Ciudadanía, derecho a la ciudad y clases sociales. O la Democracia versus el Derecho.

Introducción. El derecho a la ciudad: contra su banalización1

El consumismo intelectual y académico no es menos voraz que cualquier otro, sea el vestir o los lugares a los que “hay que ir”. Los conceptos se banalizan, se manipulan y se pervierten. “Desconfiad de las palabras” leí en un muro de Belleville (barrio popular de Paris). De repente un concepto, casi siempre suficientemente vago o polisémico, se pone a la moda. En algunos casos conceptos útiles y precisos se utilizan con una cierta perversidad, mediante transferencia a otro campo de conocimiento. Por ejemplo “competitividad”. De su uso en la economía de mercado se pasa a las características del territorio humanizado. Lo cual legitima un uso depredatorio y particularista del mismo. O “resiliencia”. De ser usado con rigor en física su uso a las “ciencias sociales” se convierte en un mensaje de los organismos internacionales hacia las poblaciones pobres vía ongs que puede traducirse “arréglense como puedan pues ni los Estados ni nosotros podemos ayudarles”. Otras veces el concepto es en sí mismo confuso o engañoso como “producto interior bruto” o “cohesión social”. El PIB se basa en las transacciones monetarias, mide por lo tanto los valores de cambio, no de uso. La cohesión social es en sí mismo un concepto confuso, que cada uno construye arbitrariamente y que se utiliza para no expresar la igualdad/desigualdad social. En otros casos se trata de conceptos de uso generalizado, de contornos no siempre muy precisos, complejos o multidimensionales, que todo el mundo utiliza y aplica a realidades muy diversas y con frecuencia contradictorias.. Por ejemplo “Estado de derecho” o “ciudad” o “espacio público”. El Estado de derecho se confunde frecuentemente con democracia, lo cual conlleve que unas normas procedimentales legitimen políticas públicas contrarias a la libertad y a la igualdad. La ciudad se confunde con la urbanización, cuando en el mejor de los casos es una etapa embrionaria de aquella, y en otros es la negación de la ciudad (por ejemplo los barrios cerrados o las colonias marginales). El espacio público es en sentido estricto un concepto a la vez urbano y ciudadano pero se utiliza en muchos casos de forma reductora o especializada, las zonas verdes o el espacio dedicado a la circulación y servicios básicos, o bien el que es de dominio de las administraciones públicas en sentido jurídico.

El derecho a la ciudad, como el lector puede fácilmente deducir, se presta mucho a su difusión y a ser objeto de usos confusos y banales. El derecho a la ciudad aparece en el siglo XIX… pero para combatirlo. La emergencia de las clases trabajadoras en las revoluciones democráticas urbanas de1848 y, sobre todo, el impacto de la Commune (Paris, 1871) sobre las clases medias y altas genera una reacción social antiobrera: las clases trabajadoras son consideradas “clases peligrosas”2. Desde la segunda mitad del siglo XIX estas clases eran confinadas en los espacios periurbanos descualificados, “banlieues” o barrios-gueto slumizados. La exclusión social de la clase obrera no fue solo resultado del mercado capitalista que no ofrecía suelo y vivienda accesibles en la ciudad formal, dotada de los servicios urbanos básicos. También había una “estrategia de clase”, en términos lefebvrianos, para excluir al proletariado industrial del “derecho a la ciudad”, es decir del ejercicio de la ciudadanía. El resultado fue un “déficit de derechos” para un sector de la población urbana, excluída o de acceso limitado a los bienes y servicios urbanos, también se la desposeía de la cultura ciudadana. La segregación social y territorial no solo excluía el derecho a la ciudad, también suprimía la conciencia de ciudadania. Vivían en “otra ciudad” (las Dos Ciudades de Dickens), en los “cinturones rojos”de las ciudades industriales, donde la ciudad cambia de nombre3. No es un buen signo de progreso social la actualidad de la literatura social del siglo XIX y primeras décadas del XX. Como escribió Françoise Giroud “siempre fui esceptica respecto al progreso moral de la humanidad, pero si que he creido en el progreso social… ahora dudo mucho también de éste”. Lamentablemente acertó al hacer esta pesimista previsión.

