El mundo urbano se tribaliza, la hecatombe de Kingali nos acosa¹, las desigualdades y las exclusiones se convierten en bombas de relojería.

Documento base (provisional, en debate en el Comité coordinador).

Conceptos base: Injusticia espacial, Desigualdad social, Insostenibilidad, Gobiernos locales débiles, Urbanismo sin ciudad, Privatización de servicios de interés general, Marco político-jurídico favorable a la propiedad privada del suelo, Financiarización del territorio, Bancos y grandes empresas privadas de construcción y de servicios generadoras de exclusión social, Inadecuación entre gobiernos locales y territorios urbanos, La ambivalencia de las tecnologías, La responsabilidad de los organismos internacionales, Aprender de las prácticas sociales, El derecho a la ciudad como instrumento analítico y movilizador.

1.Urbanización versus ciudad. ¹

La urbanización tiende a ser la forma principal de los asentamientos humanos, especialmente en América y en Europa, y avanza aceleradamente en Asia y África. Las ciudades sin embargo no representan al conjunto de la población urbana. La capacidad de oferta integradora de las ciudades tiende a excluir a una parte de la población de bajos ingresos, bien mediante la expulsión por vía administrativa o por el mercado o bien dejando zonas degradadas separadas por muros materiales o simbólicos. Y hay urbanización sin ciudad.

En las zonas urbanizadas metropolitanas o periféricas coexisten zonas privilegiadas, como los barrios cerrados, que son resultado de políticas y comportamientos sociales excluyentes con amplias zonas de urbanización fragmentada o difusa y asentamientos informales que no disponen de gran parte de los servicios básicos y de las infraestructuras propias de la ciudad. A lo que se añade la distancia, el coste económico y en tiempo, y también los obstáculos sociales y psicológicos que hacen muy difícil acceder a los bienes y servicios de la ciudad. Es el coste de escala.

En resumen, las ciudades y regiones urbanas hoy se caracterizan por la desigualdad y exclusión sociales, por la insostenibilidad ambiental (coste energético y de agua, calentamiento del planeta y contaminación, destrucción de los paisajes) y el déficit de ciudadanía. Y ello es debido a las ante todo a las políticas públicas incrementalistas y cómplices de los poderes económicos y a la no regulación perversa de la financiarización del territorio.

Las ciudades sin embargo no son el problema, son la solución. Las políticas urbanas deben “el hacer ciudad” y serán las poblaciones, los sectores populares y medios, que pueden exigirlo, promoverlo y contribuir a ello. Las ciudades latinoamericanas y en especial las clases populares, por su cultura y sus intereses, tienden a hacer ciudad, o barrio, como ámbito de convivencia y de reproducción social.²

2.Desfase entre el gobierno del territorio y ciudadanía

Los gobiernos territoriales de proximidad, locales o regionales, son a pesar de sus limitaciones y con frecuencia su inoperancia, están mejor situados en los rankings que los otros niveles del Estado y otras instituciones (Judicatura, Fuerzas Armadas, Iglesias, partidos políticos, etc). Es un buen punto de partida. Pero desde mediados del siglo XX numerosos profesionales (urbanistas, planificadores, arquitectos, geógrafos, administradores públicos, etc) plantean la necesidad de instituir estructuras metropolitanas plurimunicipales. Es conocida la resistencia política y social a la creación de gobiernos metropolitanos de base electiva. Los gobiernos de los niveles superiores desconfían del poder de una ciudad metropolitana y los gobiernos locales periféricos y sus poblaciones temen quedar absorbidos y subordinados por la ciudad central. La experiencia de las agencias o entes especializados con funciones de ámbito metropolitano (transportes, agua, desarrollo económico, infraestructuras, vivienda, etc) actúan con una lógica sectorial, generan cuerpos tecnocráticos y actúan en la opacidad y en estrecha relación con grandes empresas. No favorece la confianza.

Las políticas neoliberales y la consiguiente crisis ha desvelado y multiplicado las crecientes desigualdades sociales, las incoherencias de las políticas públicas y los procesos privatizadores, la insostenibilidad de las regiones urbanizadas y la confusión del entramado político-administrativo del territorio. Las políticas públicas deben asumir la exigencia social de renovación sostenible de la economía productiva y la generación de empleo, hacer ciudad integrando la vivienda y las actividades, recuperar y controlar socialmente los organismos y las empresas de prestación de servicios e integrar los programas de infraestructuras dependientes de la sostenibilidad y la reducción de las desigualdades. Hay una demanda latente a todos los niveles de la sociedad de que hay que reapropiarse el territorio. No se puede exponer un modelo de organización territorial pues tanto las formas del desarrollo urbano como la organización político-administrativa de las regiones urbanas y las ciudades metropolitanas son distintas. Pero si que pueden proponer algunos criterios.

Las regiones urbanas tienden a constituir un sistema de ciudades, en su conjunto requieren más planeamiento operativo que gestión burocrática, pueden adaptarse o dar lugar a un nivel político-administrativo intermedio y ante todo deben preservar zonas naturales, rurales o agrícolas y evitar la urbanización difusa. La ciudad metropolitana integra la ciudad compacta, la ciudad central y la primera corona, plurimunicipal casi siempre, pero requiere dotarse de un gobierno común para promover políticas redistributivas y reequilibradoras, unificar los ingresos fiscales, elaborar el planeamiento territorial y estratégico, promover los grandes proyectos urbanos y gestionar los servicios públicos supramunicipales.³ Las ciudades metropolitanas pueden ser hoy un ámbito de renovación democrática. La ciudad metropolitana se gobierna lógicamente a dos niveles, el metropolitano y de de los municipios periféricos y los distritos (delegaciones, borroughs, etc) de la ciudad central. La emergencia de organizaciones sociales, ambientalistas, barriales, sindicales (cada vez más presentes en los territorios), cooperativistas y otras formas de economía social y colaborativa, etc tienen vocación de proponer, intervenir en los procesos deliberativos, controlar y asumir funciones que hasta ahora han sido propias de las administraciones públicas o las empresas concesionarias o contratadas. La democracia “representativa” está hoy en crisis y las ciudades parecen destinadas a ser las bases de la renovación política. El derecho a la ciudad no es un catálogo de lo que deben hacer las Administraciones públicas. Se requiere también una nueva relación con la ciudadanía activa.

3.La financiarización del territorio y el bloque cementero.

Las ciudades y las regiones metropolitanas son hoy posiblemente el ámbito de la acumulación de capital. No solo por las actividades que se desarrollan en ellas, innovación, producción e intercambio. También y sobretodo por la especulación del suelo, la construcción de viviendas e infraestructuras, la gestión de los servicios de carácter universal o interés general (agua y saneamiento, energía, transportes, asistencia sanitaria, seguridad ciudadana, etc). La colusión entre poderes políticos y el “bloque cementero”, propietarios del suelo y promotores y empresas de construcción y de prestación de servicios, ha generado grandes beneficios (legales o no) a cambio de los deficits que se acumulan en la producción de viviendas y la prestación de servicios destinados a las mayorías sociales. Estos actores visibles son evidentemente responsables pero quienes manejan los hilos son las entidades financieras (sean bancos, cajas, fondos de pensiones o de inversión, etc) que controlan directa o indirectamente los agentes urbanos. Estas entidades atraen inversores o accionistas no solo procedentes de las clases alta que poseen un sólido capital acumulado, también pequeños ahorradores que a su vez dependen de los créditos. Sin querer estos pequeños ahorradores/inversores/precarios contribuyen a alimentar los procesos urbanos difusos que les convierten en marginarles por su muy limitado acceso a la ciudad integradora. Son las víctimas principales cuando las burbujas inmobiliarias o la insostenibilidad de la urbanización les lleva a la desposesión de facto de sus derechos ciudadanos.

