Cambio de era y renovación de los derechos

TEXTO DESTINADO AL LIBRO COMPARTIDO CON HORACIO CORTI

Autor de Jordi Borja, Barcelona-Buenos Aires, 2017-2018
Título: Ciudadanía y derechos en una nueva era. El texto está dividido en dos partes.
Primera parte. Ciudadanía, derechos y clases sociales o La Democracia versus el Derecho.
Segunda Parte. Cambio de era y renovación de los derechos.

1. Los precedentes

Las tres décadas que siguieron a la segunda guerra mundial fueron calificadas de las “30 gloriosas” (1945-1975). Europa y los Estados Unidos. Fue la culminación de la economía industrial, del “welfare state” o sociedad del bienestar y de la hegemonía de la democracia liberal. Aún existía el bloque soviético y la guerra fría pero se atisbaba la crisis del sistema comunista estatalista y autoritario. El “tercer mundo” degeneró en mucho casos en dictaduras, fracasos económicos y sumisión neocolonialista. En América latina la política de sustitución de importaciones según las orientaciones “cepalinas” no pudo competir con la producción europea y norteamericana lo que produjo la radicalización de los conflictos sociales y los procesos políticos democratizadores. Sin embargo la dominación norteamericana y las elites latinoamericanas promovieron golpes de Estado impusieron gobiernos autoritarios (en el cono Sur, en Brasil, Perú, Centro América, etc) y aislaron a Cuba, el único faro revolucionario exitoso (por lo menos en los años 60 y 70). Desde finales de los 40 hasta hoy los golpes de Estado auspiciados por los Estados Unidos han sido frecuentes pero a partir de los años 80 utilizaron a sus aliados nacionales y mediante instrumentos jurídicos, mediáticos y financieros. Las elites políticas y económicas europeas y norteamericanas se plantearon la dominación mundial para lo cual deberían multiplicar la acumulación de capital pues los derechos propios del welfare state suponían un creciente coste público lo cual era una amenaza futura para los beneficios del gran capital industrial y especialmente el financiero que pretendía adquirir el control del mercado global. Sin preverlo ni darse cuenta los gobiernos nacionales desreguladores del capitalismo financiero se apercibieron que éste era más fuerte que los Estados y solamente algunos, Estados Unidos y China principalmente, pueden confrontarse con este sistema tentacular, muy abstracto global y muy concreto en el nivel local. Veamos como coincidieron las circunstancias que nos lleva a una nueva era.

En 1973 se crea la Comisión Trilateral por iniciativa de David Rockfeller, presidente del Chase Manhattan Bank y asume la dirección Zbigniew Brzezinski (el cual había anunciado la crisis del sistema soviético). En 1975, promovido por la Trilateral, se publica un libro que servirá de Biblia para las elites económicas y políticas: The Crisis of Democracy cuyos autores principales fueron Samuel Huntington y Michel Crozier. La tesis del libro era “el exceso de la democracia” que ponía en cuestión la gobernabilidad de los Estados y los márgenes de los beneficios del capital. Desde entonces se ha desarrollado una estrategia desigual e intermitente pero siempre en esta dirección. Se aplicó con dureza en el “tercer mundo” y especialmente en América latina, no solo en los años 70, también en estas dos décadas del siglo XXI. Se utilizó en los países más desarrollos principalmente en periódos de crisis, como a inicios de este siglo. La implosión del bloque soviético aplicó la receta mediante un nuevo autoritarismo combinado con un mercado salvaje. Más recientemente la China ha demostrado que sin democracia puede haber desarrollo. 1

En los años 70 se desarrolla “Internet” y algo, o mucho, tiene con lo que es hoy el mundo. Son las “nuevas tecnologías” de información y comunicación a partir de la electrónica. Aparentemente se interpreta como unos complementos instrumentales al correo, el teléfono y a la recogida de datos. Sin embargo se trata de una revolución tanto en la industria y las actividades económicas como en la vida social y en las instituciones políticas”. El futuro dirá si fue una revolución similar al vapor y a la electricidad. O incluso una revolución con ruputura respecto a la sociedad industrial. Lo que es obvio es que modificó la relación entre la economía productiva y la economía financiera. Incluso se ha calificado como ”modo de producción informacional”, según Manuel Castells.2 El sistema financiero se globaliza y se impone a la industria y el comercio insertos en el territorio.También los poderes políticos, asi mismo encerrados en sus territorios, se muestran dependientes de las estrategias y de las veleidades de las finanzas globalizadas, articuladas por encima de las fronteras.

A finales del siglo XX la hegemonía política y económica es Estados Unidos aparece como indiscutible. La troika financiera cuenta con el apoyo de Tokio y Londres y la Unión Europea está subordinada por su debilidad política3. Emerge sin embargo una nueva gran potencia, China, que encuentra apoyos en el tercer mundo y en la renovada Rusia. Estados Unidos y los países europeos occidentales, que fueron las potencias hegemónicas en los siglos XIX y XX y que se habían impuesto al bloque soviético, ven como se les estrecha el espacio territorial y el global. Necesitan producir nuevos mecanismos de acumulación de capital, para lo cual necesitan un Estado gendarme y no un Estado democrático y social, Y precisan de una mayor explotación y exclusión de la fuerza de trabajo. Se aprovechan del uso intensivo de la economía delictiva, probablemente la mayor acumulación de capital, seguida de la especulación en las ciudades y regiones metropolitanas. Sin embargo el sistema financiero necesita territorios acumuladores crecientes. Y mientras tanto, o por tiempo indefinido el resultado es la regresión de los derechos políticos y sociales conquistados a lo largo de los dos siglos anteriores.4

¿Cómo pueden resistir a los Estados y a los partidos oligárquicos de ámbito estatal e internacional cómplices frente al capitalismo globalizado? ¿Cómo se pueden defender y conquistar los derechos de las clases populares y medias y resistir a la tendencia a la dualización creciente social? Obviamente hay múltiples espacios y actores que se confrontan, tanto en ámbitos globales o contintentales y en ámbitos estatales. Pero hay un ámbito especialmente pertinente y no suficientemente valorado: el de las ciudades y los territorios urbanizados. La resistencia y las alternativas a la “desdemocratización” en los ámbitos urbanos es hoy uno de los frentes redemocratizadores con más posibilidades. ¿El poder de las ciudades?5 Hoy lo urbano es una de las principales fuentes de acumulación de capital y la creciente pobreza de poblaciones pobres y excluídas. Pero no es poder, es un uso neocolonial por parte del capitalismo financiero y con un anacrónico poder por parte de los Estados.6

El derecho a la ciudad emerge como un concepto analítico y una estrategia alternativa a estas dinámicas disolventes de la ciudad y de la ciudadanía, es cuestionar la pervivencia de la democracia. No es solamente concretar los derechos, deben ejercerse y para todos. Lo cual hay dos objetivos que se condicionan a la vez. Confrontarse son el Estado central y el sistema financiero global. Y el otro objetivo reorganizar el territorio sobre la base de las articulaciones de los municipios, policentricos y metropolitanos o regionales. La fuerza local y la ciudadanía activa puede conquistar los derechos. La exigencia de los derechos ciudadanos es un factor esencial de la redemocratización de las sociedades consideradas avanzadas. ¿Pero avanzadas hacia donde? Puestos a confiar y a tener esperanzas mejor confiar en las ciudades que en los Estados.

2. Economía financiera, ciudad excluyente y urbanización sin ciudad ni ciudadanía.

La ciudad-municipio es una realidad presente, física, política y cultural. Es un lugar significante. Pero también una reliquia del pasado. Los flujos y los actores sociales y económicos, las movilidades, las migraciones y gran parte de los poderes políticos y administrativos estatales se han impuesto a los poderes locales hacen de éstos un poder más simbólico que material, más dependiente que autónomo, más reivindicativo o colaborador que decisorio y financiador. Los flujos y los lugares se articulan en el territorio urbanizado y plurimunicipal, pero aumentan las desigualdades, las centralidades son accesibles mucho más a unos que a otros, la urbanización más o menos difusa genera espacios lacónicos, los costes de sostenibilidad se multiplican y la atomización de la ciudadanía se pierde.7

La “financiarización del territorio” tiende a hacer y deshacer las ciudades y decide y ejecuta procesos urbano-metropolitanos. Sean las grandes actuaciones territoriales, sean los gobernantes locales y estatales y los profesionales responsables técnicos de los planes y proyectos, los que determinan o influyen decisivamente son las entidades financieras. ¿Estas entidades son locales o nacionales? No, directa o indirectamente forman parte de la nebulosa financiera global. Y la lógica financiera depende a su vez de su valorización en el mercado global, bien por los beneficios obtenidos a corto plazo, bien por considerarse un valor teórico (como por ejemplo propiedad del suelo o de grandes edificios o bloques no vendidos). Lo que importa es el valor de cambio, no el de uso. Lo que prima es el valor creciente de las acciones, sean más virtuales que reales. Sin embargo nos interesa no tanto el mecanismo financiero como los efectos sobre el territorio y en consecuencia las condiciones y los derechos de los ciudadanos.

¿Cúal es el objetivo financiero de intervención en el territorio? Principalmente especular en el suelo periurbano o en el entorno regional, construyendo siendo ciudad y creando guetos para ricos y otros muy diferentes para pobres. Se promueven infraestructuras insostenibles para valorizar el suelo o las operaciones inmobiliarias que multiplican los impactos ambientales. Se interviene en la ciudad compacta en operaciones de renovación de barrios históricos y populares, de zonas gentrificadas y operaciones de nuevas centralidades. La financiarización de las ciudades y regiones metrópolizadas tiende a crear “dos ciudades” 8 o dos mundos. Dos mundos próximos pero separados, solo unidos por la insostenibilidad. ¿”Nos unirá no el amor sino el espanto”? como escribió Borges.9

El mundo urbanizado, en América y Europa, aparecía en la segunda mitad del siglo XX como una sociedad en la que había una minoría muy rica (pero que pagaba impuestos altos) y en otro extremo otra minoría pobre pero relativamente protegida por el welfare state. La inmensa mayoría, los cuadros y los profesionales, los pequeños y medianos empresarios y los empleados y obreros cualificados poeeen todos/as ciudadanos/as con estudios y con trabajo, con asistencia sanitaria y pensiones, con vivienda y con coche, que votaban y se sentían bastante seguros. El hechizo se fue desvaneciendo a finales de siglo y la crisis de inicios de este siglo la opulencia de pocos y el precariado, real o amenazador, de muchos. Hace unos años el miedo y la inseguridad en las ciudades era un sentimiento más ficticio que real, una enfermedad de ricos. Hoy el miedo y la inseguridad no es la pequeña delincuencia ciudadana sino la desocupación, el deshaucio, las pensiones insuficientes e inciertas, las privatizaciones de la educación y la sanidad. Las ciudades ya no eran el lugar donde vivir y con casa y servicios, obtener trabajo y remuneración, donde sentirse protegido. Hoy las ciudades y zonas urbanas ya no son lugares de bienestar y justicia. Hoy predomina la “injusticia espacial” como afirma Bernardo Secchi.

La nueva economía urbana ya ni es está basada en la producción ni garantiza la reproducción social. En el ranking de la acumulación de capital lo lidera la “economía ilegal o criminal”. Y en segundo lugar es la economía vinculada a la urbanización y a la intervención en la ciudad, en gran parte se da mediante la especulación. En ambos casos esta acumulación de capital (sea legal o no) revierte en el sistema financiero.

La economía productiva por su parte depende de los bancos, genera beneficios desiguales y por medio del sistema financiero (el oficial, los paraísos y la economía negra) elude una parte importante de la imposición fiscal. Resultado es que en las áreas urbanas o metropolitanas cúanto más acumulación de capital se genera más se reduce la reproducción social. Por ésta entendemos la vivienda y sus entornos, trasportes, asistencia sanitaria y protección social, educación y oferta cultural, centralidad próxima y espacio público, sentimiento de seguridad y de libertad, convivencia y diversidad, etc. Cualquier política pública que combata la injusticia espacial debe confrontarse con el sistema financiero en todas sus dimensiones.

¿Es el triunfo de las ciudades todas ellas más o menos globalizadas? ¿O bien las ciudades y zonas urbanas son el lugar de la inseguridad, de la exclusión, de la insostenibilidad y del escándalo de los privilegios y las desigualdades? ¿La urbanización galopante, difusa y fragmentada en los entornos de la ciudad, produce ciudadanía? ¿Qué hay de ideología y manipulación y qué hay de progresos civilicitarios? Las respuestas necesariamente son contradictorias, hay una cara luminosa y poderosa y otra cara oscura y cuyos habitantes ven como sus derechos son precarios o no exigibles. Son las dos ciudades, “las ciudades para ricos y las ciudades para pobres”.10

La financiarización del territorio es el mecanismo y los agentes de los bancos y de los fondos de inversión globalizados los responsables de la dinámica de la dualización social y urbana y de la creciente injusticia social y de la sostenibilidad del territorio. Pero obviamentente no son los únicos. Los gobiernos y los diversos actores socio-económicos, las corporaciones profesionales y académicas y gran parte de los medios. Las dinámicas estatales y locales son cómplices activos y pasivos: la desregulación del sistema bancario, la permisividad a la especulación del suelo y de la vivienda, el mal uso del planeamiento y de la fiscalidad, la estimulación a la construcción a sabiendas que no hay una demanda solvente, etc. Los organismos internacionales, incluido el Banco Mundial11 han legitimado la urbanización extensiva insostenible y las operaciones de centralidad excluyebtes en nombre de la competitividad, Y evidentemente los actores del terreno, los propietarios del suelo, los promotores y los contructores. Son el último de la cadena, el que fue “il blocco edilizio”12 son los operadores finales que reciben una parte del pastel aunque también son los más vulnerables cuando el sistema financiero entra en crisis. A este conjunto de actores se añaden los profesionales y técnicos (notarios, arquitectos, juristas, economistas, etc), pero de éstos ya nos referiremos más adelante. Se les supone la ética del bien común no del lucro a cualquier precio.

