Derecho a la ciudad, de la calle a la globalización

Atravesar la calle / para salir de casa

Cesare Pavese

I. Y se hizo real el derecho a la ciudad cuando se lo reinventó la ciudadanía activa

1.Las ideas. Primero hubo el “dios creador” del derecho a la ciudad, se llamó Henri Lefebvre. Su libro ha sido muy citado. Me temo que ha sido mucho menos leído. El libro escrito en 1967 y publicado a inicios de 1968 dedica solamente un capítulo al “Derecho de la ciudad”. En los años 70 desarrolló el concepto pero siempre mezclado en otras temas socio-políticos y urbanísticos. Un capítulo exuberante de ideas pero, conscientemente, no propone una estructura deductiva. Y tuvo el ambiente estimulante del “situacionismo” en la Universidad de Strasbourg. Su obra de base filosófica se fundió con el impresionismo sociologista. El resto del libro es más estructurado y adecuado a Marx, guiño al centenario del Capital, publicado en 1867. Al final del libro Lefebvre nos propone unas “Tesis sobre la ciudad, lo urbano y el urbanismo”. En los años 70 produjo un conjunto de obras sobre lo urbano y dirigió la revista Espaces et Sociétés. Pero su libro geminal no solo recupera la idea del “derecho a la ciudad” también sentencia que las reformas urbanas solo lo serán si derivan en una “revolución urbana”. La frase de Lefebvre retomada por Harvey ha tenido éxito “la revolución sera urbana o no será”. Una frase hermosa y como la utopia sirve a caminar, como dijo Galeano.

A inicios del siglo XXI emerge con fuerza el pensamiento de David Harvey respecto al “derecho de la ciudad”. Sus obras marxistas y urbanas se habían iniciado con Social Justice and the City, 1973. Pero fue la reflexión estructural del “derecho a la ciudad” publicada por la Left Review (2008) y más desarrollada en los textos reunidos en “Rebel Cities” (2012) lo que dió a Harvey con conceptos del Marx del Capital la categoría conceptual. Si fue Lefebvre el “dios creador”, Harvey fue el “hijo de dios”, sin crucificación pero si adorado. Nos ha ofrecido una base estructural teórica sólida. En sus trabajos anteriores como Espacios de Esperanza (2000) o posteriores como “Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo” (2014) y en artículos y entrevistas apuntan pistas para dotar a la ciudadanía de reivindicaciones y instrumentos de intervención en los territorios urbanos. En este terreno es muy interesante el pequeño e intenso libro cuasi póstumo “La Ciudad de ricos, ciudad de pobres” del gran urbanista italiano Bernardo Secchi (2013 y 2015 en España), cuya reflexión ofrece ideas movilizadoras.

La producción intelectual europea ha sido considerable, a partir de los años 70 y los 80, desde los cientistas sociales como Étienne Balibar, Manuel Castells, François Ascher y Christian Topalov en Paris, el grupo de New York: Harvey, Peter Marcuse, Neil Smith, Tom Angotti y los urbanistas militantes de Venecia: Secchi, Marcelloni, Ceccarelli, Indovina… Todos son de la misma época y son de ellos contemporàneos de los actores transformadores como los arquitectos y políticos transformadores como Oriol Bohigas, Joan Busquets y Pascual Maragall de Barcelona. Se generaliza la importancia del “espacio público en Europa y también y en menor grado en América. También la cultura del “proyecto urbano ciudadano” en Francia e Italia, el new urbanism anglosajón, la regeneración o invención de las “centralidades”, etc. ¿Se sientan las bases de hacer realidad el “derecho a la ciudad”?

En América latina a partir de los años 70 emergió una producción intelectual desde las Universidades y centros independientes que se articularon con FLACSO, Clacso y diversas redes que en bastantes casos crearon formas de colaboración con los activistas sociales. En los años 70 y las décadas siguientes centenares de académicos, profesionales, militantes políticos y sociales fueron elaborando criterios políticos y legales y lo expresaron en “derechos” sino legales pero sí legítimos. Construyeron derechos y se dieron cuenta que se tenían que tener estos derechos y las políticas públicas que eran interdependientes y que empezaron a impulsar cambios políticos y legales a partir de los 80 y 90 produjeron generaron expectativas que en muchos casos fueron frustrantes pues se actuó más en los efectos que en las causas. Y los mecanismos del mercado y la debilidad o complicidades de los gobiernos lo pervirtieron. Como ya expondremos más adelante fue el “hacer urbanización sin ciudad”.

Como también en España destacó el CEUMT, vinculado a Bandera Roja y el PSUC (partido comunista catalán) en los años 70 y 80 en Barcelona y se extendió en todo el país. Fueron profesionales cientistas sociales, juristas, arquitectos e ingenieros, médicos, pedagogos, trabajadores sociales, periodistas, etc. Lo hubo en Madrid un centro promovido por arquitectos y algunos sociólogos y juristas vinculados por el PRT.