Las clases populares y en menor grado las clases medias urbanas son expoliadas por el sistema financiero y sus agentes y cómplices. La ciudades y las regiones metropolitanas son hoy el escenario del conflicto social que tiende incluso a ser más amplio que el que se expresa en los espacios de las empresas. El dominio del sistema financiero hegemoniza la acumulación de capital y da lugar a una apropiación de las plusvalías generadas en detrimento de la reproducción social (vivienda, servicios, equipamientos, asistencia sanitaria, transportes, etc). Es decir, hay explotación. Y a la vez se produce una reducción de los derechos ciudadanos debido a que las dinámicas urbanas tienden a excluir a amplios sectores de la ciudadanía, incluídas clases medias y altas, que se refugian en guetos protegidos. Todos desposeídos de la vida ciudadana, aunque para los pobres es vital y para ricos es secundario. La ciudad real y concreta deviene una entidad abstracta y virtual.

4.La escasa capacidad de los poderes públicos para regular la propiedad del suelo, la financiación de las viviendas y el acceso universal a los servicios básicos. ¿Disponemos de instrumentos adecuados para ordenar los procesos territoriales?

Los gobiernos locales y regionales representan formalmente a la ciudadanía. Sin embargo no construyen ni gestionan la ciudad para las grandes mayorías. ¿Son cómplices activos de los poderes económicos y mediáticos? En muchos casos es así. ¿Están condicionados por los gobiernos del Estado y los organismos internacionales? También, sin duda alguna. El marco político-jurídico les impone leyes y normas y políticas de todo tipo favorables a la propiedad privada del suelo, a la fiscalidad regresiva, a la privatización de los servicios, etc.¿Poseen las competencias, los recursos y los instrumentos técnicos para promover los derechos ciudadanos y hacer ciudad para todos? Ciertamente, en muchos casos tienen una dependencia política del Estado, se consideran puras administraciones. En otros se han ido desposeyendo de las competencias que tenían. Casi siempre sus recursos están muy por debajo de las actuaciones y prestaciones que demanda la ciudadanía. Tampoco poseen muchas veces los instrumentos técnicos o administrativos para diseñar o gestionar proyectos complejos o innovadores. A pesar de todo muchos gobiernos locales han promovido actuaciones novedosas en cuestiones ambientales, de combate a la pobreza, de generación de empleo o de rehabilitación de viviendas. En los encuentros internacionales los gobiernos locales aparecen como mucho más innovadores y próximos a los colectivos ciudadanos que los gobiernos de los Estados.

La única posibilidad de generalizar la aplicación de prácticas transformadoras requieren el reconocimiento por parte del sistema político-jurídico estatal (o internacional). Pero el llamado Estado de derecho tiende al conservadurismo y al continuismo y difícilmente las fuerzas estatales dominantes no están interesadas en cambiar el sistema en el cual monopolizan el poder. En momentos de crisis y de cambio se hace visible la contradicción entre el Estado de derecho y los derechos de los ciudadanos, o más claro, el Estado de derecho primero libera luego oprime. El Estado formal (represivo) se opone a la democracia real de la ciudadanía.⁴ Un frente de gobiernos locales con movimientos ciudadanos son potencialmente las fuerzas capaces de modificar el sistema político-jurídico establecido. Lo cual significa momentos de confrontación, de desobediencia civil y de combatir las normas formales en nombre de derechos materiales o legítimos.

5.Desigualdades y exclusiones sociales . La injusticia espacial.

La paradoja de la ciudad es que ha sido imaginada como espacio de protección e integración social y cultural pero también actúa “como máquina potente de diferenciación y separación, de marginación y exclusión” en frase afortunada de Bernardo Secchi⁵. La ciudad no es un espacio en el que sufren fenómenos o situaciones “naturales” (inundaciones, temblores de tierra, etc), pues éstos afectan más o menos a la ciudad según sean las políticas públicas y las culturas ciudadana. Las injusticias y las desigualdades, no son “naturales, sino producto de factores sociales y urbanos. La ciudad los puede reducir o acentuar las desigualdades, o incluso generar nuevas injusticias. Ya nos hemos referido a la escala de la ciudad que multiplica los efectos excluyentes de la urbanización dispersa y los conjuntos de vivienda social. Así mismo hay procesos de apropiación por parte de sectores sociales privilegiados de la ciudad más cualificada, o expulsa poblaciones integradas para apropiarse de zonas ahora apetecibles. Estas minoritarias concentran no solo el capital social, económico y cultural, también el “capital espacial”. Según donde vives puedes acceder o no a los servicios y equipamientos de mayor civil, a las actividades culturales y formativas, a más oportunidades de trabajo, a entornos más seguros y significantes. La “injusticia espacial” es el lugar donde se niega la inclusión y la apropiación del territorio, es la negación de los atributos de la ciudadanía.⁶

La injusticia territorial no deriva de la “naturaleza de las cosas”. Tampoco se debe la vocación de las clases populares a aislarse de la ciudad. Las causas de la injusticia son visibles: las poblaciones inmigrantes o de bajos ingresos que no encuentran lugar en la ciudad donde instalarse, la propiedad privada del suelo y la especulación urbana, las políticas públicas que optan por enviar a los sectores populares a periferias poco o mal urbanizadas. Se multiplican así los costes sociales y ambientales para las mayorías y los costes económicos resultantes de la especulación urbana⁷. La vivienda, no o mal inserta en el tejido ciudadano no es un derecho, es una forma de explotación. La vivienda por lógica debe ser un derecho equivalente al acceso a la enseñanza o la asistencia sanitaria. Las viviendas sociales fuera de la ciudad no son solo de baja calidad sufren además el déficit de infraestructuras, de servicios y de sistemas de transporte. En cambio el bajo coste de producción genera altos beneficios por bancos, promotores y constructores, da lugar a corrupción de funcionarios, genera clientelismo político y aleja a los sectores populares de la ciudad. Es también el deseo de los sectores acomodados que no desean compartir espacios ciudadanos con los “pobres” considerados peligrosos o indeseables. La urbanización sin ciudad y la ciudad sin inclusión social son, paradójicamente, considerados como indicadores de “desarrollo” por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial.

6.La vivienda y la ciudad: el riesgo de la separación. La producción social del habitat y la “otra resiliencia”.