¿El resultado es el Poder de las ciudades?. Si hay una minoría que detenta poder económico y política y reside y/o tiene sus oficinas principales en las grandes ciudades entonces podemos considerar que éstas son los lugares del poder. Aunque el poder hoy está más en los flujos más que en los lugares. Pero si cualificamos las ciudades como ámbito donde se ejercen los derechos y deberes; donde hay densidad de densidad humana y de compacidad construída; de espacio público o mejor dicho espacio colectivo y donde se expresa la colectividad y la diversidad. Es la ciudad donde los habitantes son “conciudadanos” pues el ciudadano solo, atomizado, no es ciudadano, no convive con los otros. Si la ciudad de hoy, la del futuro, es aquélla en la que tienden a predominar dinámicas disolutorias. Hay algo que llamamos ciudad pero hay fuertes tendencias que no los ciudadanos dejan poco a poco, y a veces brutalmente, dejan de ser ciudadanos. La ciudad central, compacta, simbólica y significante, tiende hoy a negar la ciudad y la vida ciudadana. Los centros y barrios “históricos” se gentrifican o se convierten en zonas turísticas. La heterogeneidad social, el comercio cotidiano y la vivienda asequible a gran parte de la población convierten estas zonas de la ciudad carecen de sentido para la ciudadanía. En algunos casos son guetos frígidos, sin alma, En otros son escenarios del consumo local o turístico que a la larga pierden la vitalidad o se convierten en áreas especializadas pero sin residentes. Las operaciones más o menos grandes dan lugar a “proyectos urbanos” en nombre de la competitividad y la imagen de la modernidad, torres objeto, conjuntos de oficinas de prestigio, negocios y viviendas de alto standing. Estas operaciones reconvierten zonas desechadas como industrias o infraestructuras abandonadas o que han migrado hacia zonas de suelo más barato o más accesible. En otros casos se reconquistan barrios populares, unos con historia antigua, otros marginales pero ahora apetecibles. Todos estos casos son excluyentes para los grupos sociales de bajos ingresos, los jóvenes, los inmigrantes. Su presencia solo es para trabajar en las actividades de ocio, en la limpieza y otros servicios para los ocupantes y los usuarios. En nombre de la seguridad cada una de estas zonas son vigiladas y se privatizan conjuntos comerciales, de oficinas o de viviendas. El espacio público se reduce a zonas controladas. Esta ciudad del poder es un fortín, o más bien un conjunto de fortines, producto de la alta especulación. Obviamente quedan zonas abandonadas por parte del capital, conjuntos de vivienda popular degradadas o de mala calidad, zonas marginales y criminalizadas, áreas ocupadas por poblaciones allegadas sin status ciudadano, guetos de poblaciones específicas procedentes de países muy diversos pero que difícilmente se mezclan unos con otros.

La otra de la realidad urbana es la no ciudad, la urbanización fragmentada y difusa. Se urbaniza el suelo de bajo precio, desconectado de las ciudades compactas, se crean conjuntos homogéneos y aislados para sectores de bajos ingresos. Se multiplican las barrios cerrados o gated cities para clases media y altas, verdaderas fortalezas. Se inventan “nuevas centralidades” pero son centros comerciales solo accesibles por medio del auto y en muchos casos se selecciona al público. Se crean parques de negocios, de oficinas o de hipotéticas tecnologías que se autoproclaman la modernidad de la ciudad del futuro cuando es en muchos casos operaciones especulativas y de vida corta. La urbanización sin ciudad es la sociedad sin ciudadanos. Viven aislados y atomizados. Los habitantes o están inmovilizados o los que trabajan solamente llegan a la casa para dormir. La movilidad es costosa y los “centros” exigen el consumo. Los tiempos limitados y las relaciones sociales son pobres, el espacio público casi siempre no tiene atracción ni expresa sentido. Están lejos de todo, de los centros de la historia, de la cultura y del poder ciudadano. Estas enormes urbanizaciones existes municipios y gobiernos locales que de facto no integran estas zonas periurbanas que dependen de empresas o de agencias públicas o parapúblicas. No hay conciudadana.13

3. La “naturalización de la ciudad sin ciudadanía se asume como una fatalidad.

El discurso legitimador triunfalista de la “ciudad sin ciudad” es una cara de la moneda. La otra cara es la portada “el infierno es la ciudad es” como hizo el The Economist hace 22 años.14 Pero se consideran los efectos negativos del tipo de desarrollo urbano pero no se intervienen ni se denuncian los mecanismos perversos y a los agentes que los manejan. La ciudad “infierno” es insegura, cuando no “criminal”; es “insana y la población enloquece” en ella; es “insostenible” pues requiere cada vez más infraestructuras y recursos; “la inmigración y la pobreza crean o agravan los problemas urbanos; es “ingobernable” por su tamaño y sus contradicciones. Este lenguaje está todo sacado de titulares de prensa. Es un discurso periodístico banal que ha contaminado incluso a responsables políticos y a sectores profesionales. Pero olvida tres cuestiones. Primero: vivimos la gran mayoría en sociedades urbanas, en ciudades o en sus periferias y lo que denominamos “campo” o zonas rurales casi siempre son regiones integradas en áreas urbanizadas. Los problemas no se derivan de la ciudad, al contrario más bien se resuelven en gran parte en ella. “La ciudad no es el problema, es la solución”. 15 En todo caso los principales problemas se generan en la urbanización sin ciudad. Segundo: hay mecanismos y agentes que promueven el desarrollo urbano perverso, pero no se trata de una plaga bíblica ni del tamaño de la ciudad ni de la existencia de las poblaciones que intentan sobrevivir en ella. Tercero: las políticas públicas son cómplices de este desarrollo por acción o por omisión: el marco político-jurídico, sean leyes o planes de los gobiernos sean nacionales o locales y las complicidades a veces bientintencionadas y otras veces por presiones e intereses particulares. Se puede yugular la especulación y en consecuencia la corrupción sin poner en cuestión el capitalismo, la propiedad privada y la economía de mercado. El juego articulado entre la fiscalidad y el planeamiento del suelo puede acabar con la especulación urbana.

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Veamos como ejemplo el proceso urbanizador especulativo en los años de la década “prodigiosa” del boom en España (1996-2006)16. Las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona duplicaron el suelo urbanizado (o en proceso de estarlo). La población aumentó muy poco, solo debido a la inmigración extracomunitaria. Se construyeron más viviendas que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos pero los trabajadores que las construían no las podían adquirir o debían endeudarse por encima de sus posibilidades futuras. Se multiplicaron las urbanizaciones dispersas, el territorio se fragmentó y la segregación social aumentó. El efecto escala multiplicó los costes sociales y ambientales (aire, agua, energía, suelo). Las ciudades centrales acentuaron por su parte mejoraron la calidad de su oferta urbana: espacio público, rehabilitación de barrios tradicionales, equipamientos y actividades culturales y de ocio, oferta comercial y de hostelería para el exterior, etc. Pero esta mejora tiene efectos perversos. La valorización de la oferta urbana que atrae nuevas inversiones privadas y aumenta el precio del suelo. A la vez expulsa a los sectores de bajos ingresos y atrae a sectores medios y altos y a poblaciones turísticas, congresistas, gentes de negocios, etc. Lo cual aumenta la desigualdad social en el territorio. La ciudad compacta y diversa, con su multiplicidad de ofertas en bienes y servicios atribuye un plus de recursos, el llamado salario indirecto o “ciudadano”: la vivienda y su entorno; el acceso a los transportes para todos; la calidad del espacio público y la proximidad de centralidades; los servicios básicos para la reproducción social como la educación, la sanidad o la protección social; las ofertas gratuitas o subvencionadas coma culturales, deportivas y de ocio; etc. La urbanización sin ciudad aunque se construyan conjuntos de vivienda social o subvencionada en las regiones metropolitanas puede representar un coste añadido producto de la segregación social y de la distancia respecto a la ciudad compacta. El desarrollo urbano tal como se ha producido ha dado lugar a una mayor “injusticia espacial” para los habitantes que ya fue citada. Las clases populares o la población de bajos ingresos son los que necesitan más su inserción en la ciudad compacta.

Los mecanismos no son ciegos, son promovidos los actores del desarrollo urbano y dan lugar a un círculo vicioso. Hemos distinguido ya tres tipos de actores y veamos como actúan en el territorio. Primero: los que intervienen directamente sobre el territorio, lo que los italianos llamaron el “blocco edilizio” (o “burguesía cementera”, expresión afortunada debida a Joaquín Leguina): propietarios del suelo, promotores y constructores. Segundo: los actores indirectos, los financiadores (bancos, cajas, sociedades inversionistas, etc.). Tercero: los poderes políticos, que fijan las reglas urbanísticas, fiscales, crediticias, etc. Y se debe añadir un cuarto actor, finalmente víctima en muchos casos del proceso, los compradores endeudados una parte importante de los cuales ven luego reducidos sus modestos ingresos y resultan insolventes. También hay que contar con pequeños especuladores, que es una parte importante de la población local que invierte y se endeuda por aceptar como axioma que con el tiempo siempre el bien adquirido aumentará de valor sin pausa alguna. Obviamente los profesionales y los funcionarios-técnicos son cómplices necesarios de los planes, proyectos y actuaciones en el territorio, pero los tratamos más adelante.

En el “blocco edilizio” intervienen los propietarios de suelo con interés en especular sea urbanizable o edificado con escaso valor de mercado si no se cambia el uso o se mejora la calidad del entorno. Éstos buscan obtener la máxima plusvalía urbana y que permita la mayor intensidad posible de edificación. Si es para hacer vivienda social o protegida se buscará suelo barato lejos de la ciudad compacta o en zonas degradadas o poco accesibles. Si es para el mercado libre el suelo se buscará en la ciudad o en zonas dotadas de accesibilidad cómoda en automóvil y en estos casos el coste del suelo puede llegar a alcanzar el 50% de la operación. Los promotores hacen la mediación con el capital financiero para obtener recursos para adquirir el suelo (que previamente puede haber pasado por varias manos) y con los gobiernos para conseguir las recalificaciones si es necesario, obtener la mayor edificabilidad posible y reducir las cesiones de suelo o su coste. Los constructores a su vez (que pueden ser también los promotores o no serlo) a su vez necesitan el crédito para empezar las obras. A lo largo de este proceso circula mucho dinero, en parte legal y transparente y en parte opaco e ilegal. El sector público recibe solo una muy pequeña parte de la plusvalía urbana generada por este proceso especulativo que en cambio enriquece a los actores privados. Incluso desde la ideología estrictamente capitalista es ilegítimo: no corresponde a ninguna inversión ni a ningún riesgo, es suficiente dejar pasar el tiempo. Los fundadores de la economía clásica “capitalista”, como Adam Smith, consideraban el suelo como un “bien común”, que no debías ser objeto de lucro privado17

El capital financiero,los bancos, cajas, sociedades inversoras, etc. actúan como prestamistas y especuladores. Además de financiadores de la construcción son compradores de suelo. Durante la década prodigiosa española aproximadamente el 50 % del suelo urbanizable fue comprado por el sector financiero. Luego dan créditos a los promotores y a los constructores, ingresan el dinero de los propietarios que vendieron el suelo y finalmente hacen hipotecas a los candidatos a comprar apartamentos, casas o oficinas. Aquí interviene otra perversión: sobrevaloran el edificio hipotecado para hacer un préstamo mayor e incluso los agentes financieros en muchos casos animan al comprador a que pida un crédito mayor para comprar otros bienes (por ejemplo un auto). Los beneficios obtenidos por la banca española durante el período del boom (de los últimos años del siglo pasado hasta la crisis financiera del 2007) han sido espectaculares. Si los comparamos con otros países encontramos que en relación a sus activos estos bancos obtuvieron 2 veces más beneficios que los norteamericanos, 5 veces más que los franceses, 20 veces más que el Reino Unido y 30 veces más que los alemanes (cifras que debieran verificarse pues están sacadas de revistas generalistas sin citar fuentes) Evidentemente estos beneficios incluyen un alto nivel de endeudamiento. En España el endeudamiento privado era muy superior al público (dos tercios y un tercio). Posteriormente, en plena crisis, el Estado ha debido endeudarse más para cubrir el déficit bancario debido a la insolvencia de una parte de los deudores. Durante la década prodigiosa los bancos multiplicaron sus beneficios mediante prácticas al límite de la ley participando en entidades especulativas globales como Lehman Brothers. Cuando la crisis convirtió a muchos deudores en morosos y el valor de los pisos sobrevalorados cayó reclamaron al Estado que cubriera el agujero. Con lo cual han podido distribuir dividendos y mantener sueldos multimillonarios a sus directivos, pero han congelado los créditos a las pymes y han rechazado las demandas de moratorias de los deudores. Y se oponen a la dación del piso en pago de la deuda para mantener en su patrimonio las deudas pendientes. Los desahuciados pierden el piso o casa y mantienen gran parte de la deuda. Los bancos especuladores, por ahora, siempre ganan. El suelo o las construcciones terminadas o no acabadas si no encuentran compradores solventes disponen de un patrimonio teórico pero que les permite avalar a los créditos y atraer inversores. Hasta que llega la quiebra y los gobiernos los rescata y asumen el endeudamiento.

