sectores populares, jóvenes principalmente hacia la periferia. La vivienda fuera de la ciudad por su parte, en las extensiones periféricas de urbanización dispersa o fragmentada, produce un fuerte impacto sobre los elementos básicos de la ecuación: la cohesión, la sostenibilidad, la gobernabilidad, incluso la competitividad. La ciudad es un motor económico y cultural, animada y atractiva si es densa y compacta, heterogénea y mezcla de poblaciones y actividades. Si falta esta densidad y diversidad la ciudad se empobrece, se muere de noche mientras que la periferia se muere de día, El urbanismo y la vivienda están estrechamente relacionados, son interdependientes. Es por lo tanto disparatado separarlos como con frecuencia ocurre en las distintas escalas de gobierno, a veces por una razón tan impresentable como poder repartir más cargos políticos. La vivienda depende del suelo, sin política de suelo no hay política de vivienda. Y la ciudad integradora y creativa depende de la mixtura entre vivienda y actividades. La vivienda al margen de la ciudad en barrios cerrados de clases medias o altas o urbanizaciones de baja calidad y alejadas del centro urbano destinadas a “vivienda social” genera un déficit de ciudadanía. La legislación urbanística por medio del planeamiento, la política financiera y fiscal y los gobiernos locales y autonómicos competentes deben por lo tanto plantearse tres objetivos: suelo, financiación de la vivienda y compacidad de la ciudad. El suelo urbano o urbanizable no puede ser una mercancía con la que se especula, por su naturaleza es un bien común. En consecuencia debería ser de dominio público. Como en el actual contexto político-legal no parece viable la socialización o municipalización del suelo (como se hizo en Catalunya en 1937) es posible mediante la combinación de la fiscalidad con el planeamiento reducir al mínimo (al beneficio industrial medio) la plusvalía urbana. La financiación de las políticas activas de vivienda en el marco de la crisis actual permite plantear soluciones tan radicales como necesarias: la nacionalización (por parte del Estado o de las Comunidades autónomas) de una parte importante del sistema bancario que permita crear un Banco Hipotecario y de Tierras potente se haga cargo del stock disponible de viviendas, que haga préstamos para acceder a la vivienda preferentemente mediante cooperativas y que progresivamente substituya una parte importante de la vivienda de propiedad por la de alquiler. Y finalmente la legislación urbanística debe priorizar el desarrollo urbano sobre la ciudad o en su continuidad, lo cual significa impedir como regla general las urbanizaciones dispersas, los barrios segregados y cerrados, los parques temáticos (empresariales, tecnológicos, universitarios, comerciales, etc.) en tierra de nadie. El urbanismo no puede tolerar la disolución urbana y la imposibilidad estructural de avanzar en la solución de la ecuación ciudadana. Sobre la política de vivienda y su relación con el urbanismo véanse las referencias de las notas relativas al apartado siguiente sobre “los actores del desarrollo urbano (32 y siguientes).

La ética y los valores propios del urbanismo y la dimisión de profesionales y analistas.
En esta lista del lenguaje cuestionado destaca un silencio culpable, una omisión difícilmente aceptable. En el debate urbanístico actual han desaparecido las dos principales razones que justifican el urbanismo moderno nacido con la ciudad industrial y metropolitana (para entendernos Cerdà, Hausmann, Sitte, Geddes, Garnier, etc.). Primero: Regular y orientar el desarrollo de la ciudad de forma tal que pudiera ofrecer a todos los habitantes los bienes y servicios que necesita para vivir, trabajar, educarse, ocupar el ocio, movilizarse, ser atendido (salud, pobreza, etc.), sentirse seguro, ser reconocido por los otros y poder interactuar en el espacio público. Son los valores funcionales y éticos orientadores del urbanismo por lo menos sobre el papel. Segundo: Intervenir en la transformación social por medio de la ciudad. Esta segunda razón, menos evidente pero muy presente en la mayoría de los urbanistas más cualificados pretende contribuir a promover mediante el urbanismo las reformas sociales que hicieran la ciudad (la sociedad) más justa y solidaria y a los ciudadanos más libres y felices. Una razón que expresaron con fuerza los socialistas utópicos, estuvo muy presente en Cerdà (la “ciudad igualitaria”) mientras que en otros, como Hausmann, también plantea un urbanismo de reforma social aunque es en beneficio de la burguesía propietaria y con la finalidad complementaria de ejercer mayor control social urbano sobre las clases populares. Actualmente los planes más ambiciosos y los grandes proyectos urbanos no se plantean contribuir a la reforma de la sociedad, a veces parecen más pensados para hacer más ricos y arrogantes a los poderosos. Aunque hay excepciones y sobre todo muchos de estos proyectos tienen de todo, incluso pretenden conseguir la ecuación milagrosa pero en el proceso de ejecución y gestión tienden a imponerse los más fuertes, es la lógica del mercado. En general en el urbanismo actual falta una aspiración a la justicia social.

Profesionales e investigadores: corporaciones protectoras.

Los actores económicos y los responsables políticos necesitan de los profesionales que elaboran planes y proyectos y que luego los diseñan y ejecutan o gestionan. Y son muy sensibles a las críticas, positivas y negativas, de los investigadores, expertos, analistas que se expresan en libros o artículos especializados o en los medios de comunicación, puesto que éstos son legitimadores. La posibilidad, y el privilegio, de hacer planes y proyectos que condicionaran la vida de los ciudadanos exige como contraparte una ética de la responsabilidad que va más allá de las normas legales, de las decisiones políticas o de los intereses de los clientes. Ya nos hemos referido anteriormente a la ética propia del urbanismo, al interés colectivo, a la justicia social. Esta ética afecta tanto a los profesionales que intervienen en el urbanismo como a los investigadores o publicistas que están en condiciones de criticarlo y legitimarlo. Si consideramos los resultados a medio o largo plazo del urbanismo español de las últimas décadas, la complicidad masiva de los profesionales y la aceptación mayoritaria del mundo académico, deberemos concluir que estos estamentos han actuado, o han callado, con total impunidad. Y lo han hecho porque se sienten protegidos.

Parece una necesidad de salud pública cuestionar el status protector de los profesionales y de los investigadores, los primeros protegidos por la “corporación” de la que forman parte y los segundos por formar parte de un cuerpo etéreo, la comunidad científica. Estos dos cuerpos tienen en común que se rigen por sus propias reglas las cuales establecen normas éticas y relativas a la calidad del trabajo. En el caso de las corporaciones profesionales la ética se reduce prácticamente al respeto del marco legal específico que con frecuencia es aplicado por la propia corporación a la que se delegan funciones públicas. La evaluación del trabajo corresponde al cliente. El profesional, sea empresario o asalariado, liberal o funcionario, cumple si realiza el encargo que ha aceptado y no tiene porqué cuestionar su uso social. Y si el trabajo sigue lo que marcan las leyes y los manuales ha cumplido. La comunidad científica es más autónoma, y con frecuencia autista, pues no está sometida al control público como las corporaciones profesionales. Es un mundo cerrado, sectario y conservador, regido por normas destinadas a la autoreproducción y a impedir el juicio externo, con las cuales construyen una realidad ficticia que en el fondo naturaliza la realidad existente como única posible. Véase el comentario sobre la comunidad científica al final del punto siguiente.

La democracia local, la descentralización, la proximidad.

No es oro todo lo que reluce. El descrédito de los gobiernos y de los partidos ha revalorizado la imagen de la de la política, o mejor dicho el mito, de proximidad. Es obvio que la cercanía a las personas que detentan una cuota de poder favorece el control social pero muchas veces el resultado es el contrario de lo esperado: falta masa crítica de territorio o de población, competencias débiles y recursos escasos, pantalla entre los ciudadanos y los centros de decisión, etc. Antes de dar como positivo cualquier proceso de acercamiento entre instituciones y ciudadanos conviene evaluar sus efectos prácticos. Los gobiernos locales son más vulnerables ante los grupos económicos y la propia presión social de su entorno, es más fácil que se generen redes clientelares y formas de relación de dependencia caciquil, pueden tender a crear nichos privilegiados e insolidarios, etc. Y ya hemos expuesto como los gobiernos locales han sido cómplices de los perversos procesos de urbanización especulativa, en muchos casos sin otro fin que responder a presiones sociales, o a un espejismo de progreso, o para conseguir más recursos para el municipio. Una complicidad que ha facilitado también que se multiplicaran los casos de corrupción. El discurso que atribuye virtudes indiscutibles al gobierno local puede ser sospechoso.

Democracia

Finalmente nos parece urgente cuestionar el concepto y el uso de una palabra mágica que nadie discute: democracia. Declarar que los países de Europa occidental no son “democráticos” parece una aberración, puesto que son Estados de derecho, con constituciones que garantizan un régimen de libertades públicas, se asientan en un conjunto de políticas sociales (welfare state), etc. También es cierto que en comparación con otros parecen más “democráticos” que la gran mayoría de países del resto del mundo. Pero la democracia no se reduce a un conjunto de derechos formales, a un conjunto de procedimientos garantistas, a la elección de los gobernantes especialmente. La democracia para qué? Volvemos a la pregunta que Lenin espetó a Fernando de los Rios con ocasión de la fundación de la III Internacional. La democracia es un régimen de libertades que no solo sirven para garantizar en el plano político-jurídico la libertad y la igualdad teórica de las personas, también conlleva la realización por parte de los gobiernos elegidos de políticas públicas que hagan reales los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que limitan las libertades y expresan las desigualdades que se dan en las sociedades humanas, estén más o menos desarrolladas. Hoy, afortunadamente, ya no vale exaltar la democracia en abstracto. La reacción ante la crisis ha puesto sobre la mesa la “democracia real”, es decir la que da respuestas positivas a los derechos de todos. Lo cual supone poner en cuestión la naturaleza del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es, obviamente, un progreso respecto a los Estados autoritarios basados en la concentración de poderes en el Ejecutivo, el no sometimiento al voto de los ciudadanos y en la arbitrariedad y autoritarismo consiguientes. Sin embargo las constituciones, las principales normas que organizan el Estado y su posterior interpretación y aplicación, son resultado de las relaciones de fuerza en la sociedad. En sociedades divididas en clases sociales actúan un conjunto de poderes fácticos (económicos, corporativos, mediáticos, religiosos, militares, etc.) con una gran capacidad de imponer o influir decisivamente en los poderes del Estado. En la mayoría de países de “democracia representativa” es fácilmente perceptible como gobernantes, legisladores y jueces actúan más como representantes de algunos de estos poderes fácticos que del conjunto de los ciudadanos. El resultado es que en la práctica el Estado de Derecho limita considerablemente los principios de libertad e igualdad que lo informan. Limitaciones a la representatividad y a la voluntad populares (sistemas electorales, restricciones a las consultas o referéndums, etc.), políticas públicas favorables a minorías privilegiadas y que acrecientan las desigualdades sociales, represión sobre los colectivos o personas consideradas “antisistema”, etc. El Estado de Derecho en su funcionamiento no es lo que sus principios fundamentales dicen que debe ser. El derecho a desobedecerlo es legítimo. A la mitificación del este modelo de Estado, expresado en la Constitución, en las leyes, en los actos de gobierno y en las leyes de los jueces, hay que oponer el “derecho a la desobediencia” o el legítimo “derecho a la ilegalidad”. Es posible ejercer este derecho legítimamente cuando podemos referirnos a los principios generales del mismo o a las cartas internacionales de derechos y a las nociones de libertad y justicia presentes en la conciencia social del momento. En estos casos la opinión pública, o parte de ella, e incluso ciertos sectores de los poderes del Estado o fácticos, pueden entender o aceptar esta legitimidad.

Considerar “democráticos” sin más, a nuestro país y a los de nuestro entorno, es por lo menos una enorme exageración. Incluso en el plano político-jurídico los déficits democráticos son visibles: sistema electoral que favorece las oligarquías partidarias y que no respeta el principio del valor igual de los votos, exclusión de la población residente que no posee la nacionalidad española, influencia decisiva de los grandes grupos económicos y mediáticos en la formación de la opinión pública, etc. El reciente fenómeno de los “acampados” ha enfatizado estos déficits al reivindicar una “democracia real”. Pero es solamente un aspecto de la “realidad democrática”. Si las políticas públicas no mejoran el bienestar de la población y no reducen las desigualdades sociales, se está negando la justificación de la democracia “representativa”. Los gobiernos elegidos no son legítimos únicamente por su origen, es preciso que luego se legitimen mediante sus políticas. Y las actuales políticas económico-sociales de la UE permiten concluir que no vivimos en países democráticos. La Universidad es la institución más adecuada para hacer esta denuncia, por su conocimiento acumulado, por su independencia y por los valores que se supone que guían su comportamiento público.