En América latina y en España el derecho a la ciudad, sin proclamarlo, de una forma más o menos explícita, expresaron este derecho más práctico que teórico. América latina, por mis conocimientos, hay que destacar el número y la calidad de muchos expertos, académicos o profesionales, que han elaborado múltiples textos unos teóricos y otros análisis concretos. Entre otros citemos Enrique Ortiz, Alicia Ziccardi, Antonio Azuela, HIC (Habitation Coalition de América Latina), Fernando Carrión (Ecuador), Manuel Dammert (Perú), Ana Sugranyes, Alfredo Rodríguez (Chile), Horacio Corti, Eduardo Reese, Marcelo Corti (Argentina), Raquel Rolnik y el colectivo Polis (Brasil), etc.

2. Las políticas urbanas. Los discursos bienintencionados son, en el mejor de los casos, ambivalentes. Las actuaciones citadas mejoran la ciudad compacta y crean ámbitos de ciudadanía. Pero los mecanismos sociales, jurídicos y económicos generan exclusiones y desigualdades crecientes. Si se cualifican los espacios públicos y sus entornos se disparan los precios del suelo, de la vivienda y del comercio. Si se regenera el tejido físico, se mejora la accesibilidad y la movilidad y un ambiente más seguro y visible gradualmente los sectores medios y altos expulsan a los sectores populares. La gentrificación no es un proceso limitado a las elites. En un proceso más generalizado, sectores bajos y medios tienden a pasar de la ciudad a la urbanización. El discurso intelectual de los profesionales y los programas políticos de los gobiernos (principalmente locales) sus buenas intenciones generan efectos perversos. Casi siempre por olvido o por incapacidad las actuaciones ciudadanas acentúan las desigualdades, lo contrario de lo deseado. La responsabilidad no es principalmente de los actores actuantes, es el marco político-jurídico que genera la injusticia social. Los profesionales y los gobiernos locales si que tienen una responsabilidad: denunciar este escándalo y proponer instrumentos técnicos y legales para garantizar los objetivos ciudadanos democráticos. Para ello requieren un apoyo social activo.

El derecho a la ciudad fue construído por los ciudadanos en movimiento. En medio de la ebullición intelectual y los proyectos urbanísticos de los años 60 y 70 emergieron los movimientos urbanos, barriales y ciudadanos. Fueron las clases populares, y en parte las medias, los que se hicieron suyos de los conceptos, los intuían sin haberlos aprendido, se apropiaron de los instrumentos de transformación justiciera. No fueron los profesionales ni los políticos, pero si que una parte de éstos los asumieron estando con los activistas sociales. América latina fue el continente que más desarrolló los movimientos sociales de las clases populares que generaron una movilización masiva y casi siempre bastante continuadora y organizadora. Fueron los movimientos de Reforma Urbana en Brasil con propuestas jurídoc-políticas. Y la lucha por la vivienda y el reconocimiento del lugar en Chile, Argentina, México, Ecuador, Perú, etc que incidieron en las políticas públicas aunque con frecuencia los “con techo” se quedaron sin ciudad. El derecho a la ciudad estaba en el aire.

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El 1968 europeo emergieron los movimientos urbanos que en el pasado fueron intermitentes, fragmentados y que fueron apoyos a los gobiernos locales que hicieron las mediaciones políticas. En los años posteriores las movilizaciones ciudadanas plantearon demandas y reivindicaciones diversas, de la vivienda, el transporte, los servicios públicos (el agua, la energía, los equipamientos), la seguridad, el medio ambiente…Pero también derechos socio-culturales o políticos como sentirse representado y reconocido, el espacio público y los elementos referenciales o icónicos, el rendimiento de cuentas y la iniciativa popular, el control de los gobiernos y la participación política más allá de las elecciones. Y mucho más.