La vivienda es a la vez una necesidad y un derecho de las personas y también una condición indispensable para la existencia de la ciudad. Sin embargo los procesos urbanos actuales tienden a separar los conjuntos de vivienda de la ciudad compleja. Una parte sectores medios y altos se construyen sus guetos fuera de la ciudad o bien se inventan conjuntos cerrados (gated cities) que se autocexcluyen de la ciudad. Pero es sobretodo son los sectores populares que se instalan en los márgenes de la ciudad, a veces incluso lejos de sus límites, bien se trate de inmigrantes que se instalaron fuera y han consolidado su habitat informal o bien poblaciones expulsadas de la ciudad que ocupaban suelo deseable para el mercado o para obras públicas. También las iniciativas públicas o mixtas de producción de viviendas sociales optan por buscar suelo lejos de la ciudad compacta como ya hemos hecho referencia. El resultado es nefasto. La vivienda sin ciudad es la exclusión, la sobreexplotación, los costes ambientales y sociales debido al déficit de infraestructuras y de transportes. Por otra parte la ciudad compacta se desvitaliza, el espacio público se empobrece y aparece como peligroso. Si las viviendas de sectores populares o medios se substituyen por el turismo o por oficinas, o bien se degradan, el comercio ciudadano tiende a desaparecer y se traslada a los grandes centros comerciales. La ciudad sin vivienda y sin comercio es la negación de la ciudad. La ciudadanía se atomiza, el ciudadano solo lo es en su relación con los otros, son en realidad “conciudadanos”.⁸

El mercado y casi siempre las políticas públicas tienden a fabricar la separación de los sectores populares de la ciudad, a pesar de su necesidad de “estar en la ciudad”, no fuera de la misma. En América latina⁹ y otras regiones del mundo donde se han producido en desde mediados del siglo pasado procesos inmigratorios de alta intensidad la población allegada en gran parte se ha cobijado en instersticios o en los márgenes de la ciudad y se construyeron viviendas precarias e informales. Estos conjuntos de vivienda en muchos casos se consolidaron, no solo produjeron y mejoraron su vivienda, también contribuyeron con su trabajo y sus luchas, hicieron ciudad, crearon las primeras infraestructuras y servicios básicos, reivindicaron y consiguieron servicios públicos y transportes y consolidaron la vida social y, incluso pero no siempre, el reconocimiento o la aceptación ciudadana. Han conquistado el “derecho al lugar”. Pero, por intereses de promotores o de responsables políticos, cuando estos lugares son deseables por el mercado o por decisión administrativa, se tiende a expulsarles, a trasladarlos en zonas periféricas, alejadas de la ciudad compacta y en conjuntos de baja calidad. Algo parecido ocurre con conjuntos de vivienda social en teoría “formales” pero de baja calidad pero los ocupantes han mejorado y desarrollado su vivienda y se han creado lazos sociales. Cuando el desarrollo de la ciudad genera expectativas mercantiles o de obras públicas se pretende trasladar a la población. El conflicto es inevitable.¹⁰ En muchos casos la expulsión no se ha podido evitar pero en muchos otros se ha conseguido el mantenimiento en el lugar. En las dos últimas décadas los gobiernos locales progresistas, con la colaboración de los habitantes, han rehabilitado estos conjuntos de viviendas y han establecido conexiones entre la ciudad formal y estos barrios que nacieron y se desarrollaron en la informalidad.¹¹

El derecho a la vivienda digna nunca se ha conquistado del todo, se consiguen victorias precarias. Las fuerzas del mercado y la complicidad activa o pasiva de los gobiernos han hecho de la vivienda una mercancía y de la ciudad un territorio al servicio de la especulación. Los organismos internacionales, como Habitat_NN.UU. y los gobiernos estatales imbuidos por las políticas neoliberales mitificadoras del mercado no consideran asumible el “derecho a la vivienda”. Difunden la “resiliencia” como solución. Un falso consuelo para aquéllos que no disponen de recursos suficientes ni ocupación estable, ni poseen vivienda digna e inserción en la ciudad formal. El mensaje es: “no deben contar con el Estado, pero sí con sus propias fuerzas, consigan trabajo, vivienda, transportes, etc, nadie les va a ayudar”. Los colectivos sociales generan su “otra resiliencia”: asociación y cooperación, empoderamiento del territorio, movilización reivindicativa en favor de sus derechos, presencia en el escenario público ciudadano y propuestas políticas alternativas. Se organizan para conquistar los derechos que el mercado y los gobiernos se los niegan.

7.El uso y el mal uso de las tecnologías. El caso de las “smart cities”. Las tecnología en muchos casos devienen instrumentos de la insostenibilidad y de la exclusión.

Las grandes innovaciones tecnológicas son siempre portadoras de esperanzas y de ilusiones para las grandes masas de población. Así fue a al inicio de la sociedad industrial a mediados del siglo XIX. Los socialistas utópicos como Saint Simon y Fourier imaginaron una sociedad idílica y más tarde Owen o Morris intentaron crear “prototipos”, experiencias más o menos duraderas y que se han repetido pero siempre a pequeña escala. A finales del siglo XIX autores como Wells y especialmente Zola se inspiraron en los avances tecnológicos para anunciar el fin del trabajo penoso.¹² A lo largo del siglo XX han proliferado utopías basadas en los progresos tecnológicos, primero a partir de la industria y en el último tercio de siglo la tecnología informacional. Pero casi siempre las tecnologías han servido inicialmente para usos contrarios a los intereses y al bienestar de las mayorías sociales. Medio siglo después de su existencia una gran parte de la población sufre la fractura digital. Sin embargo en los encuentros internacionales se proclaman los grandes beneficios que la “nueva inteligencia urbana” hará de las ciudades una utopía realizada.¹³

El uso de los avances tecnológicos son una arma de doble filo. Por una parte estos avances son potencialmente generalizables y usables para la ciudadanía, por su bienestar y mayores grados de libertad. Pero por otra parte pueden servir para todo lo contrario. El Big Data por ejemplo concentra una gran información sobre la ciudadanía y las cuestiones que les afectan pero en muchos casos no es accesible o no es comprensible. En la práctica el Big Data está monopolizado por los gobiernos y las grandes empresas. Es posible un planteamiento opuesto, el Data City, en que no solo la información es accesible, también ésta se produce de abajo a arriba.¹⁴ El éxito publicitario de las “smart cities” no es solamente un éxito empresarial. Ha entusiasmado a los gobernantes y a los organismos internacionales para difundir ilusiones imaginarias a la ciudadanía en tiempos difíciles. En el Fòrum Urbano de Medellin (2015) escuché a un alcalde de una gran ciudad desarrollada y muy “moderna” que declaró en público que con las “smart cities” se acabarían las desigualdades sociales!

Muchos de los avances tecnológicos a la larga han sido útiles pero en muchos casos han servido también para generar o agravar problemas sociales o de sostenibilidad. Como el uso abusivo del automóvil y los costes ambientales que provoca. O el control de los ciudadanos sin su conocimiento. Las arquitecturas opulentas y ostentosas despilfarradoras e insostenibles. Los ritmos de trabajo adaptados a las máquinas pero no a las personas. La lista puede ser interminable. Los malos usos de las tecnologías no son resultado de errores técnicos sino de voluntades políticas, intereses mercantilistas y sumisión de las mayorías sociales.

Un ejemplo de los malos usos del lenguaje tecnológico es el ya citado concepto de “resiliencia”. Se ha usado en ecología, ingienería, psicología, etc. En todos los casos se refiere a la reacción de un cuerpo o elemento que se ha deformado o vulnerado para recuperar su anterior situación. Pero en las sociedades heridas por las políticas neoliberales y por la regresión de las instituciones del welfare state o de protección social se ha usado la resiliencia como un llamado, implícitamente amenazador, a los sectores populares desprotegidos para que se enfrenten solos a situaciones críticas de las que no son responsables.. Una situación que supone una regresión que nos hace recordar la opción entre “Civilización y barbarie”¹⁵ y que hoy podríamos añadir “Ciudadanía o barbarie. En el mundo actual parece que se impone la barbarie. La paradoja es que son los Estados de los países que se consideran más “civilizados” los principales agentes de la barbarie.