Recuperar un lenguaje real.

La recuperación de un lenguaje que en vez de crear confusión aporte claridad, que indique las fallas de la sociedad en que vivimos, que señale causas y responsables, que indique salidas y proponga alternativas, que denuncie los lenguajes de la ocultación y de la legitimación de lo existente. Cada día podemos escuchar a algunos políticos o intelectuales prestigiosos denunciando los males del mundo, como si de plagas bíblicas se tratara: el hambre y la miseria, las víctimas de las guerras y los que mueren de sed, los que no tienen casa y los que emigran para sobrevivir, las mujeres que sufren violencia o son objeto de tráfico, las niños abandonados y famélicos, los que mueren de enfermedades endémicas, etc. Pero casi nunca citan a los organismos internacionales como el Fondo Monetario o la Organización mundial de comercio, las multinacionales que explotan la mano de obra de los países pobres y las que no permiten que les lleguen fármacos y alimentos, los entes financieros especuladores y sus cómplices políticos, etc. La vocación política de las ciencias sociales es analizar y denunciar lo que los medios políticos oficiales y los de comunicación nos presentan como algo objetivo, así son las cosas, en el mejor de los casos como una única cara de la realidad. Pero, las causas y los agentes causantes también son otra cara de la realidad, las víctimas y los que resisten son así mismo otra cara y el medio universitario, intelectual y profesional debiera ser la cuarta cara de la realidad, la que explica, denuncia y propone alternativas, la que apoya a los que se enfrentan a esta realidad. Recordemos de nuevo la aparente paradoja de Ernest Bloch: la realidad no es la verdad.

2. Los actores no inocentes del desarrollo urbano actual (32)

Se ha “naturalizado” la ciudad como problema y se asume como una fatalidad. A partir de lo cual se consideran los efectos del tipo de desarrollo urbano como los problemas a los que hay que responder sin prestar atención a los mecanismos perversos y a los agentes que los manejan. La ciudad “infierno” es insegura, cuando no “criminal”; es “insana y la población enloquece” en ella; es “insostenible” pues requiere cada vez más infraestructuras y recursos; “la inmigración y la pobreza crean o agravan los problemas urbanos; es “ingobernable” por su tamaño y sus contradicciones. Este lenguaje está todo sacado de titulares de prensa. Es un discurso periodístico banal que ha contaminado incluso a responsables políticos y a sectores profesionales. Pero olvida tres cuestiones. Primero: vivimos la gran mayoría en sociedades urbanas, en ciudades o en sus periferias y lo que denominamos “campo” o zonas rurales casi siempre son regiones integradas en áreas urbanizadas. Los problemas no se derivan de la ciudad, al contrario se resuelven en ella. En todo caso los principales problemas se generan en la urbanización sin ciudad. Segundo: hay mecanismos y agentes que promueven el desarrollo urbano perverso, no se trata de una plaga bíblica ni del tamaño de la ciudad ni de la existencia de las poblaciones que intentan sobrevivir en ella. Tercero: las políticas públicas son cómplices de este desarrollo por acción o por omisión.

Veamos sucintamente el proceso urbanizador de las últimas décadas y el círculo vicioso de los agentes del mismo.

El doble proceso deurbanización metropolitana discontinua y de “gentrificación” y especialización de las ciudades centrales. En los años de la década “prodigiosa” del boom en España (1996-2006) ya dijimos que las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona duplicaron el suelo urbanizado (o en proceso de estarlo). La población aumentó muy poco, solo debido a la inmigración extracomunitaria. Se construyeron más viviendas que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos pero los trabajadores que las construían no las podían adquirir o debían endeudarse por encima de sus posibilidades futuras (33). Se multiplicaron las urbanizaciones dispersas, el territorio se fragmentó y la segregación social aumentó. El efecto escala multiplicó los costes sociales y ambientales (aire, agua, energía, suelo). Las ciudades centrales acentuaron por su parte mejoraron la calidad de su oferta urbana: espacio público, rehabilitación de barrios tradicionales, equipamientos y actividades culturales y de ocio, oferta comercial y de hostelería para el exterior, etc. Pero esta mejora tiene efectos perversos, es de suponer no deseados por los responsables políticos democráticos (presunción de inocencia, lo cual no dice mucho a favor de su inteligencia). El resultado de las buenas prácticas se condensa en la valorización de la oferta urbana que atrae nuevas inversiones privadas y aumenta el precio del suelo. A la vez expulsa a los sectores de bajos ingresos y atrae a sectores medios y altos y a poblaciones turísticas, congresistas, gentes de negocios, etc. Lo cual aumenta la desigualdad social en el territorio. La ciudad compacta y diversa, con su multiplicidad de ofertas en bienes y servicios atribuye un plus de recursos, el llamado salario indirecto o “ciudadano”: espacio público, oferta de servicios subvencionados, acceso a las ofertas culturales, deportivas, educativas, etc. La guetización de las urbanizaciones de vivienda social o protegida en las regiones metropolitanas puede representar lo contrario de un plus, es un coste añadido producto de la segregación social y de la distancia respecto a la ciudad compacta. ¿Cómo ha sido posible que se haya dado este proceso con el beneplácito de todo tipo de gobiernos?

El círculo vicioso de los actores del desarrollo urbano.

Distinguiremos tres tipos de actores. Primero: los que intervienen directamente sobre el territorio, lo que los italianos llamaron el “blocco edilizio” (o “burguesía cementera”, expresión afortunada debida a Joaquín Leguina): propietarios del suelo, promotores y constructores. Segundo: los actores indirectos, los financiadores (bancos, cajas, sociedades inversionistas, etc.). Tercero: los poderes políticos, que fijan las reglas urbanísticas, fiscales, crediticias, etc. Y se debe añadir un cuarto actor, finalmente víctima en muchos casos del proceso, los compradores endeudados que luego ven reducidos sus modestos ingresos y resultan insolventes. También hay que contar con pequeños especuladores, que es una parte importante de la población local que invierte y se endeuda por aceptar como axioma que con el tiempo siempre el bien adquirido aumentará de valor sin pausa alguna.

En el “blocco edilizio” intervienen los propietarios de suelo sin edificar o edificado con escaso valor de mercado. Éstos buscan obtener la máxima plusvalía urbana para lo cual el suelo debe ser urbanizable o urbano y que permita la mayor intensidad posible de edificación. Si es para hacer vivienda social o protegida se buscará suelo barato lejos de la ciudad compacta o en zonas degradadas o poco accesibles. Si es para el mercado libre el suelo se buscará en la ciudad o en zonas dotadas de accesibilidad cómoda en automóvil. Los promotores hacen la mediación con el capital financiero para obtener recursos para adquirir el suelo (que previamente puede haber pasado por varias manos) y con los gobiernos para conseguir las recalificaciones si es necesario, obtener la mayor edificabilidad posible y reducir las cesiones de suelo o su coste. Los constructores a su vez (que pueden ser también los promotores o no serlo) a su vez necesitan el crédito para empezar las obras. A lo largo de este proceso circula mucho dinero, en parte legal y transparente y en parte opaco e ilegal. El sector público recibe solo una muy pequeña parte de la plusvalía urbana generada por este proceso especulativo que en cambio enriquece a los actores privados. Incluso desde la ideología estrictamente capitalista es ilegítimo: no corresponde a ninguna inversión ni a ningún riesgo, es suficiente dejar pasar el tiempo. Los fundadores de la economía clásica “capitalista”, como Adam Smith, consideraban el suelo como un “bien común”, que no debías ser objeto de lucro privado (34).

El capital financiero, los bancos, cajas, sociedades inversoras, etc. actúan como prestamistas y especuladores. Además de financiadores de la construcción son compradores de suelo. Durante la década prodigiosa española aproximadamente el 50 % del suelo urbanizable fue comprado por el sector financiero. Luego dan créditos a los promotores y a los constructores, ingresan el dinero de los propietarios que vendieron el suelo y finalmente hacen hipotecas a los candidatos a comprar apartamentos, casas u oficinas. Aquí interviene otra perversión: sobrevaloran el edificio hipotecado para hacer un préstamo mayor e incluso los agentes financieros en muchos casos animan al comprador a que pida un crédito mayor para comprar otros bienes (por ejemplo un auto). Los beneficios obtenidos por la banca española durante el período del boom han sido espectaculares. Si los comparamos con otros países encontramos que en relación a sus activos estos bancos obtuvieron 2 veces más beneficios que los norteamericanos, 5 veces más que los franceses, 20 veces más que el Reino Unido y 30 veces más que los alemanes (cifras que debieran verificarse pues están sacadas de un artículo de la revista El Viejo Topo que no cita las fuentes). Evidentemente estos beneficios incluyen un alto nivel de endeudamiento. En España el endeudamiento privado era muy superior al público (dos tercios y un tercio). Posteriormente, en plena crisis, el Estado ha debido endeudarse más para cubrir el déficit bancario debido a la insolvencia de una parte de los deudores. Durante la década prodigiosa los bancos multiplicaron sus beneficios mediante prácticas al límite de la ley participando en entidades especulativas globales como Lehman Brothers. Cuando la crisis convirtió a muchos deudores en morosos y el valor de los pisos sobrevalorados cayó reclamaron al Estado que cubriera el agujero. Con lo cual han podido distribuir dividendos y mantener sueldos multimillonarios a sus directivos, pero han congelado los créditos a las pymes y han rechazado las demandas de moratorias de los deudores. Y se oponen a la dación del piso en pago de la deuda para mantener en su patrimonio las deudas pendientes. Los desahuciados pierden el piso o casa y mantienen gran parte de la deuda. Los bancos especuladores, por ahora, siempre ganan.

Los gobiernos, Estado, Comunidades Autónomas (CC.AA.), Ayuntamientos, han sido algo más que observadores pasivos. Han sido también cómplices del proceso. Legislaciones urbanísticas permisivas (urbanizaciones discontinuas respecto la ciudad compacta y políticas de obras públicas (carreteras y autovías por ejemplo), que facilitan la difusión urbana, fiscalidad que evita recuperar las plusvalías, promoción o aceptación de “grandes proyectos urbanos” destinados de facto a gentrificar las áreas centrales o generación de nuevas centralidades excluyentes, etc. Los gobiernos nacionales y autonómicos han sido cómplices de los bancas apoyando la práctica de las hipotecas basura y estimulando el boom inmobiliario. Un peligroso juego de la pirámide que solo podía terminar mal. Y que ha desviado el capital desde el sector productivo al especulativo generando una economía ficticia, un parque de viviendas abandonado, la ruina de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de poder adquisitivo de sectores medios y bajos y el endeudamiento del Estado para salvar a los principales responsables, el sistema financiero, con la consabida reducción del gasto público en educación, sanidad y programas sociales. Un negocio ruinoso para el conjunto del país. Durante la década prodigiosa los precios del suelo y la vivienda (el valor patrimonial y el número de viviendas se multiplicó por 3) aumentaban cada año a un ritmo mucho mayor que los salarios de facto estancados. Mientras los beneficios del bloque “edilizio” sobre la base 100 en estos años ganaron 10 puntos, los salarios reales en el mismo período bajaron 10 puntos. El 80% de las familias eran “propietarias” de vivienda pero la mayoría pagaban alguna hipoteca y más del 60% de los asalariados eran mileuristas. Resultaba imposible que el mercado interno pudiera comprar y pagar las viviendas que se producían. El endeudamiento insolvente estaba asegurado.