Los gobiernos, Estado, Regiones o Comunidades Autónomas en España y Ayuntamientos, han sido algo más que observadores pasivos. Han sido también cómplices del proceso. Legislaciones urbanísticas permisivas (urbanizaciones discontinuas respecto la ciudad compacta y políticas de obras públicas (carreteras y autovías por ejemplo), que facilitan la difusión urbana, fiscalidad que evita recuperar las plusvalías, promoción o aceptación de “grandes proyectos urbanos” destinados de facto a gentrificar las áreas centrales o generación de nuevas centralidades excluyentes, etc. Los gobiernos nacionales y locales o regionales sido cómplices de los bancas apoyando la práctica de las hipotecas basura y estimulando el boom inmobiliario. Un peligroso juego de la pirámide que solo podía terminar mal. Y que ha desviado el capital desde el sector productivo al especulativo generando una economía ficticia, un parque de viviendas abandonado, la ruina de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de poder adquisitivo de sectores medios y bajos y el endeudamiento del Estado para salvar a los principales responsables, el sistema financiero, con la consabida reducción del gasto público en educación, sanidad y programas sociales. Un negocio ruinoso para el conjunto de el país. Durante la década prodigiosa los precios del suelo y la vivienda (el valor patrimonial y el número de viviendas se multiplicó por 3) aumentaban cada año a un ritmo mucho mayor que los salarios de facto estancados. Mientras los beneficios del bloque “edilizio” sobre la base 100 en estos años ganaron 10 puntos, los salarios reales en el mismo período bajaron 10 puntos. El 80% de las familias eran “propietarias” de vivienda pero la mayoría pagaban alguna hipoteca y más del 60% de los asalariados eran mileuristas. Resultaba imposible que el mercado interno pudiera comprar y pagar las viviendas que se producían. El endeudamiento insolvente estaba asegurado.

Los gobiernos locales han sido un actor clave por sus importantes competencias urbanísticas de este proceso, por acción y por omisión. Han favorecido o impulsado operaciones ostentosas como nuevas centralidades y de rehabilitación urbana que han desvitalizado la función ciudadana integradora y que han empujado a los sectores populares hacia las periferias. Y, sobre todo, han promovido o aceptado los desarrollos urbanos de todo tipo (densificación en unos casos, urbanización periférica en muchos otros) para atraer inversiones en el territorio, vender y recalificar suelo y aumentar la recaudación municipal: licencias, impuestos inmobiliarios, etc. Hay que tener en cuenta que en el período democrático los municipios han sido objeto de demandas crecientes y en cambio sus ingresos han aumentado muy poco pues la redistribución del gasto público se ha dado entre el gobierno del Estado y las CC.AA (la parte del sector local en el gasto público se sitúa alrededor del 15% como era antes de la democracia). Un ejemplo de la necesidad perversa de obtener recursos como fuera ha sido el uso que se ha hecho del 10% de cesión de suelo en cada operación inmobiliaria destinado a vivienda social. La mayoría de las veces el Ayuntamiento prefería recibir el valor teórico del suelo por parte del promotor que promover vivienda social. Todos ganaban: el gobierno local recibía dinero contante y sonante que destinaba a lo que consideraba prioritario y los promotores no deseaban que hubiera vivienda social al lado de su urbanización. En fin todos ganaban menos la justicia urbana. Obviamente en estos procesos se generan ocasiones muy favorables para la corrupción, no se da siempre, pero lo suficiente para que aumente el descrédito del sector público.

La sociedad local, 18 y perdonen la generalización, ha sido casi siempre un actor presionante a favor de estos procesos. El ambiente propicio a la especulación se extendió por todas las áreas urbanizadas, en especial en las periferias de las grandes y medianas ciudades y en las zonas con potencial turístico. Pequeños y medianos propietarios de suelo exigen su recalificación, propietarios de solares o de alguna edificación quieren que su aumente la edificabilidad, el sector comercial y de la construcción apoyan el boom inmobiliario. Se generan redes clientelares entre el bloque “edilizio”, actores de política local (y a veces nacional) y la diversidad de pequeños intereses del territorio. Entre ellos circula el dinero, no siempre legal y transparente.

La especulación no solo corrompe la vida económica y política, también corrompe a las sociedades locales que en bastantes ocasiones acaban sometidas y seducidas por verdaderos bloques mafiosos, como ocurre en el levante español . A los costes sociales, ambientales, económicos y políticos citado se añade un alto coste cultural o moral: se excita la codicia, el todo vale para ganar dinero, la insolidaridad y la pérdida de conciencia de los intereses colectivos y de la responsabilidad ante las jóvenes futuras generaciones; se devalúa el trabajo productivo, el esfuerzo del trabajador, la iniciativa empresarial, la atención al territorio. La década prodigiosa ha sido una enorme operación de perversión de todo un país. Y algo parecido ha ocurrido en los otros países del mundo “desarrollado”, desde Estados Unidos a Irlanda, Grecia, Italia, Portugal, especialmente pero que ha repercutido en el resto de Europa. La economía financiera-especulativa genera beneficios ficticios pues el dinero que produce solamente dinero sin productos materiales ni trabajo remunerado a medio plazo reduce los salarios y el gasto público con lo cual afecta directamente a la reproducción social en el ámbito urbano: vivienda, servicios básicos, protección social, etc. La acumulación de capital especulativo sube y la reproducción social baja. Es la perversión del modelo de desarrollo urbano legitimador por medio de los organismos internacionales, los gobiernos, los medios de comunicación y obviamente los actores económicos principalmente los financieros y las empresas multinacionales.

4. La legitimación perversa de la ciudad desdemocratizada por parte de los organismos internacionales y las instituciones políticas.

La ciudad postmoderna tiende a ser la “anticiudad” y es producto de una alianza impía que expresa el nombre aparentemente neutro y renovador de neoliberalismo (el liberalismo histórico y el republicanismo fueron mucho más progresistas. La alianza neoliberal, en lo que nos interesa hay que señalar los gobernantes, los financieros y los actores económicos y finalmente los profesionales. Los responsables políticos débiles, oportunistas y cómplices cuando no corruptos. Los financieros globales y los actores locales que promueven una urbanización cuyo motor es la especulación. Y los profesionales que legitiman el no planeamiento, exhiben proyectos ostentosos (arquitectura “tape l’oeil”) y ejecutan obras éticamente contrarias a los valores de su disciplina. Se fabrica así un territorio insostenible y generador de desigualdad, una sociedad más atomizada que individualizada y una cultura del cambalache, del todo vale si se gana dinero y poder. Los resultados ya los sabemos. A) La insostenibilidad: ambientabilidad (contaminación, calentamiento del planeta, despilfarro de energía y recursos básicos y no renovables o muy a largo plazo, destrucción del paisaje, etc). B)Las exclusiones y las desigualdades sociales y culturales, la injusticia espacial, la crisis del empleo, de la protección social y de los bienes y servicios básicos, como la vivienda, el transporte, la educación y la asistencia sanitaria, etc. C) La desdemocratización política que afecta a mayorías sociales, el poder político oligárquico de una democracia representativa tramposa, la debilidad de los poderes de proximidad, la inoperancia de los mecanismos de participación (rendimiento de cuentas, iniciativa popular, referendums y consultas, etc), las leyes y la Judicatura cómplices de los gobiernos e intereses económicos de la propiedad y del dinero y las insuficiencias de la Justicia defensora de la ciudadanía,etc. Pero si esta situación es posible es debido a los actores legitimadores, los que generan consenso pasivo, naturalización de las realidades sociales y económicas y los organismos políticos y jurídicos que se atribuyen la legitimidad de la coacción y de la represión.

Los organismos internacionales19 asumen y difunden conceptos legitimadores de las dinámicas urbanas en muchos casos más negativas que neutras o positivas. Proclaman o recomiendan conceptos analíticos o intervenciones en el territorio y lo justifican porque se sienten legitimados por su representatividad o su cualificación intelectual o por ser expertos de determinadas materias, pretenden (o se lo creen) defender los intereses generales de la humanidad y los derechos de los ciudadanos. Los organismos internacionales son difusores que recuperan estas ideas legitmadoras que se ponen de moda y que luego sirve a los múltiples actores urbanos citados. Las Cartas de los Derechos Humanos y similares, declaraciones y tratados internacionales son o lo parecen bienintencionados. Pero también ponen en circulación conceptos naturalizados y considerados como positivos en las políticas públicas y en las intervenciones de los actores urbanos y el conjunte de la población. Veamos algunos ejemplos, especialmente los organismos internacionales. Las Naciones Unidas en lo que se refiere a las ciudades y la urbanización por medio del PNUD y Habitat y por elBanco Mundial (WB).

La competitividad en un mundo globalizado es una exigencia de los países y de las ciudades. Es un concepto tan difundido y legitimado que no se discute, es una necesidad obligada. Los medios de comunicación, el mundo académico, los gobiernos y los alcaldes, las multinacionales y los financieros, etc lo repiten cada día. Y evidentemente los informes técnicos, los proyectos de los diseñadores y los publicistas parten con toda la naturalidad la ciudad competitiva. En nombre de la competitividad se legitiman cualquier proyecto urbano o infraestructural sin tener en cuenta las exclusiones sociales, los efectos sobre el medio ambiente o el despilfarro de recursos. Aplicar la competitividad al territorio no tiene sentido, es todo lo contrario de lo que debería ser. La competitividad aplicada a ciudades y regiones tiene efectos depredadores. Los geógrafos y los ambientalistas fueron los primeros en denunciar este absurdo lógico. La ciudad puede ser más o menos “atractiva” pero proponerlo exige justificar “para quién y para qué”. ¿Inversiones? ¿Turismo? ¿Recursos humanos cualificados? Etc. Algunas iniciativas públicas pueden exigir competir (por ejemplo obtener la organización de un evento o disputar el mismo público a otras ciudades). Pero la gran parte de los bienes y servicios que se producen en una ciudad van destinados a la demanda local o regional. Calificar la ciudad de competitiva es ponerla en venta. No solo la economía, también la sociedad y todo el territorio se hace mercado especulativo. Y en nombre de la competitividad se crean enclaves empresariales separados del tejido económico y social de la ciudad, se convierten los centros en zonas de negocios o de turismo y ocio que excluyen a la mayoría de la ciudadanía, se gentrifica la ciudad compacta y se promueve la difusión urbana sin ciudad en la periferia. La experiencia directa y la observación de otras ciudades nos demuestra que el principal atractivo de una ciudad es la complejidad y la heterogeneidad, es la cualidad del conjunto de su oferta urbana, la eficacia y transparencia de las administraciones públicas, la calidad de vida de la población, la reducción de las desigualdades y el bienestar social de todos los ciudadanos, la diversidad de las actividades incluidas no únicamente mercantiles como la cultura, el deporte, la convivencia, la seguridad y todo aquello que no es únicamente mercantil, ni físico. Recuerden “el aire de la ciudad nos hace libres”.

Más escandaloso es la exaltación del desarrollo urbano según criterios monetarios como los grandes proyectos, caballo grande ande o no ande, insostenibles y excluyentes. Y sobretodo la urbanización extensiva, el paraíso de la especulación, la construcción en el desierto, el despilfarro de las infraestructuras, la deportación de los sectores de bajos ingresos. El Banco Mundial ponía en el ranking del desarrollo económico las hectáreas de urbanización. En plena crisis de la crisis financiera (2009) y los masivos desahucios, las pérdidas de las poblaciones endeudadas y sin recursos, las construcciones abandonadas y no terminadas, la agresión al medio ambiente, etc. Para más provocación, consciente o no, incluso algunos de buena fe, los ideólogos y los publicitarios, los responsables políticos y los profesionales a su servicio, consideran que la competitividad es compatible con la “cohesión social”, la calidad de vida, la sostenibilidad del territorio, la gobernabilidad política y la participación ciudadana. Es la ecuación imposible.

Otro concepto traidor, el de la resiliencia,20 que ha sido aceptado con entusiasmo los organismos internacionales. Un concepto generado en los elementos físicos, como los metales, y también en la biología. Es la reacción de un cuerpo para adaptarse al medio. Pero aplicado al género humano y especialmente en las áreas urbanas puede resumirse muy simplemente y con el lenguaje comprensible de los ciudadanos Los sectores pobres, excluidos, necesitados de ingresos suficientes o faltos de vivienda o servicios básicos deben espabilarse. Les administraciones públicas no se ocuparan de ellos. Conclusión, el welfare state se irá disolviendo. De lo derechos y los bienes comunes accesibles a todos se regresa a la caridad y a los servicios miserables para pobres.

Otro concepto, las “ smarts cities”, se merece el título que alcanza el ridículo. Es obvio que se utilizan las actuales tecnologías, en la vida económica, en la cotidianidad de las personas y obviamente también en las administraciones públicas. Y como ocurre con las tecnologías nuevas tienen a la vez efectes positivos como perversos. En este caso la acumulación de datos puede servir para facilitar la transparencia de las empresas y las administraciones y para desarrollar las redes ciudadanas o más bien para crear confusión o ocultación de información por parte de los poderes económicos o políticos.