El derecho a la ciudad fue pues un concepto teórico e implícito. En aquellas ciudades de base industrial y obrera el conflicto urbano se ha planteado como una forma de lucha social o de clases que corresponde a la confrontación Capital-Trabajo pero mediatizado por el gobierno local. La cuestión no era (o es) el derecho a la ciudad “burguesa” sino conquistar los derechos sociales urbanos en “la otra ciudad”. En ciudades con importantes sectores medios y relativa mixtura social que incluye las clases trabajadoras, o una parte significativa de ellas, el conflicto se hace “ciudadano”. Las reivindicaciones urbanas adquieren carácter político y sin perjuicio de que se obtengan mejoras importantes en los barrios populares en muchos casos la hegemonía política corresponde a los sectores medios. Ante esta fractura el concepto de “derecho a la ciudad” aparece explícitamente cumpliendo una función integradora. La experiencia histórica nos dice que las clases trabajadoras o populares aspiran y necesitan hacerse “ciudadanas”, pero para ello deben formar parte de un bloque democratizador político que incluya las aspiraciones igualitarias.

El derecho a la ciudad sin embargo se ha banalizado a la vez por exceso propositivo y por reducción de profundidad. Se reclaman muchos derechos, individuales y colectivos, sociales y políticos, urbanísticos y culturales, etc pues el “derecho a la ciudad” es complejo, integra muchos derechos. Pero en muchos casos sus portavoces o intérpretes no se sitúan en el proceso histórico concreto, no explicitan los mecanismos socio-económicos y politíco-ideológicos causales y no denuncian el rol de los agentes públicos y privados que de iure o de facto actúan contra el reconocimiento o el ejercicio de los derechos que se reclaman. Sin embargo el derecho a la ciudad tiene un potencial fundamental: es a la vez una clave interpretativa crítica de la ciudad y de la urbanización y además es una base teórica para elaborar estrategias y desarrollar procesos socio-políticos transformadores de las sociedades urbanas.

I. El derecho a la ciudad y algunas de sus bases histórico-teóricas.

No pretendemos hacer una historia exhaustiva del concepto del “derecho a la ciudad”. Solamente exponer algunos momentos de su por ahora breve historia. Se pueden encontrar referencias a la ciudad como ámbito de la ciudadanía y a los derechos, como expresión de la sociedad inscrita en el espacio, como metáfora de la organización de la vida social y política. Pero esta historia nos llevaría muy lejos, a Platón y Aristóteles, que consideraba al individuo aislado como “idiota”. La concepción del ciudadano como sujeto relacionado con los otros, el “conciudadano”4, como vemos viene de lejos. Esquilo declaró “la ciudad es la gente”, fórmula que retomó Shakespeare y muchos otros. En la Baja Edad Media muchas ciudades, especialmente en la Europa central, proclamaban “el aire de las ciudades os hará libres”. A partir de las revoluciones americana y especialmente la francesa la ciudadanía se desvincula gradualmente de la ciudad. Es el Estado-Nación el que atribuye derechos y deberes y formaliza el status de ciudadano. Sin embargo el uso actual del término tiene en cuenta la relación entre el ámbito local, territorio/ciudad y institución/políticas pública, con los derechos de los habitantes. O dicho de otra forma: el derecho a la ciudad integra el conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos que se ejercen, o se debería que así fuera, en el marco de la ciudad. Unos derechos que se ejercen tanto colectiva como individualmente en la ciudad y en parte dependen de las políticas públicas de los gobiernos locales.

El precursor inmediato del uso actual del “derecho a la ciudad” es sin duda Henri Lefebvre a partir de su obra citada que que popularizó el título convertido en concepto.5 La obra de Lefebvre se convirtió en un referente de la sociología urbana y sus ideas se difundieron mezcladas con muchas otras en la efervescencia cultural que emergió en 1968 y la década siguiente: situacionistas, ecologistas, autogestionarios, marxistas críticos con el estatalismo, urbanistas que reaccionaron contra el uso y abuso del funcionalismo, etc. “El derecho a la ciudad” quedó sumergido en esta baraúnda6 . Y por descontado no fue asumido en las prácticas sociales populares ni en el debate político. Recuerdo que en el Foro Urbano Mundial de Naciones Unidas, Istambul 1996 hubo algunas referencias al “derecho a la ciudad” en los encuentros entre organizaciones sociales, es decir los “no gubernamentales” pero no consiguieron mucho eco, los activistas sociales estaban centrados en el “derecho a la vivienda”.7 Los representantes de los Estados, y en especial los gobiernos nacionales, no querían saber nada de citar derechos. Si embargo a partir de finales de siglo el concepto de “derecho a la ciudad” empezó a difundirse entre las organizaciones sociales y ongs, especialmente en América latina y por medio de Habitat International Coalition.