II. De los catálogos a los instrumentos.

3. El catálogo de los derechos ciudadanos tuvo su momento de auge en los años 90 y principios de siglo XXI. Se derivaron de la Carta de los derechos humanos de Naciones Unidas (1948) y de las demandas más o menos reconocidas en las Constituciones nacionales: la vivienda, la educación, la sanidad, la protección social, el trabajo, etc. Sin embargo estos derechos teóricos no eran “reales” sino “programáticos”. No se podían reconocer ni exigir ante la Judicatura o las Administraciones públicas. Las políticas públicas por parte de los gobiernos reconocían en la práctica algunos derechos más o menos universales como por ejemplo la educación pero no la vivienda. Y en muchos casos estos derechos básicos o necesarios para todos requieren un coste monetario como el agua o la energía. Los derechos programáticos son indicativos para los gobiernos, pero no imperativos, es decir no son propiamente derechos. Para ejercerlos hay que conquistarlos. El ejemplo histórico más importante ha sido el movimiento sindical de los trabajadores asalariados: derecho a la huelga, al reconocimiento del sindicato en la empresa, a la negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo, las 8 horas de trabajo, etc. El trabajo o actividad productiva ha sido una confrontación de intereses entre la patronal (pública o privada) y los asalariados. Sin embargo la reproducción social o salario indirecto (la vivienda, el transporte, la educación, los servicios urbanos, etc) lo asumen un conjunto de instituciones y empresas muy diversas. Y la ciudadanía demandante es muy compleja y diferenciada por sus ingresos y necesidades, por su ubicación en la ciudad, por su capacidad de recursos y de influencia, etc, Sin embargo si la empresa y la propiedad encuadran a los trabajadores, la ciudad encuadra a la gran mayoría de la población. Y precisamente la ciudad requiere no solo la suma de infraestructuras, equipamientos y servicios sino también la articulación y la universalidad de los mismos. Los derechos ciudadanos son interdependientes: vivienda, transporte, acceso al trabajo y a los ingresos, la sanidad, la protección social, la educación, el espacio público, la convivencia, la seguridad, todos los derechos políticos, el reconocimiento, etc. Y son, o deben ser, para todos los habitantes de la ciudad.

El catálogo o cartas de los Derechos a la ciudad sin embargo no deja de ser una declaración abstracta que hace a la ciudadanía impotente. Los derechos citados no solo dependen de los ofertantes, sean administraciones públicas o empresas privadas. Es necesario que el marco político-jurídico para que sea posible concretar el conjunto de derechos. Obviamente la reproducción social afecta a toda la población pero proclamar el “derecho o derechos” de la ciudad se requieren marcos legales y financieros para ello. La producción de viviendas y gestión del suelo o la energía y el agua en la gran mayoría de los países están en manos de propiedad privada y que se usan por lucro. Para hacer efectivo los derechos ciudadanos hay que garantizar la apropiación o control públicos de los bienes de carácter público. Incluso gran parte de los economistas clásicos desde Adam Smith hasta Walras consideran que estos bienes son de naturaleza pública y que son necesarios para toda la población. Bienes básicos desde la antigüedad, la energía, el agua, la tierra y el aire. Pero también los bancos, el transporte, la educación, la sanidad, la vivienda, etc. Para ello depende no solo de los gobiernos y parlamentos. También de los profesionales y de la cultura ciudadana. Los profesionales deben aportar instrumentos prácticos para posibilitar el acceso a los bienes comunes. Y la cultura ciudadana que legitime la propiedad colectiva pero es muy frecuente que los habitantes son ambivalentes, lo que es de todos me toca a mí también, pero lo que es mío es solo para mí.

4. Profesionales, técnicos y académicos frente a los responsables políticos. ¿Hay una ética de los urbanistas? La cultura de la disciplina fue hacer del urbanismo la funcionalidad de la ciudad para que el conjunto de los bienes y servicios colectivos estén accesibles a toda la población. El urbanismo promueve la libertad de los ciudadanos. Como ya decían en la Baja Edad Media “el aire de la ciudad nos hace libres”. Y el urbanismo de la ciudad industrial plantea la ciudad como conviven amplias y diversas poblaciones en condiciones de igualdad. Como la idea de Cerdà de proyectar “la ciudad igualitaria”. Pero en la práctica profesional los urbanistas se adaptan a las leyes y las políticas públicas que facilitan las desigualdades y exclusiones. La mayoría de los profesionales se adaptan a los clientes públicos o privados, sean empresas o viviendas, infraestructuras o equipamientos, localizados en zonas de calidad de la ciudad o en territorios en proceso de urbanización, sin las ofertas de la ciudad, en espacios lacónicos y deficitarios. Actualmente se promueven ciudades excluyentes y urbanización sin ciudadanía. La ética urbanística no existe. Hay que revalorizar las bases éticas del urbanismo pero también los medios para aplicarlas.

Los instrumentos técnicos y jurídicos hay que proponerlos a los responsables políticos y a la ciudadanía activa por parte de los técnicos y los investigadores. Los ejemplos son muy diversos. Es posible regular la oferta del suelo urbano o urbanizable. ¿Publificar el suelo? Podría ser revolucionario, pero el poder político puede regular el uso del suelo. También puede aplicar una fiscalidad del suelo expectante para ponerlo en los usos de interés colectivo. Si la propiedad del suelo aún no urbanizado se pone en la venta el precio será como rústico o muy poco más que eso. El planeamiento debe exigir como mínimo la cesión del 50% para espacios públicos, equipamientos y vialidad. Y el conjunto de viviendas deben mezclar ofertas para todos los niveles sociales. Un ejemplo fue la política de vivienda popular por parte del gobierno del Labour Party en 1945 al terminar la guerra. Veáse el libro citado de Bernardo Secchi (“La Ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres).