Fue una operación comercial iniciada por IBM (2010) y el papanatismo de los medios de comunicación y numerosos gobiernos locales han comprado “la idea” y en bastante casos la tecnología que con frecuencia o no se utiliza, o no se adapta a la ciudadanía o incluso produce más problemas que soluciones.21 Resulta sorprendente que este logo sin significante con un contenido se haya generalizado incluso en el mundo académico.22

El derecho a la ciudad es otro ejemplo de los poderes económico-financieros globalizados y de los poderes políticos, incluida la Judicatura. Los organismos internacionales y especialmente las NNUU pues no son una emanación de la ciudadanía, ni tan solo de los Parlamentos. Están sometidos por los gobiernos de los Estados fuertes. Algo tan elemental como el derecho a la ciudad (como se verá más adelante) se rechaza pues pretende legitimar el conjunto de derechos que hacen posible el ejercicio de la ciudadanía. Véanse las Conferencias de NNUU-Habitat, en 1996 (Istambul) se rechazó de plano por presión de los Estados Unidos y la siguiente en 2016 (Quito) únicamente se aceptó y con muchas reticencias una frase “en algunos países el derecho a la ciudad centrado en las personas…que buscan una garantizar una vida decente y plena”. Algo que no compromete a nada ni a nadie. Sencillamente una declaración vacía y provocadora exigida por la diplomacia de los Estados.

A pesar de lo cual los movimientos sociales, los gobiernos locales y el mundo académico en América y en Europa especialmente han elaborado y aprobado diversas Cartas y declaraciones desarrollando el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad conlleva un desarrollo politico y jurídico no sola para reconocer derechos ya legítimos en la sociedad, como la vivienda o la movilidad. También requiere afrontar los obstáculos que lo hacen inviable, como la especulación del suelo o el acceso a la vivienda digna según los ingresos de cada uno. Los Gobiernos y la Judicatura deben sentirse obligados a hacer reales los derechos, no únicamente aquellos alcaldes o jueces imaginativos y valientes que interpretan criterios generales pero que no el desarrollo concreto.

Los Gobiernos y la Judicatura poseen obviamente la legitimidad de imponer normas y sentencias. Pero esta legitimidad es en muchos casos más que dudosa. Los parlamentos y gobiernos aprueban las normas más generales (tratados internaciones, constituciones, principios generales de las leyes, objetivos programáticos de gobierno) pero luego derivan en sus desarrollos y en sus acciones van muchas veces en sentido contrario. La vivienda es un derecho pero no se puede ejercer. La especulación se justifica por el derecho de la propiedad del suelo lo cual impide acceder a los no propietarios del suelo o de la vivienda. Los jueces aplican más el derecho civil que el derecho administrativo. Y la Judicatura, en muchos casos, hay complicidades de clase que favorecen a los más fuertes. La Judicatura es un aparato más de la política y a veces la Judicatura se somete al gobierno o actúa al servicio de otras fuerzas políticas u económicas. Obviamente hay una parte de la Judicatura actúa con independencia y asume y aplica los valores democráticos pero en muchos casos el marco legal y la presión económica o gubernamental les resulta muy difícial interpretar y aplicar las leyes o normas precisamente para evitar cambios sociales que corresponden a los valores y declaraciones de los principios constitucionales o de los tratados internacionales. 23

5. ¿La cultura urbanística puede confrontarse con el urbanismo no democrático ni ciudadano?

El planeamiento fue el instrumento destinado a garantizar el acceso de los bienes y servicios urbanos a todos los ciudadanos y promover una ciudad más justa y con más calidad de vida. El planeamiento clásico fue mitificado sobre bases reales. En la segunda mitad del siglo XIX especialmente hubo que renovar la ciudad construída y desarrollar en continuidad amplios espacios en casi toda las grandes ciudades europeas, Paris, Berlin y el Ruhr, Madrid y Lisboa, Barcelona y Stockolm, Viena y Milan, Londres y las ciudades industriales británicas, etc. En bastantes casos se tuvo presente no solo en su dimensión física o material, también en el ambiente y el paisaje, los elementos icónicos y los espacios públicos para la expresión colectiva, la vida colectiva y el conflicto social. A lo largo del siglo XX el plan fue el marco del conflicto entre lo objetivos de los poderes públicos y los intereses económicos interesados, los cuales en muchos casos convertían a los gobernantes en cómplices. Al mismo el plan se hizo rígido, no incorporaba estrategias integradas ni proyectos concertados.

En el último cuarto del siglo XX se ha querido hacer un urbanismo más operativo y flexible el urbanismo para adaptarlo a las demandas ciudadanas y confrontarlo con la fuerza del mercado especulativo propio del capitalismo financiero actual. En algunos casos alcaldes y profesionales y con apoyos colectivos ciudadanos utilizaron una diversidad de instrumentos legales para promover operaciones que respondieran a demandas sociales. Fueron espacios públicos y equipamientos, conjuntos de viviendas para sectores populares o medios o nuevas centralidades. Pero también casi sin solución de continuidad o por la dinámica del mercado se pasó del planeamiento público a los proyectos que interesaban a la iniciativa privada. Los grandes principios de sostenibilidad, cohesión social, corrección de desequilibrios, etc se dejaron de lado en nombre de la rentabilidad y la competividad. La desregulación financiera fue acompañada por la desregulación urbanística. Y muchas veces, incluso por profesionales y políticos gobernantes locales democráticos avalaron estas operaciones. El planeamiento territorial clásico por su rigidez y pesadez lo asumía el sector público pero las iniciativas inversoras privadas, la propiedad del suelo y las actuaciones más rentables pervertían el planeamiento inicial. Emerge en los años 80 el “planeamiento estratégico” en Europa y en América, aplicando criterios de la economía empresarial y rápidamente se pone de moda. El marco jurídico urbanístico básico (leyes, planes) se mantiene pero en vez de fijar usos teóricos a la espera de iniciativas hipotéticas se proponen un listado de proyectos, unos ubicados en el territorio y otros donde surja la “oportunidad”. El atractivo de este planeamiento es que crea tres ilusiones: un escenario de futuro consensuado con los actores sociales y económicos y con diversas instituciones y organismos del Estado; una aparente concreción de proyectos deseables para el territorio; y el espectáculo de una presentación mediática legitimadora ante la ciudadanía. En la práctica se trata de retórica sobre la ecuación (imposible) y poner en la agenda algunos proyectos que se podrían haber colocado igual sin el plan estratégico. La continuidad fue el urbanismo concertado, los convenios en Madrid y los “new projects” en Barcelona. La cooperación público-privada en teoría puede ser muy positiva si el sector público sabe combinar realismo con objetivos de interés general o si se pretende acercarse a la ecuación virtuosa, lo cual supone asumir negocio privado pero limitado. Pero en la práctica en muchos casos se ofrecen máximas facilidades a la iniciativa privada que se hace cargo de proyectos urbanos más o menos complejos en las localizaciones que más le convienen. El discurso estratégico, creado en el marco de la empresa privada, ha sido en muchos casos el facilitador de la colusión entre instituciones de gobierno y grupos económicos.

El urbanismo de la democracia resulta una mezcla de luces y sombras. En el territorio urbano y sus entornos actúan dinámicas contradictorias, se expresan intereses y valores opuestos, emergen conflictos sociales y espaciales. Conviene hacer un análisis de clase, quienes han ganado i han perdido en las posiciones en el territorio que vive procesos de transformación urbanizadora en nuestros países de América y Europa. Hay que hacer balance especialmente para exponer las desigualdades y la insostenibilidad. Apuntamos tres hipótesis. Una. Los principales beneficiados han sido un importante grupo de de nuevos ricos que se ha unido con los que ya lo eran y transfirieron inversiones e influencias a la especulación del suelo, la promoción y la construcción. También han ganado en el festín las entidades y los representantes del sector financieros. Cuando estalló la burbuja el Estado ha rescatado o ha resarcido el endeudamiento y la quiebra de los bancos y de las grandes empresas. Dos. Los efectos depredadores, físicos y morales sobre el territorio y la sociedad han sido inmensos y en gran parte irreversibles. Hacer ciudad en las extensiones mal urbanizadas, apostar por una nueva cultura sobre la movilidad, el agua y la energía y regenerar moralmente una parte importante de la sociedad que ha presenciado y asumido que las formas de enriquecimiento no dependen del trabajo y de la profesionalidad no será fácil ni rápido. Tres. Una vez más las víctimas han sido los sectores populares. La realidad y la metáfora la encontramos representada por los miles de desahuciados que pierden la vivienda y continúan deudores de los bancos.

¿Hay modelos de referencia?¿ Algunas ciudades han realizado procesos urbanos exitosos, por lo menos en el corto plazo. Se han legitimado para continuar promoviendo proyectos cada vez más ostentosos y más vinculados a las iniciativas privadas. No se ha prestado atención a los efectos perversos del éxito, a la fuerza de las dinámicas del mercado, a la intervención agresiva sobre el tejido urbano cuando la calidad del nuevo entorno urbano genera oportunidad de negocio. Pero la ciudad, sea Barcelona, Bilbao o Madrid, se autoproclaman modelo, ejemplo de modernidad, referencia internacional. Y durante un período más o menos largo los proyectos continúan y las contradicciones se hacen más evidentes. El modelo ha hecho posible la impunidad. La referencia a un “modelo” o “proyecto” idealizado legitima y justificar cualquier cosa. Barcelona ha sirvió de modelo de referencia en los años 80 y 90, luego a inicios de este siglo empezó a romperse el encanto en los medios profesionales y culturales.24 Se mitificó su urbanismo, sus luces pero no sus sombras. Hay casos que han realizado proyectos en otras ciudades que se reclamaban del “modelo” y han hecho lo contrario. Por ejemplo el “Plan de Puerto Madero”,en realidad un “gran proyecto urbano” tipo enclave en Buenos Aires y mucho peor el proyecto olímpico de Rio 2016. Lo mismo ha ocurrido con Bilbao y el Gugenheim: el éxito de un edificio emblemático como ha sido el de Ghery ha llevado a muchas ciudades a buscar un “arquitecto divino” que marcara el territorio, al estilo de Koolhaas que proclamó que “mi edificio debe adaptarse al entorno no yo a él”.

Planeamiento para qué? El concepto de planeamiento vuelve progresivamente a la actualidad. A priori el que se reconsidere su importancia, después de algunas décadas de valoración baja, parece positivo. La desregulación de las políticas económicas y territoriales nos ha llevado a una situación caótica y catastrófica. Sin embargo la reivindicación del planeamiento suena muchas veces como un brindis al sol y también como la ocasión para que se expresen intereses corporativos, legítimos pero particularistas, que identifican cualquier planeamiento con el “interés general”. Reclamar el planeamiento sin precisar objetivos y actuaciones, es decir estrategias de implementación, es simple retórica legitimadora de cualquier cosa. El planeamiento territorial por ejemplo puede perseguir objetivos positivos que se le suponen, pero no están garantizados como promover o mejorar la oferta de bienes y servicios colectivos destinados a la población y a las actividades, reducir las desigualdades sociales, facilitar la deliberación ciudadana en relación a las políticas públicas, etc. Pero muchas veces es una palabra que se utiliza en vano y que puede servir para legitimar actuaciones público-privadas que contradicen los objetivos teóricamente proclamados. Los planes en sí mismos no son operativos. De los planes no se come, han falta instrumentos y actuaciones: prioridades concretas y posibles, gestión posible del suelo en los lugares adecuados, acceso al financiamiento, apoyo social y concertación con actores sociales siempre que no contradigan los criterios y los objetivos definidos democráticamente y de forma transparente. EL plan es un marco político-jurídico que debe ofrecer los instrumentos mediante proyectos, programas y actuaciones concretas en el territorio. 25

¿Hay una ética de los urbanistas?26 El urbanismo no es solo una profesión técnica, es también una dimensión de la política. Tiene una fuerte incidencia social y muy condicionada por los gobiernos y la legislación. No hay un código ético una legislación específica para los urbanistas. Tampoco los gobiernos o los agentes sociales y económicos prescinden de los principios generales de las constituciones o de las leyes. Se utiliza el urbanismo para dinamizar la construcción sea como sea y para quién sea. O para urbanizar suelo con finalidades especulativas y para segregar socialmente a sectores de la población. Se realizan infraestructuras insostenibles y despilfarradoras o que afectan la vida de los ciudadanos como vías rápidas que producen fracturas sociales o culturales. Se producen barrios cerrados, verdaderos guetos, que fragmentan la ciudad y niegan la ciudadanía. Los técnicos cómplices de estas actuaciones contrarias al “derecho a la ciudad” no tienen reparos en hacer proyectos y firmarlos y casi siempre las asociaciones o colegios profesionales no oponen ninguna critica o denuncia y menos aún elaboran códigos efectivos. Por lo menos debería haber en el conjunto de la sociedad algunos principios como tienen otros profesionales como por ejemplo el personal sanitario como el “juramente de Hipócrates” de los médicos o los educadores que deben enseñar a todos sin discriminaciones de ninguna clase. El silencio de gran parte de los profesionales es renunciar a la ética de su formación y su responsabilidad ante los ciudadanos.