Hay que destacar el potente trabajo teórico y difusor sobre el derecho a la ciudad de David Harvey y otros autores ubicados en New York (El grupo de lecturas sobre el “Right to the City” y Peter Marcuse, Neil Smith, Tom Angotti, etc). Harvey, con su escrito sobre El derecho a la ciudad (2008) y textos posteriores ha sido el principal difusor en los medios académicos e intelectuales del mundo anglosajón.8 En el otro extremo del continente norteamericano hay que destacar la obra de Mike Davis, La City of Quartz y otras, aunque en esta temática nos interesa especialmente “El urbanismo mágico: los latinamericanos salvarán las ciudades norteamericanas” (2012). La relación entre derecho a la ciudad y espacio público es clave y en muchos casos se tratan a parte.

Un debate sobre el derecho a la ciudad y las contradicciones del capitalismo especulativo (con inclusiones personales)

En septiembre 2012 se celebró una sesión de debate sobre un libro colectivo: Las ciudades, una ecuación imposible.9 En su intervención de conclusiones Beatriz Cuenya contrapuso los textos de David Harvey y JB, el autor de este trabajo. Me permito interpretar su exposición y añado lo que me sugieren sus reflexiones. En síntesis, tal como lo entendí, Cuenya consideró que el punto de partida de ambos autores era (o pareciera) opuesta. Según ella DH era un teórico revolucionario y JB era un práctico reformista. El primero partía de la premisa que la ciudad no podrá sobrevivir si no se acaba primero con el sistema capitalista: “el capitalismo puede crear ciudades, pero no puede mantenerlas” escribe DH. Por su parte JB escarba en las contradicciones de la ciudad actual y en las dinámicas sociales y culturales confrontadas lo cual permite abrir brechas en el sistema. La posición de DH es ante todo estructural, parte de una lectura original y creativa de Marx y de El Capital. Considera el poder político local o es agente del sistema económico o bien sus políticas bienintencionadas son pervertidas por el citado sistema. JB parte de posiciones historicistas, también marxistas, más próxima a Gramsci y al citado Lefebvre. Y considera que el poder político local articulado con los movimientos sociales objetivamente anticapitalistas en la actual versión especulativa genera posibilidades transformadoras aunque sean parciales. Cuenya terminó su intervención con una (aparente) paradoja. DH mantiene unas posiciones radicales pero generales, en cambio sus propuestas concretas son en general poco concretas. En cambio JB se concentra en las críticas concretas, menos sistémicas, a la ciudad actual, pero en cambio expone actuaciones concretas de carácter radical y que no parecen imposibles, como es yugular la especulación urbana y establecer un control estricto sobre la propiedad del suelo por parte de los poderes locales y organizaciones sociales. En resumen más que confrontación hay complementaridad.

O en todo caso no se trata de una confrontación simétrica sino de una diferenciación asimétrica. El análisis estructural es tenido en cuenta por el pensamiento crítico norteamericano, latinoamericano y europeo (el autor incluido). Pero se complementa con el juego de los actores, públicos y privados, políticos y culturales y profesionales, económicos y sociales10. Cuando el análisis se orienta hacia la intervención sobre los procesos de urbanización y las actuaciones sobre la ciudad el derecho a la ciudad se convierte de clave interpretativa en instrumento estratégico. O dicho de otra forma. Sin el análisis teórico-crítico, y DH ha sido uno de los que con más profundidad ha llevado más lejos y que ha muy bien usado a Marx, difícilmente las propuestas de política urbana alternativa tendrían una base sólida. En nuestro caso la reflexión del autor ha sido relativamente simple y más coyuntural que estructural. A finales de los años 60 regresé a Barcelona después de casi 7 años de residencia forzosa y feliz en Paris. Entonces me vinculé a los nacientes movimientos populares urbanos, en Nou Barris (antes de que tuvieran este nombre unificador)11. Las condiciones de vida en estos barrios eran tan escandalosas como injustas. Sus habitantes, familias trabajadoras, muchos de ellos procedentes de otras partes de España, tenían unas necesidades y demandes concretas, individuales y colectivas, casi siempre urgentes, Y consideraban que correspondían a derechos que como ciudadanos se les negaban. El marco político y legal no se les reconocía ni el derecho que ejercer o satisfacer lo que era su derecho ni tan solo expresarlo. La consecuencia lógica era colectivizar la demanda y movilizarse en un marco alegal pero percibido como legítimo. Para ampliar la audiencia de la ciudadanía y limitar la previsible represión de los gobiernos se requería que las demandas correspondieran a necesidades entendibles y justas ante la opinión pública. Y en consecuencia se podrían conseguir apoyos en otros medios sociales, en algunos medios de comunicación y especialmente entre sectores profesionales, culturales y religiosos. En estos movimientos está presente además no solo la reivindicación social y la exigencia de ser reconocido por las instituciones políticas. También está presente una aspiración más o menos explícita, con frecuencia latente, a la justicia, a la igualdad entre los ciudadanos, el derecho a tener derechos.

