Ciudades resistentes, ciudades posibles. Una Introducción.

Por J.Borja y F.Carrión

La inocencia de los urbanistas

“Los urbanistas hacemos buenos planes pero luego la sociedad los pervierte” declaró uno de los más cualificados urbanistas españoles.1. De formas distintas lo han dicho numerosos profesionales del urbanismo, en América latina, en Europa y en EE.UU. Otra forma de devaluar los planes mediante nuevos conceptos como los planes estratégicos, los proyectos o los “grandes proyectos”, los planes economíco-sociales territoriales, etc. Son conceptos que podrían ser interesantes pero con frecuencia han servido para flexibilizar el planeamiento en favor de intereses privados. Siempre con buenas intenciones y destinadas a toda la población. Viviendas dignas para las poblaciones de bajos ingresos y en zonas degradadas y marginales; centralidades accesibles, espacios públicos, equipamientos y servicios para todos; protección del medio ambiente y austeridad respecto a las energías no renovables; generación de empleo y fomento de la actividad económica; infraestructuras integradoras para los sistemas urbanos y regionales; etc. Los mismos conceptos se repiten en los discursos oficiales. Nos dicen que necesitamos ciudades competitivas, socialmente cohesionadas, sostenibles, seguras, gobernadas con eficacia y transparencia y participativas, muy participativas. Lo proclaman a la vez las organizaciones internacionales, los gobernantes a todos los niveles, los profesionales y los pensadores (como los que nos dicen como han de ser las ciudades), e incluso muchas (no todas) entidades cívicas y organizaciones sociales. Los consensos son siempre sospechosos y de buenas intenciones el infierno está empedrado.2

El discurso urbanístico bienintencionado de unos o simplemente retórico de otros es en muchos casos inoperante y a veces cínico. Las dinámicas urbanas contradicen casi siempre los discursos sean de los políticos o de los planificadores. Estas dinámicas superan a los planes o proyectos. Y, sobretodo, porque existen mecanismos socio-económicos y políticos que son factores causales que generan efectos perversos, en unos casos pervirtiendo los contenidos de los planes o proyectos o por que los resultados de los mismos tienen efectos contrarios a las buenas intenciones previstas. Los ejemplos son conocidos. En unos casos se modifican de los planes y proyectos antes de su ejecución o a posteriori. En otros casos se producen efectos sociales contrarios a los queridos o esperados por colectivos sociales como ocurre con los procesos de “gentrificación”. Sin intervenir sobre los marcos legales y sin una voluntad reformadora por parte de la acción gubernamental el planeamiento y los proyectos bien intencionados resultan contradictorios.

Los conceptos generales que orientan los planes y proyectos ya citados son ya en sí mismos sospechosos. ¿Las ciudades (o los territorios) deben ser competitivas? En realidad la competitividad casi siempre tiene efectos sociales y ambientales negativos, favorece a los inversores y a los especuladores, aumenta la segregación social y reduce la ocupación, genera despilfarro, etc. La sostenibilidad es un brindis al sol sin ningún efecto práctico. La cohesión social, concepto vago, evita referirse a las desigualdades sociales y espaciales. La participación cuando se institucionaliza está diseñada y gestiona por lo gobiernos locales y se utiliza para crear consensos pasivos. La gobernabilidad se utiliza par aumentar la inflación institucional y la multiplicación de cargos públicos y el resultado es más confusión y opacidad, en resumen, irresponsabilidad. La seguridad no se refiere a ocupación, pensiones, protección social acceso a la vivienda o a la sanidad pública. Más bien sirve para generar miedos y control del espacio público, favorece la atomización y el individualismo, generaliza a colectivos enteros como “clases peligrosas” (jóvenes, inmigrantes, sectores pobres, etc). La ciudad futura aparece únicamente mediante diseños de grandes proyectos urbanizadores que no tienen nada que ver con las esperanzas de las mayorías sociales.

La mayoría de los gobiernos, nacionales o locales, utilizan estos conceptos para legitimar operaciones dudosas o simplemente retóricas. Las instituciones políticas representativas no denuncian o no exponen las limitaciones del marco político-jurídico estatal y las complicidades con los intereses privados de los grupos dominantes. Aceptan los beneficios especulativos de la propiedad privada del suelo, la consideración de la vivienda como mercancía, la gestión bancaria fraudulenta de los ahorros y de los créditos hipotecarios, la privatización de los servicios de interés general, etc. Estos factores causales del malestar urbano tienen complicidades. Los profesionales del urbanismo se supone que deben conocer las causas económicas y políticas y se relacionan con los actores operativos privados y las complicidades públicas. ¿Porqué no denuncian las normas que limitan el poder público y favorecen a intereses particulares en muchos casos especulativos o fraudulentos? ¿Porqué no publicitan las responsabilidades, por corrupción, cobardía o presión ambiental, o el comportamiento de los gobernantes? Si no son cómplices hay que suponer que son muy inocentes. Pero entonces mejor que se dedican a otros menesteres. Debieran estar en el limbo, pero no existe ni en el cielo ni en la tierra.

2. ¿Existe la ética del urbanismo?

El urbanismo, como otras profesiones, determina las condiciones de vida de la ciudadanía. Por lo tanto sus fundamentos básicos son éticos, humanistas o sociales. Los fundadores del urbanismo, entre ellos Cerdá y otros muchos3, parten de algunos principios elementales. Uno: la ciudad debe garantizar a todos los habitantes por igual el acceso a los bienes y servicios que son comunes o necesarios a todos (vivienda, transportes, reconocimiento, espacio público, etc). Y segundo: contribuir a las transformaciones sociales, económicas, culturales y política con el fin que el objetivo (derecho) anterior sea realmente efectivo. El urbanismo nace con dos almas que pueden ser complementarias o contradictorias. El primer fundamento es funcional pero de carácter universal: construir la ciudad igualitaria (Cerdà). El segundo es político: intervenir mediante el urbanismo en la reducción de las desigualdades y promover la calidad de vida de los ciudadanos. El urbanismo funcional se basa en el racionalismo de la organización de la sociedad industrial. La vocación socio-política se inspira en el socialismo utópico y posteriormente en el marxismo y el pensamiento crítico y alternativo4. Pero el urbanismo ha traicionado muchas veces sus fundamentos y de forma muy evidente en las últimas décadas. Si las ciudades se multiplican las desigualdades espaciales, el desarrollo urbano es insostenible y la economía especulativa en nombre de la competitividad destruye el capital fijo y social hay que asumir que los urbanistas en sentido genérico tienen una cuota de responsabilidad en la injusticia espacial como señala B.Secchi.5

Los fundamentos éticos han sido pervertidos por las prácticas de los gobernantes y de gran parte de los profesionales. Se vulneran explícitamente todos los valores y razones de ser del urbanismo6. Otras profesiones, como la sanidad o la educación, mantienen formalmente códigos éticos, incluso concretados en la legislación y en los reglamentos de las organizaciones profesionales, aunque en la práctica se conculcan. En cambio en la planificación territorial, el urbanismo y las políticas de vivienda se cometen barbaridades (véanse por ejemplo los estropicios del boom inmobiliario de la última década en España, en Estados Unidos y otros países) sin exigir ninguna responsabilidad a profesionales, promotores, funcionarios y gobernantes. Los arquitectos, planificadores, urbanistas y otros profesionales son cómplices inimputables, actúan sin ninguna mala conciencia. La excusa: es lo que quiere el alcalde o el cliente.
Entre los valores éticos y las intervenciones concretas en el territorio (planes, proyectos, programas, actuaciones puntuales, actuaciones privadas, etc es decir las técnicas) hay el marco político-jurídico y las decisiones de los gobiernos (nacionales o locales) y su relación con los actores privados. El urbanismo es una actividad reglada. En la práctica también puede ser muy arbitraria (lo cual se presta a la corrupción). El marco legal es a la vez garantía del interés general y protector de los derechos individuales. Y en nombre de la propiedad privada se facilita la especulación del suelo que es una de las principales causas de los procesos urbanizadores más perversos. A continuación interviene la legislación específica, las políticas públicas sectoriales, los planes y proyectos municipales,etc. Pero todo ello, hasta el proceso de ejecución, son indispensables los profesionales, sean funcionarios o contratados por las administraciones públicas o las empresas privadas. ¿A la hora de asumir los encargos tienen en cuenta la ética de la profesión? 7

En resumen el urbanismo es primero ética y política, luego su concreción supone utilizar e innovar las técnicas urbanísticas adecuadas y dialogar con los actores políticos y económicos y la ciudadanía interesada. No es una caja de utensilios como un fontanero, es un proceso complejo que se desarrolla en el tiempo y en el espacio, entre lo simbólico y lo material y en el que participan múltiples actores. Uno de ellos son los urbanistas, sean planificadores, arquitectos, ingenieros, juristas, geógrafos, economistas, sociólogos, paisajistas, ambientalistas, filósofos, activistas sociales, etc. Sin embargo son indispensables y de nada sirven los valores y las ideas, las decisiones políticas y las movilizaciones sociales, si no se disponen de los instrumentos propios del urbanismo, sea para hacer o deshacer la acción en el territorio.

Sin embargo la política predetermina el urbanismo8. Es la política estatal la que define el marco legal (la fiscalidad, el suelo, la gestión o la concesión de los servicios urbanos, etc), las que promueven las grandes infraestructuras y los programas de vivienda, las que establecen las regulaciones al sistema financiero, la orientación de las empresas públicas o parapúblicas (agua, transportes etc.). Son los gobiernos locales o regionales los que definen el planeamiento y la programación de los procesos de urbanización, los programas o actuaciones integrales o sectoriales en la ciudad compacta, los que establecen convenios con los privados y controlan la gestión y la disciplina urbanas, etc. Es política formalizar los instrumentos y mecanismos para facilitar la participación de la ciudadanía tanto en los procesos deliberantes como en los de seguimiento de las actuaciones urbanísticas. No son los urbanistas o los arquitectos los que hacen la ciudad, aunque a veces se lo creen. La hacen en parte los gobiernos pero los “developpers” reales son con mucha frecuencia los actores económicos (financieros, constructores, promotores, propietarios del suelo), las dinámicas de oferta del mercado y los comportamientos sociales. Los actores sociales o ciudadanos con los profesionales inciden relativamente, casi siempre en menor grado, en el proceso urbano. Pero son ellos los que pueden cambiar el mundo globalizado y destructor de la ciudad. Es salvando a las ciudades se salvará el mundo.9

3. El mundo globalizado se urbaniza, la ciudad se dispersa, la ciudadanía se atomiza.

El mundo urbano se tribaliza, la hecatombe de Kingali nos acosa10, las desigualdades y las exclusiones se convierten en bombas de relojería. Las conferencias internacionales nos advierten retóricamente que el territorio no puede soportar el calentamiento del planeta, la contaminación del aire, el despilfarro del agua, del suelo y de las energías no renovables, la destrucción o la banalización de los paisajes, el incrementalismo institucional fuente de la opacidad, la ineficiencia y la corrupción de muchos gobiernos y agencias o empresas de servicios. Y se lamentan de la pobreza, del habitat degradado o informal, de la miseria infantil, de la desocupación, de la inseguridad y de la violencia, especialmente de género. Como los tribunos de la plebe denuncian incluso pero sin criticar las causas y mecanismos que crean estas situaciones, sin concretar los actores responsables que por acción y por omisión hacen de la ciudad un lugar de desposesión y exclusión. La urbanización extensiva y especulativa es la disolución de la ciudad y la ciudadanía.

