Editorial Carajillo nº 11, feb 2012: El fin de la ciudad postmodernista o la ecuación imposible

La ciudad postmoderna es la ciudad, o la anticiudad, del neoliberalismo económico, de la urbanización especulativa, de la sociedad atomizada, de la cultura individualista, de la política local débil y del capitalismo financiero fuerte. Es un ciudad que nos plantea un dilema histórico: o se acaba con este modelo de ciudad o las próximas generaciones recibirán solo los residuos de lo que quede de la obra más compleja creada por la humanidad. La urbanización difusa y fragmentada, socialmente segregadora, culturalmente miserable, económicamente despilfarradora y políticamente gobernada por especuladores y corruptos amenaza con generalizarse.

El discurso correcto que se repite en planes y documentos programáticos, en los medios de comunicación y en declaraciones gubernamentales, en resoluciones de congresos y en encuentros profesionales es utópico en unos casos y cínico en otros. Este discurso nos propone una ecuación tan necesaria como imposible “rebus sin stantibus”, es decir si las cosas permanecen como son ahora. La ecuación imposible es compatibilizar competetividad económica, cohesión social, sostenibilidad ambiental, gobiernos democráticos y participación ciudadana.

Aún admitiendo la idoneidad de estos conceptos esta compatibilidad es imposible, por necesaria que sea y por mucho que se proclame. La economía de mercado poco o mal regulado en el territorio, la creciente desigualdad y exclusión sociales, los costes ambientales y el mal uso de recursos básicos, la inexistencia o debilidad de gobiernos locales adecuados a los nuevos territorios urbanos o metropolitanos y la democracia reducida a sus aspectos procedimentales y a las prácticas tecnocráticas y caracterizada por la confusión institucional, niegan a la vez la citada ecuación, la ciudad como ámbito de ciudadanía y la democracia real.

La ecuación no es imposible, es necesaria. Pero para ello debemos analizar críticamente las causas y los actores que la hacen imposible hoy. Es también imprescindible debatir los conceptos de la ecuación, en algunos casos manipuladores de la realidad como “competitividad” o “cohesión social” que sirven para legitimar proyectos especulativos y excluyentes o para omitir la creciente desigualdad social. Otros conceptos deben ser precisados pues con frecuencia sirven únicamente como retórica destinada a crear consensos pasivos como “sostenibilidad” o “participación”. Y sobre estas bases se podrán promover movimientos sociales y culturales en pro de unas políticas urbanas activas que se confronten con las actuales dinámicas, perversas, disolutorias de la ciudad y de la ciudadanía.

El caso del País Valenciano y de su capital es lamentablemente un ejemplo especialmente visible de la degeneración del urbanismo, paradójicamente desarrollado en el marco de un período democrático que se inició hace poco más de tres décadas. El bloque político-cementero ha sido elegido y reelegido en diversas convocatorias electorales a pesar de los escándalos y denuncias (incluídas las del Parlamento europeo), de la evidencia de la corrupción y de los catastróficos resultados producidos sobre el territorio. Incluso procesos judiciales que han terminado en nada han mostrado la amigable colusión entre cargos políticos, promotores inmobiliarios, delincuentes profesionales y responsables de entidades financieras.

Si volvemos a los elementos de la ecuación deseable para el desarrollo urbano y lo aplicamos al caso valenciano la conclusión es inapelable. En nombre de la hacer la ciudad competitiva, atractiva, globalizada se ha generado una deuda enorme y se han despilfarrado recursos básicos como el suelo y otros (energía, agua,etc). Las obras faraónicas como las de Calatrava, las infraestructuras para eventos ruinosos (como la fórmula uno), las operaciones urbanísticas destructoras del tejido urbano integrador y significante (como el Cabanyal), la pseudourbanización de la costa con altos costes ambientales, etc todo ello ha sido un atentado a la economía productiva y al desarrollo sostenible. La supuesta cohesión social que se ha conseguido y que se expresa en las elecciones es resultado de la admisibilidad de la corrupción, de la cultura de la codicia, del afán generalizado de especular en vez de producir. Se ha corrompido a la sociedad además de las instituciones. La degradación del país es a la vez fisica, socio-económica y moral. La única legitimidad de los gobiernos locales y regionales es favorecer un modelo destinado a la quiebra. Y la participación ciudadana se ha convertido en la expectativa de recibir las migajas del negocio.

Pero la fiesta se ha acabado. Y las voces críticas que en los años pasados clamaban casi en el desierto, excepto en sectores universitarios e intelectuales y en movimientos sociales barriales y ecológicos, ahora son audibles y escuchados. La historia afortunadamente es dialéctica y a las dinámicas perversas responden las de las resistencias y las alternativas.

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