Cultura, política y economía ciudadanas. Los urbanistas, profesionales o académicos, pueden difundir en sus medios propios la cultura ciudadana pero su influencia es muy relativa. Los gobernantes en su gran mayoría no entienden ni el territorio y menos aún las ciudades. Conocen el Estado, un ente abstracto. La ciudad es concreta, material y sensual, como escribió Darhendof (1992). En el mejor de los casos los responsables políticos pueden promover actuaciones sectoriales, viviendas, infraestructuras, grandes equipamientos pero no hacen ciudad. Cada ministerio o regiduría actúa en su especialidad y en un marco legislativo del Derecho civil que casi siempre se impone al Derecho administrativo. “Desconfiad de las palabras” ví pintado este lema en un gran muro de Paris, en la rue Belleville, muy cerca de la librería Le Genre Urbain. Se aplica mucho a la política, el discurso es una cosa y la actuación es otra. Los agentes económicos casi siempre tienden a ser depredadores del territorio y su discurso competitivo genera insostenibilidad y desigualdad. La ciudadanía activa es la esperanza, desde los barrios y desde las ciudades, por medio de formas diversas: asociaciones y movimientos, economía social o cooperativa, campañas de rendimiento de cuentas y de iniciativas populares. El díalogo entre profesionales y movimientos ciudadanos pueden construir una ética práctica.

III. Derecho a la ciudad y territorios urbanizados. La Justicia espacial.

5. Urbanización no es ciudad. Nos referimos siempre a la “ciudad” pero una gran parte de la población no habita en la ciudad sino en zonas más o menos urbanizadas. La ciudad se caracteriza por una sociedad heterogénea y una institución autogobernada. Se generan lazos socio-culturales y son representados por el gobierno local. La urbanización sin ciudad pueden ser conjuntos o enclaves casi siempre homogéneos que pueden ser tanto por sectores populares como medios o altos. Pero la mayor parte de las zonas urbanas sin ciudad son escasamente urbanizadas o incluso dotados deficitarias de los servicios básicos desde el agua potable o la electricidad, o del acceso a los transportes colectivos, o la inexistencia de centros sanitarios, escuelas o institutos o equipamientos culturales. En estas zonas la administración pública con frecuencia es lejana o desinteresada, especialmente si son conjuntos informales o autoconstruidos. La población en estos casos se siente abandonada por la institución y no reconocida o incluso “criminalizada” por la ciudadanía formal.

Del reconocimiento y la integración en el discurso pero más frecuente sea la exclusión y la expulsión. Estos conjuntos “sociales”, sean informales o no con el tiempo se integran en la ciudad pero es frecuente que a la vez se expulsa a gran parte de los habitantes. A veces la autoridad política o empresas privadas por la fuerza por considerarse población marginal. O lo hace el mercado o la presión institucional. Son los pobladores o “desechables” y los barrios se les denomina incluso “subnormales”(como dicen en Colombia) y viven precariamente. En otros casos se les consideran “no existentes”, como fue durante muchos años el gobierno de Rio de Janeiro, que no contaba la población de los “morros” a pesar de la visibilidad desde todas partes las “favelas” en las que vivían y trabajaban un millón de personas. En Lima los “pueblos jóvenes” de las periferias fueron en tierra de nadie y predominantemente viviendas autoconstruídas. Luego gradualmente llegaron industria o depósitos, algunos servicios básicos y se organizaron los pobladores y fueron calificados de municipios del “gran Lima”. Pero fueron “ciudades de pobres” como les califica Secchi ya citado. En Barcelona el “barroquismo” de los años 50 y 60 e incluso en los primeros 70 en ningún caso se reconoció a los inmigrantes que llegaron del resto de España se asentaron fuera de la ciudad formal, sin status de ciudadanía. Los primeros años se les ocultó por medio de muros que se les quiso hacerles invisibles. Luego fueron expulsados o enviados a los municipios de la periferia en conjuntos aislados de mala calidad y escasos servicios que en muchos casos son considerados como “barrios malditos”, no reconocidos o sino como considerados ciudadanos, sino “delincuentes” o “peligrosos”. Solamente en algunas zonas en las que había arraigado la población, el lugar era poco accesible y de difícil hacer conjuntos nuevos como en zonas montañosas, se fueron insertando en la ciudad y sus servicios públicos. El derecho a la ciudad en estos casos no se trata de la ciudadanía, sino de una población no reconocida durante décadas de años. Es la injusticia espacial.