Los procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales son globales. Pero el urbanismo es local. Cada ciudad tiene una especificidad propia y los marcos políticos y jurídicos son de ámbito estatal y local. No hay, o es muy genérica y poco o nada tenida en cuenta, que haya una regulación adecuada de los procesos globales que actúan en mercados salvajes y donde los poderes financieros y las empresas multinacionales imponen su fuerza sobre los Estados y los gobiernos locales. Es precisamente en el nivel local donde se materializan los efectos y desde donde es posible plantear la resistencia. Pero es necesario tomar conciencia de los procesos globales visibles que inciden, en muchos casos negativamente, en los territorios urbanos.

Las ciudades compactas y complejas devienen centros gentrificados, reductos selectivos de grupos privilegiados. O, lo que fueron espacios populares, de poblaciones mezcladas o marcados por grandes infraestructuras (puertos, aeropuertos, gran industria) se reconvierten en enclaves, de oficinas, comercios y “gente bien”. A veces mal llamados grandes proyectos urbanos. O se privatizan zonas, calles y plazas, y se fabrican “barrios cerrados”. Los “centros” más o menos históricos o se degradan y son zonas de exclusión o se museifican o se turistizan y pierden su función integradora. Estas transformaciones son el grado máximo de alienación urbana, de desposesión de la mayoría ciudadana.

Pero es en las periferias que se desarrolla la no-ciudad, la urbanización sin ciudad. Es la urbanización difusa y fragmentada, segregadora, rompedora de los lazos sociales y culturales. La mixtura propia de la ciudad es substituída por la guetización y la atomización. La cultura ciudadana deviene tribu o individuos aislados. Son los territorios de la especulación, de los conjuntos más o menos ricos encerrados como en una fortaleza. O conjuntos sociales o informales excluidos de la ciudad. 11

Son los pobres, las poblaciones de bajos ingresos, los que más necesitan de la ciudad. Ni espacio significante y de socialización ni interlocutor válido ante el que reivindicar y negociar. Las poblaciones pobres con salario miserable, los desocupados y los inmigrantes, los informales mal o poco integrados en colectivos sociales. Todos ellos son los más excluidos de la ciudad, con escasas posibilidades de escalar a la condición ciudadana. La injusticia espacial es un plus que se añade a la injusticia y marginación social, cultural, económica. La política se miserabiliza, la ciudadanía no existe si no es colectiva y plural. Los ciudadanos existen con los otros, son conciudadanos. En nuestros continentes, América y Europa, pensamos que todo tiende a ser ciudad. Pero cuando todo es ciudad nada es ciudad. Y cuando no hay ciudad no hay ciudadanía. Y en nombre de la democracia ésta se pierde, excluye… y debe confrontarse con el marco político y económico existente. El auge de las ciudades, o en realidad de la urbanización, ha dado lugar a proceso de desdemocratización, que ha empezado con la regresión de los derechos sociales. La urbanización ha contribuido a pervertir la democracia.

En resumen las ciudades y regiones urbanas hoy se caracterizan por la desigualdad social y exclusión sociales y territoriales, por la insostenibilidad ambiental (coste energético y despilfarro de agua, calentamiento del planeta y contaminación del aire, destrucción de los paisajes y mal uso del suelo) y por el déficit de ciudadanía (incluso los que son iguales en teoria juridico-politica hay grandes diferencias de derechos ciudadanos reales, hay iguales que son mucho más iguales que otros). Todo ello es resultado de las políticas públicas favorecedoras del incrementalismo en costes sociales y ambientales. La financiarización del territorio por medio del urbanismo especulativo y las limitaciones de la ciudadanía para ejercer resistencia social y política es debido a su atomización y fragmentación de las poblaciones.

Los males de la ciudad no son producto de la fatalidad, Ni la sostenibilidad del territorio y del planeta. Ni tampoco de la desigualdad social, de la injusticia espacial y de la pobreza creciente en las regiones urbanizadas. Hay causas y agentes en gran parte globalizados responsables. La desigualdad y la insostenibilidad son procesos globales impulsados por los poderes económicos y políticos dominantes. Las ciudades no son el problema, son la solución. Son y serán las poblaciones urbanas y en especial las clases populares y medias, los colectivos profesionales y culturales y los gobiernos locales si se autonomizan respecto a los Estados y grandes grupos económicos, son los que pueden resistir a las políticas urbanas actualmente hegemónicas. Son estas fuerzas desde la base las que pueden “hacer ciudad y ejercer los derechos ciudadanos”.

4. Las organizaciones internacionales no representan a los pueblos, sino a los Gobiernos y a las multinacionales. No asumen el rol que se les atribuyó cuando se crearon.

Las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, por su responsabilidad ante los pueblos y ante el planeta, les corresponde no solo denunciar los males del mundo, también las causas y los agentes que las promueven. Sin embargo son legitimadores. Habitat exalta la competitividad de ciudades y territorios, que genera exclusiones e insostenibilidad. No se hace ninguna crítica a la financiaciarización de la urbanización lo cual conlleva la economía especulativa, depredadora y que acentúa las desigualdades. Se favorecen o incluso se imponen por parte de organismos como el FMI (Fondo Monetario Internacional) la privatización de los servicios básicos (agua, energía, transportes, redes de saneamiento, asistencia sanitaria, etc) lo cual genera una dualidad social y espacial que acentúa las desigualdades presentes y futuras. Se recupera un concepto de biología, la resiliencia, para culpabilizar a los pobres, los desposeidos y los excluidos por no saber reaccionar ante la vida. Así se justifica la gradual demolición del “welfare state”. Se privatizan los servicios de naturaleza pública o de interés general, la vivienda es ante todo mercancía y el suelo es objeto de especulación exponenticial y se olvida “la función social de la propiedad” aunque se haga una vaga referencia a ello. El World Bank, pariente de NN.UU, favorece la urbanización expansiva y difusa como indicador principal de desarrollo económico (Informe de 2009 en plena crisis financiera-especulativa). Los tratados internacionales, como el TTIP que está en proceso de aprobación y ejecución, admiten que se reducirá la masa salarial, se culminarà la privatización de servicios básicos y un gran aumento de las tarifas de los mismos, desde el agua hasta los transportes, desde la vivienda hasta la energía. Estamos en una época de regresión social, de acentuación de las desigualdades y de complicidad y debilidad de los Estados.

Las grandes Conferencias internacionales son grandes “cumbres” mediáticas y costosas sobre la pobreza, el medio ambiente o los asentamientos humanos, con especial énfasis en las viviendas ni dignas ni con servicios básicos. Sin otro resultado que declaraciones retóricas, debidamente controladas por los gobiernos y las multinacionales y sin resultado con efectos nulos para las poblacioes. Habitat 1 y 2 han sido un ejemplo de manual como ha demostrado Michael Cohen12. Ni tan solo ha habido el mínimo seguimiento de las resoluciones de cada conferencia. Habitat 3 ha pretendido abrirse a las ciudades y a las organizaciones sociales en el proceso preparatorio pero pretende imponer modelos organizativos inoperantes. Es decir para evitar debates reales y críticos, centrados en temas pertinenes. Se reunenpersonajes muy dispares, cada uno con su historia y a la hora de redactar resoluciones se evitan conceptos polémicos, como el derecho de propiedad o la influencia del sistema financiero global sobre el ámbito local. O se muestra reticente ante “el derecho a la ciudad”. El resultado no va más allá que expresar buenos deseos pero sin fijar objetivos políticos reductores de desigualdades y de ni cuestionar las normas y los mecanismos económicos que generan malestar social e insostenibilidad del territorio. Hay que admitir que las grandes conferencias internacionales son una farsa para la gran mayoría. Pero permite a los gobernantes de los grandes Estados hacer discursos angelicales cuyo efecto termina cuando se clausura la conferencia.
Hay discursos coincidentes y ambivalentes entre los organismos internacionales públicos, la institución de más alto nivel es Naciones Unidas y sus agencias y “la sociedad civil chic”. Nos proponen ambos un discurso parecido.13 Estas organizaciones vinculadas a Fundaciones y empresas privadas con la colaboración de estamentos académicos son las preferidas por parte de los organismos internacionales. Y dejar que las grandes organizaciones sociales de base popular y los ongs que las apoyan se les permiten que sean los tribunos del pueblo, se les escucha y se les olvida. Hay el discurso de los males del mundo, de la denuncia de la pobreza, la violencia, la exclusión, la insostenibilidad. Este discurso conlleva, más o menos explícito, el terror que nos acecha, la ciudad es el infierno (The Hell is the City, fue la portada de The Economist hace algunos años). Se practica el discurso del terror, no del combate contra los males colectivos. La contaminación y el calentamiento de la tierra, los limites de los recursos no renovables y las inundaciones aparecen como fatalidades. Y el discurso para los ciudadanos se les terroriza mediante las amenazas urbanas. Se les anuncia que en un futuro muy próximo si no se ejerce la autoridad la miseria acumulada en las ciudades y las periferias y los parias se convertirán en hordas que destruirán la ciudad del orden y del bienestar, es decir de los ricos. Se practica la “represión preventiva” por medio del discurso del miedo. Ya se han puesto en muchos países y ciudades las “leyes mordaza” contra los que reivindican y protestan, se controla el espacio público mediante policías y sobretodo videos a sabiendas que su eficacia es mínima o nula, se persiguen o son sospechosos a priori los colectivos étnicos o inmigrantes, los jóvenes, los pobres.14

Hay otro discurso es el del triunfo de las ciudades, las tecnologías y la creatividad ciudadana se expandirá por los territorios urbanos y solamente algunas minorías marginales no disfrutarán de todo aquello que les puede hacer felices encerrados en su casa o su vecindario. Como ya hemos visto estos dos cuentos infantiles son a la vez complementarios y falsos, pero justifican a la vez el miedo presente y la seguridad futura, a condición de que la ciudadanía sea pasiva o se resuelva por vía individual sus problemas. Hay algunos conceptos que expresan muy bien la ambivalencia destinada a que todo parezca que va a cambiar pero no cambia nada, simplemente se reproducen y se agudizan las contradicciones.

Los organismos internacionales contribuyen decisivamente a narcotizar a los ciudadanos jugando estas dos cartas. Su discurso aparentemente progresista nos alerta sobre los problemas que acechan a las ciudades, en especial las grandes ciudades y en general a la humanidad. Estas plagas bíblicas que nos acechan son productos de la naturaleza o de nuestros afanes consumistas, pero se guardan muy bien de buscar responsables concretos, el capitalismo financiero, las multinacionales, la especulación del suelo, la complicidad de los gobiernos de los Estados y los locales, etc.15 Los expertos de las instituciones internacionales, en cuya cúpula están los Estados que ponen y quitan a los directivos, son a su vez cómplices activos pues “naturalizan” y legitiman “técnicamente” los procesos urbanos perversos. Nos referimos a algunos de ellos como los conceptos citados: la competitividad, la financiarización, las privatizaciones, la participación y la resiliencia.