8.La responsabilidad social, profesional y moral de los funcionarios, académicos y técnicos.

Los profesionales y los académicos no son los ”buenos de la película”. Obviamente hay producción intelectual crítica y a veces propositiva y alternativa por parte de expertos en los temas urbanos y sociales. Pero son muchos más los profesionales y funcionarios cómplices activos y los legitimadores desde las cátedras y los medios de comunicación. También hay los que producen un saber anodino en investigaciones y estudios que no resuelven nada de la vida de las mayorías. Y los que denuncian las situaciones de exclusión y de despilfarro como si fueran plagas bíblicas, los que omiten los responsables y no exponen los mecanismos sociales que producen el mal que aparentemente denuncian. Muchos profesionales y funcionarios públicos hacen su trabajo lo mejor posible pero no se plantean o prefieren no ir más allá de sus tareas. Son los que desde las Administraciones públicas o desde empresas formales hacen planes y proyectos, diseñan y construyen viviendas o infraestructuras. Pero muchas veces las viviendas son conjuntos sociales al margen de la ciudad. O las infraestructuras son vias “rápidas” que segregan barrios y generan oportunidades especulativas. Este discurso legitimador de las obras y “naturalizador” de la realidad es inacabable. ¹⁶

No se puede pedir a los profesionales y funcionarios que individualmente sean héroes. Pero existen corporaciones gremiales, sindicatos, asociaciones ciudadanas, facultades universitarias y entidades culturales que podrían ser más activas, más críticas y con más capacidad de promover iniciativas políticas, legislativas y movilizadoras. El ejemplo lo dan los movimientos y las organizaciones sociales que integran en su seno numerosos profesionales y profesores y están presentes en sectores populares y también medios. Pero su peso en el marco institucional, político-jurídico y socio-económico, es relativamente débil aunque consigue progresos importantes como el movimiento de Reforma urbana nacido en Brasil y se ha generalizado en América latina.

¿A quién sirven los organismos internacionales y especialmente Naciones Unidas, Habitat incluído? No consiguen autonomizarse de los Estados y de sus gobiernos. Confunden las “naciones unidas” con los gobiernos de los Estados. Las naciones son los pueblos, no son las oligarquías políticas y económicas, ni las burocracias, ni los grandes medios de comunicación ni las multinacionales. Sin embargo los organismos, agencias y otros entes del sistema de NN.UU. y otras grandes organizaciones internacionales están sometidas o mediatizadas por los aparatos de los estados y han generado sus propias burocracias que se sienten que su mantenimiento solo se garantiza si son cómplices de los gobiernos de los estados. Habitat se ha abierto gradualmente hacia las ciudades y las organizaciones sociales. Pero siempre en los límites que lo permiten los Estados. Y ha buscado financiación llamando a la puerta de las multinacionales, pues los gobiernos nacionales nunca han tenido Habitat en mucha consideración. En consecuencia los informes, resoluciones e iniciativas de Habitat son brindis al sol, buenas palabras que se lleva el aire. Un ente como Habitat solo tiene de razón de ser si se convierte en un aliado de las ciudades y de los movimientos sociales populares y las redes asociativas, incluidos los colectivos profesionales comprometidos en la lucha por la justicia espacial, la sostenibilidad y el derecho a la ciudad.

9.La reconstrucción de la cultura urbanística y ciudadana a partir de las prácticas sociales y del pensamiento crítico.

La cultura y los instrumentos urbanísticos que hemos heredado de la sociedad industrial representan un patrimonio intelectual y en muchos casos proporcionan también un instrumental útil pero no suficiente. Empezando por el mitificado “planeamiento”. El urbanismo del período industrialista puso, o por lo menos lo intentó, poner orden en el caos de las sociedades del “laissez faire, laissez passer”¹⁷. El plan, la organización del sistema de las infraestructuras de movilidad y de los servicios urbanos básicos, el alineamiento y continuidad de los conjuntos, la reserva para espacios públicos y equipamientos, los modelos de tramas (como los ensanches cuadriculados o en estrella), la zonificación, etc. Pero las dinámicas urbanas han desbordado unos instrumentos que requieren un actor hegemónico y una estabilidad y previsibilidad que en las últimas décadas no se ha dado. A lo que se añade un efecto de escala ya expuesto. Han surgido otros instrumentos más o menos complejos como el planeamiento estratégico, urbanismo por proyectos, planes estratégicos, convenios público-privados, etc¹⁸. Sin embargo estos instrumentos, cada uno más o menos útil, no conllevan unos valores y unos objetivos claros, o bien son conceptos bienintencionados unos, como la integración social o la participación y no tanto otros como la “competitividad” o la “seguridad”.

Los retos del urbanismo actual debe dar respuestas a la financiarización del territorio, a la especulación del suelo, a la urbanización sin ciudad, a las dinámicas excluyentes, a la creciente desigualdad, a la insostenibilidad ecológica y social, al desfase entre población activa y mercado de trabajo, al desgobierno y complejidad opaca de las instituciones y entes públicos o parapúblicos. En consecuencia las respuestas no pueden darlas los instrumentos específicos del urbanismo, se trata de nuevas leyes y programas y renovar el marco político-jurídico: banca pública y cooperativa, precio del suelo urbanizable adquirible por el sector público o social a precio rústico, prohibir los barrios cerrados, continuidad del tejido ciudadano (contra la difusión urbana), exigir la mixtura social en todos los proyectos de conjuntos de vivienda, mezclar actividades económicas, comercio y grandes equipamientos con zonas de vivienda, promover una diversidad de centralidades en todo el territorio metropolitano, generalizar la renta básica y la formación continuada, reconstruir el tejido institucional para adaptarlo y simplificarlo a las realidades sociales y territoriales. Se trata de combatir el “efecto de escala”¹⁹, de “hacer ciudad sobre la ciudad, de limitar radicalmente la movilidad contaminante y de generar bolsas de ocupación en las áreas residenciales. En resumen el urbanismo hay que supeditarlo a la sostenibilidad ambiental y el buen uso de los recursos básicos y a la reducción de las desigualdades y especialmente enfrentarse contra la injusticia espacial.

A partir de estos objetivos hay que adaptar los instrumentos urbanísticos. ¿El “planeamiento” es el instrumento principal? El marco político-jurídico apuntado condiciona ya cualquier plan. El plan hoy debe ser por una parte un escenario de futuro deseable e indicativo y por otra un conjunto de criterios e intervenciones de obligado cumplimiento. A título de ejemplo: no superar indicadores de densificación máximos y no estar por debajo de mínimo de espacios públicos, transporte colectivo a menos N metros (300 por ejemplo) de las zonas habitadas o de actividad económica, 50% de vivienda social o popular en todas las zonas de la ciudad, equilibrar población residente y puestos de trabajo, 50% como mínimo de áreas de equipamientos y de espacio público, etc. Estos criterios en el plan se modulan en distintas zonas de la ciudad.²⁰ El planeamiento tal como se expone es una guía para la acción. Partimos de la intervención urbanística en la ciudad entendida como un proceso. Los instrumentos están al servicio de los objetivos estratégicos y de las intervenciones concretas en el territorio. Estas intervenciones se adaptan en cada momento a las prioridades del gobierno de la ciudad, a las demandas o propuestas de la ciudadanía, a los instrumentos legales y financieros utilizables y a la expertise de los portadores de la cultura urbanística. La ciudad se hace con los ciudadanos, nadie tiene el monopolio de hacer ciudad.

