El derecho a la vivienda o la ciudad contra el capital.

En momentos de crisis como el actual, es cuando con más crudeza se hace evidente que el urbanismo y la economía de las ciudades deberían ser solidarios y contribuir a un desarrollo urbano más compacto y más integrador, es decir más sostenible y no segregador o excluyente. La crisis, como es sabido es también oportunidad. Se nos revela la perversidad de un modelo urbanizador que disuelve la ciudad en las periferias y la hace más exclusiva en las áreas centrales, que construye viviendas pero los que las hacen no pueden adquirirlas o se endeudan para toda la vida. El boom inmobiliario ha sido promovido por una alianza impía entre el capitalismo financiero que especula con el suelo primero y luego ofrece créditos basura, el bloque «edilizio» (el ladrillero) en el que confluyen propietarios de suelo, promotores y constructores y la complicidad de los gobiernos locales, regionales y nacionales

Para lograr esto, las ciudades deben proponer políticas públicas e implicar al sector privado en programas sociales e iniciativas destinadas a desarrollar solidaridad e igualdad, así como promover sistemas fiscales que de manera progresiva permitan la redistribución y reduzcan la desigualdad.

Si el urbanismo, debe ser equilibrado e integrador, el planeamiento y la gestión urbanística deben desarrollarse de tal manera que las ciudades garanticen el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio histórico, cultural y natural, generando cohesión social.

Si la ciudad es la calle, la vivienda es el espacio elemental y básico desde el que se construye la ciudad. La vivienda, la casa, el hogar en sí, representa a nivel espacial y social la unidad mínima de agregación desde la que se constituye el barrio, el poblado, la ciudad y el país. Una situación crítica y generalizada en cuanto a la vivienda, repercute de manera directa sobre la ciudad y en el ciudadano.

En este sentido, las transformaciones que se producen no afectan de manera aislada, un ciudadano o grupo social, sus efectos se manifiestan sobre el espacio urbano, la ciudad, la sociedad en general. El riesgo social es muy grande, se hace urgente el establecimiento de nuevos mecanismos legislativos y jurídicos, que garanticen no solo el acceso a una vivienda en condiciones sino que también el derecho a no perderla.

Políticas urbanas que de manera renovada, combatan el proceso que deja sin opción la posibilidad de establecer una ciudad integradora, y nos deja ahora un escenario con actores y papeles conocidos: bancos y cajas que adquirieron gran parte del suelo urbanizable, propietarios del suelo que se enriquecieron vendiendo rápidamente con el único mérito encontrar un comprador, promotores y constructores que adquirieron deudas proyectados hacia una demanda sin fin y convencidos que su producto sólo podía aumentar de valor con el tiempo. Además de unos gobiernos que con sus políticas urbanísticas asumieron el mercado capitalista como opción para reactivar la economía.

Recordemos que en Cataluña en un período de crisis,  distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas de construcción. No creemos que ahora se pueda repetir esta hazaña pero aceptando las limitaciones que impone el marco europeo y español seguro que algo más se podría hacer. Comprar  las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano, etc. como medidas urgentes y coyunturales. Y también es el momento de plantear iniciativas que se opongan a las dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.

Pero nada de esto ocurrirá, ni tan solo se convertirá en debate público sino emerge un amplio movimiento social de los que tienen más deudas que vivienda, más hipotecas que trabajo remunerado, más indignación que paciencia, más confianza en la fuerza popular que en las promesas vacuas de los gobernantes.

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