La competitividad justifica grandes proyectos urbanos que en lugar de “hacer ciudad” son en muchos casos un medio de hacer desaparecer barrios populares o economía productiva para crear zonas residenciales de alto standing o torres de oficinas de entidades bancarias o multinacionales. La competitividad genera exclusión social y economía especulativa. La competitividad en el actual marco económico globalizado es un agente depredador del territorio y aumenta las desigualdades. La financiarización del territorio es el agente causal de la especulación a gran escala. El capital financiero necesita obtener ganancias a corto plazo lo cual no solo va en detrimento de la actividad económica productiva. Y convierte la vivienda como mercancía, un valor de cambio, un bien al que no pueden acceder una parte importante de la población. Algo similar ocurre con la privatización de los servicios de interés común. En nombre de la rentabilidad se multiplican rápidamente las tarifas, o se degradan los servicios. Los sectores populares especialmente difícilmente pueden acceder a servicios de calidad digna o simplemente básica: agua, energía, acceso al suelo, redes de saneamiento e iluminción, transportes accesibles para todos, como también para la enseñanza, la asistencia sanitaria y la protección social. La participación se ha convertido en un lugar común, todos lo reclaman o lo proclaman, pero en la práctica es pura retórica o un medio de crear consensos pasivos. La participación en su sentido original era la posibilidad de participar por parte de colectivos sociales o territoriales en los procesos de elaboración de planes, proyectos y programas; intervenir en las ejecución de los procesos citados; reclamar sus derechos y los medios para que sean efectivos ante los organismos responsables; participar en la gestión de equipamientos e infraestructuras; etc. En la práctica es un instrumento en manos de los gobiernos locales o agencias especializadas para hacer publicidad de sus políticas y cooptar a “profesionales de la participación” para legitimar sus actuaciones. La participación debe ser fruto del conflicto, de la negociación y a un cierto grado de codecisión. Y, especialmente, la participación debe ser la oportunidad de plantear las causas de los problemas y los deficits e injusticias que se generan en los actuales procesos urbanos.

Finalmente hay que destacar el entusiasmo con el que las agencias internacionales han recuperado el concpeto de resiliencia16. La resiliencia es un concepto utilizado en las “ciencias duras”, en física o en biología: elementos materiales o seres vivos que reaccionan ante el entorno adverso para resistir o adaptarse. También se aplica a los individuos en psicología. Y más recientemente ante los comportamientos colectivos: la resiliencia va destinada a los que reivindican sus derechos, al lugar, a la tenencia de la tierra, a la vivienda, a la seguridad, al transporte que lo puedan pagar, a la sanidad y a la escuela públicas, al empleo y a la renta básica, a vivir en barrios dignos y visibles, a la centralidad, a la igualdad política y jurídica, al reconocimiento… en resumen al derecho a la ciudad. La resiliencia se define así: todos ustedes tienen que ser resilientes, es decir “deben resolver sus problemas por su cuenta, el Estado no se los va a resolver”. Siguiendo esta lógica podrían añadir “no podemos aceptar el concepto mismo de derecho a la ciudad, no se puede aceptar ni tan solo debatirlo”17. Sin embargo este derecho ha sido asumido no solo por los movimientos sociales y por importantes sectores del ámbito académico. También muchos gobiernos locales, por convicción o por oportunismo, han proclamado el derecho a la ciudad. Hoy está, complazca o no a los gobiernos de los Estados, este derecho se ha instalado en la cultura política internacional.

5. Los poderes económicos versus movimientos ciudadanos. Los gobiernos locales entre los intereses de la acumulación del capital y las demandas de la reproducción social. Los poderes locales y sus limitaciones.

Las ciudades no se mueren. En cada época de cambio se anuncia su crepúsculo, su desaparición, diluídas en la urbanización fragmentada y segregadora. Hay propuestas urbanísticas que proponen urbanización sin ciudad y no es una utopía, se encuentra en la realidad hoy, en las periferias. Pero las ciudades perviven, en parte se mueren pero también son las ciudades compactas las únicas que reviven, también se cualifican las periferias. Jane Jacobs adivinó la dialéctica de las ciudades, viven, mueren, reviven, una agonía en su sentido originario, luchan por la vida.18 Las ciudades reviven porque es el producto más complejo que construyó la humanidad, la diversidad y la densidad de los habitantes y sus múltiples relaciones hacen de las ciudades el ámbito de creatividad, de libertad y de cooperación, no hay democracia sin ciudad. Las ciudades por poco que se practiquen políticas de mejoramiento de los sectores populares tienden a reducir las desigualdades y a generar solidaridades. El desarrollo económico es en gran parte debido a las ciudades. El 70 el 80 % del PIB en nuestros continentes se produce en las regiones altamente urbanizadas. Pero las dinámicas económicas son a la vez hijas de la ciudad y destructoras de la misma.

La economía urbana es hoy una fuente principal de acumulación de capital y en gran parte esta acumulación va vinculada a la especulación y a la apropiación de las rentas de posición. Lo cual se confronta con la reproducción social: reducción de la masa salarial y acceso difícil a la vivienda (aunque las legislaciones lo declaren un “derecho”), a los servicios básicos y equipamientos de interés general. La reproducción social tambien requiere la calidad del entorno y el espacio público, los transportes, la educación y la sanidad, la seguridad, la protección social, etc.

Esta misma economía es la principal causa también de la insostenibilidad de las regiones urbanas y del planeta. La reproducción social está hoy gravemente afectada por los enormes déficits que sufren las clases populares y medias. Es el malestar urbano cada día más creciente. Y lo que es más grave, las expectativas de mejorar la vida cada vez son mínimas para gran parte de los adultos y jóvenes, se marchitan las esperanzas, se mueren las ilusiones. La ciudad deja de ser el motor del progreso y de las oportunidades, del bienestar y de los derechos.

Las ciudades se estructuran sobre la base de la contradicción entre la acumulación del capita y la reproducción social. Sin intervenir en los procesos de acumulación de capital no es posible acabar con la pobreza, la exclusión y la desposesión de la ciudadanía. Lo cual supone intervenir en el control del suelo, evitar la especulación urbana y reapropiarse por parte de los gobiernos locales o metropolitanos de las plusvalías generadas. También hay que promover e integrar en el tejido de la ciudad los conjuntos de viviendas sociales. Acabar con los barrios, calles y conjuntos cerrados. Recuperar la gestión de los servicios de interés común y garantizar universalmente su acceso. Aplicar una tributación progresiva sobre los beneficios de las actividades económicas urbanas y especialmente aquellas que externalizan costes que asumen las administraciones locales. Promover grandes proyectos que hagan ciudad en función de los intereses y necesidades de las mayorías sociales, como la generación de nuevas centralidades y mejorar los entornos urbanos. En resumen, impartir la justicia espacial 19

Los gobiernos locales adolecen de relativa impotencia y se hacen cómplices de las dinámicas urbanizadoras y excluyentes. Sin embargo son ellos los que pueden enfrentarse, como poder legítimo y legal pero limitado. Sin embargo puede estar muy fortalecido por el apoyo social ciudadano. Deben confrontarse con la globalización financiera, la economía especulativa, la mercantilización de las sociedades, las políticas desreguladoras y privatizadoras, la fragmentación de los gobiernos locales en las ciudades metropolitanas20, el ansia del lucro inmediato, las ideologías del miedo y la obsesión clasista y securizante de las clases altas y media, el uso perverso de las modernas tecnologías (como las trampas de las smart cities) y las complicidades de muchos profesionales. Todo ello ha ido creando un monstruo que sin embargo es aún es el mayor producto humano y colectivo más complejo y más portador de progreso, de libertades y derechos. ¿Quién defenderá Londres ahora? escribió Ralf Dahrendorf? 21 ¿Quién sino defenderá las ciudades?¿Los gobernantes nacionales? No, no se interesan ni entienden las ciudades ¿Las empresas multinacionales y el capital financiero? Solo buscan beneficios a corto plazo y prescinden de los efectos presentes y futuros para la ciudad y el conjunto de la población. ¿La ética de los profesionales y la vocación política de los gobernantes locales electos? Lamentablemente muchos de ellos, concientemente o no, se pliegan al capital o a los gobiernos. Por complicidad o por impotencia frente a las lógicas de las dinámicas económicas dominantes. Todos están atados por el marco político y jurídico y también el financiero. Poco o nada sirven los tratados internacionales, como la Carta de Derechos humanos y otras numerosas Cartas. ¿La función social de la propiedad del suelo, que recoge también la nueva agenda urbana de Habitat que está inscrita en diversa constituciones, se ha tenido en cuenta para yugular la especulación del suelo? Sin embargo los gobiernos locales con apoyo de las fuerzas sociales y culturales ciudadanas pueden crear espacios de resistencia y de alternativas.

Los procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales son globales. Pero el urbanismo es local. Cada ciudad tiene una especificidad propia y los marcos políticos y jurídicos son de ámbito estatal y local. No hay, o por lo menos no es suficiente, que haya una regulación adecuada de los procesos globales que actúan en mercados salvajes y donde los poderes financieros y las empresas multinacionales imponen su fuerza sobre los Estados y los gobiernos locales. Es precisamente en el nivel local donde se materializan los efectos y desde donde es posible plantear la resistencia. Pero es necesario tomar conciencia de algunos procesos globales visibles que inciden, en muchos casos negativamente, en los territorios urbanos. Los gobiernos locales en general disponen de importantes competencias urbanísticas, aunque estén condicionados por el marco jurídico (legislación del suelo y del planeamiento urbano, de la fiscalidad, etc) y por las políticas públicas (infraestructuras y transportes supramunicipales, programas de vivienda). El sector privado es dueño de la oferta de viviendas, incluso en los programas sociales públicos dependientes de los bancos y ejecutados por empresas. Proclamar el derecho a la vivienda es falso, es una mercancía no accesible o en malas condiciones o de costes que gravan injustamente a importantes sectores de población. Lo mismo ocurre con los servicios de carácter universal antes citados como agua, saneamiento, energía, transportes, etc y también otros servicios actualmente básicos como la gestión del medio ambiente, el acceso a las tecnologías y a los productos de información y comunicación22, la protección social y la acción positiva hacia los colectivos vulnerables, etc. Estos servicios casi siempre están gestionados por empresas concesionarias o actúan en el mercado. Sus objetivos son lucrativos aunque en muchos casas las administraciones públicas establecen ciertas condiciones pero casi siempre muy favorables a las empresas. El resultado es que estos “bienes comunes” pierden su cualidad de derechos reales, pues para muchos no son accesibles o se prestan en condiciones deficitarias.

Un caso especialmente escandaloso es el conflicto de intereses entre el Estado y grandes empresas concesionarias y los gobiernos locales. Nos referimos a grandes equipamientos e infraestructuras que corresponden los servicios citados (depósitos o fábricas de energía, estaciones ferroviarias y puertos, etc). Y también a espacios y construcciones que corresponden a aparatos del Estado o de naturaleza parapública, como los cuarteles e instalaciones militares, edificios y entornos de las iglesias, zonas reservadas por parte de ministerios y empresas públicas o concesionarias, etc. En muchos casos estas zonas ocupadas fueron cedidas gratuitamente por parte de los gobiernos locales y ahora están mal ubicadas o están muy poco utilizadas. O bien el desarrollo de la ciudad hace muy necesario recuperar estos espacios o construcciones. Pero los poderes que están en posesión de ellos pretenden especular con ello o simplemente se niegan a transferirlos. Los gobiernos locales tienen una capacidad teórica y legal para regular la ordenación del territorio. Pero difícilmente pueden resistir a las presiones urbanizadoras, sean por parte de las instituciones públicas superiores o de las entidades financieras o por mediación de los promotores y constructores y de los propietarios de suelo adyacente. El bloque especulativo acostumbra a basarse en una colaboración perversa entre aparatos públicos y actores privados. Los gobiernos locales solamente pueden enfrentarles con el apoyo activo ciudadano.