Los gobiernos locales han sido un actor clave por sus importantes competencias urbanísticas de este proceso, por acción y por omisión. Han favorecido o impulsado operaciones ostentosas como nuevas centralidades y de rehabilitación urbana que han desvitalizado la función ciudadana integradora y que han empujado a los sectores populares hacia las periferias. Y, sobre todo, han promovido o aceptado los desarrollos urbanos de todo tipo (densificación en unos casos, urbanización periférica en muchos otros) para atraer inversiones en el territorio, vender y recalificar suelo y aumentar la recaudación municipal: licencias, impuestos inmobiliarios, etc. Hay que tener en cuenta que en el período democrático los municipios han sido objeto de demandas crecientes y en cambio sus ingresos han aumentado muy poco pues la redistribución del gasto público se ha dado entre el gobierno del Estado y las CC.AA (la parte del sector local en el gasto público se sitúa alrededor del 15% como era antes de la democracia). Un ejemplo de la necesidad perversa de obtener recursos como fuera ha sido el uso que se ha hecho del 10% de cesión de suelo en cada operación inmobiliaria destinado a vivienda social. La mayoría de las veces el Ayuntamiento prefería recibir el valor teórico del suelo por parte del promotor que promover vivienda social. Todos ganaban: el gobierno local recibía dinero contante y sonante que destinaba a lo que consideraba prioritario y los promotores no deseaban que hubiera vivienda social al lado de su urbanización. En fin todos ganaban menos la justicia urbana. Obviamente en estos procesos se generan ocasiones muy favorables para la corrupción, no se da siempre, pero lo suficiente para que aumente el descrédito del sector público.

La sociedad local, y perdonen la generalización, ha sido casi siempre un actor presionante a favor de estos procesos. El ambiente propicio a la especulación se extendió por todas las áreas urbanizadas, en especial en las periferias de las grandes y medianas ciudades y en las zonas con potencial turístico. Pequeños y medianos propietarios de suelo exigen su recalificación, propietarios de solares o de alguna edificación quieren que su aumente la edificabilidad, el sector comercial y de la construcción apoyan el boom inmobiliario. Se generan redes clientelares entre el bloque “edilizio”, actores de la política local (y a veces nacional) y la diversidad de pequeños intereses del territorio. Entre ellos circula el dinero, no siempre legal y transparente.

La especulación no solo corrompe la vida económica y política, también corrompe a las sociedades locales que en bastantes ocasiones acaban sometidas y seducidas por verdaderos bloques mafiosos, como ocurre en el levante español (35). A los costes sociales, ambientales, económicos y políticos citado se añade un alto coste cultural o moral: se excita la codicia, el todo vale para ganar dinero, la insolidaridad y la pérdida de conciencia de los intereses colectivos y de la responsabilidad ante las jóvenes futuras generaciones; se devalúa el trabajo productivo, el esfuerzo del trabajador, la iniciativa empresarial, la atención al territorio. La década prodigiosa ha sido una enorme operación de perversión de todo un país. Y algo parecido ha ocurrido en los otros países del mundo “desarrollado”, desde Estados Unidos a Irlanda, Grecia, Italia, Portugal, especialmente.

Las ideologías legitimadoras han tenido una influencia de muy difícil evaluación pero de indudable importancia en este proceso perverso. Los medios de comunicación han exagerado ad infinitum los males de la ciudad, la inseguridad del espacio público, la droga, la congestión del tráfico, la contaminación del aire, el ruido, la suciedad, la pobreza, los inmigrantes, la mezcla con gente que no es como uno, las manifestaciones, la policía o la ausencia de ésta, el video control o la ausencia del mismo, etc. Ya hemos citado titulares recientes sacados de prensa prestigiosa (El País, Le Monde, The Economist), si reuniéramos un dossier a partir de la prensa más o menos amarilla, la más vendida, los titulares y fotografías ofrecerían una imagen terrorífica. (36). Aparece la ideología del miedo, la obsesión por la seguridad. Esta influencia mediática influyen considerablemente en todas las clases sociales, los habitantes tienden a encerrarse en urbanizaciones o en sus casas, por un espanto con frecuencia exagerado o se desmoralizados por considerar irreversible la degradación urbana. El espacio público se degrada, se hace más peligros, la predicción provoca el autocumplimiento. Hay otra influencia más sutil que se dirige a clases medias y altas: la que promueve las urbanizaciones cerradas, los “countries”, las “edge cities”, los barrios privatizados (incluso calles). Aquí interviene el afán de distinción. Los grandes medios de comunicación publican suplementos semanales dedicados exclusivamente o casi a la compra y venta de parcelas o viviendas en estos conjuntos que son la negación de la ciudad. En España por ejemplo EL País publica Propiedades y los fines de semana La Vanguardia aumenta su venta merced a un suplemento similar (tan exitoso que El País ha renunciado a distribuir su suplemento en Catalunya por no poder competir con el mismo).

Los ideólogos del neoliberalismo exaltan en artículos y entrevistas el derecho de los individuos a vivir en casas individuales y jardín, en barrios seguros y tranquilos, evitar a las gentes o los comportamientos que no quieren ver (37). La ciudad postmoderna que nos proponen es una miríada de guetos y de tribus, unas regiones urbanizadas en las que el habitat principal serán fragmentos de ciudad, socialmente homogéneas y monofuncionales. A principios de este siglo uno de los principales directivos de La Caixa publicó un artículo en La Vanguardia la prioridad del derecho de los individuos a vivir en este modelo de ciudad. Una opinión interesada, pues la entidad financiera había comprado mucho suelo urbanizable destinado a estos fines. Y el gobierno de la Generalitat financió copiosamente a finales del siglo XX un macro-proyecto y exposición, Hiper Catalunya, que proponía la disolución de las ciudades en área difusas y fragmentadas. La gran fiesta de la especulación.

Una atención especial merece las citadas “ideología del miedo” y la obsesión por la imposible seguridad absoluta, una ideología que ha resultado especialmente funcional a los procesos expuestos (38). Ya hemos señalado la paradoja que el temor a la ciudad, la inseguridad subjetiva, caracterice hoy el estado anímico de las poblaciones de las ciudades europeas occidentales, pues en comparación con el resto del mundo y con su propia historia, nunca habían alcanzado el nivel de seguridad que poseen actualmente. Esta paradoja se explica probablemente por un conjunto de factores. Existe una base objetiva. Las molestias de la vida urbana que se citan habitualmente existen, el ruido, la contaminación, la pequeña delincuencia urbana, los precios de la vivienda, etc. Pero teniendo en cuenta las ventajas comparativas que ofrecen las ciudades grandes e incluso medianas, diversidad de ofertas de trabajo y educación, proximidad de todo tipo de ofertas culturales, comerciales y de servicios, etc., no parecen razones suficientes. En algunos sectores de población se busca una vivienda mejor en segundas o terceras coronas al mismo precio que una vivienda de menor calidad o tamaño en el centro urbano, aunque los costes de la movilidad aumentan. Puede intervenir el mito bucólico de la vida campestre, de la proximidad de la naturaleza, pero la urbanización dispersa metropolitana no ofrece tampoco maravillas. El factor “seguridad” es en muchos casos un factor clave, un factor que integra diversas dimensiones. Una de ellas es obviamente la influencia de las campañas mediáticas que exageran considerablemente la realidad mediante la presentación y repetición de los casos delictivos que generan la impresión que hay más delincuencia que en el pasado aunque no sea cierto. Tampoco es una razón suficiente. Apuntamos dos aspectos relacionados con la seguridad que normalmente no se tienen en cuenta. En las sociedades urbanas actuales existe una muy visible desigualdad social creciente. Ello incide en la delincuencia urbana pero también multiplica los miedos de los “poseedores”, los que tienen mucho o bastante que perder. La pobreza provoca mala conciencia y también miedo, más o menos consciente, temor a la reacción de los desposeídos, especialmente en las clases medias y en épocas de crisis angustiadas ante la posibilidad de caer en el abismo. Una dimensión más general de la inseguridad es la que ofrece el mundo actual y el país en el que uno vive. La crisis económica y sus derivados ante todo como la precariedad del trabajo, las deudas e hipotecas adquiridas, el desempleo posible, la jubilación, la seguridad de los ahorros, el porvenir de los hijos, etc. Hay otros factores de inseguridad e incertidumbre como las guerras, lejanas pero que están presentes cada día en el televisor y en las que el gobierno y las fuerzas armadas están vinculados, o el terrorismo, una realidad que a veces se siente próxima (el temor al terrorismo y a las guerras además has sido excitado además por políticos irresponsables como Bush o Aznar. Y, las amenazas ambientales: cambio climático, catástrofes naturales o producto de las tecnología (centrales nucleares por ejemplo), agotamiento de recursos básicos como la energía o el agua incluso, etc. Esta inseguridad más etérea, a veces abstracta, ante lo cual se es impotente y no hay casi nunca un responsable próximo que pueda dar alguna respuesta o garantía, se sublima en el entorno urbano.

Un factor en parte relacionado con el miedo es el citado afán de distinción, que en nuestras sociedades desiguales, consumistas, individualistas y competitivas, coincide con los miedos citados. El afán de distinción incide en dos tendencias del urbanismo postmoderno que en realidad son las dos caras de la misma moneda: vivir en zonas exclusivas y segregar a los colectivos sociales que no se quieren ver. Un afán absolutamente peligroso y relativamente imposible. La ciudad fragmentada, cada grupo social en su gheto, no solo es la disolución de la ciudad, es también la tribalización de la sociedad. La relación entre los grupos sociales se reduce a relaciones funcionales en un sistema en que cada grupo tiene privilegios respecto a los que están debajo de la escala sin que haya interrelación entre ellos excepto las de poder. No se crean lazos o pautas comunes, cuando explota un conflicto no hay escenario ni lenguaje para la negociación. El afán de distinción llevado al extremo es por ahora muy improbable (aunque es la realidad en ciudades africanas subsaharianas) pues la estructura social y urbana existente es muy compleja, diversificada, con movilidad en ambos sentidos y muchas posiciones intermedias. Los que buscan un refugio “seguro” en una urbanización exclusiva recuerdan al niño que cierra los ojos para que no lo vean. En fin, la “distinción” llevada a la estructura urbana es a la vez una actitud peligrosa y ridícula.

3. Responsabilidad intelectual y derecho a la ciudad. El deber de la acción.

Profesionales, investigadores y escritores. Medios de comunicación y Universidad.

La crisis actual nos plantea (no solo a nosotros obviamente) a los investigadores y profesionales de materias sociales y urbanas un desafío y una oportunidad. El desafío es contribuir a entender desde una posición crítica lo ocurrido, la crisis, los mecanismos y comportamientos que la provocaron y sus efectos sobre las poblaciones y los territorios. ¿O a caso vamos a legitimar una crisis que tiene responsables que se beneficiaron de las causas perversas y muchos de ellos incluso de los resultados fatales para la gran mayoría? La oportunidad es que hoy la crítica radical y las propuestas alternativas encuentran una recepción incomparablemente mayor que hace tres o cuatro años.

En los primeros años de la crisis predominó en los medios oficiales y de comunicación una pseudocrítica, se explicaba lo que sucedía como si de un tsunami se tratara. Se culpan a los mecanismos económicos, políticos y humanos previamente “naturalizados”. Se trata de una fatalidad, un cambio de ciclo que permite sanear la economía y educar a la sociedad. Pues en realidad “la crisis la creamos entre todos”. Afortunadamente no solo los críticos del sistema, los “peligrosos antisistema” hacemos la crítica de los mecanismos y de sus conductores y beneficiados, también la hacen, ahora, incluso premios Nobel de Economía como Stiglitz. El ex presidente del Banco Mundial tituló un artículo reciente: “Solo podemos afrontar la crisis si primero mandamos a todos los dirigentes de los bancos a la cárcel” y muchos otros economistas y cientistas sociales han dicho frases parecidas. También lideres políticos, socialdemócratas moderados como los franceses y los británicos (recientemente el líder del New Labour, Miliband, ha declarado que el “neoliberalismo está acabado”) por no citar al alemán Lafontaine que ya anunciaba la crisis desde hace años. Como lo hacían algunos investigadores y profesionales, a los que los medios e incluso en las elites universitarias no prestaban ninguna atención.