El esquema de interpretación y explicativo que propuse se basaba en trasladar la contradicción capital-trabajo a la ciudad. La ciudad es una estructura compleja basada en la cooperación entre diversos actores económicos, políticos y sociales. Es un macro aparato productivo que depende de un conjunto de servicios externalizados en sus entornos (infraestructuras, comunicaciones, servicios urbanos básicos, formación de la fuerza de trabajo, etc). Y es también el ámbito de la reproducción social: vivienda, transportes colectivos, protección social, salud, enseñanza, etc. Los gobiernos ejercen en teoría arbitrajes entre ambas funciones, pero en muchos casos actúan al servicio de los poderes económicos. La lógica capitalista, es decir de los dueños de la producción, procura maximizar los beneficios, por lo tanto pretende y en gran parte consigue no financiar las funciones externalizadas que le proporciona el entorno urbano. Además utiliza la ciudad como una gran oportunidad de acumulación mediante la inversión en suelo y viviendas, el comercio, la gestión de servicios de naturaleza pública, etc. Y en muchos casos mediante la especulación.

Por otra parte la ciudadanía recibe un “salario indirecto” financiado por la vía fiscal o mediante contribuciones aportadas por los que se benefician de las externalidades urbanas. El objetivo es que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes y servicios de interés general. Forman parte del salario indirecto el agua y la energía, las viviendas subvencionadas o sociales, la formación escolar y profesional, la asistencia sanitaria y social, los transportes colectivos, los espacios públicos y equipamientos culturales, la seguridad ciudadana, etc. Es decir necesidades colectivas e individuales indispensables para la reproducción de la fuerza de trabajo y, ante todo, necesidades humanas universales en cada momento histórico. Las minorías que participan de los beneficios de la acumulación urbana de capital no contribuyen como corresponde al salario indirecto mediante la fiscalidad. También se apropian de las zonas de la ciudad más calificadas, fruto del trabajo colectivo acumulado y de las atenciones que reciben de los poderes públicos.

En cambio una parte de los sectores medios y la gran mayoría de los sectores populares reciben un “salario indirecto” muy inferior a sus necesidades y muy desequilibrado respecto a su aportación a los beneficios del capital, bien como fuerza de trabajo y de reproducción social (en muchos casos las mujeres) o como ejército de reserva de mano de obra. En resumen, la ciudad es un ámbito de acumulación de capital, en parte productivo y en parte especulativo. Las mayorías sociales sufren de una relativa explotación, siendo los que obtienen menos ingresos mediante el salario directo también reciben un salario indirecto mínimo en comparación con otros sectores sociales. En la ciudad se generan plusvalías que se apropian las minorías con mayor poder económico y en bastantes casos también las elites políticas e incluso culturales. La contradicción existe, el conflicto social también. 12

II. ¿El conflicto es ciudadano o de clase? La ambigüedad del concepto de ciudadanía

Las clases populares o trabajadores asalariados son los que sufren un déficit de ciudadanía, reclaman derechos básicos, exigen participación política y están movidos por una aspiración a una sociedad más libre y justa. Construyen, o se empoderan, y se convierten en una fuerza social con amplios apoyos y legítimas razones. Reclaman derechos, y políticas públicas que los hacen posibles, de carácter universal, es decir para todos los ciudadanos/as. Lo cual les facilita alianzas o coincidencias con sectores medios los cuales, más vinculados a las elites políticas, en muchos casos son los que resultan especialmente beneficiados pues están mejor posicionados en la ciudad. Los movimientos urbanos tienen una base clasista pero cuanto más fuertes son el movimiento deviene más ciudadano. Se consiguen mejoras en los barrios populares pero en el ámbito político la presencia de los intereses y los valores de las clases medias pueden llegar a ser hegemónicos. En estos casos las cuestiones estructurales que exigen modificaciones radicales, como la cuestión de la propiedad del suelo o la regulación de los alquileres para que cubran a toda la población, son casi siempre dejadas de lado13. Sin embargo la dualidad entre clases populares y medias tiende a confundirse pues más que dos bloques claramente diferenciados constituyen un magma formado por fragmentos que constituyen un continuum. Las diferencias entre los extremos son rotundas pero entre ellos hay distintos tipos de asalariados, profesionales, pequeña burguesía, etc. ¿Pueden tener intereses comunes y compartir el derecho a la ciudad, muy vinculado al concepto de ciudadanía, sectores populares y medios?