6. La complicidad de los profesionales y el entorno social.

La ciudad no es una realidad estática y las intervenciones en ella no es un modelo a seguir sino en cada caso se actúa en función de los objetivos políticos de los gobernantes y de los compromisos adquiridos ante la ciudadanía o bien se deja que sean las dinámicas del mercado las que impongan sus intereses.23 La ciudad es una realidad histórica, es un proceso resultado de las distintas fuerzas en presencia. El urbanismo no debiera limitarse a ejercer de árbitro entre estas fuerzas o que se limita a corregir los excesos o las disfunciones que se generan. Tampoco se diseña la ciudad como si escribiera en un papel en blanco como quisieran los urbanistas-artistas. Incluso cuando se planifica un territorio totalmente vacío o vacante, como ocurre cuando se crearon los “ensanches” del siglo XIX o cuando se reconvierten zonas de usos obsoletos, por la actividad o por la ubicación (por ejemplo el traslado de un puerto o la reconversión de una gran zona industrial). En todos los casos hay tradiciones culturales e intereses políticos contrapuestos y expectativas económicas y demandas sociales muy diversas. Y hay que tener en cuenta el marco jurídico-político y los grupos de presión que lo interpretan según sus intereses. El urbanismo, como se dijo, es ante todo una dimensión de la política, por acción y por omisión. Pero el rol de los gobiernos locales y los profesionales puede ser fundamental Para lo cual deben evaluar las fuerzas en presencia y establecer complicidades con los sectores sociales y sus organizaciones que expresen demandas de interés genera o favorables a las mayorías. El urbanismo democrático es aquel que responde a las aspiraciones colectivas mayoritarias y tiene por objetivo promover condiciones de libertad e igualdad para que la ciudad sea la base de la ciudadanía. Como se dijo ya en la ciudades autónomas de la Edad media y en las revoluciones democráticas de los siglos XVII y XVIII “las ciudades nos hacen libres” y “los ciudadanos son todos iguales”· Pero en muchos casos las dinámicas socio-económicas y las débiles o cómplices políticas urbanas van en sentido contrario.

Las actuaciones de renovación urbana sean de vivienda o de operaciones comerciales y de oficinas en la ciudad compacta y la urbanización en las periferias sean infraestructuras o conjuntos de viviendas son hoy, en muchos casos, unas de las principales fuentes de acumulación de capital y se prestan a la especulación urbana. El resultado con frecuencia supone el escaso uso de las infraestructuras y ingentes conjuntos construidos pero muchas veces poco o nada ocupados. El caso español es el paradigma exagerado de ello pero es propio de todas las políticas neoliberales, aunque con mayor o menor intensidad. Lo que los Pibs de las estadísticas de los gobiernos y los informes del Banco Mundial en realidad es un enorme despilfarro de recursos económicos, una insostenibilidad debido a la depredación del suelo y de bienes básicos y limitados (agua, energía) y altos costes sociales en detrimento de sectores populares y medios y a la larga también a las condiciones de vida de toda la población urbana y suburbana. El urbanismo especulativo es redistributivo en sentido negativo: el capital social se concentra en minorías privilegiadas y las capas populares tienden a concentrarse en zonas con muy escaso capital espacial. Los gobiernos locales y estatales disponen de medios políticos y económicos para promover medidas legislativas reguladoras y políticas públicas alternativas. En consecuencia si no lo hacen es por complicidades con los grupos económicos, especialmente financieros, interesados. O simplemente por ignorancia, falta de coraje o por insuficiencia de apoyo ciudadano.

Los estudiosos y los profesionales del urbanismo deben explicitar el conflicto entre la acumulación de capital y la reproducción social. Es la contradicción principal del proceso urbano24. La acumulación de capital privado, más aun si es resultado de la especulación, es en detrimento de la reproducción social. Marx, citado por Harvey, apunta que los ingresos rentistas acaban afectando los salarios. Saint Simon, en su famosa parábola, ya apuntaba que los parásitos no solo eran improductivos, eran también responsables de la pobreza.

La vivienda, los servicios de interés general, la calidad de vida, el acceso a la enseñanza y a la sanidad, etc y también la sostenibililidad del territorio, todo ello es la reproducción social. Y ésta está directamente afectada por la acumulación de capital, el uso especulativo del territorio, por la fiscalidad injusta y por el desarrollo urbano sin ciudad. Pero una vez explicitados el conflicto hay que disponer de los medios para actuar.

La reorientación de los procesos urbanos requiere disponer de medios político-jurídicos y financieros y de instrumentos técnicos. Pero primero saber qué es lo que se quiere conseguir. Y ésto lo saben los ciudadanos activos y organizados y aquellos políticos y profesionales que dialogan con ellos. La ética de los políticos locales, los funcionarios, los profesionales y los expertos han sido con demasiada frecuencia cómplices de las políticas públicas y privadas que han generado las dinámicas perversas que se producen en los territorios urbanos. Unos por considerar que es su deber, otros por indiferencia a quien sirve lo que se haga y otros por complicidad activa. Hay que recuperar los valores propios de los profesionales y académicos. De nada serviría denunciar al conjunto de esta extenso colectivo de expertos. Debemos contribuir a que se universalicen los valores y los objetivos democráticos y humanistas que los organismos internacionales han traicionado, por acción o por omisión. Cada ciudad tiene su especificidad, “es única y su propiedad”, su historia y su memoria, sus culturas y sus demandas, su morfología y sus potencialidades, sus urgencias y sus aspiraciones. Sin embargo hay objetivos que son propios de todas las ciudades por lo menos en los continentes más urbanizados como son América y Europa. Unos objetivos que se plantearán en cada caso en forma diferente para obtener resultados similares. No hay urbanismo válido si no contribuye a reducir las desigualdades sociales y espaciales y contribuye decisivamente a la sostenibilidad. En consecuencia hay que ubicar las viviendas populares en el tejido urbano más equipado pues son los que más necesitan de los medios de la ciudad. Promover la mixtura social y funcional de cada zona de la ciudad y normar que cada proyecto urbano garantice la mezcla social y de actividades. Formalizar los asentamientos “informales” conjuntamente con los ocupantes e integrarlos en el tejido ciudadano, es del derecho al lugar. Cada zona de la ciudad debe poseer una centralidad potente, atractiva y reconocida. El crecimiento urbano conviene orientarse hacia la densificación de la ciudad existente o en su continuidad. Las regiones metropolitanas o altamente urbanizadas deben estructurarse como redes de ciudades policéntricas con un sistema de movilidad colectiva e instersticios no urbanizados. Hay que reconsiderar el desarrollo económico y subordinarlo a la sostenibilidad. Promover en todos los ámbitos las formas colaborativas tanto en la gestión de los servicios y equipamientos, en el consumo, en la producción y en las iniciativas culturales y políticas.

En resumen, las políticas urbanas deben ser metaurbanas. Reducir las desigualdades e injusticias en el territorio y garantizar la sostenibilidad de la vida y las actividades urbanas es su responsabilidad, aunque no depende solo del urbanismo y de la ordenación del territorio. Si no se conquistan los medios adecuados para ello no se pueden vencer los obstáculos que se oponen, jurídicos, económicos, culturales. De nada sirven las declaraciones que expresan buenas intenciones y nada más. Los profesionales, los académicos y los funcionarios deben establecer conexiones múltiples con la sociedad activa, con los movimientos sociales y con los gobiernos locales implicados en servir a las poblaciones. Y poner su capacidad instrumental a su servicio. La ética del urbanismo empieza por asumir el principio de “la ciudad igualitaria” (Ildefonso Cerdà, ver nota 2). Todos los habitantes deben vivir en la ciudad, con viviendas dignas, servicios accesibles a todos, entorno salubre y amable. El espacio público, la centralidad próxima y acceso al centro-centro,25 la mixtura social y funcional en cada zona de la ciudad. La ciudad como ámbito que hace posible la ciudadanía debe ofrecer ocupación remunerada (o renta básica), formación continuada, protección social, seguridad, asistencia sanitaria, movilidad para todos. Las políticas urbanas van mucho más allá del urbanismo. Pero el urbanismo es el que ordena, bien o mal, visible o no, el diseño de la ciudad.

Pero hay que remover los obstáculos que se oponen a los objetivos de hacer ciudad para todos los ciudadanos. No basta con la voluntad política, el apoyo social o los instrumentos técnicos propios de las políticas urbanas. Los profesionales y los académicos, así como los cuadros políticos y los activistas sociales, por sus conocimientos técnicos y por sus compromisos sociales deben alertar a la ciudadanía y proponer medios para superar estos obstáculos. Entre éstos son muy comunes en nuestras ciudades cabe citar en primer lugar el suelo. Sin control público o social del uso y del precio del suelo no puede haber una ciudad justa. Hay que distinguir la titularidad de la propiedad del uso del mismo. El precio del suelo no debe ser superior al valor rústico o poco más (máximo el 20%). Mediante el planeamiento y la fiscalidad se puede yugular la especulación del suelo urbanizable o urbano y si se generan plus valías movilizarlas para usos de interés general, sea vivienda, equipamientos o espacio público. En muchos países conviene modificar la constitución o el código civil con el fin de priorizar el carácter de “bien común” y que la judicatura lo tenga en cuenta. La financiación urbana, sea suelo, vivienda, infraestructuras, etc, está ahora en manos de un sistema financiero globalizado, de capitales volantes y orientados para obtener beneficios a corto plazo y sin ningún respeto por las necesidades sociales y los impactos ambientales. Hay que recuperar y desarrollar la financiación pública, la banca ética, el cooperativismo, la gestión cívica, etc. El sector financiero privado debe aportar un alto porcentaje de sus recursos destinados a un determinado territorio a invertirlos en objetivos de carácter social y de sostenibilidad definidos por el sector público como la vivienda social o las energías renovables. Los gobiernos locales no corresponden en mucho caso a los ámbitos reales actuales. Es el caso de las ciudades metropolitanas. Hay de simplificar y reducir el exceso de instituciones, agencias, entes autónomos, etc y definir competencias y funciones. Y, sobretodo, unificar la fiscalidad y la gestión de recursos. Lo cual supone un gobierno y una asamblea electa de ámbito metropolitano. Sin ello es imposible desarrollar políticas públicas que sean coherentes, transparentes y redistributivas. Lo servicios básicos no pueden ser de carácter lucrativo26 y la privatización de estos servicios ha supuesto una escandalosa regresión social. Las empresas multinacionales vinculadas al capital financiero global tienden a monopolizar estos servicios y en la práctica supone una enorme reducción del “salario indirecto”, pues lo que antes era un servicio accesible a todos pasa a ser un coste que para sectores importantes de la población no pueden asumir. Lo cual ha producido una tendencia a recuperar estos servicios por parte de los gobiernos locales, la “remunicipalización”. La vivienda es un bien básico que es a la vez individual (grupo familiar) y colectivo (barrio, convivencia, mixtura social y cultural). Las políticas de vivienda, públicas o privadas, tienden a segregar socialmente los conjuntos de vivienda. Las viviendas sociales se ubican fuera del tejido urbano físico y cívico. O si arraigaron en el lugar y éste deviene interesante para operaciones lucrativas se les desplaza a las periferias. El objetivo es casi siempre especulativo. El derecho a la vivienda es tan fundamental como el acceso a la educación o la sanidad. Un derecho que incluye el lugar reconocido, la heterogeneidad o mezcla social, el espacio público y la inserción en la vida ciudadana.