En estas situaciones se deben evaluar el comportamiento del medio intelectual y académico. No solo qué aporta al conocimiento crítico de la crisis y de sus posibles salidas positivas para las víctimas de hoy y las generaciones futuras. También debemos preguntarnos qué había producido antes, que había aportado un pensamiento crítico riguroso al conocimiento de los mecanismos y actores que orientaban el desarrollo económico y urbano, cuales previsiones se podían hacer de los procesos en marcha y que propuestas se podían hacer para impedir o reducir al máximo los efectos perversos, muy previsibles por cierto, de unas dinámicas de crecimiento que recibía los parabienes de las cúpulas políticas, financieras y mediáticas.

Me temo que el rol de la Universidad, el espacio más independiente y donde se acumula más cantidad de conocimiento, no ha estado a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir en la agitada primera década de este siglo. ¿Se han impulsado programas de investigación crítica que contribuyeran a que la sociedad, los medios y las organizaciones sociales, tuvieran argumentos para denunciar los procesos en marcha? ¿Se han publicado artículos con la misma orientación en las revistas académicas más reconocidas, las llamadas “indexadas”? ¿Se han hecho declaraciones públicas por parte de equipos, departamentos, catedráticos prestigiosos, explicando los procesos económico-urbanos en marcha, hacia dónde llevaban, las medidas correctoras o alternativas que debían tomarse? Algunos, es cierto, pero que han sido silenciados no solo por los medios de comunicación también por la dominación de la economía formalista tan sofisticada como inoperante que domina en el medio académico.

Sería inexacto e injusto no reconocer que muchos investigadores y profesores universitarios han hecho trabajos críticos, algunos están vinculados a organizaciones sociales y publicaciones con esta misma orientación, probablemente incluso han participado en acciones reivindicativas. Pero no me parece que estas posiciones y comportamientos hayan sido los más representativos de la institución. Por dos razones, muy vinculadas entre sí. En las ciencias sociales académicas domina el discurso sobre lo que es la “comunidad científica” (39), otro concepto a denunciar. Se pretende equipar en el plano metodológico a las ciencias sociales con las ciencias “duras”. Pero nuestras disciplinas no solo no pueden experimentar y aislar los fenómenos a estudiar, también deben asumir que el sujeto forma parte del objeto de estudio, se mueve por valores e intereses, la subjetividad es inherente a su trabajo y la responsabilidad social le exige una ética diferente, ha de tomar partido. Sin embargo la pretensión pseudocientificista pretende exigir actitudes totalmente neutrales, acríticas, solo permite basarse únicamente en el saber establecido, es decir lo que han escrito las “autoridades de cada especialidad”, y en los datos objetivos preferentemente los de carácter cuantitativo y en las interpretaciones resultantes de la aplicación de modelos también previamente aceptados en el medio. Como resultado de ello gran parte de los trabajos de investigación y las publicaciones son de carácter insípido, inodoro e incoloro. Y lo que es más grave y menos inocente: en muchos casos se contribuye a “naturalizar” los procesos estudiados pues el marco teórico establecido y el método e instrumentos de análisis tienden a considerar que la realidad estudiada es la única posible y los comportamientos de los actores son lo que son y ningún juicio crítico o propuesta alternativa sería aceptado como “científico”. Como ven se trata de un sistema de conocimiento reductivo, deja muchos aspectos de la realidad fuera, y reproductivo, aunque se pretenda acumulativo, no cuestiona “les idées reçues” de las autoridades de la “comunidad científica”. Como escribe Jordi Llobet en su brillante libro Adéu a la Universitat “la idea que prevalece en este momento en las Universidades es evitar las ideas”, cita que remite a Lindsay Waters. (40)

El momento histórico en el que vivimos es de cambio de época. En las ciencias sociales y en las prácticas colectivas e individuales se requieren nuevos paradigmas interpretativos y nuevas orientaciones para el desarrollo urbano. Para ello hay que centrarse en las contradicciones y los conflictos que se generan en los procesos actuales. Lo cual significa analizar de cerca el comportamiento de los actores y las reacciones (los movimientos) sociales que se suscitan. Conocer los objetivos de cada uno y posicionarse según los valores y los intereses del observador-participante. Por razones éticas o morales hay que tomar partido pero además el rol del investigador o experto es contribuir a elaborar propuestas para reorientar las políticas urbanas lo cual exige posicionarse ante la existencia de ideas e intereses contrapuestos. Lo cual plantea la cuestión de tener un criterio básico que sirva a la vez para interpretar los procesos urbanos y proponer unos objetivos renovados.

El derecho a la ciudad que hemos expuesto ya al final de la segunda parte de este texto nos sirve como síntesis que expresa el conjunto de derechos que se deducen del juego entre los procesos existentes y las necesidades de la mayoría de la población. El derecho a la ciudad nos sirve a la vez de concepto analítico para evaluar la evolución de las ciudades de hoy y la calidad democrática de las políticas públicas y también como concepto movilizador para promover la crítica y las propuestas alternativas en la medida que las políticas públicas no creen las condiciones para hacer realidad el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad incluye como se dijo derechos universales, es decir accesibles por igual a todos los ciudadanos. Nos referimos a derechos urbanos como la vivienda, la centralidad, el espacio público, los equipamientos básicos, la movilidad, la visibilidad, la mixtura social, etc. Derechos socio económicos como el empleo, la renta básica, la formación continuada, la salud y la educación. Y derechos políticos y culturales como la igualdad político-jurídica de todos los habitantes con independencia de su nacionalidad de origen, la identidad cultural originaria de cada uno, un marco institucional que corresponda a los procesos de decisión que se dan en el territorio y suficientemente descentralizado para que existan escenarios de negociación con los colectivos sociales.

Nos encontramos en un tiempo de cambio de época. La crisis actual es reveladora de una situación tanto global como local que exigen cambios radicales. Para que estos cambios no se produzcan con altos costes sociales y ambientales, autoritarismo, exclusión, aumento de las desigualdades, etc es preciso legitimar y concretar los derechos de las personas en los distintos ámbitos de la vida social y políticas. Y como vivimos en un mundo que tiende a universalizar la urbanización y a la vez pone en cuestión la ciudad como ámbito de libertad, de integración social, de derechos reconocidos y de progreso, desarrollar el “derecho a la ciudad” es una de las grandes tareas intelectuales y políticas de este momento histórico.

Líneas de acción. No se trata de proponer un programa político-urbano. En algunos textos recientes lo hemos hecho (41). Pero debemos asumir que no basta definir un horizonte de derechos que puede convertirse en una retórica bienintencionada y nada más. No es posible ser neutral, ni como investigador ni como profesional. El urbanismo es una parte de la política, que como todo luego requiere en su ejecución saberes técnicos.. La ciudad será según como se confronten las dinámicas negativas y positivas que acabamos de exponer. Pero el factor principal que determinará el resultante de esta confrontación corresponderá a los actores de las políticas públicas y a la fuerza de las demandas ciudadanas. El derecho a la ciudad nos sirve a la vez de concepto analítico para evaluar la evolución de las ciudades de hoy y la calidad democrática de las políticas públicas y también como concepto movilizador para promover la crítica y las propuestas alternativas en la medida que las políticas públicas no creen las condiciones para hacer realidad el derecho a la ciudad.

¿Cuáles pueden ser estas propuestas? No saldrán directamente de un laboratorio de investigación ni tampoco de una asamblea reivindicativa. Se elaborarán a través de un proceso de movilización social y de reflexión intelectual en el que deben participar tanto los ciudadanos más motivados por las reivindicaciones inmediatas (por ejemplo los desahucios) y los colectivos de expertos que les apoyan. Y aparecen muy rápidamente objetivos mediadores hacia el derecho a la ciudad como los que ya expusimos en el apartado sobre la vivienda: Un ejemplo de este tipo de objetivos son : a) el control público del suelo que suprima la especulación del mismo y reduzca radicalmente el coste de la vivienda; b)la nacionalización de la banca o por lo menos la necesidad de crear un grupo potente de banca pública que garantice la financiación de la mayoría de viviendas y el control sobre la banca privada para yugular las prácticas especulativas y c) una legislación urbanística que impida los desarrollos urbanos dispersos y difusos y priorice el hacer ciudad sobre la ciudad y en todo caso la continuidad del tejido urbano. Se trata de reformas posibles en los marcos políticos, económicos y legales que introducen reformas estructurales que no son fácilmente reversibles por lo menos a corto plazo.

El carácter integral e indivisible de los derechos que constituyen el derecho a la ciudad.
El conjunto de derechos que configuran el derecho a la ciudad son todos indispensables a la vez. No se trata de una relación de derechos especulativa, ni de una amalgama de demandas de los movimientos sociales o de la cultura democrática. Es sencillamente una relación de derechos que son hoy indispensables para ejercer realmente la ciudadanía. Y se necesitan todos a la vez. Si se consiguen unos pero no otros los conseguidos se devalúan de entrada. Algo que los responsables políticos y los profesionales deben entender: no se puede hacer ciudad a medias. A menos que se quiera por medio de las políticas urbanas crear una ciudad de castas. Hacer viviendas con una movilidad reducida, sin acceso fácil e inmediato a una centralidad, sin una antena de gobierno próxima, etc. es convertir al habitante en un no-ciudadano o un ciudadano con derechos reducidos. Y así cada uno de los derechos. Por ello los responsables políticos y los profesionales responsables de planes, proyectos o programas deben tener una formación transversal, sea cual sea su especialidad originaria. Y las Universidades deben asegurar esta formación.

La ciudad postmoderna, vinculada al auge de la economía neoliberal, a la reducción de la democracia a los aspectos procedimentales de una representación oligárquica y a la relativización de los valores legitimada por el “cientificismo” académico, ha hegemonizado los procesos urbanos en los últimos 25 años. La reveladora crisis actual ha creado las condiciones para que la crítica intelectual sea aceptada en los ámbitos científicos y culturales y sea entendida en la vida política y en la opinión pública. En todo caso es nuestra responsabilidad ejercer esta crítica, construir explicaciones, elaborar alternativas y contribuir a formar nuevas generaciones de investigadores y profesionales.

Referencias bibliográficas y comentarios.

1. Sobre la “revolución urbana” de las últimas décadas la bibliografía es muy numerosa. Citaremos solamente algunas obras y autores que conocemos más directamente como:

Ascher, François: La Metapolis ou l’avenir des villes (1995), Los nuevos principios del urbanismo (2003, edición original en francés 2001), Les nouveaux compromis urbains y L’Âge des Metapoles (ambas de 2009).

Bohigas, Oriol: Contra la incontinencia urbana, Barcelona (2004). Hay versión en castellano.

Borja, Jordi: La ciudad conquistada (2003, reedición 2010); La revolución urbana, Olachi, Quito,(2010) y Urbanización y democracia Instituto de estudios del Mediterráneo (2009). Sobre América latina: Gestión de la urbanización en América latina. Informe para el Programa Urb-Al, con la colaboración de Zaida Muxí y otros textos de Hervé Hutzinger, Raquel Rolnik, Fernando Carrión, Eduardo Reese, Andrea Catenacci, Verónica Rengifo, Ana Sugranyes, Alfredo Rodríguez, Mario Corea. Ciudad de Rosario, Argentina (2001)

Castells, Manuel: The Informational City (1989) y La sociología urbana de Manuel Castells (2001, presentación y selección de textos a cargo de Ida Susser)

CEPAL-NN.UU.: La hora de la igualdad. Informe Conferencia (2010)

CIDE (Mexico). Ciudades del siglo XXI: ¿Competitividad o Cooperación? (2005), de Arce Macías, Carlos; Cabrero Mendoza, Enrique y Ziccardi Contigiani, Alicia, eds.

Davis, Mike: Planet of Slums (2006)

García Vázquez, Carlos: Ciudad hojaldre.Visiones urbanas del siglo XXI (2004)

Giovanini, Fabio: Che ha occiso la metrópoli? Roma (1995)

Hall, Peter: Ciudades del mañana (1996, original en inglés 1988), Cities and Civilization (1998) y Europan’s Urban Civilization in the Virtual World/La civilització urbana europea en un món virtual, Centre Cultura Contemporánea de Barcelona-CCCB (2009)

Harvey, David: Historia del Neoliberalismo. Akal (2003). Versión original en inglés (2000)
Harvey, David: The Urban roots of financial cris: reclaiming the city for anti-capitalist struggle. Socialist Register (2012)
Jacobs, Jane: Muerte y vida de las grandes ciudades (1961), última edición en castellano en 2011.