En este texto se mueve entre referentes relativamente distintos: América latina y Europa. Pero si bien las distancias sociales son mayores en América latina “gracias a la crisis” tienden a aproximarse, por lo menos en la Europa del Sur. Hay una tendencia a la “proletarización” de las clases medias y por otra parte hay comportamientos sociales y culturales de sectores populares similares al sector medio: individualización, propiedad de la vivienda, afán de viajar, talante liberal en la vida privada, nivel educativo en muchos casos similar, incluso pocas diferencias de ingresos y de hábitos de consumo en bastantes casos. Seguramente esta proximidad es más propia de Europa que América latina. En las ciudades latinoamericanas hay (parcial) segregación pura y dura entre las clases medias y los sectores populares que corresponde a la división entre la ciudad formal e informal pero las políticas públicas de los últimos años se traduce en una situación inversa: sectores populares se formalizan y sectores medios se segregan, encerrados en los barrios cerrados. Veasé la versión norteamericana que expone Mike Davis en la obra citada anteriormente.14 A pesar de estas diferencias nos parece que es posible generalizar el concepto de “derecho a la ciudad” y la opción ciudadana como clave analítica y propuesta estratégica.

El derecho a la ciudad cumple una función integradora y estratégica como habíamos apuntado anteriormente. Los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos que integran la ciudadanía están codificados en diversas Cartas de derechos.15 La cuestión está resuelta a nivel conceptual y legitimación social. Incluso se pueden concebir las políticas públicas que permiten ejercer estos derechos pero hay fuerzas políticas, socio-económicas e ideológicas que lo obstaculizan. Por ejemplo muchos de los derechos urbanos que integran el derecho a la ciudad (vivienda, centralidades, movilidad, compacidad, etc) requieren un protagonismo público en la gestión del suelo y la financiación de la urbanización que afecta a la propiedad privada y a los intereses financieros, es decir los actores parásitos o “fainéants”.16 Por lo tanto se requiere una fuerza política muy mayoritaria para modificar las reglas del juego. Las clases populares solas pueden conseguir mejoras en sus habitats pero no conquistarán solas la ciudad, el ámbito de la ciudadanía. Se requiere un bloque social que incluya sectores medios productivos y profesionales y culturales. ¿Existen hoy en nuestras ciudades bases para que se construya esta alianza?

La crisis reciente ha sido reveladora en muchos aspectos. Uno de ellos y de los más visibles ha sido la función perversa del capital financiero en su intervención en el territorio. La urbanización sin ciudad y la exclusión social reductora de los derechos ciudadanos han afectado principalmente a los sectores populares pero también a los medios. Se han multiplicado los beneficios especulativos de los bancos y fondos de inversión y los operadores urbanos (propietarios del suelo y promotores, empresas constructoras y de servicios básico principalmente) y la ciudad y la urbanización han sido en estos años el principal ámbito de acumulación de capital. La inevitable complicidad de los poderes públicos ha dada lugar a una corrupción generalizada. Lo cual ha afectado a la reproducción social de una amplia mayoría de la población urbana y ha deslegitimado al marco político y jurídico existente. La corrupción político-económica ha sido un factor importante de la indignación de los sectores medios, especialmente jóvenes, tanto por razones morales o culturales como porque les afectan directamente: empleo y frustración formativa, privatización de servicios universales como la sanidad y la educación, acceso a la vivienda, etc. Se ha hecho visible la interdependencia de los derechos que configuran el derecho a la ciudad y a la vez se han ido detectando las políticas públicas que pueden contrarrestar las actuales dinámicas perversas. El derecho a la ciudad puede ser hoy la base de una estrategia destinada a reconstruir una concepción ampliada del status ciudadano. En un pasado reciente los sectores populares no tenían de hecho los derechos que las instituciones formalmente consideraban componentes de la ciudadanía. Hoy el déficit de ciudadanía afecta también a los sectores medios mediante las privatizaciones y los ajustes presupustarios. Proliferan campañas mediáticas destinadas a fragmentar y confrontar a las mayorías ciudadanas mediante las ideologías del miedo y de la seguridad, de la diferencia y de la distinción, del retorno a la naturaleza y del individualismo. Pero la realidad es más resistente que las campañas manipuladoras. Existe una base ciudadana potencial y amplia que exige a la vez cambios políticos e institucionales y transformaciones socio-económicas y ambientales. La cuestión ya no es teórica, es política: ¿como se conquistan los derechos ciudadanos?