7. Los retos sociales hoy son metropolitanos.

La creciente desigualdad social en el territorio, la exclusión económica y cultural de amplios sectores populares y medios (o ex medios) y el desgobierno democrático y la involución represiva institucional han dado lugar a una escandalosa “injusticia espacial”. La miseria del capital social en gran parte del territorio urbanizado genera un mayor déficit de ciudadanía, la escasez de capital espacial. Todo ello no solo supone una regresión directa de las condiciones de vida de una gran parte de la población también empobrece la calidad de la vida urbana de todos. A ello se añade la insostenibilidad de los procesos urbanos dominantes, tanto los que resultan de los costes ambientales como sociales. La desposesión cultural de la ciudad genera una alienación cívica. A ello se añade a la desposesión respecto a al conjunto de instituciones del Estado y paraesatales, a la vez complejas, opacas, poco representativas y muchas veces impotentes. Es la alienación política que va más allá de la cívica. Las instituciones gobernantes son cada vez son más dependientes de las entidades financieras y de las empresas de obras y de servicios que estar articulados con los colectivos ciudadanos. Pero “cuando asumimos que todo está perdido nada se ha perdido” (Córtazar).

La reacción social y ciudadana se ha expresado en forma creciente. Se han reforzado o han aparecido y multiplicado los movimientos y organizaciones de jóvenes, de sectores socio-profesionales, culturales, sindicales y sobretodo vecinales y territoriales. El progreso y la innovación lo representan hoy las clases populares y medias ciudadanas, en su doble dimensión, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa27. Colectivos de expertos optan trabajar con los movimientos ciudadanos o populares que con los gobiernos sometidos a la lógica del capital. La recuperación de la ciudad, y por ende de la ciudadanía, se forja en la movilización y organización de los ciudadanos. Son éstos los que se confrontan en el ámbito local con los actores globales disolventes de la ciudadanía: el sistema financiero y las multinacionales de obras y servicios. Pero difícilmente se pueden concretar actuaciones positivas para la ciudadanía sin un cierto liderazgo de los gobiernos locales con fuerza política y legal para modificar radicalmente las relaciones con entidades financieras y empresas de obras y servicios. Para ello hacen falta gobiernos metropolitanos legitimados por elección popular.

Gobierno del territorio y ciudadanía en democracia supone una relación dialéctica. La reorganización política del territorio y crear ciudad metropolitana (plurimunicipal) es hoy uno de los principales retos para hacer de la ciudad un ámbito de ciudadanía. Se publica mucho sobre gobernabilidad y gobernanza 28 pero algo tan obvio como la reorganización política del territorio y crear ciudad metropolitana (plurimuinicipal) es hoy uno de los principales retos para hacer de la ciudad un ámbito de ciudadanía. Se publica mucho sobre gobernabilidad y gobernanza pero se obvia algo tan elemental como la necesidad de crear estructuras democráticas que correspondan a la realidad metropolitana. No hay planeamiento efectivo, es decir metropolitanos, sin una autoridad democrática que lo apruebe y lo desarrolle. No hay fiscalidad justa sin un ámbito fiscal metropoltano y sustentado por la legitimidad del sufragio universal. No hay control social sobre los grandes servicios metropolitanos (agua, transportes, etc), ni políticas centralidades potentes como son las estrategias económicas y generación de empleo y las actuaciones de vivienda público o social. La ciudad metropolitana, democrática, descentralizada, con un liderazgo potente y competencias supramunicipales tasadas, es hoy una realidad urbana pero sin correspondencia política real.

Los gobiernos territoriales de proximidad, los locales, son a pesar de sus limitaciones y con frecuencia su inoperancia, en muchos países están mejor situados en los rankings que los otros niveles del Estado y otras instituciones (Judicatura, Fuerzas Armadas, Iglesias, partidos políticos, etc) y que los partidos políticos. Es un punto de partida pero desde mediados del siglo XX numerosos profesionales (urbanistas, planificadores, arquitectos, geógrafos, administradores públicos, etc) plantean la necesidad de instituir estructuras metropolitanas plurimunicipales. Es conocida la resistencia política y social a la creación de gobiernos metropolitanos de base electiva. Los gobiernos de los niveles superiores desconfían del poder de una ciudad metropolitana, los gobiernos locales periféricos y sus poblaciones temen quedar absorbidos y subordinados por la ciudad central y las agencias o entes especializados con funciones de ámbito metropolitano (transportes, agua, desarrollo económico, infraestructuras, vivienda, etc) actúan con una lógica sectorial, generan cuerpos tecnocráticos y actúan en la opacidad y en estrecha relación con las grandes empresas de servicios y obras.

Ya hemos expuesto la oportunidad que representa hoy la crisis que ha desvelado las crecientes desigualdades sociales, las incoherencias de las políticas públicas, la insostenibilidad de las regiones urbanizadas, la necesidad de renovar la economía productiva y la generación de empleo y de hacer ciudad integrando la vivienda y las actividades en la ciudad compacta. Hay que reapropiarse de los organismos y las empresas de prestación de servicios por parte de las entidades políticas locales y mediante los controles sociales y participación ciudadana. Los programas de infraestructuras, los grandes proyectos urbanos y las actividades económicas estarán subordinadas a la sostenibilidad de los recursos del territorio y la especificidad del medio ambiente y la reducción de las desigualdades sociales y espaciales. Hay una demanda latente a todos los niveles de la sociedad de que hay que reapropiarse el territorio. No se puede exponer un modelo de organización territorial pues tanto las formas del desarrollo urbano como la organización político-adminstrativa de las regiones urbanas y las ciudades metropolitanas son distintas. Pero si que pueden proponer algunos criterios.

Las regiones urbanas tienden a constituir un sistema de ciudades, en su conjunto requieren más planeamiento que gestión, pueden adaptarse o dar lugar a un nivel político-administrativo intermedio y ante todo deben preservar zonas naturales, rurales o agrícolas y evitar la urbanización difusa. La ciudad metropolitana integra la ciudad compacta, la ciudad central y la primera corona, plurimunicipal casi siempre, pero que tiende a dotarse de un gobierno común para promover políticas redistributivas y reequilibradoras, unificar los ingresos fiscales, elaborar el planeamiento territorial y estratégico, promover los grandes proyectos urbanos y gestionar los servicios públicos supramunicipales.29

Las ciudades metropolitanas pueden ser hoy un ámbito de renovación democrática. La ciudad metropolitana se gobierna lógicamente a dos niveles, el metropolitano y de de los municipios periféricos y los distritos (delegaciones, borroughs, etc) de la ciudad central. Pero la emergencia de organizaciones sociales, ambientalistas, barriales, sindicales (cada vez más presentes en los territorios), cooperativistas y otras formas de economía social y colaborativa, etc tienen vocación de proponer, intervenir en los procesos deliberativos, controlar y asumir funciones que hasta ahora han sido propias de las administraciones públicas o las empresas concesionarias o contratadas. La democracia “representativa” está hoy en crisis y las ciudades parecen destinadas a ser las bases de la renovación política. El derecho a la ciudad no es un catálogo de lo que deben hacer las Administraciones públicas. Se requiere también una nueva relación con la ciudadanía.

Los gobiernos estatales y locales y los actores globales son sensibles a la presión ciudadana y actualmente empieza a ser frecuente que aparezcan nuevas candidaturas surgidas de la ciudadanía activa. El marco político-jurídico de los gobiernos locales los limita pero se encuentran vías para incidir en los procesos urbanos, aunque tienden a actuar más sobre los efectos que sobre las causas. Para ello hace falta la imaginación para innovar y la audacia para actuar. Son las virtudes de las movilizaciones cívicas y de las organizaciones sociales, vecinales, clasistas o culturales, que acumulan conocimientos críticos y alternativos. Las dinámicas sociales colectivas se manifiestan en tres dimensiones distintas que hay que tener en cuenta. Las demandas o necesidades concretas, con frecuencia concretan la reivindicación y lo legitiman como derecho. Pronto descubren que casi siempre sus demandas son colectivas y son interdependientes con otras. La segunda dimensión es política, se plantean acciones, proyectos, programas o intervenciones públicas o de los entes públicos o privados que son considerados como responsables. Exigen ser partícipes, no se conforman con la representación electoral. Exigen sentirse representados en las instituciones y ser escuchados en todo lo que les afecta o interesa. Quieren intervenir en los procesos decisorios y gestinarios. Y hay una tercera dimensión presente en todos los movimientos ciudadanos se expresan, de forma explícita o como aspiración latente, el deseo de avanzar hacia una sociedad justa, no soportan los privilegios y las enormes desigualdades. Aspiran una vida digna y feliz y un progreso basado en la libertad y la igualdad para todos. No olviden a Córtazar, nada se ha perdido cuando todo está perdido. Es la voluntad ciudadana la que puede y debe tener la última palabra.

8. Ciudad y Democracia versus Estados y Derecho.

El mundo actual, y más concretamente el mundo occidental, Améríca y Europa especialmente, vive un proceso de “desdemocratización” acelerada30. La debilidad y la complicidad de los gobiernos de los Estados respecto a los poderes económicos globales y las políticas neoliberales y desreguladoras ha conducido a una grave crisis socio-económica que ha empobrecido a gran parte de los sectores populares y medios y ha generado enormes desigualdades y escandalosos privilegios. También ha promovido la atomización social y la despolitización colectiva. Pero también reacciones sociales. En unos casos son asimétricas, expresivas, a veces violentas, a sin interlocución ni espacio de negociación. Como ocurre cuando se trata de colectivos sociales excluidos. Otras veces son movimientos que tienden a organizarse, concretan demandas y reivindicaciones inmediatas, localizadas y legítimas en la conciencia social como los desahucios, la vivienda marginal o los jóvenes sin futuro. Consiguen apoyos ciudadanos y fuerzan negociaciones con los poderes locales. Pero el margen de negociación es pequeño, los gobiernos locales no tienen respuestas suficientes. Esta realidad explosiva, de desigualdades y exclusiones, de privilegios y menosprecio31 se visibiliza en las ciudades y regiones altamente urbanizadas. “Los contrarios chocan brutalmente en el espacio”32. En las últimas décadas se ha añadido un enorme desafío a la humanidad, el que afecta al futuro de nuestro planeta. Es la locura de un desarrollo pervertido, un despilfarro de recursos básicos y que degrada las condiciones de vida de población. Afecta especialmente a los sectores populares. Los sectores altos, y en menor grado a los medios, en teoría también les afecta pero sus comportamientos son casi siempre “insostenibles” (por ejemplo: los barrios cerrados).

Al creciente malestar de nuestras sociedades urbanas se añade la crisis institucional motivada por la inoperancia y corrupción de los poderes públicos y económicos. Y también por la desafección respecto a los partidos que asumen una representación política con la que no se identifica o no confía gran parte de la ciudadanía. La injusticia espacial y el efecto de escala se han multiplicado por las migraciones que se instalan en las periferias informales o formales, por la desocupación en Europa y los ingresos por debajo del nivel de pobreza en América latina. Las políticas de vivienda que acentúan la exclusión, bien por los barrios degradados o criminalizados o por las zonas mal y poco urbanizadas y segregadas de la ciudad. Los sectores populares reaccionan y probablemente aumentará la tensión y quizás la violencia, en muchos casos no tanto por la pobreza como por la desigualdad, la ostentación de los ricos, la imagen de las zonas de calidad y de los barrios cerrados, los privilegios y el despilfarro. La revolución urbana no es un mito, es una posibilidad.33

¿Porqué desdemocratización? No se trata solamente de las regresiones sociales y políticas y de la supresión o inoperancia de los derechos, que se han dado especialmente en Europa occidental. Se trata también de la democracia como promesa. La democracia promete derechos formales y materiales, generaliza las libertades y reduce las desigualdades. Promete un futuro mejor y se concreta principalmente en las ciudades. La mercantilización de la sociedad, la omisión cómplice de los gobiernos, la arrogancia de los líderes de los grandes grupos económicos34, el cinismo ingenuo de los organismos internacionales (su interpretación de la resiliencia) y la privatización de los servicios básicos (incluidas vivienda, educación, protección social y sanidad) son factores que no solo generan desigualdades hoy, también nos están diciendo que el futuro será mucho peor.