Pero la responsabilidad no solo de los profesionales, también los expertos analistas de lo urbano, los investigadores y académicos tienen otras responsabilidades. En primer lugar deben denunciar las actuaciones “anticiudadanas”, apoyar las reacciones sociales, incidir en los medios de comunicación y responsabilizar a los actores directos. Segundo, deben analizar, criticar los responsables y hacer público las causas directas o indirectas y los efectos de las intervenciones urbanas o urbanizables. Por ejemplo operaciones de viviendas aceptables pero sin centralidades accesibles o costes de movilidad. O el coste de los residentes deben costear unos precios de la hipoteca debido a la especulación del suelo y de los altos intereses de los bancos. La especulación, los defícits del entorno, los costes sociales y ambientales, etc requieren actuaciones políticas y juridicas. Y tercero, hay que analizar y exponer los factores estructurales que pervierten el urbanismo. En esta época en la que el capitalismo financiero globalizado es el principal actor de acumulación de capital por medio de los actores ya citados (propietarios del suelo, promotores, gobiernos). Esta acumulación de capital en los territorios urbanos o urbanizables es en buena parte especulativa y actualmente es la fuente mas potente solamente superada por la economía criminal, que por cierto están bastante conectados. La fuerte subida de la acumulación de capital tiene como efecto la reducción de recursos para la reproducción social vivienda, entorno, equipamientos y servicios, calidad de vida, movilidad, centralidad accesible, protección social, etc). Las exclusiones de los sectores de bajos ingresos de las zonas urbanas de calidad da lugar a un déficit de capital social y espacial, o como escribió Secchi la” justicia espacial”. El mandato ético del urbanismo es combatir la acumulación de capital para desarrollar la reproducción social.

Los profesionales especializados disponen instrumentos para la acción y por la crítica sean arquitectos e ingenieros, juristas y economistas, ambientalistas y psicólogos, geógrafos y antropólogos, diseñadores, etc.s. Y puede ofrecerlos al conjunto de los urbanistas y a la ciudadanía activa. Consideramos “instrumentos” como son todo aquello que aporte información poco asequible, nuevas formas de financiación y de recuperación de las plusvalía, modelos alternativos respecto a los diseños y materiales constructivos, instrumentos jurídicos creativos que respondan a los propios principios generales, estudios comparativos y los efectos perversos de actuaciones similares, etc. A los “expertos” hay que pedirles que analicen críticamente los procesos urbanos, difundan estos conocimientos y sugieran propuestas.

Los medios de comunicación deberían contribuir también a informar a los ciudadanos. Los profesionales de la comunicación especializarse en los temas urbanos, como hay economistas, críticos literarios o expertos en política internacional. Pueden aportar no solamente difusión de situaciones concretas sino también apoyar a los actores sociales resistentes, proporcionar conocimientos de otras experiencias y de otros expertos y hacer investigación de los intereses, sean de los agentes económicos o políticos, que hay detrás de aparentemente productos neutros. Sin embargo los medios de comunicación masiva han sido un instrumento manipulador de ciudad excluyente y de la urbanización sin ciudad. En el mejor de los casos informan, y a veces críticamente, actuaciones escandalosas y que dan lugar a reacciones sociales y a veces incluso profesionales o expertos. Pero no analizan y no difunden los factores causales y los efectos a medio y largo plazo. Los medios en muchos casos actúan de propagandistas de conjuntos de viviendas en la nada, operaciones altamente especulativas y excluyentes en las ciudades centrales, barrios cerrados en la urbanización difusa y los consiguientes efectos ambientales, etc. Y se han pervertido las palabras, la confusión de los conceptos, que lo difunden los medios pero que los han producido profesionales, experto o académicos.

6. El lenguaje es peligroso o “desconfiad de las palabras” (escrito en un muro de Belleville, Paris)27

La confusión de los conceptos y recuperar el lenguaje va mucho más allá de los conceptos malignos explícitos como especulación, competitividad, infraestructuras que fragmentan y segregan la ciudad, expulsión de población hacia las periferias y tierras de nadie en favor de la gentrificación, resiliencia para abandonar a los sectores marginales, las centralidades excluyentes, etc. Es cierto que estos conceptos son hoy actuantes pero no se requieren argumentos para denunciarlos. Ya los hemos citado y hay bastante literatura crítica. Sin embargo hay conceptos que crean discursos para acompañar a las intervenciones urbanas que son justificaciones y buenas intenciones. Pero que no dejan de ser retóricos y legitimadores.

Se utilizan conceptos vagos como cohesión social o equidad o integración y se obvia un concepto tan preciso y verificable: la desigualdad, sea en ingresos económicos, calidad de la vivienda y del entorno y la relación con el ingreso y el tamaño familiar, distancia al trabajo o a las centralidades, posibilidades de formación, información y convivencia con poblaciones distintas y mejor situadas, etc. La sostenibilidad se aplica a todo y a nada, se hacen algunas intervenciones publicitarias más o menos sostenibles pero en paralelo se aumenta mucho más la insostenibilidad por ejemplo la urbanización dispersa y el uso de los automóviles particulares. La participación, incluso muchos gobernantes proclaman la “democracia participativa”. Se institucionaliza y el poder político lo convierte en consenso pasivo, se justifica la acción gubernamental y en el mejor de los casos se permite de tanto en tanto el discurso de los tribunos de a plebe. La participación es construir escenarios entre las instituciones y los colectivos sociales para deliberar, negociar, confrontarse, llegar acuerdos o no. La participación nace del conflicto y el conflicto es permanente pues la lógica institucional y los intereses de los poderes económicos pervierten los acuerdos participativos. Se requieren instrumentos propios de la ciudadanía, la consulta o referéndum, la iniciativa popular, la gestión ciudadana, la presencia en los procesos decisorios y en su posterior ejecución, la revocación de los cargos públicos, etc. Pero los gobernantes y funcionarios públicos en su mayoría consideran el conflicto colectivo como una patología social. La gobernabilidad, otro concepto que hace furor entusiasta en los organismos internacionales, entre politólogos y sociólogos y entre los gobernantes que se protegen mediante redes, consorcios, agencias, organizaciones profesionales y sociales. Se diluyen las responsabilidades, los procesos de intervención urbana se hacen confusos y opacos y se obvian los conflictos. Excepto si hay una reacción por parte de las movilizaciones sociales. Entonces las oligarquías políticas las “criminalizam” por antidemocráticas pues reducen la democracia a las elecciones.

En resumen, los conceptos optimistas y muy equívocos como la competitividad, la cohesión social, la sostenibilidad, la participación y la gobernabilidad aparecen como las virtudes teologales y por lo tanto misteriosas. Pero no corresponden a la realidad actual. Son conceptos operativos pero contradictorios ente ellos y en sí mismos, esta ecuación virtuosa es imposible. Cada una niega a las otras y en la práctica a sí mismas. La ecuación virtuosa es errónea a las dinámicas negativas ya expuestas. Pero los conceptos utilizados al ser equívocos y confusos sirven para hacer discursos que generen esperanzas y buenas intenciones.. Son pseudoconceptos, legitimados por cuentista sociales que cumplen a su vez una función legitimadora de los poderes actuantes y una función naturalizadora de la realidad social en relación a la ciudadanía. Todo ello con la activa complicidad de políticos, expertos y medios de comunicación. Los estudiosos del desarrollo urbano creo que deberíamos empezar cuestionando el lenguaje utilizado. No se cambia la política y la organización social y económica con los conceptos viejos y confusionarios.28

Hay muchos otros conceptos que se aplican no solamente a las realidades urbanas, que se consideran neutrales, incluso necesarios e incluso progresistas que generalmente se usan tanto en la ciencias sociales, políticas, económicas o jurídicas y que se han generalizado en los medios de comunicación y en el lenguaje corriente. Son conceptos que se consideran naturales y en bastantes casos incluso progresistas o democráticos. Se trata de conceptos analíticos o descriptivos comunes que como los anteriores no son tan inocentes, ni científicos, ni rigurosos, como parecen. Y que en muchos casos sirven de sustrato de los anteriores. Veamos rápidamente algunos muy habituales.

La sociedad civil es un concepto pervertido por el uso generalizado. Cuando Ferguson lo propuso, en el siglo XVIII, se refería a los cuerpos organizados de las clases emergentes. No las aún clases dominantes, el clero que definía la ciencia y la creencias y el comportamiento humano, y los aristócratas que poseían las tierras y las fuerzas armadas. La “sociedad civil” eran los los burgueses (comerciantes, manufactureros, etc.) y la “bourgeosie de robe” (hoy serían los cuerpos profesionales). En resumen: la base social del “tiers état”. Actualmente hablar de sociedad civil tiene escasa utilidad, pues se mezclan todo tipo de organizaciones, algunas paraestatales, otras reguladas o financiadas por los gobiernos, otras de clase (empresariales, sindicales), unas muy políticas y de amplio espectro en cuanto a intereses y formas de actuar, otras muy específicas, unas muy reconocidas por las instituciones, otras ninguneadas, etc. Pero solamente hay formas diversas, formales o informales, de asociacionismo los que aportan más potencial innovador. El uso de esta amalgama caótica de este concepto hoy inadecuado hoy sirve para facilitar los consensos pasivos Parece más adecuado en todo caso utilizar el concepto de “sociedad política29 o de “pueblo” que permite definir un conjunto relativamente heterogéneo que se moviliza conjuntamente por objetivos compartidos y transformadores (reformistas o revolucionarios).

La globalización es seguramente el concepto que se ha aceptado acríticamente y es el más tramposo. Deberíamos precisar a que globalización nos referimos pues se utiliza genéricamente y legitima todo tipo de procesos globales sean comerciales, financieros, culturales, políticos, migratorios, informacionales, securitarios, etc. Si usamos este término genéricamente pero lo aplicamos a las consecuencias de la globalización financiera legitimamos sus “efectos colaterales” como si de una fatalidad se tratara, en vez de precisar que nos referimos a la actividad especulativa global del capitalismo financiero. La globalización se convierte en un concepto naturalizador que pretende expresar el nivel actual alcanzado por el “progreso” de la humanidad. Se reconocen que existen unos costes en estos procesos que se deben a que la globalización no ha alcanzado su total plenitud. O los más críticos reconocen que hay unos costes que pueden corregirse mediante programas como el “Milenio” de Naciones Unidas. Este discurso crítico se cuida muy bien de denunciar las causas y los agentes responsables, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, las políticas neoliberales, la financiación de la economía internacional, la acción de las multinacionales, el apoyo a las dictaduras cómplices gobernadas por elites que viven en la opulencia y la gran mayoría en la miseria, etc.

Los mercados, son otro ejemplo de lo mismo. Un mecanismo opaco, anónimo, imprevisible y fatal. Pero en realidad son firmas y personas con nombres y apellidos, inversores improductivos, bancos cuyo único afán es el lucro inmediato, agencias de evaluación corruptas. Sería hora de no confundir mercado, inversión, finanzas, términos relativamente neutros, con lo que es simplemente especulación, un siniestro juego de pirámide que pagan la inmensa mayoría que son los ciudadanos comunes. La lógica de los mercados globales especulativos conduce a un aumento de las desigualdades y de la dualización social como lo demuestran los impactos de la crisis actual.

La flexibilidad del mercado de trabajo se considera para gobernantes e ideólogos del empresariado como un factor fundamental para el progreso. Pero en realidad es generalizar la precariedad de los trabajadores y en especial de los jóvenes y legitimar el desempleo como un indicador de economía moderna. Se utiliza una palabra con una carga genérica positiva para nombrar una realidad regresiva y perversa. El “precariado” reproduce a gran escala el ejército de reserva de mano de obra, produce un nuevo lumpen proletariado al que se pueda criminalizar y va vinculado a los procesos de privatización de servicios y empresas hasta una época reciente de carácter público. La privatización de servicios de vocación universal, como la sanidad, la educación o los transportes, esta destinado a dualizar a los ciudadanos: sectores altos y una parte importante de los medios serán clientes de los servicios privados y el resto, que será más del 50%, dependerá de unos servicios básicos deteriorados y unos programas sociales de mínimos. Probablemente la precarización del trabajo representa la mayor regresión respecto al capitalismo predominante en la segunda mitad del siglo XX en el que fue compatible con un rol económico importante del sector público y el establecimiento de políticas de bienestar social con vocación universal.

La identidad es una palabra peligrosa nos dice Tony Judt. Es un derecho y un factor de cohesión y de convivencia compartir elementos culturales, históricos, lingüísticos, simbólicos, festivos, etc. Ocurre también que un colectivo expresa un afán identitario cuando hay un poder dominante que pretende debilitarle para imponer el suyo o atomizarlo. Ya se sabe que un poder autoritario no le importa que los ciudadanos no les quiera, lo que le importa es que éstos no se quieran entre sí. La identidad de los pueblos o comunidades actuales, tengan Estado propio o no, es hoy una mezcla multicultural que vive procesos de fusión relativa o parcial. Por lo tanto en ningún caso puede discriminarse a nadie en nombre de una identidad autóctona esencial y permanente. Se utiliza la identidad no tanto para cohesionar una población arraigada sobre bases históricas, culturales o sociales sino para excluir, no reconocer los derechos propios a otros colectivos o individuos o coaccionarles y para sobreexplotarles. Un ejemplo reciente es el discurso público de un líder de los neocons: “es antiamericano facilitar que los pobres ejerzan el derecho de voto”.