III. La conquista de los derechos ciudadanos: algunas referencias históricas.

En sociedades clasistas las clases trabajadoras, ya antes de la sociedad industrial, en tanto que dependientes de los propietarios de los bienes de producción y sometidos a poderes políticos absolutistas, siempre lucharon por que se les reconociera sujetos con derechos “naturales”. Es interesante tener en cuenta el caso de Inglateerra que desde la Baja Edad Media hubo una legislación que reconocía a los sectores populares que vivían con ingresos mínimos una relativa protección social. Además de la Carta Magna (1215)17 y la Declaración de derechos fundamentales (1689) hubo una legislación más específica de protección a los sectores populares. Nos referimos a las Leyes de pobres que fueron gradualmente ampliadas (en 1349, 1463, 1790 las más importantes) y se aplicaban principalmente en épocas de penuria. Las autoridades locales, agentes de la pequeña aristocracia casi siempre, debían garantizar unos ingresos básicos y alguna asistencia social (alimentos ante todo). Incluso la jurisprudencia consideraba legítima la resistencia o rebelión popular frente a los abusos de los propietarios o autoridades y en época de penuria se reconocía el derecho a tomar lo indispensable aunque fuera por la fuerza. Pero la legislación no era de estricto y obligado cumplimiento. Su aplicación dependía mucho de la voluntad y del criterio de los jueces.. Las leyes tenían un carácter moral que reconocían una cierta legitimidad a los derechos de las clases populares. Los jueces o jurados podían dar la razón al pueblo alegando razones de justicia y de libertad. Pero no se partía de un reconocimiento de igualdad de toda la población. Por otra parte las autoridades debían combatir la “holgazanería del pueblo” y se exigían contraprestaciones. En resumen: no se reconocían derechos y deberes básicos iguales para todos ni se especificaban las medidas para que las normas genéricas se concretaran en medidas activas y posibles sanciones. Pero hay que reconocer que Inglaterra fue el primer país (occidental) que reconoció algunos derechos básicos a los sectores populares. Esta tradición fue recuperada por el movimiento obrero naciente en el siglo XIX por el sindicalismo denominado “cartista”.El movimiento obrero británico siempre ha combatido por derechos políticos y sociales como parte de la acción sindical.18

La concepción actual de los derechos emerge con las revoluciones del siglo XVIII, la americana y la francesa. Se proclaman derechos humanos (o del hombre) universales, abstractos e individualistas. No son derechos vinculados a un territorio, ni tampoco tienen en cuenta la situación social y económica de los ciudadanos. Todos los ciudadanos son formalmente iguales.19 Los “derechos” morales como las Leyes de pobres inglesas eran concretas y atendían a situaciones colectivas. Los derechos “naturales” o humanos su aplicación de hecho era arbitraria y se referían a individuos genéricos, inexistentes, puesto que no se tenía en cuenta la desigualdad entre los individuos. Sin embargo las declaraciones de derechos humanos, al reconocer como principios fundamentales la igualdad y la libertad de todas las personas, legitimaron posteriormente las movilizaciones de la clase obrera. La fuerza organizada de los trabajadores en la sociedad industrial consiguieron en bastantes casos hacer en parte reales estos principios. Los derechos políticos derivados de las Constituciones liberales fueron una base de apoyo para conquistar derechos sociales y económicos y hacer relativamente reales los principios político-jurídicos.20