10.Ciudad y ciudadanía. Territorio y derechos urbanos, sociales, económicos, políticos y culturales.

El paper número 1 de la serie de 10 de los “Habitat III Policy paper framework” tiene un título interesante y novedoso: The Right to the City and Cities for all. La novedad no es el título sino el que sea un documento con el logo de Habitat, aunque es simplemente un documento de trabajo. De entrada nos dice que “La New Urban Agenda debe reconocer que los modelos de desarrollo urbano basados en la competitividad de las ciudades pueden ser muy atractivos para los negocios y para la especulación del suelo. Pero no son capaces de crear un modelo sostenible de inclusión social sino más bien es generador de exclusión”. Veremos si Habitat III avanza en esta dirección. Hay razones para dudarlo.²¹

La ciudad no es simplemente un recipiente donde se entremezclan personas y edificios, es un sistema de relaciones (individuos y colectivos, residentes y usuarios, edificios y espacios abiertos, movilidades y elementos estables), un entorno significante, unas culturas y unas memorias acumuladas, una máquina compleja que produce bienes y servicios, un ámbito de expresiones individuales y colectivas, etc. Es la ciudad la que permite más o menos que se ejerza la ciudadanía. La ciudadanía la entendemos como el conjunto de derechos y deberes, de pautas compartidas más o menos asumidas, el derecho a ser reconocido por los otros. Ya hemos dicho que el ciudadano lo es en su relación con el otro. Para lo cual se es ciudadano si eres libre e igual como los otros conciudadanos. La ciudad hace posible a sus habitantes que sean ciudadanos por medio de sus infraestructuras y las viviendas dignas, el acceso por igual a los bienes y servicios, el participar en la vida colectiva incluida la política, el sentimiento de ser aceptado y protegido, el acceso universal a la movilidad, la formación, la asistencia sanitaria y la remuneración suficiente sea por via del trabajo o por la renta básica. Es evidente que las ciudades, todas en mayor o menor grado, no son generadoras de ciudadanía plena e igual para todos.
El derecho a la ciudad no es un derecho que se proclama en las constituciones o en las leyes urbanísticas. Obviamente mejor sería que así fuera reconocido por el marco político-jurídico existente. Pero como ya ocurre con muchos otros “derechos humanos” aunque estén reconocidos por los tratados internacionales y por las constituciones de los estados no es condición suficiente para que sean efectivos. Ante un derecho más abstracto y complejo como es el “derecho a la ciudad” lo que cuenta es la exigencia ciudadana de derechos específicos, como la vivienda digna, el derecho al lugar y a su inserción ciudadana; el derecho a la movilidad, a la centralidad y a la accesibilidad que no suponga un coste económico o social (tiempo) a una parte de la población; la garantía de disponer de ocupación y de ingresos básicos; el acceso por igual a la educación y a la formación continuada y asistencia sanitaria y protección social; la igualdad político-jurídica de todos los habitantes; el reconocimiento por igual de culturas y creencias; etc. Si es así entonces ¿porqué plantear el derecho a la ciudad?

El derecho a la ciudad es la otra cara de la ciudadanía. No hay ciudad sin ciudadanía pues es el ámbito de la ciudad que se ejercen los derechos concretos que configuran la ciudadanía. Cada uno de los derechos ciudadanos, sean urbanos, políticos, socio-económicos o culturales, son interdependientes. Si no se tienen todos a la vez no se es ciudadano pleno. La ciudad integra, en teoría por lo menos, estos derechos por medio de las políticas institucionales y de las prácticas sociales. El derecho a la ciudad, en cada momento histórico y en cada zona del mundo, es un todo que incluye todos los derechos propios de la ciudadanía. Es por lo tanto una guía para la acción en el presente, para la interpretación de la realidad y para la concepción de las políticas urbanas. Los gobiernos locales, los políticos, los profesionales, los activistas sociales y más o menos conscientemente los ciudadanos son conscientes que los derechos ciudadanos están vinculados entre sí, que difícilmente se ejercen los que se poseen si los otros faltan o están muy limitados.

El derecho a la ciudad es algo más, es un escenario de futuro deseable, una esperanza de sociedad justa y libre, de iguales y de solidarios, de respeto mutuo y de respeto al medio físico, de asunción de la historia y de la memoria ciudadanas y de un horizonte que nos orienta en la acción. No es una utopia, o lo es en palabras de Eduardo Galeano, “es lo que nos anima a andar”.Muchos gobiernos de los estados rechazan el “derecho a la ciudad”. No son tan imbéciles de pensar que un “derecho de derechos” es algo exigible que les pondría en un aprieto. Es otra cosa. Intuyen el carácter subversivo del derecho a la ciudad, es un instrumento de transformación social, cultural y política. Tienen razón, el derecho a la ciudad se enfrenta con los gobiernos y sus políticas actuales, contrarias a la sostenibilidad del medio en que vivimos y favorables al enriquecimiento de las minorías. Es también un test para los organismos internacionales. ¿Están con los estados y sus gobiernos o con las naciones o los pueblos?²²

Nota de Jordi Borja a FAVB-Urbanisme (Camilo).

1. Precedents.

Barcelona un cop enderrocades les muralles a meitat del segle XIX es troba en un gran espai obert i quasi totalment buit sobre el qual es farà el Pla de l’Eixample (Cerdà) i un conjunt de viles institucionalitzades el segle XVIII (Sants, Sarriá, Gràcia, Horta, Sant Martí, Sant Andreu…). Un del molts encerts de Cerdà es establir lligams entre la ciutat nova i la vella amb i aquestes viles de l’entorn. És una de les funcions de la Granvia, la Diagonal i la Meridiana i en menor grau el manteniment de velles carreteres com la de Sants, el Passeig de Gràcia, Fabra i Puig, Pere Quart, etc. Les viles perifèrques s’incorporen a la ciutat de Barcelona entre finals del segle XIX i inicis del XX (la darrera va ser Sarriá, el 1921).

Malgrat de les intencions de Cerdà de fer una « ciutat igualitaria », que parcialment es va aconseguir a l’Eixample, la majoria de nuclis perifèrics van ser ocupats pel desenvelopament industrial y els habitatges, formals o informals, dels treballadors, en general procedents primer de Catalunya i zones properes i a partir del segle XX de la resta d’Espanya (Sants, Sant Martí, Sant Andreu principalment). Eren zones ben comunicades, amb molt espai disponble i amb nuclis centrals i de població benestant molt reduïda. Aquests nous barris de la ciutat van ser durant dècades molt poc cuidats per les administracions públiques excepte en el període republicà. Malgrat tot en gran part aquests barris van anar-se integrant al teixit ciutadà central i amb algunes excepcions van progressivament accedir als serveis bàsics propis de la ciutat: aigua, energia i clavegaram; transports col·lectius; espais públics i alguns equipaments escolars i sanitaris sempre molt deficitaris; habitatge social també molt deficitari; etc. Les excepcions eren importants, el barraqusime en molts intersticis, zones molt poc urbanitzades als barris alts de Sant Andreu (avui Nou Barris) i de Sant Martí, etc. Ha calgut el periòde democràtic, a partir dels anys 80, que el conjunt de la ciutat, malgrat alguns dèficits especialment en habitatge, és pot considerar que bàsicament la ciutat està urbanitzada.