La democracia sin futuro deja de ser democracia. La “desdemocratización” se visualiza mediante la regresión de los “derechos sociales” y de las libertades políticas. La evidencia de la regresión social la hemos expuesto: políticas de vivienda que se asignan al sistema financiero local y global y a los promotores constructores privados, servicios de naturaleza pública privatizados, facilidades del marco político legal para la especulación del suelo y la urbanización difusa, desocupación y exclusión de los “desechables”35. Las legislaciones represivas y reforzamiento de la acción policial limitan las libertades y derechos políticos y sociales y la policía retorna al pasado: considera a los manifestantes o huelguistas como delincuentes peligrosos.

La democracia arraigó en el siglo XX por las conquistas sociales y el reconocimiento de los trabajodores como sujeto político. Fue por medio de la ampliación de los derechos sociales y las políticas de “welfare state” para hacerlos efectivos y los derechos políticos accesibles a las clases trabajadoras por medio de los sindicatos y partidos. Conquistaron derechos y libertades que les hizo ciudadanos. Ha sido un largo combate de las clases trabajadoras y populares: el acceso real a las elecciones, derecho de huelga, de manifestación y de organización, de contratación colectiva, etc. Medios indispensables para enfrentarse con las políticas públicas y la dominación del poder económico, el derecho a la vivienda y al lugar, la protección social, la escuela y la sanidad públicas. Es un conjunto de derechos socio-políticos interdependientes de contenidos y instrumentales para conquistarlos, defenderlos y ampliarlos.36 La democracia no se conquistó en el marco del Estado liberal decimonónico, oligárquico y censitario. Se consolidó al terminar la segunda guerra mundial. 37

Las políticas neoliberales han deslegitimado la democracia representativa y el Estado de derecho. Las clases populares y en parte las clases medias no se sienten representadas. Lo cual conlleva un reforzamiento de las políticas represivas, en muchos casos de carácter “preventivo”, ante la posibilidad de que se desarrollen múltiples formas de desobediencia civil en defensa de derechos legítimos. La desdemocratización ha dado lugar de una ofensiva ideológica basada en la atomización social y el individualismo, el miedo y la inseguridad y la naturalización de las políticas económicas. Las ciencias sociales han contribuido a la naturalización de los conceptos, tanto especialmente en economía y ciencia política. Legitiman la realidad en nombre de la neutralidad acritica. Los organismos que deciden la financiación de las investigaciones y el conservadorismo de las cúpulas académicas que controlan las orientaciones de las tesis doctorales y de las revisas indexadas son instrumentos al servicio del statu quo injusto e insostenible. Contribuyen a reforzar la idea de la supuesta “inexistencia” de alternativas políticas38 y la mitificación del Estado de derecho. Pero como es bien sabido “el Derecho primero libera y luego oprime”. Los derechos legitimados en la sociedad y en muchos casos en las constituciones y tratados internacionales39 no se materializan en muchos casos en las leyes, en la judicatura, en las políticas públicas y en la fuerza de las reglas y las prácticas mercantilizadoras. El marco político-jurídico niega e impide el ejercicio de los derechos de los ciudadanos aunque lo proclame la constitución. El ámbito del conflicto es hoy es en el espacio urbano, es el espacio de la acumulación de capital frente a la producción y reproducción social. La democracia arraigada en la ciudad se enfrenta con la institucionalidad expresada por el Estado de derecho. Frente a un Derecho pervertido desde las ciudades se opone el “derecho a la ciudad”.

9. El derecho a la ciudad no es solamente un catálogo de derechos.

Su enumeración puede ser interminable y en consecuencia quizás puede parecer poco efectiva. Se multiplican los catálogos de derechos que parecen cartas al Papa Noel. Pero estas cartas son positivas pues cumplen una función legitimadora e influyen en la orientación de las políticas públicas. Asumir estos derechos supone la interdependencia de los mismos, es una cuestión clave. En la ciudad la vida de las personas supone la mutualización o vinculación en el tiempo y en el espacio entre los servicios, equipamientos, vivienda, acceso a los transportes y a las centralidades, ocupación o renta básica, educación, asistencia sanitaria, reconocimiento social y respeto de su identidad cultural, etc, etc. La interdependencia exige que las políticas públicas y las demandas ciudadanas tengan en cuenta todas estas necesidades para que los derechos sean reales y no simplemente derechos virtuales. Lo mismo ocurre con los obstáculos legales o financieros que imposibilitan todo aquello que sea necesario para poder ejercer los derechos a la vez.40 Por ejemplo la función social de la propiedad está reconocida en diversas constituciones. Lo cual se debería aplicar a la propiedad del suelo. Sería suficiente distinguir la propiedad legal del suelo del uso constructivo del mismo. O legislar el carácter no lucrativo de los servicios de interés general o común.

Los gobiernos nacionales siempre o casi y los locales muchas veces actúan sectorialmente, pues así está organizada la Administración y los gobiernos. No tienen en cuenta la interdependencia de los derechos y de las políticas a la hora de aplicar cualquier actuación en el territorio. Es algo elemental pero que no se tiene en cuenta. ¿Conjunto de viviendas sin transportes adecuados? ¿Remodelación de un barrio pero sin tener en cuenta el nivel de ingresos de la población residente a la que en teoría deben beneficiarse de la mejora del entorno? ¿Promover operaciones integrales pero solamente destinadas a un sector determinado de la población? Los ejemplos son de todo tipo y en todas partes. En consecuencia el catálogo del derecho a la ciudad puede resultar inoperante si no se utiliza como carta reivindicativa.

El derecho a la ciudad como un conjunto de principios genéricos que nadie va a rechazar y un catálogo de derechos sectoriales o específicos desencarnados de la realidad política, legal y económica, puede convertirse en carta retórica. La prueba es que incluso en encuentros preparatorios de Habitat 3 emergieron debates y propuestas sobre el derecho a la ciudad para maquillar su discurso y darle un tinte progresista y procurar ganarse el aplauso de los gobiernos de las ciudades y de las organizaciones sociales41. Otra cosa sería si se atacaran los obstáculos que imposibilitan el ejercicio del derecho a la ciudad, como el estatuto de la propiedad del suelo, el control público sobre el sistema financiero, la prohibición de construir guetos y operaciones desvinculadas de la trama urbana y sus infraestructuras, la recuperación por parte de los gobiernos locales o regionales con participación ciudadana de los servicios básicos que actualmente se han privatizado o se han entregado como concesión y sin el debido control social.

El derecho a la ciudad, tal como ha sido expuesto por sus principales teóricos y por los líderes sociales42, no disimula su vocación de promover una transformación radical de la ciudad y de la organización del territorio. Cuestiona el derecho de propiedad, no acepta la gestión privada de los bienes comunes y de los servicios de interés común y se opone al productivismo a costa del medio ambiente, de los recursos básicos y de la calidad de vida. Propone una democracia deliberativa y limitativa de las instituciones de representación en favor de formas de gobierno y gestión cívicas, prioriza los objetivos de igualdad y libertad, de reconocimiento por igual de todos los habitantes de un territorio, etc. La vocación de cambio, de alternativa y de voluntad de modificar los marcos jurídicos, políticos y económicos en favor de los valores y objetivos de libertad e igualdad, es propio de la democracia.

El derecho a la ciudad se confronta con el actual proceso de desdemocratización, es un derecho para contribuir a la redemocratización. No se trata de un retorno al pasado, es posicionarse en un momento histórico que requiere nuevos derechos y más efectivos. El derecho a la ciudad pretende ser uno de los instrumentos para reconstruir la democracia desde las ciudades. En resumen el derecho a la ciudad es un horizonte, lo que nos “ayuda a caminar” (como podría decir Eduardo Galeano) y que expresa la aspiración a una sociedad más justa, amable y feliz. El derecho a la ciudad no es una reivindicación únicamente de cada ciudad que hace lo que puede o considere conveniente. Obviamente la movilización ciudadana y la articulación entre ésta y los gobiernos locales tienen su especificidad. Pero se trata de un derecho de carácter universal que exige también un planteamiento global, tanto por razones solidadarias, intelectuales y políticas. Como ocurrió a partir del siglo XIX: la tendencia industrializadora en gran parte del mundo por la expansión del capital y que transformó el mundo. Y en paralelo se desarrolló el sindicalismo y las ideas socialistas de las clases trabajadoras y la unificación de sus reivindicaciones.43 (ver la nota 36).

En América latina hay un precedente reciente y que conviene tener muy en cuenta: el Movimiento de Reforma Urbana nacido desarrollado en Brasil y que se extendió por todo el continente. Pero en cambio no hay mucho que esperar de los Habitats siempre que sea un feudo de los gobiernos de los Estados. Nuestra experiencia es que los gobernantes de los Estados se interesan mucho por los grandes grupos económicos, financieros especialmente, también por los sondeos electorales sobre los individuos y muy poco por las ciudades. Deberían tenerlas en cuenta. Las ciudades son el motor de la economía, de la innovación social y cultural y de los grandes cambios políticos. La ciudad expresa un compromiso con el futuro, una promesa de vida mejor. Hay que evitar que la urbanización sin ciudad pueda implosionar el ámbito donde vive, o vivirá muy pronto, la mayoría de la población y el 90% de la producción de riqueza. Las ciudades es el mayor producto que ha creado la humanidad. Pero las tensiones que generan las crecientes desigualdades, la pobreza y la desesperación y la insostenibilidad del mal uso de los recursos pueden provocar una regresión social, económica y cultural. No parece que Naciones Unidas y los gobiernos de los Estados sean muy conscientes de ello.

Sin embargo existe un divorcio cada vez más visible entre la sensibilidad y el realismo de unos y otros. Por una parte los expertos, las organizaciones y movimientos sociales y culturales, incluso lo gobiernos locales ofrecen indicios de sensibilidad y realismo en favor de la vida. Por otra parte los gobiernos de los Estados y del gran capital y los sectores partidarios del productivismo incrementalista sin otra virtud que acumular capital. Por ahora Naciones Unidas no representan a los pueblos, están al servicio de los poderes estatales y económicos. Ni tan solo hacen un arbitraje. Sean cuales sean sus buenas y timoratas intenciones.

10. El futuro de las ciudades se confunde con el de la humanidad. Sin embargo los organismos internacionales, en especial Naciones Unidas, y los gobiernos de los Estados han fracasado o se han desinteresado de la disolución de las ciudades, sumergidas por la urbanización sin ciudad.

Las Naciones Unidas olvidaron desde el inicio que no pretendían representar a las naciones, el pueblo en acción, Representan a los Estados y sus gobiernos, ni tan solo los parlamentos están presentes. Los pueblos quedaron fuera y la burocracia internacional esta sometida a los intereses conservadores de los gobiernos. Los pueblos y sus territorios, hoy en su mayor parte urbanizados, tienen algunas posibilidades de hacer sentir voz pero no tienen voto. Los pueblos están atomizados por la democracia representativa mediante el voto de los individuos. Las ciudades son en cambio agregadoras, o como dijo Dahrendorf la democracia liberal es frígida, la ciudad es cálida.44 Hay una relación directa entre los gobiernos locales y la ciudadanía actíva organizada. En Foros o Conferencias los representantes de las ciudades pueden expresarse mediante portavoces reales. Se hacen escuchar aunque sea desde posiciones marginales. Habitat, tímidamente, ha abierto algunas puertas a los representantes directos de las ciudades y a las organizaciones sociales y culturales. Pero no deja de ser teatro, puro teatro. Cada uno cuenta su historia, se les escucha mezclados con funcionarios, políticos, representantes empresariales disfrazados de expertos. Habitat pretende imponer la diversidad, gentes de colores distintos, viejos y jóvenes, del campo y de la ciudad. Foros, conferencias, seminarios, “thematics meeting”, poupurris donde lo concreto y lo abstracto, la experiencia local y el discurso burocrático, un puzzle que se convierte en resoluciones preventivamente censuradas o maquilladas por funcionarios ejercitando de esbirros.