6. Justicia espacial. Las ciudades compactas ofrecen servicios colectivos y públicos vinculados a la reproducción social. Desde el agua a la energía. De la seguridad personal a los servicios de urgencia sean de enfermería, de la policía local o el servicio de los bomberos. Hay servicios sanitarios y de protección social. Hay movilidad accesible y zonas de ocio, cultura y deporte. La mixtura de la convivencia en el espacio público y la diversidad del comercio y de las áreas de centralidad es propio de la ciudad. En consecuencia las poblaciones de bajos ingresos y las que llegaron de otras regiones o paises son los que más necesitan las ofertas de la ciudad. Es una cuestión de justicia espacial

Sin embargo prevalece la injusticia espacial. En las ciudades existen barrios muy marginales o degradados y de mala fama es probable que gran parte de sus habitantes se les consideren ciudadanos teóricamente pero están marcados por su habitat de residencia. Presentarse en busca trabajo y ser rechazado, avergonzarse en la escuela cuando los otros niños se burlan o cuando los taxis o pedidos comerciales no quieren ir al barrio “criminalizado” es sentirse estigmatizado, no ser reconocido como ciudadano. Y si te haces presente en la ciudad formal pero te marca la vestimenta, el color de la piel, la pobreza en la cara no te sientes seguro ni aceptado en el espacio público, en los comercios o en los equipamientos sean públicos o privados. ¿Son inmigrantes, son de otra “raza”, lengua o religión? ¿Son peligrosos? No, son pobres y asustados.

Periferias urbanas lejos de la ciudad compacta y ciudadanía. Sin ciudad y sin justicia. Los barrios más o menos malditos de la ciudad están relativamente integrados, la dinámica urbana tiende a recuperarlos, o bien forma parte de un ocio específico, al límite o más allá de lo permitido o zona de refugio de facto tolerado. La injusticia espacial es mucho más extensa y afecta incluso a mayorías sociales. Las periferias en parte están integradas o muy relacionadas con la ciudad central pero hay zonas que no lo están. Las poblaciones más segregadas o aisladas son en unos casos asentamientos informales o alegales, en tierras de nadie o ocupaciones de facto. En otros ocupan barrios de muy baja calidad sean por la vivienda precaria o degradada y por los servicios colectivos muy deficitarios. Y finalmente se trata de conjuntos de “vivienda social”, sea pública o privada, localizados en suelo barato y fuera del ámbito no o poco urbanizado. A medida que se desarrolla la urbanización más aumenta la “no ciudad”, los asentamientos informales o distanciados quedan aislados del tejido urbano ciudadano. La escala creciente de la urbanización genera dispersión, difusión, espacios sin sentido, tejido ciudadano lejano, centralidades inaccesibles. Los sectores populares y en parte sectores medios encuentran viviendas en la no ciudad, una urbanización a medias que no accede a la calidad urbana plena.

La injusticia espacial afecta más a los que más precisan de la ciudad, los “inmigrantes” (que en realidad lo fueron pero que están instalados quizás para muchos años), los desocupados y los precarios, las familias de ingresos bajos y que no disponen del todo los bienes y servicios más necesarios. Pero cada vez más hay sectores populares, e incluso medios, que vivieron en la ciudad han debido transferirse, ellos o sus hijos, a conjuntos off-ciudad. Pero se suman muy pronto los costes económicos y sociales. El transporte cotidiano supone un coste no solo en dinero, también en tiempo que puede ser incluso 3 o 4 horas diarias. Las viviendas deficitarias y los entornos banales. La homogeneidad socio-cultural y la convivencia en bastantes casos escasa especialmente en Europa. Acceder a la ciudad y sus centralidades resulta costoso y lucrativo. Los guetos no facilita obtener trabajo o a acceder a las ofertas educativas y culturales diversa. En estos que no son ni barrio, ni ciudad ni pueblo, la información es muy limitada, no se conocen ni acceden fácilmente a personas o asociaciones de niveles algo más cualificados y diferentes, les resulta difícil abrirse a mayores horizontes. Les resulta difícil el acceso a los administradores públicos e incluso si participan en los procesos políticos pero desde su atomización y frente a la televisión. En las ciudades la desigualdad social es visible y en parte la oferta propia de la ciudad reduce las desigualdades sociales de los sectores populares (siempre que pueda permitírselo). Pero en las zonas periurbanas y los guetos de todo tipo multiplican la injusticia espacial.

Nota complementaria. Los enclaves de primera o segunda residencia de sectores medios e incluso altos. La difusión urbana se generaliza por el uso del automóvil y en menor grado los transportes colectivos relativamente rápidos. Se busca el contacto con la “naturaleza”, la “seguridad”, el convivir con vecinos como uno, la calidad ambiental, viviendas con jardín o terrazas que difícilmente son accesibles en las ciudades compactas. Se pueden discutir las ventajas y las desventajas individuales. Pero es obvio que se generan procesos urbanos negativos, se acentúan las desigualdades y se multiplican los costes ambientales. El coste de las infraestructuras y los servicios básicos, el calentamiento del planeta y el despilfarro de las energías no renovables, los enclaves más o menos lujosos contrastan con los conjuntos sociales y la vida de los sectores populares. La difusión urbana es una de las principales causas de la insostenibilidad de los recursos del medio en que vivimos empezando por el agua, el aire, el suelo y la energía, bienes comunes que necesitan toda la población. Y se pierde la ciudadanía, la convivencia, la vida colectiva. Se tribalizan y se atomizan las poblaciones. La difusión urbana es la negación de de la democracia ciudadana.