Martinotti, Guido: Metropoli, La nuova morfología sociale della città (1993)

Sassen, Saskia: The Global City (2001, hay diversas versiones en castellano) y Territorio, autoridad y derechos (2006, en castellano 2010)

Sánchez G, Ana Lucía (ed): Procesos urbanos contemporáneos, Colombia (1995)

Soja, Edward: Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions (2000, versión en castellano 2008); ver también un análisis de su obra y una selección de textos en E.W.Soja, La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical” de Nùria Benach y Abel Albet (2010).

Para seguir el pensamiento urbano latinoamericano ver la revista mensual on line Café de las ciudades” que dirige Marcelo Corti desde Buenos Aires, sin perjuicio de las ya reconocidas revistas académicas como Eure/Chile, Mexicana de Sociología, Urbana/Caracas, etc.

Un interesante y plural conjunto de trabajos sobre el urbanismo latinoamericano se encuentra en la publicación de las contribuciones al XI Coloquio Internacional de Geocrítica sobre el tema La Planificación territorial y el Urbanismo desde el Diálogo y la Participación, celebrado en Buenos Aires (2010) y publicado por Scripta Nova (2010).

2. La ciudad postmoderna. Amendola, Giandomenico: La ciudad postmoderna (2000, original en italiano 1997).

AA.VV. Ciutats en (re)construcció: Necessitats socials, transformació i millora de barris. Diputació de Barcelona (2008).

Borja, Jordi: La ciudad tiene un corazón antiguo, Catálogo exposición Quorum, Barcelona, 2006. Reeditado en diversas revistas, entre ellas XXXX Universidad de La Plata.

Carrión, Fernando: “Centros históricos en la era digital en América latina”, en Ciudad, memoria y proyecto, Olachi, Quito, 2010
Castro, Ernesto: Contra la postmodernidad. Alpha Decay. Barcelona 2011
Harvey, David: The Condition of Postmodernity en The Postmodern Reader, Jenks, C. ed, 1992

Ingersoll, Richard: Tres tesis sobre la ciudad. Revista de Occidente (1996). Ingersoll califica los nuevos espacios suburbanos de “lacónicos” (término que procede de Lakonia, un espacio monótono, sin referentes, que no transmite nada).

Jameson, Frederic: Reflexiones sobre la posmodernidad (2010), es su obra más reciente y está publicada en castellano. Ver también El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado (1991)

Montaner, Josep Mª y Muxí, Zaida: Arquitectura y Política (2011)

3. El tema de la muerte o disolución de la ciudad se ha planteado en todas les épocas en que se vivían a la vez cambios que transformaban la ciudad existente y desarrollos urbanos periféricos a una escala mayor de lo que se conocía hasta entonces. Dos textos “clásicos y contemporáneos” son el ya citado de Jacobs, Jane: La vida y la muerte de las grandes ciudades americanas (1967, original inglés 1961) y Choay, Françoise: Le règne de l’urbain et la mort de la ville (1994, reedición en Anthropologie de l’Espace, 2006).

Una prueba de la agonía de la ciudad (entiendan lucha por sobrevivir) es que en un período de pocos meses y en un mismo país tres destacados urbanistas publicaron: Città senza cultura de planificador Campos Venuti Giuseppe, La fine della città del historiador de la arquitectura y urbanismo Benevolo Leonardo y L’Anti Città del arquitecto y urbanista Boeri, Stefano (2011).

J.Borja ha relacionado la disolución de la ciudad con la degeneración de la democracia en Urbanización y democracia, una dialéctica inacabada (2009), publicado en Población y Desarrollo en el Mediterráneo, Instituto Europeo del Mediterráneo y La democracia en busca de la ciudad futura, en Ciudades para todos (2011, obra colectiva editada por HIC, Habitat International Coalition, en inglés, francés y castellano.

Las obras de François Ascher (ver nota 1) han tratado sistemáticamente los nuevos modelos de urbanización y también Edward Soja (nota 1). Ver también los trabajos de Giuseppe Dematteis como Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas, en La ciudad dispersa, editor Francisco Monclús, CCCB, 1998.

4. Derecho a la ciudad. Lefebvre, Henri: autor de dos libros que han sido referentes teóricos premonitorios sobre el tema: Le droit a la ville (1967) y La révolution urbaine (1970), traducidos al año siguiente al castellano. A partir de los años 90 la relación entre ciudad y ciudadanía es objeto de estudios muy diversos y se elaboran y aprueban “declaraciones de derechos ciudadanos” por parte de distintos organismos internacionales: Carta Urbana Europea (Consejo de Europa, 1993); Carta Europea de la Ciudadanía (red de ongs, 1996); Por una Europa de derechos civiles y sociales (“Comité de sages” o Pintasilgo, designado por la Comisión Europea, 1996); Carta de las Eurociudades, 1996); Carta de derechos humanos en la ciudad (Foro Social, Porto Alegre, Saint Denis, Barcelona, 2000). Informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales elaborado por el DESC, Barcelona 2003. En el marco del Forum de las Culturas el Institut de Drets Humans de Catalunya elaboró un documento sobre Los Derechos emergentes (2004) elaborado por una comisión de la que formaba parte el autor. Este Instituto ha publicacado en los últimos años 7 volúmenes sobre Los derechos emergentes, el último dedicado al Derecho a la ciudad (2011). En una nota posterior se citan las propuestas más recientes relativas al “Derecho a la ciudad”.

De Horacio Capel, un texto reciente que hace el punto sobre el tema: Urbanización generalizada, Derecho a la ciudad y Derecho para la ciudad, Scripta Nova 31 (2010).

J. Borja ha desarrollado el tema del “derecho a la ciudad” desde finales de los años 80: Democracia local: Políticas económico-sociales en la ciudad y Participación popular (Ajuntament de Barcelona, 1988) y especialmente desde mediados de los 90 en los documentos preparatorios y en los debates de la Conferencia Habitat (Istambul 1996), Los Desafíos del territorio y los derechos de la ciudadanía (Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 1999). La ciudadanía europea (2001). L’Espai públic: ciutat i ciutadanía (2001, versión en castellano 2003). La ciudad conquistada, op.cit. Los Derechos ciudadanos, Fundación Alternativas (2004). Revolución y contrarrevolución urbanas en la ciudad global. En Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura. Incluye textos de Neil Smith y David Harvey, Macba-Universitat Autònoma de Barcelona (2005).

En referencias posteriores citamos los trabajos más recientes sobre este derecho (ver nota 29).

5. Sobre la urbanización periurbana en Catalunya.
Anuari Territorial de Catalunya, editado por la Societat catalana d’ordenació del territori, del Institut d’Estudis Catalans. Proporciona una completísima información de las dinámicas del territorio de la primera década de este siglo. El último publicado cuando se escribe este texto (2011) corresponde al año 2009 y la introducción está a cargo del autor.

Barba, Joan y Mercadé, Montserrat: Urbanitzacions a la provincia de Barcelona, Diputació de Barcelona (2006)

Herce, Manuel: Urbanización, precio del suelo y modelo territorial, Revista Eure, nº 53

Nel·lo, Oriol. “Les dinàmiques territorials a la regió metropolitana de Barcelona (1986-2006): hipòtesis interpretatives” en Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 2010, nº 51

Muñoz, Francesc: Urbanalización, Editorial Gustavo Gili (2008), y Estratègies vers la ciutat de baixa densitat, (coordinador), Diputació de Barcelona (2011).

Pujadas, Isabel: Modelo residencial y expansión urbana en la Región Metropolitana de Barcelona, Scripta Nova nº 290 (2009).

6. La obra de Castells, Manuel a partir de la década de los 80 analiza la sociedad de la información y La ciudad informacional (1988). Ver La Era de la Información (1997-2000), La Galaxia Internet (2001) y La sociología urbana de Manuel Castells de Ida Susser, op.cit. Otro clásico sobre la ciudad en la era de la información es Mitchell, William: E.topia o City of Bits (2003, original en inglés 1995).

7. La ciudad del neoliberalismo. Después del neoliberalismo: ciudades y caos sistémico. Museo de Arte Contemporáneo y Universitat Autónoma de Barcelona (2009). Incluye textos de Neil Smith, Raquel Rolnik, Andrew Ross, Mike Davis y Observatorio Metropolitano de Madrid.

8. Arquitectura y ciudad. La ciudad de los arquitectos (1994) y La arquitectura milagrosa (2010) deLlàtzer Moix ejemplifican la evolución crítica respecto a la deriva del urbanismo hacia la arquitectura de grandes proyectos y de edificios emblemáticos. Proyectos-enclaves que no se integraban ni promovían un desarrollo integrador y edificios-objeto singular cuyo valor residía casi exclusivamente en la firma de un arquitecto mediático han sido objeto de crítica social e intelectual por su carácter excluyente y especulativo. En el primer libro se analiza en clave positiva el urbanismo de los arquitectos a partir del caso de Barcelona (como hicimos muchos profesionales de lo “urbano”) y en el segundo se analizan los proyectos gran escala de diversas ciudades (incluída Barcelona) con un agudo sentido crítico.
Ya hemos citado Contra la incontinencia urbana: Reconsideració moral de l’arquitectura i la ciutat (2004,) de Oriol Bohigas, una crítica muy aguda de la deriva del urbanismo ciudadano a la arquitectura de autor. Y hay que citar la reciente obra de Josep Mª Montaner y Zaida Muxí
Arquitectura y política (2011).

La exaltación del rol del arquitecto por parte de algunas de sus figuras más famosas han resultado a veces provocaciones. Ver por ejemplo Koolhaas, Rem: La ciudad genérica (2008) o el libro-diálogo, que oscila entre la arrogancia y la cursilería, de Baudrillard-Nouvel: L’objet singulier (1996).

Una inteligente, erudita e irónica crítica de este díalogo se encuentra en Silvestri, Graciela: Un sublime atardecer. El comercio simbólico entre arquitectos y filósofos. Revista Punto de Vista, Buenos Aires (2002). Ver también de la misma autora Temas de la Arquitectura de hoy y de Cohen, Jean Louis Objetos singulares y ciudades plurales en el libro coordinado por Belil, Mireia, Borja, Jordi y Corti, Marcelo, Forum mundial de las culturas (2012). Y la obra de Muxí, Zaida, La arquitectura global (2004).

Una crítica rigurosa de los grandes proyectos en Cuenya, Beatriz: Grandes proyectos y sus impactos en la centralidad urbana en Cadernos Metropolitanos, Sao Paulo, (2011) y en Aguilera, Federico y Naredo, J.Manuel: Economía, poder y megaproyectos. Fundación Cesar Manrique, 2009

Una presentación positiva pero honesta de las intenciones del “proyecto urbano” se encuentra en un volumen que incluye dos conferencias de Devillers, Christian y Riboulet, Pierre: Le projet urbain y La ville comme oeuvre publicadas por el Pavillon de l’Arsenal (1994).

Sudjic, Deyan; La Arquitectura del poder, una crítica de la complicidad entre arquitectos (famosos) y gobernantes (2007).

Una presentación contrastada de dos tipos de periferias generadas en las últimas décadas en América latina, que ejemplifican la dualidad social: Cabrales, Luis Felipe (ed.): Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas. UNESCO, 2002, referida a las urbanizaciones de clases altas o medio-altas y Los con techo, de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes, Sur Ediciones, Chile (2006), que analiza las “urbanizaciones” de vivienda popular en las periferias.

9. Ascher, F. Ver los textos citados en la nota 1 especialmente L’Âge des Metapoles (2009), una selección de textos que en su conjunto hacen un análisis muy inteligente de la relación entre cambios técnico-económicos, comportamientos sociales y formas urbanas.

10. Koolhaas, R. Op. cit.

11.Caos sistémico. Op. cit.