La existencia de Habitat hasta ahora no se ha justificado. Las tres Conferencias cada 20 años, desde 1976 hoy y los Foros Urbanos más frecuentes han permitido encuentros más propios de una feria popular repetitiva que de un espacio de debate, resoluciones y seguimiento de los compromisos. No ha tenido efectos visibles ni resultados prácticos. Al contrario, los expertos fichados por Habitat suavizan cualquier declaración que pudiera despertar el sopor de los diplomáticos gubernamentales y aún así éstos vigilan que no se generen debates conflictivos o de declaraciones o propuestas que importunen a algunos gobiernos susceptibles. Se multiplican las precauciones para que los textos oficiales sean insípidos, neutros, vagos, que no obligan a nadie ni a nada, ni tan solo compromisos de buenas intenciones y un mínimo seguimiento. Es decir, perfectamente inútiles. De poco servirán añadir algunas sillas testimoniales al Consejo de Administración para que algunos alcaldes o directivos de ongs potentes ocupen algunas sillas. Serán una minoría y heterogénea, con poco peso numérico y que se neutralizaran entre ellos mismos. Ya hemos podido comprobar el escaso resultado de los foros y conferencias y encuentros temáticos preparatorios de Habitat.3.

Los resultados de estos encuentros, en los que participan representantes de ciudades, expertos y ongs, siempre encuadrados por funcionarios de Habitat, se plantean cuestiones pertinentes aunque de forma genérica. Las tres reuniones oficiales preparatorias (los PrepCom) se mantuvieron estas cuestiones, en la PrepCom 1 especialmente, de forma aún más genérica. Sin embargo en el draft de la Nueva Agenda Urbana que se presentará en Habitat 3 en Quito (2016) desaparecen temas como el malestar urbano, el coste creciente del suelo y de la vivienda, la desocupación masiva y especialmente de los jóvenes, las grandes y en aumento de las desigualdades sociales, el modelo de urbanización insostenible, el urbanismo excluyente, etc45

Las conferencias y las organizaciones internacionales denuncian las situaciones, hacen declaraciones anunciando múltiples compromisos, se comprometen a obtener resultados como por ejemplo sobre la reducción de la pobreza, los asentamientos informales46el calentamiento del planeta, de la desnutrición infantil, del tráfico de mujeres, etc. Estos compromisos siempre son a medio plazo, 20 años o 50 años. O se dejan en el aire como la “nueva agenda urbana47. Una extensa lista de falsos compromisos y reconocimientos, con lenguaje retórico, ni se precisan ni se sabe quien los asume. ¿Los gobernantes nacionales o locales? ¿Las empresas multinacionales? La ética de los profesionales? En realidad nadie, un brindis al sol. Los gobiernos nacionales y las uniones entre Estados por complicidad o por impotencia frente a las lógicas del capitalismo financiero y especulativo se pliegan a las dinámicas económicas dominantes. Y los gobiernos locales están atados por el marco político y jurídico y también el financiero. De nada sirven los tratados internacionales, como la Carta de Derechos humanos. ¿La función social de la propiedad del suelo, que también está inscrita en diversa constituciones, se ha tenido en cuenta para yugular la especulación del suelo? Los organismos internacionales recurren a la “sociedad civil” pero como oyentes, o se les invita a expresarse en los procesos previos, para que parezca que se les tiene en cuenta. Pero cuando se celebran las Conferencias y Foros y se aprueban las resoluciones son los gobiernos de los Estados que imponen su retórica para que nadie se moleste, ni lo diplomáticos, ni los líderes económicos (o sus agentes) ni los políticos cómplices de los intereses dominantes. Estas instituciones aceptan el discurso genérico, incluso paradójicamente pueden asumir declaraciones tribunicias y formular expresiones de mediación que no haya luego tener en cuenta. Pero nunca ponen en cuestión los modus operandi, las decisiones, de los actores globales, las finanzas y los gobiernos. Es posible incluso que se haga una referencia al derecho a la ciudad pero de forma tan vaga que no suponga ningún compromiso ni recomendación que puedan tener efectos reales.

Pero hay una sociedad civil (o política, sería más exacto) activa, crítica, reivindicativa, alternativa y capaz de proponer alternativas, de promover o apoyar campañas políticas y candidatos que asuman sus propuestas, impulsar iniciativas legislativas, denunciar a los actores responsables de los males ursbanos. Son los movimientos sociales, las organizaciones populares y de los trabajadores, los profesionales y los investigadores independientes, las ongs alternativas, los “pensadores críticos”. Y esperemos también que bastantes gobiernos locales puedan formar parte de un bloque crítico y alternativo que pueda incidir en las actitudes de Naciones Unidas.

Hay otras expresiones de la otra sociedad civil, engendros vinculados a potentes grupos económicos, bien vistos por gobiernos y organismos internacionales. Esta sociedad civil recluta incluso intelectuales mediáticos o prestigiosos e incluso algunos líderes políticos o sociales, bien por los emolumentos que ofrecen, bien por sentirse reconocidos o por presunción, o con la mejor intención se les deja hablar y se utilizan su nombre pero nada más. Habitat ha encontrado una “sociedad civil” adecuada para ello: Campaña Urbana Mundial (WUC), que dispone de importantes fondos, organiza muchas reuniones con muchos participantes, selecciona una elite de 26 “grandes pensadores” y algunos centenares de opinante que dan la cara. Con el apoyo discreto de grandes empresas y el patrocinio de Habitat.48. El resultado ha sido un documento infantil titulado “La ciudad que necesitamos” (The City We Need). Palabras angelicales para olvidar los problemas reales y ninguna referencia ni a los actores ni a los mecanismos destructores de la ciudad y de la ciudadanía.

Habitat no nos representa. Se trata de reconstruir un Habitat que no esté en manos de los gobiernos de los Estados. No debieran tener más que una presencia minoritaria. La mayoría de los miembros se repartiría entre los gobiernos de las ciudades y otros asentamientos locales, representantes de las organizaciones y movimientos sociales y de miembros colectivos profesionales o académicos críticos y alternativos. Todos ellos, excepto los gobiernos de los Estados (tampoco serviría de nada) deberían comprometerse a defender un conjunto de principios que expresaran la vocación de hacer ciudad y de promover los derechos ciudadanos de todos. Si hay gentes sin derechos no hay derechos de nadie, hay privilegios y hay excluidos. Son las gentes sin derechos o con derechos limitados conjuntamente con las fuerzas ciudadanas activas los que pueden hacer posible la ciudad democrática. Un Habitat distinto al que existe hoy. Sería una Asamblea de los pueblos.

JB. Barcelona, Agosto 2016

Notas

1 Nos referimos a Fernando Terán, prestigioso urbanista, también excelente historiador del urbanismo y amigo. Sin embargo su afirmación securizante para los urbanistas hubiera podido complementarse con las dinámicas excluyentes e insostenibles debido a la financiarización del territorio, la especulación urbana y el derecho prioritario de la propiedad privada, las obras públicas al servicio de la urbanización sin ciudad,, etc. Ver “Ciudades, ecuación imposible” (eds M.Belil, J.Borja y M.Corti, Café de las ciudades y Ed. Icaria 2012). Incluyen contribuciones de Michael Cohen, José Manuel Naredo, David Harvey, Alfredo Rodríguez, etc. Todos los citados son también coautores de este libro.

2 Ver por ejemplo la Campaña Urbana Mundial (WUC) iniciada en 2014 y publicó una documento titulado “La ciudad que necesitamos” redactado “por grandes pensadores de todo el mundo”. Resultado: un conjunto banal de afirmaciones retóricas que a todo el mundo le parecerá bien. Pero sin intervención transformadora en unas realidades que no hacen posible que se cumplan las buenas intenciones.

3 Desde mediados el siglo XIX hasta el urbanismo contemporáneo a mediados del siglo XX se constituye un corpus doctrinal y empírico muy sólido. Nos limitamos a citar algunos nombres como Cerdà (Su libro fundacional “Teoria general de la urbanización” escrito en la segunda mitad del siglo XIX es aún una referencia fundamental), Haussman, Stübben, Sitte, Garnier, Wagner, Geddes, Abercrombie, el Movimiento moderno (CIAM, Le Corbusier, en Catalunya, Sert y Torres Clavé, en Madrid un personaje singular: Arturo Soria), la Escuela de Chicago (Robert Park y otros), la Bahaus, Stein, Mumford, Lynch, Jane Jacobs. Y el libro de J.L.Sert, “Podrán sobrevivir nuestras ciudades?” (1942, citado más adelante). El urbanismo posterior a los años 50 ha debido confrontarse con la ciudad metropolitana. Pero las instituciones políticas en la mayoría de los casos aún no se han enterado que la ciudad metropolitana existe desde hace más de 50 años y son excepciones los casos en que hay verdaderos gobiernos democráticos y con competencias propias de una gran ciudad.

4 Como la autogestión y la ciudad colaborativa, la visíón de género sobre la ciudad ver los textos de A.Falú y M.Subirats en este libro), el ecologismo, etc.

5 Ver la contribución de B.Secchi en esta obra y su libro “Ciudades de ricos, ciudades de pobres” (citado en la nota 11).

6 Son innumerables las obras, a veces promovidas y firmadas y por prestigiosas personalidades, que se hicieron a sabiendas que eran contrarias a los principios éticos elementales como vías rápidas que fracturan la ciudad o conjuntos de viviendas perdidas en tierra de nadie.

7 Más de una vez cuando se critica a un profesional por haber perpetrado un proyecto mal ubicado o excluyente responden: es lo que quería el alcalde o el cliente. Por ejemplo: los barrios cerrados. Es la negación de la ciudad, inadmisible para un urbanismo democrático. Pero estos barrios se multiplican y los hacen profesionales O las vás rápidas que fracturan la ciudad

8 El poder económico difícilmente acepta esta concepción del urbanismo. En un Encuentro internacional celebrado en Cali (octubre 2015) patrocinado por la Cámara de la Construcción de Colombia su presidenta en su discurso declaró enfáticamente que es el mercado el que debe definir el planeamiento. En ningún momento se refirió a los ciudadanos, a las periferias urbanas, a los sectores que no pueden acceder a la vivienda formal.

9 Ver el artículo de J.Borja “Ciudades y arquitectos” (El País, 17-7-2015)

10 Kingali, la capital ruandesa, dividida en compartimentos estancos, unos ocupados por hutus y otros por tustsis. El resultado fue una masacre masiva primero de tutsis por parte de los hutus y luego éstos a su vez fueron decimados por los tutsis.

11 La injusticia espacial se hace más visible y acentúa las desigualdades y exclusiones debido al “efecto escala”, muy estudiado por los geógrafos. Las periferias hasta mediados del siglo XX crecieron en los límites de la ciudad compacta. A partir de la difusión del automóvil, el afán especulativo del suelo vinculado a la financiarización del territorio y la política de alejamiento a los sectores populares de la ciudad y el bajo coste de la vivienda “social”, todo ello ha producido conjuntos de nivel bajo o medio en territorios urbanizados sin ciudad. Ver la obra la última obra de Bernardo Secchi, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres (2013 en italiano, 2015 en castellano). Ver también Las ciudades, una ecuación imposible (2012), de M.Belil, J.Borja y M.Corti (eds).