2. La perifèria urbana de la societat industrial (segle XX).

El desenvolupament industrial a la segona meitat del segle XIX també s’estén poc a poc en alguns municipis del Barcelonés com Badalona, Sant Adrià, Montcada i puntualment en alguns municipis del Baix Llobregat. I ja més distanciat de Barcelona el Vallés occidental (Sabadell i Terrassa). Però predomina encara el caràcter rural i agrícola i en alguns casos la funció residèncial. Al segle XX l’urbanització i l’industrialització s’estén per tot el Barcelonés, la part baixa del Baix Llobregat i les comarques de l’entorn. Barcelona esdevé una aglomeració metropolitana o plurimunicipal. Des de inicis del segle XX fins als anys 70, quan s’atura l’inmigració de la resta d’Espanya, es crea una corona suburbial que inunda la majoria dels municipis més propers de Barcelona, zones industrials i infraestructures i de residència treballadora, on hi havia sòl disponible i governs locals febles o còmplices de una pèsima urbanització. La ciutat de Barcelona actua de factor d’expulsió de allò que no vol o que no li cap.

La segona corona, de Vilanova i La Geltrù a Matarò/Malgrat, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Mollet/Granollers, no té la mateixa dependència de Barcelona, és tracta de ciutats més potents, que han tingut un desenvolupament relativament propi i que tenen una funció de centralitat parcial. El conjunt de aquestes dues corones i la ciutat de Barcelona mereix un planejament d’infraestructures econòmiques i de mobilitat. Però les polítiques socials, d’habitatge i d’equipaments exigeixen un planejament urbanístic, de programació d’equipaments i serveis i de tributació compartida. La despesa publica per habitant als anys 70 en els municipis de la primera corana, quan s’havia arribat al màxim de creixement de la població, era un tercera part de la de Barcelona, i els déficits acumulats eren enormes en comparació a la ciutat central. Aquesta ciutat metropolitana és, al nostre parer, una ciutat plurimunicipal però dotada d’un govern comù amb recursos propis i competències tassades (com el Greater London Council). Una ciutat plurimunicipal de poc més de 500 km2 (Madrid en té 600 i Zaragoza el doble) i que supera els 3 millions d’habitants (per sota de Madrid).

La comparació de la ciutat de Barcelona i la primera corona, suburbialitzada, és on es va fer més evident la injusticia espacial al llarg de la segona meitat del segle XX. Cal destacar que a partir de la democràcia s’ha qualificat considerablement aquest territori, millora de l’habitatge i espais públics, connectivitat en el àmbit metropolità, gestió ambiental, millora d’equipaments i serveis a la població. Però la desigualtat respecte a la capital es manté i en els darrer 10 anys les bosses de pobreça s’han multiplicat. Per altra part l’atomització municipal ha donat lloc a moltes incoherències urbanístiques com absurds de la “Plaça Europa” a Hospitalet.

3. I ara què hem de fer?

Primer cal saber quins son els objectius prioritaris. Els dos principals reptes avui son: la sostenibilitat i la injustícia espacials. Combatre la insostenibilitat en l’àmbit metropolità és avui un repte urgent i que ningù pot avui deixar en segon plà. S’ha d’actuar per una gestió nova i no malversadora de l’aigua, l’energia, el sòl, l’aire. Cal actuar contra l’ús depredador del territori en nom de l’absurda “competitivitat” de la ciutat, la pèrdua de la relació amb la natura, els costos de la mobilitat, les infraestructures i les arquitectures ostentoses i costoses, de construcció i de manteniment, etc. L’activitat econòmica ha de contribuir a la sostenibilitat, s’ha de sotmetre als objectius sostenibles, no és acceptable plantejar-ho com reduir la insostenibilitat.

Cal reduir radicalment la desigualtats socials en el territori o l’urgència de promoure la justícia espacial, lo qual vol dir practicar polítiques redistributives i accions positives respecte a les poblacions que viuen en situacions precàries o deficitàries, respectant el “dret al lloc” quan permet millorar les condicions d’accés i de seguretat, reconèixer les poblacions i els seus territoris, considerar que com més baixos son els ingressos i les oportunitats dels habitants més qualitat i grandària dels habitatges, espais públics, equipaments i serveis. Les classes populars son les més necessitades de ciutat. El dret a la ciutat avui vol dir dret a la ciutat metropolitana, és l’ambit de vida, de relacions socials, de formació i de feina i de participació política ja que les accions públiques intervenen en aquests àmbits però amb instruments opacs.

Si la realitat ens diu que la ciutat és metropolitana, plurimunicipal, àmbit imprescindible per la sostenibilitat i la justícia espacials. Si una part important de les polítiques públiques son, o han de ser, en aquest àmbit territorial. Si aquestes polítiques afecten a la ciutadania, que les han de legitimar, col·laborar, participar en les decisions i la gestió, i si cal han de poder oposar-s’hi en front dels organismes responsables. És lògic deduir que cal un Consell metropolità elegit i un Govern també. No es poden practicar polítiques que afecten directament a les condicions de vida dels ciutadans. Cal una legitimitat dorectar per practicar polítiques redistributives i promoure accions intermunicipals iper garantir coherències entre els habitatges, les mobilitats, els llocs de treball i les centralitats. El urbanisme de gran escala és metropolità, com ho son les infraestructures i el grans equipamentes.

Hi ha tres temes especialment delicats, que poden generar oposicions però que s’han d’abordar com més aviat millor. La fiscalitat ha de ser metropolitana. El Consell i el Govern han de ser d’elecció directa. I les competències seran limitades explícitament i seran de planificació, programació, finançament i en alguns casos, d’incidència directa supramunicipal, de gestió o execució. Els Ajuntaments o districtes (en el cas de Barcelona) mantindran les competències actuals, excepte les de naturalesa metropolitana i en tot cas totes les competències de gestió o execució (amb les excepcions citades) i les de participació en els processos decisionals si els afecten el seu territori, de seguiment i control i de participació en la gestió quan no tinguin la competència pròpia però els afecti direcament.

Cal tenir en compte resistències legítimes i també particularistes.

El sentiment identitari i el temor a la dependència de la ciutat central, la potent Barcelona. Sovint aquesta resistència està estimulada pels les elites polítiques municipals i també de liders associatius i alguns intel·lectuals. Hi han tres arguments a oposar-hi.

Primer, les competències i funcions metropolitanes en gran part ja existeixen però s’exerceixen amb molta opacitat i amb molt poques possibitats d’intervenir des de l’àmbit local. EL Consell metropolità serà elegit per circonscripcions municipals i amb proporcionalitat a la població, pot haver-hi una comissió territorial amb tots els alcaldes i els temes qu’afectin directament a un municipi aquest podrà intervenir en el procés d’elaboració i d’aprovació. El Govern també serà elegit i es pot establir que el Cap del govern metropolità serà un perìode de Barcelona i el següent de la resta. Els espais de participació i negociació dels conflictes socials. s’establiran quan correspongui en el àmbit metropolità. Per altra part les eleccions per sufragi universal directa donarà un pes principal a les classes populars majoritàries a la perifèria.