IV. ¿La revolución urbana será una revolución? ¿El derecho a la ciudad puede conquistarse en los marcos actuales políticos y económicos?

7. Revolución y democracia en sociedades urbanizadas.

La revolución será urbana o no será, escribió Henri Lefevbre y lo asume absolutamente David Harvey. Sin embargo las revoluciones no se inventan, se producen y muy de tarde en tarde y las hay más las fracasadas que las victoriosas. Y las hacen las mayorías sociales, no los intelectuales ni los políticos. Los intelectuales y profesionales están en sus ámbitos institucionales y los políticos en cargos públicos y en sus organizaciones. Evidentemente las movilizaciones, las revueltas y las revoluciones incluyen intelectuales y políticos cuando se añaden a las mayorías. Las revoluciones no nacen por una explosión social, aunque sea la chispa, sino por una acumulación de desigualdades, de privilegios, de injusticias… Sin embargo hay revoluciones que también pueden ser silenciosas, se conquistan transformaciones en las relaciones sociales para que sean más igualitarias, cuando las instituciones políticas se abren a las clases populares y las ideas democratizadoras son hegemónicas en el conjunto de la sociedad. En este momento histórico las revoluciones, ruidosas o no, no parece que sea un proceso democratizador, más bien lo contrario. Vivimos un periódo desdemocratizador, en Europa y en América por lo menos es visible.

¿El derecho de la ciudad es el concepto explicativo de la revolución urbana? La base teórica del derecho a la ciudad es la exigencia ciudadana de la reproducción social en un marco de democracia multidimensional (espacial, política, social, cultural, económica, ambiental). Los procesos urbanos democratizadores conquistan los derechos vinculados con el conjunto de la reproducción social o “salario indirecto” y articulado con la producción social. Si estos procesos culminan con rupturas o revoluciones o de una forma progresiva y con avances y retrocesos dependerá de la relación de fuerzas políticas y económicas y las coyunturas más o menos conflictivas. La cuestión no es esperar la “revolución urbana”. En las últimas décadas hasta hoy la “revolución urbana”, mejor dicha “contrarrevolución”, ha sido en contra del “derecho a la ciudad”. La desdemocratización en gran parte se ha concretado en las ciudades y los territorios urbanizados mediante la injusticia espacial, las sociedad del desprecio y las ciudades están sometidas a las leyes, las competencias y los recursos financieros de los Estados centrales. Y en la actualidad el capitalismo financiero globalizado coloniza y desposee el mundo social urbano. La fuerza potencial de las ciudades sin embargo se debe a su bivalencia: dispone de una base institucional política representativa y una sociedad activa que ejerce una presión sobre las fuerzas políticas y económicas. Será revolución rupturista y ruidosa o una conquista gradual y silenciosa. La síntesis será el estandarte teórico del “derecho a la ciudad”.

8. Hacer ciudad y hacer ciudadanía. Sin ciudad, no hay ciudadanía, o una “capitis diminutio” de derechos, aunque vivan en territorios urbanizados. Ejercer de ciudadanos supone la convivencia, la diversidad y el reconocimiento por los otros. La ciudadanía es la conciudadana, no el habitante atomizado. También en la ciudad compacta hay un déficit de ciudadanía pues el acceso a los bienes y servicios propios de la reproducción social es muy desigual. Pero por lo menos es visible, la población poco integrada tiene mayor capacidad reivindicativa y de conquistar sus derechos. Hay una relación básica entre ciudad-ciudadanía-reproducción social y derechos. Pero la ciudad tiende continuamente a las exclusiones. Los allegados o los que han perdido el tren se sienten desposeídos de la ciudadanía plena. La reproducción social genera continuamente viejas y nuevas desigualdades, sociales, económicas o espaciales. Aparecen nuevas demandas y derechos emergentes. La ciudadanía se conquista cada día, la reproducción social continuamente se amplía y los derechos se deben ejercer continuamente sino se pervierten. Hacer ciudad y ciudadanía no es competencia únicamente a los poderes públicos y especialmente los gobiernos locales.