12 Artículo de M.Cohen: From Habitat II to Pachamama: a growing agenda and diminishing exoectations for Habitat III, Environment and Urbanization, 2015. Su contribución en este libro incluye este texto actualizado para incluir las propuestas de Habitat 3.

13Nos referimos a organizaciones vinculadas a Fundaciones y empresas privadas con la colaboración de estamentos académicos. Por ejemplo la Campaña Urbana Mundial (WUC) irrumpió en el plácido archipiélago de Habitat/Naciones Unidas en 2014. Movilizaron decenas de “grandes pensadores urbanos” (vocabulario WUC) con el apoyo de grandes empresas y ongs amigas. En el 2015 elaboraron el “nuevo paradigma urbano” con el título “La ciudad que necesitamos”, un himno a la retórica vacía de contenido. Este documento fue aprobado y difundido en el Encuentro de Praga de marzo 2016. Un texto propio de IKEA reelaborado para Disneylandia

14 La “represión preventiva” la universalizó el que fue presidente de EE.UU., Bush, en Irak, que supuso la destrucción del país y la masacre de centenares de miles de irakies. No fue una guerra, fue un genocidio.

15 Como dijo recientmente Varoufakis, el ex ministro de Economía de Grecia, que los gobernantes, conservadores, liberales o socialistas, se han metido durante tanto tiempo en la cama con los financieros que ahora no pueden prescindir de ellos.

16 Uno de los primeros artículos críticos sobre la resiliencia urbana es “The resilience of neoliberal urbanism”, de Tom Slater, Open Democracy, 2014

17 En los documentos preparatorios de Habitat III se habían hecho referencias al “derecho a la ciudad”. Gradualmente se han ido censurando estas referencias. No es un concepto aceptable por parte del gobierno norteamericano y otros.

18 Muerte y vida de las grandes ciudades, Jane Jacobs (1961). En este libro hay un texto de M.Belil que sintetiza el pensamiento ciudadano de J.Jacobs. Nos parece interesante, actual y muy poco conocida la obra de J.L.Sert Can our cities survive?, escrita en 1942 a partir de las resoluciones de CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). Una obra muy tenida en cuenta en los programas de reconstrucción de las ciudades al acabar la segunda guerra mundial.

19 Concepto que utiliza el urbanista italiano Bernardo Secchi en su último libro, publicado poco antes de su muerte (2013, versión en castellano en 2015)

20 Más adelante nos referiremos a la necesidad de gobiernos metropolitanos por razones funcionales y sociales Solamente con un marco politico metropolitana y una unidad fiscal se podrán realizar políticas redistributivas y reductivas de los desequilibrios y desigualdades.

21 R.Dahrendorf , de origen alemán, nacionalidad británica, fue presidente de la London School of Economics. Su artículo fue una reacción contundente cuando la jefa de gobierno del Reino Unido, Margaret Thatcher, disolvió el gobierno de Londres (Greater London Council) restablecido luego por el gobierno laborista.

22 Ver la contribución de Valerie Peugeot en este libro.

23 Debatir sobre el modelo de ciudad es una pura majadería. ¿A qué se refiere, a la morfología, a un modelo formal? ¿O es un conjunto de objetivos genéricos donde todo cabe, la base económica, la vivienda, los equipamientos, la movilidad, etc?

¿O quizás hay un modelo ideal de ciudad, como son las utopias urbanas? En realidad se usa el “modelo de ciudad” como un cajón de sastre que sirve para todo y para nada.

24 Ver la última obra de B.Secchi, op.cit, y los trabajos de David Harvey, entrevistado en este libro. Ver especialmente su libro relativamente reciente “Ciudades rebeldes” (2012) y su contribución al libro “Ciudades, ecuación imposible (po.cit),

25 El centro-centro (expresión propia del arquitecto Alfredo Rodríguez Arranz,) es el centro histórico, donde la geografia contiene la historia, o “en el espacio leemos el tiempo” (Karl Schologel ), el espacio más rico en significanttes, con más potencial integrador. Los sectores populares son los más necesidades de acceder a estos espacios.

26 El presidente de la multinacional Nesle declaró recientemente “No existe el derecho al agua, es un producto que hay que comprarlo”. Sin comentarios.

27 Las clases trabajadoras las entendemos en un sentido más amplio que en la época de la sociedad industrial. Si hay acumulación de capital mediante la especulación urbana, la privatización de los servicios de interés general o por medio de la construcción de obras públicas y de vivienda y la localización de negocios todo ello afecta negativamente los salarios reales y los medios de reproducción social. Por lo tanto hay explotación socio-económica y alienación política-cultural

28 . El uso de conceptos como gobernabilidad y de gobernanza son en si mismos confusionarios. Su utilización sirve para devaluar a los gobiernos locales y para multiplicar entes tecnocráticos o empresariales sin control ciudadano. Estos conceptos también sirven de distracción inocua a politólogos y sociólogos.

29 El Greater London Council es un caso interesante. Es un gobierno local potente pero con competencias limitadas y está formado por 32 distritos que a su vez poseen una parte importante de las competencias propias de los municipios. En Paris se está en pleno debate sobre como organizar el gran Paris. En América latina se debe citar Lima que ha integrado en la macrociudad a sus “pueblos jóvenes” pero con una enorme desigualdad de recursos. El caso más negativo es Santiago de Chile. Es el gobierno nacional que asume las competencias metropolitanas y la ciudad metropolitana compacta está dividida también en una trentena de comunas con competencias limitadas.

30 Veánse los textos recientes de E.Balibar. Una selección de artículos en castellano en “Ciudadanía” (editada por A.Hidalgo, Córdoba, Argentina, 2013. El proceso de desdemocratización se inició en el último cuarto de siglo pasado. En América latina y en Europa hubo reacciones sociales y políticas que dieron lugar a gobiernos progresistas especialmente en las grandes ciudades. Pero las “nuevas políticas” actuaron sobre los efectos de las políticas neoliberales pero no sobre los factores causales.

31 Ver las obras “La lucha por el reconocimiento” y “La sociedad del menosprecio” de Axel Honneth. Dos conjuntos de trabajos del director del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt escritos entre finales de los 90 y principios del siglo actual.

32 Una cita de un verso de Schiller, con permiso.

33“ La revolución será urbana o no será” escribió Henri Lefebvre, el autor de “El derecho a la ciudad”, publicado en 1968.

34 La arrogancia del presidente de Nesle ya citada que nos dice que el que quiera agua que la pague… según el precio que impongan las empresas. Se han multiplicado los sueldos y otro complementos de los altos directivos empresariales y financieros: la escala de salarios puede superar del 1, el trabajador de base hasta el 100 o más del directivo de su empresa. Un ministro de sanidad declaró recientemente que la asistencia sanitaria no es un derecho.

35 Los desechables es el término que se aplica en Colombia a la población marginal, desocupada o informal.

36 Ver el análisis histórico de Eric Hobswam en “La clase obrera y los derechos humanos”, en “El mundo del trabajo. Estudios sobre la formación y evolución de la clase obrera”, Editorial Crítica, 1987.

37 La democracia política se consolidó en Europa y Estados Unidos y en menor grado en América latina sobre la base del “welfare state”, que se desarrolló principalmente después de la segunda guerra mundial. Fue como resultado de las políticas “keynesianas”, el miedo al comunismo y la fuerza socio-política de las clases trabajadoras. Ver la película-documento de Ken Loach “El espíritu de 1945”.

38 La expresión caricaturesca de ello es la teoría del “fin de la historia”. El hecho que en el escenario político institucional no haya alternativas potentes en muchos Estados no significa en la sociedad si que se forjan movimientos socio-políticos que en América latina y en algunos países europeos han emergido también en el sistema político institucional. Pero hay que reconocer que a la hora de gobernar les resulta más viable actuar sobre los síntomas que sobre las causas.

39 Como la Carta de Derechos humanos de Naciones Unidas (1948) y otras Cartas de derechos posteriores.

40 En las constituciones y cartas de derechos de los países europeos se declaran derechos a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la protección social, etc pero en muchos son “derechos programáticos”, es decir depende que sean efectivos según sean las leyes específicas y las políticas públicas. En cambio en Estados Unidos un derecho establecido en las leyes puede ser recurrido ante los jueces si no se pueden ejercer. Lo cual explica la oposición de los EEUU al derecho a la vivienda o a la ciudad . Los países europeos no se opusieron a aprobar la Carta de derechos humanos de NNUU (1948) y otras cartas-tratados internacionales. O han hecho constar en sus constituciones estos derechos e incluso ”remover los obstáculos que se oponen a ello” (ver los artículos de la Constitución italiana y de la española). Es papel mojado.

41 Los gobiernos estatales, en especial el de Estados Unidos, probablemente impedirán que se debata y menos aún que se apruebe “el derecho la ciudad” en Habitat 3. Una prueba más de la imbecilidad de la mayoría de gobernantes.

42 La formulación del derecho a la ciudad no solo es propia de teóricos políticos y académicos como de Lefebvre a Harvey, el grupo de académicos radicales de New Yord (Peter Marcuse, Neil Smith, Tom Angotti, etc), o académicos progresistas latinoamericanos como la Red de Clacso que coordinó Fernando Carrión. También ha emergido una amplia The Global Plataform for the Right to the City. También han formulado el derecho a la ciudad como concepto instrumental de transformación social y política intelectuales-activistas vinculados a los movimientos populares urbanos y a las experiencias políticas avanzadas como los líderes del Movimiento de Reforma Urbana de Brasil (que incluye el grupo Polis, Raquel Rolnik, etc), Enrique Ortiz-HIC y Alicia Ziccardi, México), Ana Sugranyes (HIC y SUR) y Alfredo Rodríguez, SUR,Chile), J.Borja y el equipo DESC que lideró Ada Colau, hoy alcaldesa de Barcelona), etc.

43 Ver la nota 36 referida al historiador Habswam.

44 En R.Dahrendorf, F.Furet y B.Geremek, en “La democracia en Europa”.

45 Ver el paper de Anna Sugranyes sobre el Draft de la Nueva Agenda Urbana.

46 ¿Tiene sentido mantener la dicotomía formal e informal cuando en muchos casos lo formal es igual o peor a lo informal? Ver las contribuciones de Ana Sugranyes y de Alfredo Rodríguez en este libro y sus trabajos en la Corporación Sur. Ver los libros “Los con techo” y “Los subsidios sin derechos”, obra colectiva (2015) y expone “el derecho al lugar”.

47 “Los compromisos y reconocimientos, los haremos y los apoyaremos…” están expuestos ampliamente, a lo largo de todo el documento. Los compromisos principalmente desde el punto 25 hasta el 83, una tercera parte del documento. La implementación se deja en manos de los gobiernos con un lenguaje suficientemente laxo. A pesar de lo cual probablemente será recortado. De momento se excluye el concepto de “derecho a la ciudad”.

48 La Campaña Urbana Mundial (WUC) irrumpió en el plácido archipiélago de Habitat/Naciones Unidas en 2014. Movilizaron decenas de “grandes pensadores urbanos” (vocabulario WUC) con el apoyo de grandes empresas y ongs amigas. En el 2015 elaboraron el “nuevo paradigma urbano” con el título “La ciudad que necesitamos”, un himno a la retórica vacía de contenido. Este documento fue aprobado y difundido en el Encuentro de Praga de marzo 2016. Un texto propio de IKEA reelaborado para Disneylandia.

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