Segon, la unificació de la fiscalitat és la condició bàsica de la redistribució social. Son les poblacions de les perifèries els que obtenen els principals guanys. No hi ha justicia espacial sense una redistribució de recursos econòmics, tècnics i mediàtics.

Tercer, la institucionalització democràtica de la ciutat metropolitana pot donar visibilitat i atractivitat als municipis de la perifèria. El label Barcelona és potent i dona un plus de qualitat. L’experiència dels Districtes de Barcelona ha demostrat que els barris perifèrics de la ciutat han vist reforçades la seva identitat, el potencial de centralitat i la capacitat de pressionar al govern de la ciutat. Un govern metropolità no pot ser centralista en favor de la ciutat capital doncs perdria els vots i la legitimitat.

En conclusió. La institucionalització política democràtica de la ciutat metropolitana és no solament una qüestió de gobernabilitat gestoria i de coherència funcional, és també un instrument de tranformació social en favor de les classes treballadores.

Conèixer la ciutad des dels centres històrics, barris populars i perifèries industrials i barraquismes… El descobriment dels espais d’oci (Raval) i del treball (Bon Pastor)…

“En el espacio leemos el tiempo” (K.Schlogel, que cita a F.Ratzel, citat per JL Oyón)
La ciutat com condensació de la historia, juxtaposició i sincronia de asincrónics.
¿Historia total? La ciutat guanya la batalla al “ horror vacui” del espai.

“Els contraris xoquen brutalment en el espai” (Schiller)
El descobriment dels conflictes en el espai públic (1951)

Les ciutats i la seva representació: del espai al territori. El Pla Cerdà.
Els mapes converteixen espai en territori.
Les ciutats són també les seves representacions, els projectes no realitzats, les utopies…

Els edificis industrials (i els conjunts habitacionals populars) com representació
La memòria del treball, del capital físic i humà.
Els edificis i els paisatges son documents, no els elements aïllats.
La aberració estètica o arquitectònica de la fragmentació (Can Ricart o Can Batlló)

La ciutat com procés (Secchi) Sense els indicis del passat no coneixerem gran part de les dimensions del present… Entendre “el dret al lloc”. No s’entén el còs solament per l’anatomia, ens cal la fisiología.

Processos globals i visibilitat locals ¿Com entendre la ciutat actual?
Evolució del Raval i dels barris del Besós: els impactes de la revolució industrial.
Industrialització és el passat recent,i per tant la marca més forta present en la ciutat actual.

El no reconeixement del paisatge industrial i del habitatge obrer.
Barcelona fàbrica d’Espanya (exposició), Barcelona, del Pla Cerdà al barraquisme (Bohigas), No catalogació del patrimoni industrial com a conjunt (Ajuntament).
Es reconeixen elements símbols del poder: esglésies, casernes, palaus, edificis “elegants i emblemàtics”… més recentment botigues, edificis o cases valorades per l’arquitectura…
Industria és considera bruta i lletja, suburbial i si pot ser aïllada, lloc d’explotació i “mala vida”, el que compte és el benefici i en certs casos el producte…
no importa la gent/el treball i no és vol acceptar la explotació i la resistència

Els llocs de les condicions de vida, dels espais públics i de la resistència
Els habitatges obrers (veure Museu New York-Orchard, Oyón i els tres models i la seva persistència). El barraquisme. La voluntat de borrar aquest passat.
Engels i la “sobreexplotació”. La reproducció social (salari indirecta negalt) i l’explotació capitalista (acumulació)

L’espai públic i la injustícia espacial. La loi d’embellissement. Les avingudes i places elitistes i excloents. Les grans places “perifèriques” per funcions de ciutat (Glòries, Paísos Catalans). L’espai públic com conquesta popular (la plaça i l’arbre de Cesc a Sants). Reconeixement dels anys 80-Ajunt de Barna. “Feu places, no plans”.

Patrimoni industrial i paisatge: la construcció de la consciència i de la memòria treballadora
La fàbrica inserida en el teixit urbà i la seva relació amb espais públics i conjunts d’habitatge. La vida associativa i la mobilitat col·lectiva i la confrontació social. La diferenciació entre barris obrers integrats, perifèrics i marginals. Empleats, qualificats i classes mitges (diferenciades dels barris obrers) però unides per la reproducció social.

Mantenir els conjunts i requalificar-ho per nous usos. Celebrar la memòria del treball i de la lluita per la justícia social. Usos ciutadans. Exemples europeus i tendències gentrificadores.

Recuperar el valor del treball (Mauroy i el rebuig de les paraules de classe: obrers, treballadors, lluites socials, dret en front del capital). Revaloritzar la confrontació social (rics-pobres, desigualtats) a partir de percebre el contrast. Explotació i cooperació

Espai públic: el valor de la mixtura. Homogeneïtat i heterogeneïtat. Zones homogèneas per resistir, diversificació social per transformar. Estabilitat residencial construeix consciència de classe i millores socials i ambientals… però canvi social diversificador facilita les conquestes ciutadanes (polítiques, culturals i socio-economiques) que redueixen l’acumulació de capital en favor de la reproducció social.

El rol universal de les classes populars treballadores i el dret a la ciutat
Les dinàmiques de la ciutat del capitalisme especulatiu redueix els drets ciutadans i socials. Els sectors populars, joves, inmigrants, precaris… són el potencial innovador de la política i la transformació socio-econòmica, ambiental i cultural. No són la gran majoria però si els impulsors del dret a la ciutat, com ja s’ha verificat amb la PAH i en el passat amb la lluita popular de Nou Barris.
La recuperació de la memòria històrica del treball és un referent i una continuïtat. La historia no acaba, és un procés de regressió i de conquesta, de supervivència individual i de resistència col·lectiva, d’anomia i de ciutadania (conciutadans).

La memòria històrica del treball transmet sentit, l’espai pùblic transforma la consciència en acció transformadora. El dret a la ciutat es un dret històric (El naixement de la nostra força, El Noi del Sucre)

Cimera Mundial sobre el Canvi Climàtic-COP 21,
Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals (CGLU)-Assemblea d’Alcaldes
Trobada sobre La Transició ecològica i el dret a la ciutat.

Participació de Jordi Borja en el Consell Mundial de CGLU i en la Trobada sobre la Transició ecològica els dies 4 i 5 de desembre 2015.

1. Nota sobre la Cimera-CPO 21
L’autor de la nota no va estar present, òbviament, a la Cimera. Però l’ambient immediatament posterior entre autoritats locals, experts i ongs era molt escèptic, crític i “déjà vu”. Els mitjans de comunicació més seriosos també (com Le Monde), encara que han insistit en la greu situació de la Terra a curt termini si no s’actua ja per reduir fortament el canvi climàtic. Els governs que tenen més responsabilitat en el recalentament del planeta, Estats Units i Xina, i els productors de petroli, són els més reticents a acceptar normes reductores estrictes. En canvi a l’Unió Europea i paísos en desenvolupament hi ha més disposició a fixar objectius concrets. Aquesta mateixa posició la tenen gran part dels alcaldes i responsables locals. Les ongs i les organitzacions i moviments socials mostren una forta desconfiança en els organismes internacionals i el governs dels Estats malgrat que han estat els que des de fa anys anuncien els problemes i els seus efectes a curts i llargs terminis. Des de la Cimera de la Terra de Rio (1992) fins ara els avenços han estat mínims. Les grans empreses multinacionals financiadores del grans aconteixements internacionals (com Basf, Bayer, Shell, Total, Dow, DuPont, Syngenta, etc) son les principals responsables de l’extracció de combustibles fòssils que contribueixen fortament al recalentament del planeta.

2. Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals (CGLU)-Assemblea d’Alcaldes
CGLU és resultat de la fusió de les principals organitzacions de ciutats i poders locals. Va ser un procés entre 1992 i 1996 en el que Barcelona va jugar un rol important i que les NN.UU. van legitimar. La secretaria general té la seu a Barcelona. La CGLU va considerar convenient convocar el seu Consell Mundial obert als alcaldes, especialment de les grans ciutats. Van tenir-hi una presència destacada les alcaldesses de Madrid, Manuela Carmena i Barcelona, Ada Colau. L’organització va comptar amb el suport principal del govern de l’agglomeració de Plaine Commune que té la seu a Saint Denis i que presideix Patrick Braouezec, exalcalde de St. Denis. Van col·laborar-hi la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat, Climat 21 i Habitat International Coalition, (HIC), organitzacions internacionals de la societat civil.

L’objectiu de l’assemblea d’alcaldes amb representants de les organitzacions civils era exposar les pràctiques positives sobre la sostenibilitat i la reducció de les emissions que produeixen el precalentament com a contrapunt a la retòrica dels representants dels Estats. La seva celebració en el mateix recinte que la Cimera mostra la diferència entra un i altre acte. No hi ha retòrica ni bones intencions, sinó accions i intencions concretes. Però també s’evidencia les limitacions, s’actua més sobre els efectes que sobre les causes i s’actua gairebé sempre més a escala experimental que amb caràcter general. Aquesta trobada es realitza com una iniciativa destinada a promoure idees i actuacions compartides entre governs locals i organitzacions civils que incideixin en Habitat 3 de NN.UU. que es realitza a Quito a octubre de 2016. Habitat 3 és celebra cada 20 anys (primer a Vancouver el 1976 i la següent el 1996 a Istambul). Cal dir que Habitat 3 es un gran show, una cimera mondial dels organismes internacionals i els Estats que progressivament hi ha una forta presència dels governs locals i les organitzacions socials. Però tant en els documents oficials de NN.UU. com en els Informes i intervencions dels governs es caractitzen per la seva autosatisfacció, la retòrica, les aparents bones intencions i evitar qualsevol declaració que posi en qüestió el statu quo ni cap denúncia a les multinacionals que causen alguns dels mals que ens afligeixen. Una paradoxa: Habitat 3, segons els organitzadors de NN.UU.,no permeten que es plantegi “el dret a la ciutat”. Com s’ha pogut veure a l’Assemblea de ciutats i governs locals i organitzacions socials la temàtica principal era “el dret a la ciutat” i la seva relació amb la sostenibilitat.
Els organitzadors van encomanar a JB les conclusions, conjuntament amb P.Braouezec (Plaine Commune i Global Task Force) i representants de HIC i CGLU.

Els punts principals de la seva intervenció van ser:

1. Un nou llenguatge per entendre el món actual, però Estats mantenen un llenguatge vell.
2. La financiarització del territori i l’economia especulativa generen més desigualtat (injustícia espacial) i més insostenibilitat (canvi climàtic, malversació de recursos limitats, etc).
3. La força de les ciutats: proximitat i sensibilitat, polítiques integrades, ciutadania activa i creativa.
4. No urbanització sense ciutat ni ciutat amb exclusió social.
5. Habitatge integrat a la ciutat, mixtura social i funcional, centralitats properes.
6. Austeritat i control públic: energia, aigua, infraestructures, mobilitat, sòl, etc. Recuperar els “bens i serveis comuns”.
7. Construir xarxes de ciutats per confrontar-se amb finances globals i multinacionals de serveis.
8. Estructures polítiques plurimunicipals, governs democràtics del territori i unificar bases fiscals.
9. Els dos eixos bàsics de les polítiques urbanes han de ser a) La reducció de les desigualtats socials i b) La sostenibilitat.
10. La ciutat no és el problema, és la solució.

3. Trobada sobre la Transició ecològica i el dret a la ciutat.
Les organitzacions socials o ciutadanes, CLGU, Plataforma Global pel Dret a la Ciutat i HIC, van promoure un debat sobre Els nous reptes urbans i el dret a la ciutat. Van intervenir alcaldes o experts europeus i llatinoamericans i representants de organtizacions socials, entre ells DESC (Observatori de drets econòmics, socials i culturals), HIC, DAL, ENDA, Ajuntaments de Madrid i de Barcelona, etc. Totes les intervencions van ser molt crítiques amb els governs dels Estats i els organismes internacionals, les limitacions dels governs locals en front dels Estats i les multinacionals i la necessitat de articular les polítiques locals amb els moviments i organitzacions ciutadanes.
La intervenció de JB es va basar en els següents punts.

1. El dret a la ciutat s’ha plantejat primer com una concepció ètica (Lefebvre 1968) que ha desenvolupat Harvey en els darrers anys en el àmbit d’economia política. És pot considerar en la línea del Gramsci de la “Città futura”. Una alternativa a la “ciutat capitalista” que recupera elements del socialisme utòpic. Aquesta visió es troba en els moviments socials, una aspiració i una esperança d’una societat més justa, més igualitària i més lliure. La “ega-liberté” de Balibar i la contradicció que ha exposat entre altres l’autor entre la democràcia com procés i l’Estat de dret existent com estructura.
2. A partir de Habitat 2 (Istambul 1996) es desenvolupen els drets urbans que concreten el concepte abstracte de Dret a la ciutat. Hi han precedents tant a Europa com Amèrica, com per exemple el Moviment de Reforma urbana de Brasil (a partir dels anys 80) que s’estén per tot Amèrica llatina i els moviments de barri i ciutadans a Europa a partir de finals dels anys 60. Es concreten els drets al lloc i a l’habitatge digne, l’espai públic, la mobilitat, la centralitat, la renda bàsica, l’accés universal als serveis bàsics, etc. EL dret a la ciutat és desenvolupa com un catàlegde drets considerats legítims però no reals, malgrat que estiguin establerts en Cartes o tractats internacionals o en Constitucions.
3. Avui es plantejen les causes o els obstacles que neguen o limiten aquests drets. Calen transformacions polítiques i socio-econòmiques com la regulació pública del sòl per evitar l’especulació, el control públic del sistema financer, la reorganització política del territori, el reconeixement dels actors socials en la elaboració i gestió de les polítiques urbanes, la construcció de sistemes de ciutats articulades en front de la urbanització dispersa, etc. Les tres dimensions exposades no una substitueix a l’altra es reforcen mútuament.

La crisi actual és reveladora de la necessitat de superar les contradiccions socials i de sostenibilitat. Hi ha una nova consciència ciutadana. Ara cal renovar la cultura i la pràctica política a partir de les ciutats.