La individualización es otro lugar común tanto de los cientistas sociales como de los medios de comunicación. Es un tópico muy actual… desde el Renacimiento. Es cierto que en las últimas décadas se han acentuado los comportamientos individualizados: por ejemplo respecto a la movilidad, a las comidas cotidianas, a los horarios de cada uno, las relaciones sociales, etc. (la lista es casi infinita). En nombre de la individualización economistas y politólogos legitiman modelos analíticos que parten del “individuo tipo” y se abandonan los conceptos clave de la estructura y el conflicto sociales, como es la “clase”. La afirmación convertida en paradigma de que no hay “sociedad” hay individuos es una de las bases ideológicas principales de las políticas neoliberales. Pero un análisis elemental nos permite comprobar que la socialización de los individuos es hoy probablemente mucho mayor que en épocas pasadas. Se mantiene la familia como entidad social solidaria, se revaloriza el barrio, se multiplican las redes sociales asociativas (las reales y las virtuales) y sobre todo los individuos dependen cada vez más de los servicios públicos o de carácter colectivo (educación, salud, cultura, ocio, asistencia social, etc.). En las relaciones de trabajo subsisten las clases trabajadoras asalariadas que representan más del 50 % de la población activa, aunque una parte de ellas usen el ordenador en vez de un telar, un torno o una máquina de escribir. Y tanto los estudios estructurales como los comportamientos y los conflictos sociales nos muestran la pertinencia del concepto de “clase”, aunque se hayan modificado sus formas y sus denominaciones. Como en los otros casos citados un concepto como individualización que puede servir si se relativiza su uso en realidad es con frecuencia utilizado como un medio de escamotar el carácter “clasista” de nuestras sociedades.

Los ideólogos del neoliberalismo exaltan en artículos y entrevistas el derecho de los individuos a vivir en casas individuales y jardín, en barrios seguros y tranquilos, evitar a las gentes o los comportamientos que no quieren ver La ciudad postmoderna30 que nos proponen es una miríada de guetos y de tribus, unas regiones urbanizadas en las que el habitat principal serán fragmentos de ciudad, socialmente homogéneas y monofuncionales. A principios de este siglo uno de los principales directivos de La Caixa publicó un artículo en La Vanguardia la prioridad del derecho de los individuos a vivir en este modelo de ciudad. Una opinión interesada, pues la entidad financiera había comprado mucho suelo urbanizable destinado a estos fines. Y el gobierno de la Generalitat financió copiosamente a finales del siglo XX un macro-proyecto y exposición, Hiper Catalunya, que proponía la disolución de las ciudades en área difusas y fragmentadas. La gran fiesta de la especulación.

El gasto público considerado como despilfarro y los recortes como una necesidad objetiva que creara las bases para la reactivación económica. Mentiras aunque sean avaladas por autoridades políticas, económicas o académicas. El supuesto despilfarro en el gasto público (inflación de personal, baja productividad, etc.) existe pero es relativamente fácil de conocer y de exigir las reformas que lo reduzcan al mínimo. Pero la crítica sería válida si se compara con el sector privado que ha sido el principal generador de deuda (los bancos y el bloque “cementero tres veces más que los compradores de vivienda). Conocemos lo que producen los servicios públicos, en general se considera que se trata de bienes o servicios de carácter universal, es decir que interesan a todos los ciudadanos. Pero no sabemos muchas veces si lo que producen las empresas privadas es lo que corresponde a las necesidades sociales y a las demandas solventes. Si que podemos sospechar o constar que en nombre de la demanda solvente la industria farmacéutica por ejemplo se ocupa mucho más de investigar y producir productos de belleza que remedios para las enfermedades masivas. Y los promotores y constructores crean urbanizaciones en el desierto que quedan abandonadas y se financian con créditos que los bancos si no los cobran son compensados por el Estado. Bancos que a su vez especulan en ámbitos globales, cierran las puertas al pequeño o mediano capital productivo local (el principal generador de empleo), distribuyen dividendos e indemnizaciones a sus consejeros y directivos, gracias a que son refinanciados por el gobierno con lo cual aumenta la deuda pública que luego debe cubrirse recortes sociales. Los recortes, como el paro, a su vez afectan principalmente a la educación, a la sanidad y a los programas sociales y se utilizan no solo para reducir la deuda pública, también sirven para fomentar procesos de privatización de los servicios públicos que supone un inicio de liquidación del welfare state. Estos recortes van unidos a contrarreformas fiscales que reducen los impuestos con el argumento que habrá más inversión y se creará más empleo. Falso. Como además se “recortan” los salarios, no solo aumenta la pobreza también se reduce la demanda solvente lo cual conlleva recesión y desocupación. Y la minoría privilegiada aumenta su patrimonio, espera mejores tiempos para invertir o lo hace en otras partes del mundo. Es decir hay una dinámica que nos lleva a los peores modelos de sociedad del siglo XIX.

La seguridad, la gran palabra para los apóstoles del miedo, los mensajeros de los peligros que nos acechan, los mesías que nos traerán tranquilidad por medio del autoritarismo y la exclusión de las “clases peligrosas” (recuerden: “Clases trabajadoras, clases peligrosas”, la obra clásica de Louis Chevalier). La paradoja del mundo occidental: nunca ha existido mayor seguridad que la que disfrutamos hoy, si nos atenemos al uso que se le da hoy en nuestros países (delincuencia urbana, es decir robo o violencia en el espacio público). Sin embargo aparece como principal preocupación a la par que el desempleo o la inmigración! Inseguridad hay, pero por otras razones y en otros aspectos: el trabajo y la desocupación, la seguridad social y las pensiones, la vivienda y las hipotecas, la educación y el porvenir de los hijos, el acceso y la cualidad del servicio de salud, etc. y también por la pérdida de referentes territoriales y socio-culturales y la dificultad de entender y gestionar los cambios que se producen en el entorno, es decir la llamada globalización. Estas inseguridades incontrolables se subliman y encuentran en la delincuencia urbana (casi siempre de baja intensidad) y en la presencia de gentes diferentes (inmigrantes, en especial jóvenes) en el espacio público compartido el chivo expiatorio. Importantes poderes políticos y mediáticos contribuyen decisivamente a que las inseguridades profundas se reorienten y focalicen transfiriendo la inseguridad difusa a la ciudad. Combatir la ideología del miedo y de la inseguridad es hoy una tarea tan importante como la denuncia del racismo y la xenofobia y el fanatismo identitario forman parte del mismo complejo de angustias de la época. Jóvenes, pobres e inmigrantes son las víctimas de la inseguridad manipulada.31

La inmigración precisamente es otro concepto mal usado. Inmigrante es el que se traslada de un territorio a otro. Es alguien que viene de fuera, que está de paso, para un período relativamente breve. Pero si se instala en un país determinado deja de ser inmigrante, es un residente, un ciudadano cuyo status debe reconocerlo la Administración del lugar. El hecho real es que en la Europa actual inmigrantes son los “no comunitarios” y sea cual sea su situación de “residentes”, con o sin trabajo, llegados recientemente o con años de residencia, con arraigo familiar o no, con “papeles” (siempre insuficientes para tener plenos derechos) o “sin papeles”. En la práctica son inmigrantes los que buscan trabajo o realizan actividades poco cualificadas, es un concepto “clasista” no “étnico”. Los profesionales, los empresarios, los rentistas, los residentes europeos de la tercera edad, etc. no son llamados “inmigrantes”. ¿Porqué se utiliza incorrectamente el término inmigrante? Muy simple: sirve a mantener ante la opinión pública y ante los mismos así denominados que son considerados gente de fuera aunque tengan aquí residencia formal, hijos, proyecto de futuro. Es formalizar y legitimar mediante el lenguaje su status precario, su “capitis diminutio” (derechos reducidos), su desigualdad permanente, el estar siempre bajo sospecha y bajo amenaza (el temor atávico y la xenofobia hacia el “extranjero”). El enorme “ejército de reserva de mano de obra” que representan los inmigrantes, su status y sus condiciones de vida, recuerdan los peores casos del “capitalismo manchesteriano” descrito por Engels en su obra La situación de la clase trabajadora en Inglaterra. Y en el caso actual se “legitima” mediante un uso fraudulento de la “extranjería”. El “extranjero” es un extraño, un peligro latente, se les controla se les excluya para facilitar su sobreexplotación o si conviene se les expulsa. Y se utilizan para derivar el malestar de las clases populares y medias hacia el “inmigrante”, portador del miedo a perder el trabajo o la vivienda o la protección social, el miedo a sus costumbres y religión, el miedo a que violen, roben o hagan terrorismo. Que no sea cierto, asumen los trabajos que no hacen los autóctonos, la media cultural de los allegados es casi siempre más alta de los poseedores de la nacionalidad, el porcentaje de delincuencia (si excluimos la insuficiencia de “documentos”) no es superior a la media del país y evidentemente la inmensa población denominada “inmigrante” no tiene nada que ver el terrorismo.

Las ideologías legitimadoras del miedo han tenido una influencia de muy difícil evaluación pero de indudable importancia en este proceso perverso. Los medios de comunicación han exagerado ad infinitum los males de la ciudad, la inseguridad del espacio público, la droga, la congestión del tráfico, la contaminación del aire, el ruido, la suciedad, la pobreza, los inmigrantes, la mezcla con gente que no es como uno, las manifestaciones, la policía o la ausencia de ésta, el video control o la ausencia del mismo, etc. Ya hemos citado titulares recientes sacados de prensa prestigiosa (El País, Le Monde, The Economist), si reuniéramos un dossier a partir de la prensa más o menos amarilla, la más vendida, los titulares y fotografías ofrecerían una imagen terrorífica. Aparece, la obsesión por la seguridad. Esta influencia mediática influyen considerablemente en todas las clases sociales, los habitantes tienden a encerrarse en urbanizaciones o en sus casas, por un espanto con frecuencia exagerado o se desmoralizados por considerar irreversible la degradación urbana. El espacio público se degrada, se hace más peligros, la predicción provoca el autocumplimiento. Hay otra influencia más sutil que se dirige a clases medias y altas: la que promueve las urbanizaciones cerradas, los “countries”, las “edge cities”, los barrios privatizados (incluso calles). Aquí interviene el afán de distinción. Los grandes medios de comunicación publican suplementos semanales dedicados exclusivamente o casi a la compra y venta de parcelas o viviendas en estos conjuntos que son la negación de la ciudad. En España por ejemplo EL País publica Propiedades y los fines de semana La Vanguardia aumenta su venta merced a un suplemento similar (tan exitoso que El País ha renunciado a distribuir su suplemento en Catalunya por no poder competir con el mismo). En Argentina algo similar, Clarín y La Nación son promotores, además de informadores, de los countries o barrios cerrados, con una exclusividad social, solamente “gente bien”. La cuestión del miedo y de la seguridad en América latina merece una reflexión específica.32

La obsesión por la imposible seguridad absoluta es funcional a los procesos expuestos Ya hemos señalado la paradoja que el temor a la ciudad, la inseguridad subjetiva, caracterice hoy el estado anímico de las poblaciones de las ciudades europeas occidentales, pues en comparación con el resto del mundo y con su propia historia, nunca habían alcanzado el nivel de seguridad que poseen actualmente. Esta paradoja se explica probablemente por un conjunto de factores. Existe una base objetiva. Las molestias de la vida urbana que se citan habitualmente existen, el ruido, la contaminación, la pequeña delincuencia urbana, los precios de la vivienda, etc. Pero teniendo en cuenta las ventajas comparativas que ofrecen las ciudades grandes e incluso medianas, diversidad de ofertas de trabajo y educación, proximidad de todo tipo de ofertas culturales, comerciales y de servicios, etc., no parecen razones suficientes. En algunos sectores de población se busca una vivienda mejor en segundas o terceras coronas al mismo precio que una vivienda de menor calidad o tamaño en el centro urbano, aunque los costes de la movilidad aumentan. Puede intervenir el mito bucólico de la vida campestre, de la proximidad de la naturaleza, pero la urbanización dispersa metropolitana no ofrece tampoco maravillas. El factor “seguridad” es en muchos casos un factor clave, un factor que integra diversas dimensiones. Una de ellas es obviamente la influencia de las campañas mediáticas que exageran considerablemente la realidad mediante la presentación y repetición de los casos delictivos que generan la impresión que hay más delincuencia que en el pasado aunque no sea cierto. Tampoco es una razón suficiente. Apuntamos dos aspectos relacionados con la seguridad que normalmente no se tienen en cuenta. En las sociedades urbanas actuales existe una muy visible desigualdad social creciente. Ello incide en la delincuencia urbana pero también multiplica los miedos de los “poseedores”, los que tienen mucho o bastante que perder. La pobreza provoca mala conciencia y también miedo, más o menos consciente, temor a la reacción de los desposeídos, especialmente en las clases medias y en épocas de crisis angustiadas ante la posibilidad de caer en el abismo.