La ciudadanía activa denuncia primero demandas y reivindicaciones, realiza acciones expresivas, se manifiesta ante los medios, las administraciones públicas y los medios. En una segunda fase se concretan los objetivos, resisten o promueven acciones de resistencia o de exigencia, se buscan medios legales o programáticos, se exigen derechos legítimos y sentirse representado en los gobiernos locales u otros. Se crean escenarios de diálogo, de pactos, de control o o bien se denuncia y se revoca a los gobernantes. Y en una tercera fase hay un sentimiento de justicia, de no ser reconocido, indignación por los abusos, los privilegios, la corrupción. Se aspira a una sociedad igualitaria, justa y solidaria. Sin gobernantes que estén por encima de los ciudadanos, ni los poderes fácticos (poderes económicos, judiciales, militares, etc) si no son controlados por las organizaciones ciudadanas y sociales.

9. El territorio articulado entre la producción y la reproducción. Reogarnización del territorio.

La producción y la ciudad como ámbito de reproducción social. Reproducción y producción social forma un todo. Las clases trabajadoras o los asalariados requieren de los salarios directos y los salarios indirectos vinculados a la reproducción social. Las empresas sean de producción industrial o comercial y las de los servicios públicos o privados pueden estar en el territorio pero gran parte están en ámbitos territoriales en otra parte. Los “productores” en cambio viven en el mismo ámbito territorial, ciudad, área metropolitana o región urbanizada. Sus demandas y sus derechos estan estrechamente relacionados entre sus salarios o empleos y su movilidad, vivienda, etc. La gran mayoría de la población asalariada o por su cuenta son a la vez trabajadores y ciudadanos. Los territorios ciudadanos y los de la producción están articulados y casi siempre mezclados. El conflicto social en la producción y el de la reproducción van unidos en las mayorías sociales. De la misma forma que la ciudadanía se expresa en el espacio público en las sedes de la producción se expresa no solo en el lugar del trabajo, también en su ámbito de vida urbana. No se trata de separar entre ciudadanos genéricos y trabajadores específicos. En ambas situaciones hay una diversidad de clases sociales, tienen intereses diversos, pero la gran mayoría de la población tiene las mismas necesidades, los ingresos monetarios y el acceso a la vivienda, los servicios colectivos, el espacio público, etc. Ciudadanía activa y población trabajadora forman una mayoría para reclamar sus derechos ciudadanos y sindicales.

Organización política y la recuperación de la sociedad activa. El ámbito territorial urbano tiene distintos niveles, el vecinal, el barrio, la ciudad, el entorno metropolitano, los espacios urbanizados sin ciudad, la región urbana. En cada nivel hay formas de cooperación y convivencia, de prestación de servicios formales o informales, de delegaciones de las administraciones públicas, de la participación política. Pero el ámbito hegemónico y garantista es multidimensional: la ciudad metropolitana, la región urbana, la red de ciudades, según sean los territorios. El poder político representativo, normativo y de grandes proyectos y de gestión de grandes servicios, debe ser único. Pero en los distintos niveles es conveniente que hayan las formas asociativas o no formales de la ciudadanía, los agentes de la producción y de las empresas públicas o privadas y los representantes de las administraciones políticas.

La “ciudad” en todas sus dimensiones, es una entidad institucional y un ente físico y social. La ciudadanía en su diversidad se cohesiona para defender y conquistar sus derechos. La ciudad en sus distintos niveles la sociedad activa urbana debe asumir “el derecho a la ciudad”. Esta ciudad multidimensional debe tener una organización política potente, en lo normativo, lo ejecutivo, lo judicial, lo descentralizado y lo participativo. Pero además la ciudad tiene su otra naturaleza: la ciudadanía. Esta sociedad urbana activa es en sí misma una fuerza para cooperar con el gobierno de la ciudad o región urbana o bien para confrontarse con éste. Pero juntos pueden establecer relaciones contractuales más que jerárquicas con el Estado y si es necesario confrontarse con éste. O aliarse, mucho más positivo, enfrentarse con el “Poder global” del capitalismo financiero y de las grandes multinacionales sean industriales, de servicios o comerciales. La ciudad multidimensional es, o debe ser, un actor global. Para ello en este proceso se podrá y se deberá conquistar realmente “el derecho a la ciudad”.

Nota sobre la idea sobre el derecho a la ciudad por parte del autor. Éste tuvo su conocimiento básico de la geografía urbana de Pierre George y su grupo de Paris. Recibió el estímulo de Henri Lefebvre a finales de los 60 del siglo pasado que puso el concepto de “derecho a la ciudad” en el universo cultural. Y más tarde entendí la construcción del “derecho a la ciudad” de David Harvey a inicios de los inicios de este siglo. El pensamiento deductivo y teórico de Harvey se inspiró de Marx pero su desarrollo fue muy creativo. En los años 70 y 80 el autor hizo un recorrido distinto, inductivo y práctico, y poco a poco lo fue perfilando para llegar a unas bases teórico-políticas muy próximas a Harvey pero también del pensamiento americano como Michael Cohen, Alicia Ziccardi, Horacio Corti, Eduardo Reese, Marcelo Corti, Alfredo Rodríguez, Ana Sugranyes, Fernando Carrión, el Movimiento de Reforma Urbana de Brasil, etc

10. Referencias bibliográficas.

El autor presenta una reflexión personal sobre el derecho a la ciudad que en parte es debido a sus trabajos anteriores. El texto es totalmente original y es probable un cierto escepticismo y también más pragmatismo respecto al derecho de la ciudad. Se ha difundido y banalizado sin una base algo más sólida conceptualmente y políticamente. La vinculación reproducción social-derecho a la ciudad y crítica a la urbanización sin ciudad y la ciudad excluyente.