12. El autor, conjuntamente con Manuel Castells publicó en 1997 Local y Global. En la parte correspondiente a J.B. (la segunda mitad del libro, a partir del cap 5) se expone una visión que ahora considero muy unilateral sobre las ciudades globalizadas, la competencia entre los territorios y las estrategias urbanas. Algo similar debe decirse del libra anterior Barcelona, un modelo de transformación urbana, un encargo del Programa de Gestión Urbana promovido por el Banco Mundial y el Habitat-PNUD(1995), del cual el autor fue editor y co-autor, que ofrece una visión también unilateral, únicamente positiva, del caso de Barcelona. Actualmente no comparto esta presentación del tema debido a que no tiene en cuenta las contradicciones entre las políticas públicas locales que persiguen crear condiciones de ciudadanía (lo cual no es lo más frecuente) y las dinámicas negativas globales que exponemos en este trabajo. Un análisis más “dialéctico”, es decir más atento a las contradicciones se encuentra en trabajos posteriores del autor sobre Barcelona, citados en la nota 31.
En las notas bibliográficas anteriores, en especial en las notas 1, 2, 3, 7, 8, se encontrarán numerosas referencias bibliográficas críticas sobre el urbanismo de la “ciudad competitiva”.

13. Borja, Jordi: Gobernabilidad y planeamiento de los territorios metropolitanos (2008) en Ciudad, Poder, Gobernanza, edits. Gloria Yañez, Arturo Orellana, Oscar Figueroa y Federico Arenas, edita Eure, Chile. El autor no es responsable de los títulos del libro y del artículo. Ver también Estrategias metropolitanas en la revista on line Carajillo nº 1 (2009), UOC, Área Gestión de la ciudad y urbanismo y reeditado en el libro del mismo autor La revolución urbana (2010, Flacso, Quito). Un texto más descriptivo, síntesis de un Informe sobre el tema, es: El gobierno de lasÁreas Metropolitanas en el mundo actual en El Desafío Metropolitano, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, México (2004). Sobre el gobierno metropolitano en España ver el artículo de Albert Arias J.Borja “Metropolitan cities: Territory and Governability, the Spanish Case”, Built Environment, nº 33 (2007.

Sobre América latina ver Procesos urbanos metropolitanos, Adrián Guillermo Aguilar, ed. (2004). Y de carácter teórico-europeo Redes. Territorio y Gobierno. Nuevas respuestas la os retos de la globalización. Subirats, Joan, ed. Diputación de Barcelona (2002).

14. La bibliografía que se cita a continuación es casi toda de carácter general pues la problemática específica de los inmigrantes, la multiculturalidad y la exclusión es dependiente de la legislación y de las políticas públicas de la Unión Europea y de los gobiernos nacionales. Pero tratar de la inmigración en la mayoría de los casos hay que referirse a una población urbana o periurbana. En las referencias sobre espacio público, derecho a la ciudad, sentimiento de inseguridad e ideología del miedo y políticas locales represivas hay referencias a la inmigración (por ejemplo las normativas llamadas de civismo que incluyen normas represivas en el espacio público en relación a los inmigrantes).

Aramburu, Mikel : Minoríes ètniques i política d’habitatge social a Europa. Generalitat de Catalunya (2006)

Belil, Mireia y Serra, Albert: Diversitat i món local, Diputació de Barcelona (2001)

Institut Estudis Metropolitans i Regionals: Pobresa i exclusió social a la Província de Barcelona. Enquesta Metropolitana (2006).
Jahanbergloo, Ramin: Elogio de la diversidad, prólogo de Juan Goytisolo (2007)
Kimlicka, Hill: Multinational cititzenship (1995)
Naïr, Sami: La Europa mestiza: Inmigración, Ciudadanía, Codesarrollo, prólogo e introducción de Javier de Lucas (2010)

Rodier, Claire y Terray, Enmanuel: Inmigration: fantasmes et réalités. Pour une alternative à la fermeture des frontières, Paris (2008)
Subirats, Joan y Alegre, Miquel Àngel (eds) : Educación e inmigración, una perspectiva comparada, CIS, Madrid (2007) y de Subirats, Joan (dtor Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea, Fundación “La Caixa”(2004)

Wacquant, Loïc: Parias urbanos, Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenios. Manantial, Buenos Aires, 2001.

Zapata-Barrero, Ricardo: Inmigración, Innovación política y cultura de acomodación en España (2004)

15. Cervino, Mauro y Barrios, Luis, eds. Prólogo de Sassen, Saskia: Otras naciones. Jóvenes, transnacionalismo y exclusión. Flacso, Quito (2008). Borja, J.: Juventud y ciudadanía. Causas sin rebeldes. Revista Prevenció nº 14 (1997). Romaní, Oriol (ed): Jóvenes y riesgos y Trillo, Jaume (ed): Jóvenes y espacio público, Edicions Bellaterra (2010 y 2011). Juventud sin futuro, AA.VV, colectivo Sin futuro, Editorial Icària (2011)

16. Incluimos únicamente algunas referencias españolas para completar los textos citados en la nota 14 (Castel, Wacquant, etc)
Adelantado, J (coord.) (2000) Cambios en el Estado del Bienestar. Ed. Icaria;
y Adelantado, J.; Calderón, E. (2005) “Globalización y Estados del bienestar: ¿Respuestas semejantes a problemas parecidos? “ en Cuadernos de relaciones laborales, Vol. 23, Nº 2, pp. 15-44
Moreno, Luis (2001) «Estados del Bienestar y ‘mallas de seguridad'», en Pobreza y exclusión: la ‘malla de seguridad’ en España. pp. 17-50 Editorial Politeya. Madrid
y Moreno, Luis (2000) Ciudadanos Precarios. Editorial Ariel. Barcelona
Subirats, J.; Adelantado, J;Fernández, M.; Giménez, M.; Iglesias, M.; Rapoport, A; San Martin, J; (2007) Los Servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid
Sobre Catalunya ver Enquesta Metropolitana realizada cada 5 años a partir de 1986 por parte del Institut d’Estudis Metropolitans i Regionals.
Sobre América Latina ver La cuestión social y la ciudad de Alicia Ziccardi, Olachi, Quito (2009).

17. El autor ha desarrollado la relación entre ciudad y ciudadanía en sus obras Espacio público: ciudad y ciudadanía (2003) y La ciudad conquistada (última edición 2010, ver especialmente le cap. 6). Ver también las referencias de la nota 4, 17, 18 y 20 sobre Espacio público y sobre Derecho a la ciudad.

17 bis. Un caso que tiende a considerarse específico pero que afecta a la mitad de la población es la discriminació de la mujer en la ciudad especialmente la relación entre Urbanismo y género. En las Declaraciones o Cartas de derechos se incluyen ahora una parte dedicada a la condición de género. Eurocultures-Bruselas publicó “La Charte Européenne des femmes dans la cité” (1994). Un texto muy completo es Urbanismo y Género, Una visión necesaria para tondos, AA.VV, editado por la Diputación de Barcelona, en castellano y en catalán (2006). Incluye textos de Daphne Spain, Emma Galama-Rommerts, Jeff Turner y Margaret Grieco, María Angeles Durán, Lisa Morelli, Isabel Segura, Marta Román, Isabela Velásquez, Anna Bofill, Monika Jaeckel y Marieke van Gendermalsen, Teresa del Valle, Anne Michaud, Carme Miralles, Carlos Hernández Pezzi.
Ajuntament de Barcelona: 560 propostes de les dones per transformar Barcelona (2009). Incluye además textos de Encarna Bodelón, Marta Darder, Cristina Carrasco, Teresa Torns y Zaida Muxí.
A continuación citamos algunos textos recientes (con alguna excepción):
Bofill, Ana; Dumenjó, Rosa; Segura, Isabel: Las mujeres y la ciudad, Barcelona (2009)
Borja, J: La ciudad del futuro es femenina. El País (11-8-1995)
Castells, Manuel: La ciudad de las mujeres, en Local y Global de Borja J y Castells M, cap IV, (redición 2010)
Fainstein, Susan & Servon, Lisa J. Gender and Planning. A reader. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press, 2005.
Falú, Ana, ed. Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Santiago de Chile: Red Mujer y Hábitat de América Latina, Ediciones SUR, 2009
Greed, Clara H.: Women and Planing. Creating gendered realities. London: Routledge, 1994.
Hayden, Dolores. Redesigning the American dream: Gender, Housing and Family Life. New York: Norton, 2002.
Jarvis, Helen; Kantor, Paula; Cloke, Jonathan: Cities and Gender. London, Routledge, 2009.
Levy, Caren: Una città più giusta: il genere e la pianificazione, en La città inclusiva, Balbo, Marcello , ed, F.Angeli Ed, Milano, 2002 (versión castellana, CEPAL, 2003)
Muxí, Zaida “Ciudad próxima. Urbanismo sin genero” Revista Ingeniería y territorio” Nº75, 2006 La ciudad habitable.
Raniero, Liliana; Rodigou, Maite; Pérez, Soledad: Herramientas para la promoción de ciudades seguras desde la perspectiva de género. Cordoba, CISCSA – Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur, Argentina 2006.
Sanchez Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género, Instituto andaluz de la mujer, Unidad de género, 2004.
Rosa Tello y Hector Quiroz, eds: Ciudady diferencia, Ediciones Bellaterra (2009).

18. El autor cita numerosa bibliografía a favor de la ciudad en La ciudad conquistada (op.cit) y textos posteriores. Castells reivindica la ciudad y la “identidad de los territorios” en el segundo volumen de La Era de la Información, El poder de la identidad (1997) y en los últimos capítulos de La sociología de Manuel Castells, op.cit.. En la mayoría de las referencias anteriores hay una valorización de la ciudad densa y compacta, heterogénea y integradora. Desde una posición crítica pero combinada con una defensa apasionada de la ciudad deben destacarse las obras recientes de David Harvey, en especial Espacios de esperanza (2003) y de Horacio Capel Gritos amargos sobre la ciudad en Dibujar el mundo (2001). El reciente muy publicitado y también muy discutible libro de Glaeser sobre El triunfo de las ciudades (citado más adelante), que expresa posiciones muy ambiguas respecto al urbanismo especulativo propio del neoliberalismo, es significativo pues no puede evitar de defender o añorar la ciudad compacta, de mezcla de poblaciones y de vocación democrática.

19. El tema del espacio público se ha revalorizado en las últimas décadas como reacción al empobrecimiento del mismo debido a la priorización de la circulación y a los modelos arquitectónicos como los edificios aislados o las urbanizaciones cerradas o semicerradas. Más recientemente se ha acentuado la presión sobre el espacio público a causa de la psicosis securitaria. Sin embargo las publicaciones y las realizaciones interesantes sobre el Espacio público se han multiplicado. Señalemos la Exposición itinerante sobre La Calle, que nació en Paris y ha recorrido las principales ciudades latinoamericanas y diversas grandes ciudades de Asia y Europa, entre ellas Barcelona (2010). Se han publicado tres excelentes catálogos en Paris, La Rue est à nous… tousThe Street belongs to all of us (2007), en Buenos aires, Ganar La Calle, 2009) y en Bogotá La calle es nuestra…de todos (2009).

Hay que destacar el El premio Mies van der Rohe de Espacio público que bianualmente concede un tribunal europeo y organiza el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y que está vinculado a un programa de conferencias y publicaciones del mismo Centro.

J.Borja publicó (con la colaboración de Zaida Muxí) el libro Espacio público: ciudad y ciudadanía (2001 en catalán y 2003 en castellano) que prioriza el diseño urbano. En La ciudad conquistada (2003. 2010) se desarrolla en su aspecto socio-político. En ambos libros se incluye una extensa bibliografía. Ver también Ciutat real, ciutat irreal (1998), Subirós, Josep, ed. libro colectivo publicado el CCC de Barcelona, que incluye las dos dimensiones: socio-política y física. Como espacio socio-político, ver por ejemplo Habermas, Jurgen: Le rôle de la société civile et de l’espace public politique en Droit et democratie (1997); Sennett, Richard: Cuerpos y piedras (1994) y The uses of disorder: Personal identity and City Life (1970, versión en castellano 1975); Joseph, Isaac: Prendre place: espace public et culture dramatique (1995) y El transeúnte y el espacio público.Sobre la dispersión del espacio urbano Gedisa, Barcelona (2002).Sorkin, Michael (ed): Variation on a Theme Park. The New American City ant the End of Public Space (1992, versión en castellano 2004). El espacio público como intervención física en la ciudad ver Rossi, Aldo: La arquitectura de la ciudad (1982, reedición 2010), Ghorra-Gobin, C. Reinventer les espaces publics (2006); Jacobs, Allan: Great Streets (1993); García-Espuche, A. y Navas, T. La reconquista d’Europa. Espai públic urbà 1980-1999 catálogo de exposición, CCCB (1999). Una obra extensa y muy informada es La morfología de las ciudades (2005). Una visión latinoamericana del Espacio público ver Ramírez Kuri, Patricia (ed): Espacio público y reconstrucción deciudadanía (2003) y La disputa del espacio público (2011), dos obras colectivas producidas por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México. Y García Canclini, Néstor (ed): Reabrir Espacios Públicos, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Una obra de referencia obligada es Zukin, Sharon: Landscapes of power: from Detroit to Dinseyland. University of California Press (1993).