Una dimensión más general de la inseguridad es la que ofrece el mundo actual y el país en el que uno vive. La crisis económica y sus derivados ante todo como la precariedad del trabajo, las deudas e hipotecas adquiridas, el desempleo posible, la jubilación, la seguridad de los ahorros, el porvenir de los hijos, etc. Hay otros factores de inseguridad e incertidumbre como las guerras, lejanas pero que están presentes cada día en el televisor y en las que el gobierno y las fuerzas armadas están vinculados, o el terrorismo, una realidad que a veces se siente próxima (el temor al terrorismo y a las guerras además has sido excitado además por políticos irresponsables como Bush o Aznar. Y, las amenazas ambientales: cambio climático, catástrofes naturales o producto de las tecnología (centrales nucleares por ejemplo), agotamiento de recursos básicos como la energía o el agua incluso, etc. Esta inseguridad más etérea, a veces abstracta, ante lo cual se es impotente y no hay casi nunca un responsable próximo que pueda dar alguna respuesta o garantía, se sublima en el entorno urbano.

Un factor en parte relacionado con el miedo es el citado afán de distinción, que en nuestras sociedades desiguales, consumistas, individualistas y competitivas, coincide con los miedos citados. El afán de distinción incide en dos tendencias del urbanismo postmoderno que en realidad son las dos caras de la misma moneda: vivir en zonas exclusivas y segregar a los colectivos sociales que no se quieren ver. Un afán absolutamente peligroso y relativamente imposible. La ciudad fragmentada, cada grupo social en su gheto, no solo es la disolución de la ciudad, es también la tribalización de la sociedad. La relación entre los grupos sociales se reduce a relaciones funcionales en un sistema en que cada grupo tiene privilegios respecto a los que están debajo de la escala sin que haya interrelación entre ellos excepto las de poder. No se crean lazos o pautas comunes, cuando explota un conflicto no hay escenario ni lenguaje para la negociación. El afán de distinción llevado al extremo mediante barrios o conjuntos “fortalezas” es por ahora improbable (aunque es la realidad en ciudades africanas subsaharianas) pues la estructura social y urbana existente es muy compleja, diversificada, con movilidad en ambos sentidos y muchas posiciones intermedias. Los que buscan un refugio “seguro” en una urbanización exclusiva recuerdan al niño que cierra los ojos para que no lo vean. En fin, la “distinción” llevada a la estructura urbana es a la vez una actitud peligrosa y ridícula.

Los miedos, las incertidumbres, la distinción, el rechazo a los excluídos, la “sociedad del desprecio” o la indiferencia33ante la compasión XX es resultante no solo de las dinámicas urbanas socio-económicas ya expuestas es también por el lenguaje mistificador como es la competitividad y la resiliencia, la individualización y el consumismo, el despilfarro público y la regresión del gasto social, etc. El lenguaje perverso citado pretende neutralizar los derechos que hacen posible la libertad y la igualdad de todos aquéllos que conviven en los territorios urbanizados. Reconquistar los conceptos de los derechos es redemocratizar la democracia excluyente en la que estamos inmersos.

7. Conclusiones . Los conceptos renovados para reconstruir los territorios democráticos y los derechos de la ciudadania

Creo que Eisntein dijo algo así como si queremos cambiar el mundo, o las ideas, o la realidad social y económica tenemos que cambiar el lenguaje. O recuperarlo. Ya hemos expuesto la confusión y la manipulación de los conceptos para legitimar el discurso justificativo y pretendidamente explicativo de la realidad actual. Y se rechazan otros conceptos que forman parte del patrimonio cultural democrático, desde la Carta Magna y la Carta del Bosque de Inglaterra del siglo XIII y los derechos de los pobres, las revoluciones liberales y republicanas, la luchas sociales de los trabajadores y la concepción de los derechos evolutivos para adecuarse a la libertad y la igualdad de toda la ciudadanía. Actualmente se pretende rechazar o ignorar conceptos como “contradicciones y conflictos económicos y sociales”, “clases sociales y lucha de clases”, “derechos iguales y universales”, “democracia como proceso que cuestiona el marco político-jurídico formal”, “los privilegios políticos y económicos de las minorías que acumulan poder”, etc.

Las comisiones evaluadoras de la Unión Europea rechazan casi siempre los proyectos de investigación social rechazan de entrada los que utilizan conceptos como “clases sociales”, “teorías críticas”, conflictos sociales”, “plusvalías urbanas”, “pensamiento alternativo”, “estudios cualitativos”, “no aplicar modelos cuantitativos”, “salario ciudadano o renta básica universal”, “derechos políticos idénticos para los que residen en el mismo territorio”, etc. Otro ejemplo: el uso de las revistas científicas indexadas. Nos referimos a muchas de éstas pero no todas obviamente. Evalúan los artículos por procedimientos muy opacos, los autores se citan entre sí y siempre se refieren a “autoridades el tema”, se aplican modelos formales que evitan el conocimiento concreto y mulitidimensional de la realidad y evitan críticas al pensamiento conservador dominante y se cuidan mucho de hacer propuestas que puedan considerarse políticas confrontadas con el “orden, o desorden, establecido”.

Los cientistas sociales (economistas, sociólogos, politólogos, etc) y los organismos internacionales y la mayoría de gobernantes precisan de conceptos de apariencia bienintencionada pero que en realidad son inocuos. Se proponen palabras que parecen apostar por políticas públicas progresistas o para los sectores populares, pero sin molestar a los sectores acomodados a los que se les garantiza su status privilegiado y se les dice implícitamente que mejorando un poco la situación de las clases populares será más fácil o “menos peligroso” que perturben su vida. Por ejemplo se prioriza, en el mejor de los casos, la reducción de la “pobreza absoluta” pero se omite que se mantiene o incluso aumenta la desigualdad social, a pesar de que ésta es mucho más fuente de conflicto que la pobreza. O se tiende a dualizar los bienes y servicios colectivos, como la vivienda, la escuela, la sanidad o los transportes. Para los sectores de bajos ingresos se crea un sistema “asistencial” de muy baja calidad público o privado subvencionado y el resto (sectores medios acomodados y altos) pueden elegir entre ofertas públicas pero lucrativas o subvencionadas, o privadas o concertadas con el Estado .

Los gobiernos de los Estados ejercen una poder político, jurídico, financiero y competencial sobre las ciudades y las área urbanas. El gobierno que se organiza sectorialmente pero el territorio es complejo; la democracia parlamentaria o representativa es muy poco participativa; la compleja y distante burocracia aplica protocolos administrativos con escaso conocimiento de las situaciones; el marco jurídico en teoria produce los instrumentos para la intervención en el territorio pero como se ha visto faltan los instrumentos para dar respuesta a las demandas sociales; los poderes judiciales por origen de clase y por ideología tienden a defender la propiedad y la economía de mercado. Los recursos económicos de los gobiernos locales son reducido respecto al Estado central y su financiamiento depende en gran parte del gobierno de la nación y su distribución acostumbra a ser muy desigual, los recursos no van necesariamente a donde hay más deficits. Los gobiernos locales han sido más innovadores y más sensibles tanto a desafíos estructurales como las desigualdades y la sostenibilidad como situaciones específicas que son todas y que requieren actuaciones públicas de proximidad. Reconstituir el gobierno del territorio requiere la institucionalidad de la metropolitación, un gobierno urbano-regional y una potente descentralización que haga posible la participación democrática activa de la ciudadanía.

La lucha de clases en el territorio existe. Un conflicto que no se quiere reconocer pero es, pues se da en el proceso de las condiciones de acumulación de capital: maximización y concentración de los ingresos privados frente a las teóricas prioridades de la producción social de bienes y servicios comunes. Y en consecuencia la creciente acumulación de capital (en buena parte especulativo) tiende a debilitar por falta de recursos, mientras aumentan las necesidades sociales, la reproducción de la fuerza de trabajo. Hay una tendencia a la pauperización, relativa siempre, absoluta en situaciones crítica. El gasto público destinado al salario indirecto o ciudadano no solo crece en función de las demandas sociales sino también los costes sociales (vivienda, transportes, sanidad, seguridad, pensiones, educación, servicios urbanos, etc) aumentan lo cual conlleva empobrecimiento respecto al pasado. Por ejemplo el coste de la vivienda o de servicios básicos como el agua o la energía o el transporte. Hay una regresión de los derechos fundamentales.

El conflicto sobre el salario ciudadano o indirecto.Pues es hoy en el territorio que se combinan y se dirimen este conjunto muy complejo de factores. Los intereses de unos y otros, para simplificar Capital y Trabajo, no son los mismos. Las dinámicas urbanas dominantes se han orientado prioritariamente en función de la acumulación del capital lo cual genera más desigualdad en el territorio. Hay explotación no solo en el proceso productivo, también en el proceso de la reproducción social, el déficit del salario ciudadano. El conflicto social en los ámbitos de trabajo existen, especialmente en los servicios y empresas públicas y en grandes empresas industriales. Un sector importante de la población pero no la mayoría social. En cambio la población afectada por la tendencia a la baja del “salario ciudadano” es la mayoría social, incluye los marginales y los inmigrantes, los trabajadores pobres y el precariado, los trabajadores empleados y los autónomos, los empleados y los técnicos, los funcionarios y los comerciantes, la mayoría de los profesionales y los cuadros, los pequeños empresarios y gran parte de los medios empresarios, los profesores y los artistas, etc. La ciudadanía no se limita al status de ser residente y acceder a un lugar para vivir y unos servicios básicos que proporciona la municipalidad. Tampoco basta con obtener la ciudadanía política, que es fundamental. Pero se incluyen un conjunto de derechos que hace posible vivir dignamente, en libertad y con (relativa) igualdad en la ciudad y sus entornos, desde la vivienda hasta el paisaje, desde la educación hasta la seguridad, desde el acceso a la cultura y la comunicación y al medio ambiente saludable, etc. No hace falta haber leido a Marx para saber que el proceso de la reproducción social forma parte de la producción y los derechos civiles y políticos sirven de poco si faltan los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales. Es el “derecho a la ciudad”.

El urbanismo es un vector que forma parte del derecho a la ciudad, un vector complejo pues contribuye decisivamente tanto a los derechos a bienes o servicios materiales, como la vivienda, el transporte o la educación a los elementos más simbólicos, culturales o políticos como el sentimiento de seguridad y de reconocimiento, el ocio y la convivencia, la belleza del entorno y el ambiente saludable. El urbanismo no garantiza todos los derechos ni mucho menos, no puede hacer desaparecer la desigualdad social y la exclusión espacial, pero por lo menos no debe aumentarlos, puede incluso contribuir bastante a reducir las desigualdades y exclusiones y mejorar salario indirecto o ciudadano. La ciudad es un proceso permanente en el que se manifiestan dinámicas contradictorias, las que generan o reducen la justicia espacial, la sostenibilidad, la inclusión, el ejercicio de los derechos ciudadanos. El urbanismo entendido como una dimensión de la democratización de la desdemocratización que predomina en estas últimas décadas.

La ciudad y las zonas periurbanas o difusas son hoy un espacio político donde se pierden o se ganan, donde se desarrollan o se reducen los derechos ciudadanos, es un espacio conflictual básico. La confrontación de clases en la sociedad industrial, en los siglos XIX y XX, también era compleja pero el conflicto se situaba en el marco de la fábrica, además de la política electoral parlamentaria. Actualmente el territorio del conflicto se sitúa en el marco urbano y en la política en distintas escalas de las instituciones y con mecanismos complementarios a las elecciones: democracia participativa, colaborativa, rendimiento de cuentas, de iniciativa popular, etc.

Los actores ciudadanos no son una clase homogénea como no lo eran los obreros industriales, los de la construcción, los empleados, los funcionarios de nivel bajo, etc. Les unía la relación directa Capital-Trabajo, beneficios-salario y en medio la apropiación de la plusvalía. Pero a posteriori los hemos percibido como una clase homogénea aunque las diferencias e incluso las contradicciones eran importantes, más incluso si se les incluyen los campesinos. La relativa homogeneidad de la mayoría ciudadana están unidos por el salario ciudadano o la reproducción social. Pero hay diversidad de clases y categorías y también cuenta la localización en las ciudades y regiones metropolitanas. Hay distinciones y contradicciones múltiples, entre los ciudadanos que reclaman sus derechos ciudadanos, en algunos casos muy obvios, como los que viven alquilados y los propietarios que poseen más de una vivienda y las alquilan, los comerciantes y los clientes, los profesionales liberales que quieren evadir impuestos y los asalariados que pagan debidamente los servicios públicos. Pero el conjunto de bienes y servicios que se requieren para una vida digna y con capacidad para hacer oir su voz ante los poderes políticos y económicos no son una “clase ciudadana” pero sí una ciudadanía activa que lucha por un reparto invertido entre la acumulación de capital y la reproducción social. Los trabajadores han luchado durante siglos para llegar al status de la ciudadanía. Ahora están en las ciudades pero sienten que estan perdiendo o reduciendo sus derechos o ni tan solo son ciudadanos pues viven en los márgenes o en los guetos.