Es interesante analizar la cuestión de los derechos como se planteó en los primeros años de la Revolución Francesa. Por una parte la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” proclamaba los principios de libertad e igualdad de todos: “los hombres nacen y se desarrollan libres e iguales” de 1789. La Constitución de 1791, con hegemonia revolucionaria moderada y liberal precisa que los derechos básicos de los ciudadanos son “la libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho a resistir a la opresión”. Posteriormente la Convention (Asamblea Nacional) liderada por Robestpierre elabora una Constitución radicalmente democràtica con vocación igualitaria y que propugna un Estado dirigista de la economía. A finales de 1794, una vez eliminado Robespierre, se restaura la hegemonia liberal. Estas contradicciones han dado lugar a dos lecturas de la Revolución, una de carácter popular, colectivista e igualitaria y otra “burguesa”, liberal e individualista. Ambas forman parte de la Revolución. La primera ha arraigado en el “pueblo”, la segunda hegemoniza el Estado. La lectura radical, social y proletaria, ha alimentado el pensamiento revolucionario hasta nuestros días, incluida la revolución de 1917. La lectura liberal en nombre de la libertad, pervertida por los propietarios, prohibió la huelga y las organizaciones de trabajadores y los gremios y estableció el derecho a la propiedad privada de los bienes de producción y la libertad absoluta del comercio.21 Lo cual explica la dualidad entre los derechos universales y abstractos (de los que se derivan teóricamente políticas públicas igualitarias) y los derechos de los ciudadanos estrictamente político-jurídicos e individualistas.22 A pesar de lo cual los principios de la Revolución francesa han inspirado las revoluciones democráticas y nacionales y los avances sociales de las clases populares.23

Como se puede deducir de lo expuesto sintéticamente las dos tradiciones históricas (europeas) fueron recuperadas y superadas por el movimiento obrero a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El sindicalismo obrerista, inspirado por el cartismo, el anarquismo y el socialismo, recuperó la legitimidad de los derechos y los combates sociales, estuvieran o no proclamados o autorizados formalmente y específicamente por las leyes. Las revoluciones liberales por su parte establecieron en sus constituciones la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Las leyes y las políticas públicas no tuvieron en cuenta las desigualdades sociales y las condiciones de trabajo y durante mucho tiempo se resistieron a legalizar las organizaciones obreras. Pero el marco político constitucional o cultural de una explícita o implícita legitimaba el conflicto social . En ambas tradiciones los derechos políticos mediante el sufragio universal activo fueron una conquista esencial para lograr avences sociales. Sin embargo el voto para los hombres se obtuvo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX pero no en todos los países europeos.. Para las mujeres hubo que esperar al siglo siguiente, como en Francia, que no obtuvieron el derecho al voto hasta 1945, al terminar la segunda guerra mundial.

Llama la atención la incapacidad o mala voluntad de los gobiernos “liberales” de reconocer una plenitud de derechos. Los franceses y los norteamericanos desarrollaron los derechos políticos (no todos) pero se resistieron a aceptar los derechos sociales a lo largo del siglo XIX.. La burguesía inglesa abandonó las tradicionales formas de protección social y ya no reconocía “el derecho a sobrevivir”. A mediados del siglo XIX los “cartistas” ingleses consiguieron concesiones parciales pero raramente se aprobaban leyes generales. Mientras tanto en Prusia, y luego Alemania, Bismark implantó la seguridad social, pactó con los sindicatos pero mantuvo el carácter autoritario de su gobierno. Los trabajadores organizados fueron el motor de la conquista de derechos para todos. A costa de hambre, largas huelgas, intervención de agentes provocadores, violencia policial y muertos. Especialmente violenta fue la represión política (policial, judicial y legislativa), de la patronal y de los medios de comunicación en Estados Unidos.24 Los sindicatos norteamericanos convocaron una jornada de huelga general para el primero de mayo de 1886. Objetivo: la jornada de 8 horas, seis días a la semana. A partir del primero de mayo de 1890 los trabajadores de Europa y América celebraban este día en recuerdo de los mártires de Chicago y de los derechos sociales. La jornada de 8 horas progresivamentese fue implantando en grandes empresas a partir de 1886. Pero en Estados Unidos solo hasta 1938 se estableció en toda la Unión. En los otros países fue también un proceso largo y duro hasta hoy.

En resumen los derechos universales establecidos a finales del siglo XVIII y en el XIX fueron una legitimación moral y legal como “derechos naturales” pero sin efectos directos inmediatos sobre las condiciones de vida de los sectores populares y sobre las legislaciones y los programas gubernamentales. Esta legitimidad ya existía en la sociedad desde mucho tiempo antes pues para gran parte de la población estos derechos corresponden a necesidades básicas de todos los seres humanos. Los derechos, constitutivos del status de ciudadano, entendido como sujeto de derechos y deberes, les hace iguales a todos los que viven en el mismo territorio. Lo cual influye sobre las políticas públicas y dio lugar a las leyes y programas de gobierno en materias laborales, de acceso a la vivienda, de protección social, de salario mínimo, educativos, de salud pública y asistencia sanitaria, de pensiones y de jubilación, etc. Siempre a partir de las movilizaciones sociales y el combate de las organizaciones sindicales.