A continuación cito los principales textos del autor sobre el “derecho a la ciudad”. En primer lugar indico los trabajos diversos, algunos en libros o artículos del autor, en los que empecé a exponer el derecho a la ciudad. Me refiero a la producción de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado sobre el “derecho a la ciudad” y sus corolarios como “ciudadanía”, “derechos ciudadanos”, “ciudad es espacio público” etc. y aparecen mezclado con otros temas. Cito algunos libros y artículos extensos referidos a los derechos y la ciudad como “Movimientos sociales urbanos” (1975). “Movimientos urbanos y cambio político” (1981), Estado y Ciudad (1988), “Urbanismo y ciudadanía” (1991), “Ciudadanía europea: derechos civiles y sociales desde la perspectiva local” (1997), “Los desafíos del territorio y los derechos de la ciudadanía (1999).

En Habitat 2-Istambul de Naciones Unidas (1996) participé como miembro de la Federación de Ciudades hermanadas (que estaban en proceso de unificación con IULA para dar lugar a CGLU), del grupo asesor del gobierno español y representante del alcalde de Barcelona. Propuse en la Asamblea de alcaldes y de organizaciones ciudadanas “el derecho a la ciudad” como superación del “derecho a la vivienda” conjuntamente con Enrique Ortiz, de México y presidente de HIC (Habitat Internacional Coalition).

En los libros más recientes, ya en este siglo, desarrollo de forma más elaborada la temática del derecho a la ciudad. Principales obras de autor: “Espacio público: Ciudad y ciudadanía” (2002), “La ciudad conquistada” (2003) y “Revolución urbana y derechos ciudadanos”(2013). Y posteriormente obras colectivas de co-autor: “Ciudades, una ecuación imposible”, eds. Mireia Belil, JB y Marcelo Corti; “Ciudades resistentes, ciudades posibles”, eds JB, Mireia Belil, Fernando Carrión, Michael Cohen y Marcelo Corti (2016); y “Derecho a la ciudad: conquista política y renovación jurídica”, eds. Horacio Corti y JB (2018). En las obras del autor citadas hay bibliografías bastante extensas.

Las obras de autores citados al inicio del texto forman parte de mis lecturas como Lefebvre, Harvey, Balibar (“Ciudadanía” 2013) y otros, geógrafos, sociólogos, urbanistas, arquitectos, ingenieros, ambientalistas, juristas, politólogos, filósofos, historiadores, etc Pero también activistas sociales y funcionarios públicos. Sin embargo en nombre del “derecho de la ciudad” se vende cualquier artículo o ponencia que tenga algo que ver con los derechos sociales y los procesos urbanos. El concepto de “derecho a la ciudad” se diluye debido a que no se ha desarrollado y estructurado este concepto.

Las Cartas de Derecho a la Ciudad plantean los objetivos, pero no concretan casi siempre los medio. Entre las Cartas interesantes y diversas, sin menospreciar el resto. Citamos por ejemplo la Carta del Foro Social de Porto Alegre y Saint Denis (2010), la de Ciudad de México (2010), la Carta Urbana Europea del Consejo de Europa (1993), y muchas otras. La UNESCO y Habitat promovió la elaboración de una Carta que no formalizaron un texto pero lo editaron miembros del grupo de trabajo: Urban Policies and the Right to the City, ed. Bernard, Jouve (2009).

El Institut de Drets Humans de Catalunya publicó 7 volúmenes de Derechos emergentes, el último fue el texto que elaboró DESC (2011). Entre diversos libros muy pertinentes y no muy conocidos citamos tres. Uno de carácter histórico: de Eric Hobsbawm: “La clase obrera y los derechos humanos” en “El mundo del trabajo” (1987). El siguiente de carácter político concreto elaborado por HIC (Habitat Internacional Coalition, 2011) y editado por Sugranyes, Ana y Mathivet,Charlotte: Proposal and Experiences towards the Right of the City (también en castellano y en francés. Y de carácter filosófico social “La sociedad del desprecio” de Axel Honneth (2006).

Las Naciones Unidas y Habitat se han resistido a aceptar el concepto de “derecho a la ciudad” debido a la oposición de los gobiernos más poderosos, especialmente los Estados Unidos.

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