Los gobiernos locales y metropolitanos y los movimientos ciudadanos son una de las principales palancas para promover la democratizacion de las democracias deficitarias y regresivas. Pero estos territorios están fragmentados en municipios pequeños y medianos, barrios periféricos a la ciudad compacta pero segregados por murallas reales o simbólicas, zonas de urbanización nunca del toda acabadas… Y hay también amplias praderas difusas donde emergen conjuntos aislados, centros comerciales a los que se puede solamente acceder por el auto particular, puestos de gasoil en un cruce de carreteras con bar, un supermercado y algo más (ya pueden imaginar)… Es fundamental reorganizar el territorio, el exceso de divisiones administrativas (municipios, departamentos, provincias, entidades metropolitanas no electas, operaciones ad hoc que son enclaves como parques de negocios o de ocio, etc. Las ciudades y regiones metropolitanas es donde más se encuentran las mayores desigualdades y las insostenibilidades, los dos grandes desafíos del territorio. El gobierno metropolitano supone un ente político que elabore un plan territorial y estratégico. Pero también instrumentos básicos como la unificación de la fiscalidad para reducir los deficits sociales, la integración del sistema de movilidades, la ordenación de centralidades que contribuyan a hacer ciudad donde ésta se pierde o no es ciudad, las políticas que garanticen la sostenibilidad y eviten el despilfarro (energía, medio ambiente, protección del paisaje, etc), las instituciones judiciales y todo aquello que haga posible el derecho a la ciudad. Para ello hay que se den contrapesos al goberno metropolitano que puede tender a la tecnocracia. Los gobiernos municipales o entes locales deben intervenir en las políticas metropolitanas y asumir la ejecución de los programas que les correspondan. Y los colectivos ciudadanos (organizaciones sociales, culturales, sindicales, etc) se confrontaran a la vez en ambas instituciones por los gobiernos de proximidad. Pues son éstos los que viven y sienten el defecit de los derechos ciudadanos.

¿El derecho a la ciudad es una dimensión de la democracia y nada más? Podría serlo si el Estado actual, en América y en Europa, es en el mejor de los caso es democracia de baja cualidad y e en las últimas décadas, como se ha expuesto, se han dado procesos de desdemocratización. Creemos que la sociedad debe reconquistar los derechos que fueron conquistados y pervertidos y la asunción de derechos legítimos pero no legales o no efectivos así como los derechos emergentes en esta nueva era. Y esta reconquista nos parece que es prioritaria que se haga desde los territorios urbanos y metropolitanos. Las poblaciones se movilizan si construyen lazos y la ciudad y los territorios del entorno lo hacen más posible. Se expresan demandas y reivindicaciones. Perciben la Injusticia social y espacial, los privilegios de minorías y derechos negados o deficitarios para mayorías o colectivos marginales o excluidos. Lucha de clases, evidentemente, no dos bloques enfrentados como la que se expresaba en la gran industria de hace un siglo, pero se da en el territorio enfrentándose en los agentes capilares del capitalismo financiero y las complicidades de una parte importantes del sistema político estatal. ¿Es posible? Sí porque está en cuestión la humanidad y las próximas generaciones que no se pueden soportar la sostenibilidad del planeta y sus recursos. Porque las desigualdades son escandalosas y coinciden en los mismos territorios que los privilegiados y los agentes de la especulación, la corrupción y el despilfarro. Y porque los ciudadanos cuando asumen que les niegan sus derechos y estos derechos son compartidos por muchos que están juntos entonces todo es posible.

Notas

1 La democracia ha servido para todo. En nombre de la democracia se hizo la crítica a los excesos de la democracia, según el libro de Hutington y otros, el mismo autor de la “guerra de civilizaciones”. Democratizar las relaciones laborales o desarrollar las políticas de bienestar social son unos excesos. En realidad el uso perverso de la democracia ha sido reducirla a un sistema representativo que hegemonizan oligarquías políticas en connivencia con bloque económico financiero. Y si se trata de un poder político-económico como China no importa si es más o menos “democrática”, en cambio Cuba es marginalizada por no ser debidamente democrática, según los canones de representación electoral.

2 “La Era de la información”, publicada en inglés y en castellano (2001) y traducida a muchos otros idiomas. Sin embargo en este trabajo nos referimos a la globalización financiera y el rol que ha tenido el uso de la tecnología informacional. Como cualquier tecnología y sus usos pueden ser más o menos positivos para mayores o minorias sociales. Por ejemplo las nueva tecnologías multiplican las redes sociales pero también favorecen la “individualización” tanto en la vida laboral como en la social. La democracia formal, basada en la

3 “La ciudad global” (1991) de Saskia Sassen sob New York, Londres y Tokio. Sin embargo estas ciudades son puntos de encuentro de los flujos pero el poder financiero está en el “éter” o en la macro-red. Por otra parte es más exacto calificar casi todas las ciudades globalizadas en mayor o menor grado.

4 Marx, en EL Capital, apunta la idea que la acumulación de capital producida por dinero que genera más dinero, como es la especulación, a medio plazo hay que devaluar la fuerza de trabajo.

5 Ver La Vanguardia, Dossier “El Poder de las Ciudades”, Barcelona, 2018. Un conjunto de trabajos interesantes pero que predomina un halo de exaltación de la gran ciudad. Algunos autores (Alicia Ziccardi, Manuel Castells y Bruce Katz y Jeromy Nowak) presentan la otra cara de la moneda, la exclusión y la resistenca social y la reacción de gobiernos locales. El Índice IESE Cities in Motion Strategies y Center for Globalization and Strategy (2013) analizaron las150 más potentes o significativa por bloques: Actividad económica, Cohesión Social, Capital humano, Gobernanza, Gestión pública y Medio Ambiente. Muchas de las ciudades que están en el ranking global están entre las 50 más cualificadas pero estan en niveles mucho más bajos en el rubro “cohesió social”. Es el caso de Madrid y de Barcelona. Están en el ranking global ocupan los puestos 35 y 34 y en cohesión social forman parte del paquete de los últimos 20 ciudades con mayores desigualdes y exclusiones. El IESE es una Bussinees School vinculada al Opus Dei y obtuvo apoyo financiero al Deutsch Bank.

6 Ver las obras de David Harvey, especialmente “Ciudades rebeldes” (2013). Ver también “Ciudades, una ecuación imposible” obra colectiva coordinada por Mireia Belil, Jordi Borja y Marcelo Corti” que incluyen trabajos extenso de José Manuel Naredo, J.Borja y D.Harvey (2012).

7 Ver del autor “El fin de la ciudad postmodernistas y el derecho de la ciudad”, en el libro “Revolución urbana y derechos ciudadanos” publicado por Alianza Editorial (2013) y Café de las ciudades (2015).

8 La novela de Dickens “Las dos ciudades” vuelve a ser de actualidad, como la reciente obra de Secchi, op.cit.

9 Poema de Jorge Luis Borges de su libro “Fervor de Buenos Aires”.

10 Título del excelente libro, cuasi póstumo, de Bernardo Secchi (2013)

11 Informe de 2009 del Banco Mundial, en plena crisis financiera, de la explosión del boom inmobiliario y del empobrecimiento de los sectores populares y parte de las clases medias..

12 “Il blocco edilizio” o cementero, el complejo propietario de suelo, promotor, constructor y el financiamiento detrás y la especulación acompañando. Este “blocco” que en Italia lo vinculaba al “spreco edilizio”, el despilfarro constructivo que ahora es mucho mayor. Pues se contruye por el valor de cambio, el que se vendan o se alquilen los edificios es secundario, se utilizan como capital virtual y avalador en el sistema financiero.

13 El sobrevalorado e ingenuo libro de Benjamín Barber,“Si los alcaldes gobernaran el mundo”, que mitifica el gobierno local sin tener en cuenta por una parte que no dispone de los instrumentos legales y financieros y por otra las estructuras municipales no corresponden a los ámbitos territoriales pues no integran las periferias marginalizadas o dispersas.

14 En aquellos años de auge de desarrollo urbano, un año antes de la Conferencia de NN.UU-Habitat (Istambul), los medio de comunicación demonizaban las ciudades. Ahora consideran las ciudades triunfantes son las que expulsan a gran parte de los sectores populares o marginales y el “mal” está fuera de la ciudad, a territorios salvajes a los que hay que tratar mediante la represión, muchas veces “preventiva”.

15 Frase de Jaime Lerner, ex prefeito de Curitiba i ex presidente de Unión Internacional de Arquitectos.

16 Ver José Manuel Naredo “Raíces económicas del deterioro económico ysocial” (2010) y El modelo inmobiliario español” (2011). I también de Isidro López y Emmanuel Rodríguez “Fin del ciclo: financiarización, territorio y sociedad de propietarios…” (2010) t “La crisis que viene” (2011). Los autores citados sintetizaron sus trabajos en el op.cit. “Ciudades, una ecuación imposible”, editores M.Belil, J.Borja y M.Corti. En América latina ver Michael Cohen “ The City and the Global Crisis” (2001) y Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes “Los con techo” (2006) y “La Nueva Agenda Urbana: pensamiento mágico” revista Habitat y Sociedad (2017).

17 Adam Smith nunca propuso que todos los bienes y servicios deberían estar en el mercado pues los que son necesarios y básicos para todos deben ser comunes. Ver una selección de textos suyos en libro editado en Paris por Alternatives économiques “Vive l’État” (2012) y la obra de David Casassas “La ciudad en llamas.La vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith” (2010).

18 Las sociedades locales son ambivalentes. Las tendencias individualizadoras y el afán de lucro y de seguridad refuerzan la disolución conciudadana. Pero las reacciones sociales revalorizan la ciudad frente a la marginalización de los ldesahuciados, la sensibsiblidad ambiental, el sentido de la ciudadanía y la oferta de la ciudad compacta y mixta. Ver de J.Borja, La ciudad conquistada (reeditada en 2016).

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 La crítica a los organismos internacionales y en especial NN.UU.Habitat pueden consultar el libro “Ciudades para cambiar la vida”(2016) o en la siguiente edición “Ciudades resistentes, ciudades posibles” (2017), editores J.Borja, F.Carrión y M.Corti. Y el artículo ya citado de A.Rodriguez y Ana Sugranyes “La Nueva Agenda Urbana: el pensamiento mágico.”

20 Ver “ The resilience of neoliberal urbanism” de Tom Slater, Open Democracy (2014)

21 IBM fabricó un programa que aparentemente servía para dar soluciones a cada tipo de problemas en la gestión de la ciudad. Obviamente fue un enorme fracaso. Los problemas urbanos no se pueden resolver cada uno al margen del resto, pues son interdependientes. Cada ciudad tiene su especificidad, la organización de la Administración también. Las prioridades públicas y las demandas sociales son distintas en cada municipalidad. Las “smart cities” como lo

22 El autor redactó una notas “Smart cities: negocio, poder y ciudadanía” para el uso del Programa “Ciudad y Urbanismo” de la UOC (2015). Ver también dos contribuciones una de Valerie Peugeot y otra Joan Subirats en el libro “Ciudades resistentes, ciudades posibles o Ciudades para cambiar la vida” (2016-2017). Ver también Michael Batty “Big Data, Smart cities and City planning” , Dialogues in Human Geography (2013) y de V.Peugeot “Collaborative ou intelligente? La ville entre deux imaginaires” (2014).

23 La cuestión de la democracia es un proceso en el que se expresan demandas ciudadanas, derechos formales pero no reales, derechos legitimados pero no formalizados, derechos emergentes. El Estado de Derecho es estático y tiende a ser interpretado según los intereses gubernamentales y los poderes económicos.Ver Stefano Rodotá “Il diritto de avere diritti” (2012), Etienne Balibar “Ciudadanía” (2013) y “Citoyen-sujet et autres essais (2011) y de Boaventura de Sousa Santos “Sociología jurídica crítica” (2009) y “Las bifurcaciones del orden” (2018) y Saskia Sassen “Territory, Authority, Rights (2006).

24 Ver “Archivo crítico modelo Barcelona”, eds. J.Mª.Montaner, Zaida Muxí y Fernando Alvarez (2011)

25 En cada momento histórico de cambio hay que plantear a la vez aquello que hay que preservar y reconvertirlo para el futuro y al mismo tiempo imaginar nuevos objetivos ciudadanos y nuevas formas viables. Un ejemplo para una época que fue una nueva era urbana después de la guerra mundial (1939-45) es la obra de Joseph Lluis Sert “¿Podrán sobrevivir nuestras ciudades?”(1942)

26 Ver la Introducción de “Ciudades para cambiar la vida o Ciudades resistentes, ciudades posibles” (2016-2017) que plantea la cuestión de “¿Existe una ética del urbanismo?”.

27 La confusión de las palabras, o su clarificación lo planteó Raymond Williams: “Key Words”, las palabras-clave (1976). Más recientemente la obra colectiva “Ideas recibidas” (2009). Incluye promovida por el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) que incluye dos textos urbanos de J.Mª. Montaner y Neil Smith.

28 “Ciudades, una ecuación imposible”, ver las contribuciones de J.M.Naredo, D.Harvey, J.Borja, etc (2012).

29 “Sociedad política” es un concepto republicano. Equivale al viejo concepto de “pueblo”. Es la movilización de las clases excluidas por parte del poder político y económico de las oligarquías o en términos recuperados por la “nueva política de las “castas”

30 “El fin de la ciudad postmodernista…” en op.cit. “Revolución urbana y derechos ciudadanos”, J.Borja, (2013).

31 Ver las obras de Loïc Wacquant: “Parias urbano. Marginalidad en la ciudad a comienzos de este milenio (2001) “Punir les pauvres” (2004). De J.Borja “Miedos urbanos y demandas de seguridad: la represión preventiva” (2007).

32 Gabriel Kessler “El sentimiento de inseguridad”, Buenos Aires (2009). Los trabajos de Lucía Dammert , en op.cit, en “Ciudad, ecuación imposible” y también “Ciudad y seguridad en América latina” (2006). Y Fernando Carrión: Ciudad, memoria y proyecto” (2010).

33 “La sociedad del desprecio” reúne un conjunto de trabajos de Axel Honneth escritos en alemán y traducidos en francés como “La société du mépris” (2006).

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