Richard Sennett ya destacó la importancia de la ciudad heterogénea y del espacio público en una de sus primeras obras: The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life (1970), hubo una versión española (1975).

20. En algunos de sus últimos trabajos François Ascher recupera el concepto de “serendipity”: La ville c’est les autres. Les grands nombres entre la nécessité et le hasard (2005), se encuentra una versión ampliada en el citado libro del Foro de las Culturas (2012) y un texto complementario en L’Âge des Metapoles (op. cit. 2009).
Sobre el concepto de « serendipity » ver De la serindipité, Paris (2009). Las ciudades compactas, diversas, en las que se mezclan poblaciones y actividades diversas, en las que hay espacios públicos animados y lugares propicios a encuentros inesperados, son las más potencialmente innovadora.

21. La emergencia de movimientos sociales nuevos como los “indignados” que ocupan el espacio público, que no reconocen como legítimos ni a las instituciones de gobierno ni a los partidos políticos, que denuncian a los mismos según criterios político-morales, que expresan demandas que aparecen como sensatas y lógicas introduce un nuevo actor en las dinámicas urbanas presentes. Estos movimientos son de base ciudadana, la ciudad, sus plazas especialmente, son los lugares de acción, expresión, reconocimiento y extensión. Y sus razones, o parte de ellas, están muy relacionadas con la ciudad y la ciudadanía: el derecho a la vivienda y a la ciudad, al salario ciudadano, el espacio público como espacio político, la democracia real y participativa, la denuncia de la especulación urbanística y de la corrupción, la complicidad o pasividad de los gobiernos en relación al territorio, etc. En pocos meses se han multiplicado los libros y artículos sobre la crisis económica y política. La desconfianza en la democracia formal se ha vinculado a nuevas formas de “hacer política”. Además de los textos que expresan directamente la “indignación” como los muy conocidos de Sthéphane Hessel (Indignez-vous y Engagez-Vous) hay textos más analíticos y proposititos como el Manifiesto de los economistas aterrados (2010 edición francesa, 2011 española), La democracia radical, Angel Calle Collado, ed. (2011), Insurgent Cititzenship in an Era of Global Urban Peripheries, de James Houston,CCCB, edición en inglés y catalán (2008) y Economía social, acción pública y política de José Luis Coraggio, Buenos Aires (2008). Un panorama general se encuentra en Villes et résistances sociales, Agone, Paris (2008). Un artículo escrito sobre la marcha, escrito a finales de mayo, al inicio del movimiento, es del autor, destinado a la Revista italiana IL Straniero (julio 2011) y posteriormente publicado en La Factoría: J.Borja: Carta de Barcelona: Elecciones políticas y campamentos en las plazas.

22.Ver las referencias en las notas 13, 5, 3 y 1 Y especialmente las obras que se citan más adelante de Naredo, Raíces económicas del deterioro económico y social (2010) y del equipo del Observatorio Metropolitano, Fin de ciclo (2010) y La crisis que viene (2011) y también Indovina, Francesco (ed.). La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención. Diputación de Barcelona, Barcelona, 2007. Ver también la literatura más “optimista” o positiva en relación a la economía de las grandes ciudades en la nota siguiente (23)

23. Son muy numerosos los trabajos que exponen las “ventajas comparativas” de las grandes ciudades y regiones metropolitanas. Ver por ejemplo:
Camagni, Roberto: Economía urbana. Barcelona: Antoni Bosch Editor (2005)
Cohen, Michael: The City in the Global Crisis. Paper International Affairs, New School, New York (2010)
Glaeser, Edward: El triunfo de las ciudades, Madrid (2011, edición en inglés del mismo año)
Porter, Michael E.: Location, Competition, and Economic Development: Local Clustersin a Global Economy. Economic Development Quarterly 14 (1):15-34, 2000
Scott, Allan, J.: The Cultural Economy of Cities, London: Sage 2000
Trullén, Joan; Boix, Rafael “Industrial districts, innovation and I-district effect: territory or industrial specialization?” en European Planning Studies Vol. 18, No. 10. pp. 1705- 1727, 2010
Aunque algunas de las obras que se citan, como la de Porter o de Glaeser, defienden criterios que no comparte el autor nos parecen que son estudios de referencia bien por su calidad analítica o por su éxito mediático. Nos permitimos recomendar especialmente el trabajo de Michael Cohen que se publicará próximamente en el libro colectivo del Foro de las Culturas.
Un caso relativamente novedoso es el auge de la ciudad del conocimiento y de las ciudades creativas. Sobre la “ciudad del conocimiento” y la “ciudad digital” han sido ya citados los trabajos de Manuel Castells y Peter Hall. Ver una síntesis interesante en la revista La Factoría, tomo 10: La ciudad on line (2007). Sobre las “ciudades creativas” es inevitable la obra de Richard Florida que después de publicar su bestseller The Rise ofCreative Class (cuyo éxito no fue exento de duras críticas) prosiguió en la misma línea con Las ciudades creativas (2008 edición en inglés, 2009 en castellano). Ver también la serie Ciudades creativas que publica Kreanta, Félix Manito ed. a partir de las jornadas anuales que realiza, vols. 1 y 2 (2009 y 2010).Ver también Arias Sans, Albert; Russo, Antonio Paolo. “Student Communities and Landscapes of Creativity: How Venice `The World’s Most Touristed City’ is Changing” in European Urban and RegionalStudies 16 (2), 2009

24. Di Pace, Maria y Caride Bartrons, Horacio (eds): Ecología de la ciudad. Buenos Aires
Rueda, Salvador: Ecología urbana. Barcelona (1995
Sempere, Joaquim: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica Barcelona (2008).
Tello, Enric: La historia cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible. Viejo Topo (2005)

25.El autor ha tratado in extenso esta temática, ver entre otras obras Estados y ciudad, PPU, Barcelona (1988) y La ciudad conquistada (2005, 2010).Ver los trabajos elaborados en el marco del IGOP-Universitat Autònoma de Barcelona. Entre otros se pueden citar Políticas públicas en España, de Joan Subirats i Ricard Gomà (1992), Redes, Territorios y Gobierno de Joan Subirats, ed. (2002) y sobre la cuestión de la participación Participación y calidad democrática de Marc Parés, ed. (2009) y Ciudadanos y decisiones públicas, de Joan Font, ed (2001). Ver también Geopolítica y gobierno del territorio en España de Joan Romero (2010) y Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible. Nuevos principios y políticas en el espacio europeo de Joaquín Farinós y Joan Romero, eds. (2007). Y sobre América latina las obras citadas Las ciudades y la cuestión social de Alicia Ziccardi (2009) y las obras que se refieren a América latina citadas en la nota 1.

26 . La obra de referencia en la temática de Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructuras es Infraestructuras y Medio Ambiente de Manuel Herce, ed. Con la colaboración de Miguel Mayorga y otros, 2 vols., Ed.UOC (2010). Específicamente sobre Movilidad ver Sobre la Movilidad, de Manuel Herce (2009). Ver también Gouverner la ville mobile de Philippe Estèbe (2008) y Une approche laïque de la mobilité de Jean Pierre Orfeil (2008) y los trabajos del Institut de la Ville en Mouvement (IVM) de Paris y las obras ya citadas de François Ascher, presidente del comité científico del IVM.

27. Los trabajos sobre segregación social urbana son muy numerosos. Sobre América latina ver las obras citadas de Luis Felipe Cabrales y de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes en la nota 8. En América latina donde han proliferado los barrios cerrados (incluso calles en zonas centrales de la ciudad compacta), los countries, las urbanizaciones aisladas, etc es también donde ha surgido lógicamente una reacción crítica mucho más que en Europa. Es digno de destacarse la iniciativa de un colectivo joven, Giros, de la ciudad de Rosario, que citamos en el texto y que demuestra que las iniciativas ciudadanas pueden promover cambios significativos. En España así fue a mediados de los 70 y principios de los 80: las demandas populares fueron en gran parte recogidas por los primeros Ayuntamientos democráticos. Pero luego las dinámicas especulativas tendieron a imponerse, especialmente a partir de los 90. Sobre el caso español ver las ponencias presentadas en el Coloquio Urbanisme, Democratie et Marché: le cas espagnol 1970-2010 celebrado en Paris (marzo 2010) con la participación de numerosos expertos e investigadores españoles y franceses (publicación en 2112 por parte de PUR-Presses Universitaires de Rennes).

28 Las referencias bibliográficas relativas al espacio público tratan obviamente del paisaje urbano. Ver las notas iniciales y especialmente la nota 19 de carácter general y la 5 sobre el caso catalán, donde se da la referencia de “Urbanalización”. Añadimos la obra más reciente de Sharon Zukin que no se cita anteriormente: Zukin, Sharon (2010) Naked City. The death and life of authentic urban places. Oxford University Press, New York.

29. El “derecho a la ciudad” ha dado lugar a diversas publicaciones en la última década pues se ha convertido en un concepto integrador de la crítica y de las alternativas urbanas. La importancia del “derecho a la ciudad” reside en dos puntos: Plantea una crítica radical y global a los modelos de desarrollo urbano dominantes y concibe las diversas demandas y aspiraciones sociales como un todo. Citamos algunas de estas publicaciones que completan las que se citan en la nota 4.

Un texto de referencia obligada es el artículo de Harvey, David que ha sido objeto de varias publicaciones: El derecho a la ciudad, New Left Review, en castellano e inglés (2008).

Sugranyes, Ana y Mathivet, Charlotte (eds.): Cities for all: Proposals and Experiences towards the Right of the City, HIC-Habitat International Coalition, (2010)

Habitat International Coalition-América Latina ha desarrollado el concepto por medio de un trabajo de consulta popular y a expertos, lo cual se ha sintetizado en Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010).

La Secretaria de Derechos Humanos, Gobierno de Argentina ha publicado El Derecho a la ciudad (2011), que ofrece una perspectiva transversal mediante las propuestas de distintas áreas de gobierno para hacer efectivo este derecho.

Patrocinado por la UNESCO y Habitat-NN.UU. crearon un grupo de trabajo para promover las iniciativas relacionadas con los objetivos del Milenio. Uno de sus resultados ha sido iniciar la elaboración del “derecho a la ciudad” vinculado a las prácticas de las ciudades. Ver Urban Policies and the Rght to the City, Jouve, Bernard, ed. (2009).

De J.Borja los textos más recientes que hacen referencia al derecho a la ciudad son Democracy in Search of the Future of City (2010) en el ya citado libro colectivo Cities for all promovido por HIC, y Espacio público y derecho a la ciudad, Viento Sur 116 y una versión más extensa en el libro colectivo Derecho a la ciudad promovido por DESC (Derechos económicos, sociales y culturales) y Institut de Drets Humans de Catalunya (2011).

Ver el texto de Horacio Capel sobre Urbanización generalizada, Derecho a la ciudad y Derecho para la Ciudad, Scripta Nova, Vol. XV, nº 353, 2011

30. Una de las propuestas para el “Gran Paris” que el Presidente había encargado a 10 equipos considerados de alto nivel, la que pivotaba en el estudio de Roland Castro (el autor formaba parte de este equipo) tenía como lema: Un gran proyecto para reducir las desigualdades sociales. Una declaración sobre un tema clave para interpretar las sociedades urbanas. La crítica que hemos expuesto se refiere más a Europa y Estados Unidos que a América latina, aunque en este caso el peso de la pobreza masiva y absoluta a veces dificulta un análisis clasista de la sociedad que de todas formas está más presente que en los países más desarrollados.. Ver el libro reciente que reúne los principales textos de Alicia Ziccardi sobre La cuestión social, OLACCI-Quito,(2009) analiza acertadamente las políticas sociales locales a partir del concepto de desigualdad.

Un planteamiento teórico muy interesante y referido al mundo más desarrollado es el libro de David Harvey: Le capitalisme contre le droit à la ville (Paris 2011), en especial su último trabajo Crises, urbanisation et luttes anticapitalistas pour la ville.

Sobre el uso del concepto de clase social veáse El futuro de la clase en la historia de Geoff Eley y Keith Nield (Universidad de Michigan 2007, versión española UPV 2010).

31.Sobre los proyectos urbanos. El autor, a partir del caso de Barcelona, ha criticado el uso y abuso de los proyectos urbanos que reducen el urbanismo a la arquitectura y que en muchos casos han servido para legitimar operaciones especulativas y excluyentes. Ver: Urbanismo del siglo XXI: las grandes ciudades españolas, con Muxí, Zaida, Herce, Manuel, Montaner, Josep Mª y otros(2003), Luces y sombras del urbanismo de Barcelona (2010) y Barcelona y su relación con otras ciudades, Homenaje a Fernando de Terán, Ciudad y Territorio (2011). Ver la excelente síntesis de Capel, Horacio: El modelo Barcelona un examen crítico (2005) y las referencias de otros textos y autores en la nota 8.

32. La información y los análisis económico-urbanos de esta parte se basan principalmente en los trabajos de Naredo, José Manuel y del equipo Observatorio Metropolitano de Madrid. De Naredo destacamos especialmente Reflexiones sobre la Crisis, en Luces en el laberinto (2009), Raíces económicas del deterioro económico y social. Más allá de los dogmas (2010) y El modelo inmobiliario español (2011). Del Observatorio Metropolitano ¿Madrid de todos? Globalización, territorio, desigualdad (2007), Fin de ciclo: financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010), de López, Isidro y Rodríguez, Enmanuel (2010) y La crisis que viene (2011).

Sobre América latina es de obligada consulta el Informe de Cepal La hora de la igualdad (2010) y el documento elaborado por Michael Cohen, director de Relaciones Internacionales y del Observatorio latinoamericano de la New School: The City in the global crisis (2001). Sobre la cuestión específica de la vivienda y su relación con la ciudad en América latina ver: Los con techo (2006), de Rodríguez, Alfredo y Sugranyes, Ana, eds., Sur, Chile.

33. Observatorio Metropolitano: Fin de ciclo. Op.cit. Y una anécdota. Henry Ford cuando inició la producción masiva de un auto de vocación “popular” asumió que solo tendría éxito si los obreros que lo fabricaban podían comprarlo, es decir contribuyó a promover de facto un aumento de los salarios industriales. En España se produjeron durante la década milagrosa (1996-2006) más vivienda que en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Era imposible que hubiera una demanda solvente para todos. O quedaban vacíos o los compradores tenían muchas posibilidades de resultar insolventes.

34. Sobre los clásicos de la Economía política y en especial Adam Smith ve la obra reciente de David Casassas: La ciudad en llamas. La vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith, tesis doctoral presentada y publicada recientemente (2010). El autor expone como los fundadores de la “economía clásica” (Adam Smith, David Ricardo) en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX son partidarios de la intervención del Estado para regular los mercados y de la propiedad pública de aquellos bienes o actividades que están vinculados a necesidades comunes de la sociedad. Por ello se oponen a las rentas del suelo. Un siglo más tarde León Walras, el teorizador del “equilibrio general” en una economía de mercado y que comparte valores morales muy similares preconiza no solo la propiedad pública del suelo también la nacionalización del sistema bancario. El pensamiento clásico y neoclásico, defensor a ultranza del mercado no tiene mucho que ver con el neoliberalismo ideológico actual y el capitalismo especulativo. Los autores citados se pueden considerar defensores de un “liberalismo igualitario”. Ver además de la obra citada dos textos de referencia que Casassas cita: Milgate, M y Stimson, S.C.: Ricardian Politics (1991) y Viner, J: Guide to John Rae’s “Life of Adam Smith” (1965).

35. Montiel, Antonio: El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano en El modelo inmobiliario español (2011), op. cit.

36. La tendencia de los medios es presentar los aspectos violentos, miserables y morbosos de la ciudad. Unas semanas antes de la Conferencia Habitat 1996, Estambul, dicté una conferencia en el Centre International Pierre Mendes France que dirigía Michel Rocard. Entre las asistentes estaba la directora-administradora general de Le Monde, Dominique Alduy. Al comentario anterior añadí que sería conveniente que los medios también expusieran las ventajas y las potencialidades de la vida urbana pues la mayoría de la población mundial tiende a ir a vivir de las ciudades y enfatizar los problemas genera una impresión falsa y refuerza el fatalismo de los excluidos. Respuesta de Alduy: es inútil, a los periodistas y especialmente a los que ponen los titulares les gusta dramatizar la realidad, seguro que destacaran la criminalidad, los niños abandonados, las familias sin casa o la extrema pobreza.

37. Las Normas de Civismo de Barcelona utilizan exactamente este tipo de lenguaje. Literalmente en su exposición inicial (luego no publicada en el Boletín oficial) declaran que el
bien jurídico que se quiere proteger es “que los ciudadanos no vean aquello que puede resultarles desagradable”. El autor hizo una crítica de estas Normas en La Revista Catalana de de Seguretat Pública nº 16: Pors urbanas i demandes de seguretat: la represió preventiva (2006) publicada en castellano por Sin Permiso.

38. Curbet, Jaume: El rey desnudo: la gobernabilidad de la seguridad ciudadana (2009) y Un mundo inseguro (2011) que incluyen una extensa bibliografía. El autor, que falleció en mayo 2011, era director del Programa de Seguridad Ciudadana del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya. Ver también la colección de La Revista Catalana de Seguretat Pública, en especial el nº 16 (2006) coordinado por Curbet y que incluye el texto de Borja citada en la nota anterior.

La literatura sobre Ciudad y violencia es considerable. Un texto que ya es un clásico se titula precisamente Ville et violence de Body-Gendrot, Sophie (1993). Un autor relativamente reciente y muy estimulante es Wacquant, Loïc: Punir les pauvres (2004) y Parias urbanos: Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio (2001). Y Mike Davis: Control urbano. La Ecología del miedo (2001 en castellano). Una síntesis interesante es la obra de Bauman, Zigmunt: Confianza y temor en la ciudad: vivir con extranjeros (2006).

Recomendamos tres textos originales de reconocidos expertos: Fernando Carrión, Lucía Dammert y Galdon Clavell pendientes de publicación en el libro colectivo promovido por el Forum de las Culturas, Díalogos sobre Ciudades (2012). Galdón, G. autora también de La ciudad asustada. Seguridad, miedo y exclusión más allá de la forma urbana’ (2010), publicado en Café de las Ciudades y Carajillo nº 6. y de Dammert, L. ver su contribución udad, memoria y proyecto (2010), Quito, en gran parte dedicado a los temas de espacio público y violencia.

Ver también Bannister, J., Fyfe, N. y Kearns, A. (2006): Respectable or Respectful? (In)civility and the City, Urban Studies, 43. Low, S. y Smith, N. (eds.) (2006) The Politics of Public Space.New York: Routledge.

Sobre América Latina El sentimiento de inseguridad (2009), Kessler, Gabriel, Siglo XXI.

Un texto ya clásico sobre los muros en la ciudad para excluir a los pobres es Ciudad de Muros, (2000-2007), de Caldeira, Teresa. Sobre la violencia de género: Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres: Falú, Ana y Segovia, Olga, eds. (2007), Ediciones SUR, Chile.

39. La “comunidad científica” se refiere a un universo endógeno, compuesto por una cúpula de autoridades académicas cuyo poder les atribuye sabiduría o “ciencia infusa” y un extenso universo de colaboradores habituales de revistas con label de científicas que se citan entre ellos y respetan religiosamente las cláusulas reproductivas y la frigidez intelectual. La cúpula de esta “comunidad” es opaca y arbitraria, está compuesta por personalidades con poder académico o que en algún momento alcanzaron autoridad en su disciplina, un poder que ejercen mediante control de doctorados y publicaciones, agencias de calidad, admisión o exclusión de corrientes intelectuales, etc. Es un universo que posee sus ritos y sus reglas que se que generan una práctica de conocimiento redundante que paraliza la innovación. Esta comunidad, mitad tribu mitad secta, es un corpus profundamente conservador.

40. Llobet, Jordi: Adéu a la Universitat (2011) cita a Lindsay Waters (director de la editorial de la Universidad de Harvard) el cual añade que “la clave es de reducir el papel de la individualidad a la nulidad”. Llobet cita también a Edward Said: actualmente muy pocos académicos pueden ser considerados como intelectuales”. El libro de Llobet es una requisitoria tan erudita como brillante contra la comercialización y burocratización de la Universidad y en defensa de las Humanidades. Ver también Nussbaum, Martha C. Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las Humanidades (2010). Lagasnerie, Geoffroy de: Logique de la création (2011) y la obra de denuncia del pseudocientificismo de Sokal, Alan: Más allá de las imposturas intelectuales (2009). También La sociedad de la ignorancia de Mayos, Gonçal i Brey, Antoni (eds), en especial la contribución de Marina Subirats, La sociedad del conocimiento y las dificultades de su producción, Barcelona (2011).Para los estudiantes e investigadores en ciencias sociales se recomiendan especialmente dos textos de hace exactamente medio siglo: La imaginación sociológica (1961, original inglés 1959) de Wright Mills, C. y un breve texto del economista Baran, Paul. A, La responsabilidad del intelectual (1961, Monthly Review y en castellano con otros textos en Excedente económico e irracionalidad capitalista, Pasado y Presente, 1968).

41. J. Borja: Luces y sombras del urbanismo de Barcelona (2010), libro publicado por la Universitat Oberta de Catalunya en castellano y por Edicions 62 en catalán. El Epílogo propone un conjunto de iniciativas como respuesta a la relación perversa que se ha creado entre el capitalismo financiero global y la urbanización local. Así mismo el autor propone una línea de acción al final del artículo sobre El postcomunismo publicado en el Viejo Topo (febrero 2011).
En este texto se proponen 7 ejes para la acción destinada a promover un desarrollo democrático en el territorio, es decir vincular el “hacer ciudad” con los “derechos ciudadanos”. No pretendemos obviamente que sean los únicos pero si que nos parece que forman parte de un paquete integrado que en todo caso debe completarse con otras líneas de acción que pueden ser tan importantes o más como los que exponemos a continuación:

1) Moralizar la economía. Contra la corrupción y la especulación sanciones ejemplares. Salarios mínimos y máximos. Renta básica y limitar la precariedad en el trabajo. Regulación de las transacciones financieras y reforzar la Banca pública.

2) Publificación del suelo urbanizable y urbano (o conseguir los mismos resultados mediante la fiscalidad y el planeamiento). Urbanismo de ciudad compacta y policéntrica. Prioridad a la vivienda social y protegida y priorizar la oferta de alquiler. Infraestructuras vinculadas a la sostenibilidad del territorio y a la integración ciudadana.

3) Considerar bienes públicos o sociales y servicios universales el agua, la energía, la tierra, el aire así como la sanidad, la educación, la movilidad y los medios de comunicación.

4) Laicismo estricto en las instituciones públicas y en los servicios universales. Trato por igual a todas las confesiones religiosas consideradas como entidades culturales de naturaleza privada.

5) Substituir la ideología del miedo y las respuestas ultrasecuritarias por una concepción integral de la seguridad, las políticas preventivas e integradoras y aplicación de sanciones ejemplares a los creadores de inseguridad económica, ambiental o mediática.

6) Inmigración. Acceso a la ciudadanía por residencia. Igualdad de derechos de todos los que residen en el mismo territorio, incluidos todos los derechos políticos. Acción positiva hacia los colectivos de origen inmigrante.

7) Reforma política que simplifique la confusión institucional actual. Reconocimiento de la legitimidad del conflicto social y substituir la “participación” definida por cada institución por la multiplicación de escenarios de negociación de los conflictos.

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