La conquista de estos derechos requiere una fuerte presión social sobre las instituciones políticas. También hay que contar con la presión política, económica e ideológica de signo contrario por parte de los poderes económicos y sus medios de comunicación. La legislación favorable a los sectores populares, a los “subprivilegiados (como los denominó Roosevelt), a los pobres, etc siempre ha despertado fuertes reacciones en contra considerando que es una agresión a la libertad de los patronos (sobre contratación, salarios, condiciones de trabajo, etc). Históricamente los ricos, incluídos rentistas y especuladores, consideran un expolio tener que pagar al Estado en función de su patrimonio y de sus ingresos. Para ellos los gobiernos si quieren financiar programas sociales que busquen otros medios y no admiten, incluso actualmente aunque utilicen argumentos más sofisticados, que se les imponga una fiscalidad específica o progresiva.25 La historia de los dos últimos siglos no es solo una historia de progreso, también lo es de odio y desprecio de clase de la clase capitalista hacia los trabajadores. Los cuales han pagado muy caro las conquistas y los derechos sociales.26

Los derechos se conquistan por medio de las movilizaciones sociales, la construcción de organizaciones sindicales, asociaciones, cooperativas, entidades culturas y educativas, etc y de organizaciones políticas que representen a la población trabajadora en las instituciones políticas. La fuerza de los trabajadores es su capacidad de autoorganización y de agregación de las mayorías sociales. Constituyen una fuerza de clase que rechaza ser subprivilegiada y no quiere privilegios, ni para ella ni para nadie.. Conquista los derechos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales para todos los ciudadanos. Así deviene “clase universal” o libertadora.

Sin representación política no se conquistan los derechos y su desarrollo mediante leyes y programas de gobierno. La experiencia histórica nos indica que en épocas de renovación y ampliación de derechos se precisa un alto nivel de movilización y organización sociales y de una fuerza política que pueda estar presente e influyente en las instituciones. 27 Así fue en los inicios del “welfare state” en el Reino Unido en los años 1920 y 30 cuando el Labour Party tuvo una fuerte presencia parlamentaria y en algunos casos representantes en el gobierno. En Estados Unidos a inicios de los 30 cuando los efectos de la crisis de 1929 radicalizó el movimiento sindical el nuevo presidente, Roosevelt, promovió un vasto programa de reformas sociales y de reconocimiento de derechos. La socialdemocracia escandicanava y austríaca desarrollaba políticas sociales ejemplares como la vivienda en Viena la Roja. En 1936 con los triunfos de los frentes populares en especial en Francia y la ocupación de las fábricas por los obreros se consiguieron aumentos de salarios, vacaciones pagadas y protección social. A pesar del clima que anunciaba la guerra estas conquistas influyeron mucho en los países europeos. En los años de resistencia durante la guerra en el Reino Unido se formó un gobierno de “unión nacional” en el que los laboristas tenían ministerios importantes. En Francia e Italia (países ocupados y gobiernos cómplices con los nazis) los Consejos Nacionales de Resistencia (Francia) y de Liberación (Italia) con participación de liberales, democristianos, socialistas y comunistas. Se elaboraron programas que promovían transformaciones económicas y derechos sociales. En 1945, al finalizar la guerra las clases populares exigieron un conjunto de reformas socio-económicas a partir de los programas elaborados en los años de resistencia: nacionalizaciones de grandes empresas y principales bancos, seguridad social, educación y sanidad públicas, programas masivos de vivienda, fiscalidad progresiva, planificación económica y territorial, etc.28 Así se inició un largo período de desarrollo de los derechos ciudadanos a pesar de la guerra fría (o quizás en parte por ello) y de la exclusión de los comunistas de los gobiernos (pero no del sindicalismo, de los poderes locales y de las fuerzas de la cultura). Incluso se puede considerar el 1968 como un nuevo avance de los derechos ciudadanos. Fue una revolución más cultural que política o socio-económico pero que instaló en la escena política y social nuevos derechos como la cuestión del género o derechos de la mujer, los derechos ambientales, la calidad de la vida urbana, el funcionamiento participativo de las instituciones, la autogestión, la democratización de la cultura y otros ámbitos de la vida social.

La conquista de los derechos es un proceso gradual con momentos críticos fuertes. Es la lógica inherente a la democracia. El marco político-jurídico está sometido permanentemente en cuestión. Cuando la exigencia de nuevos derechos o de exigencias mayores respecto a su eficacia real se acumulan y el Estado de derecho no las asume y ni satisface entonces, y en nombre de la democracia, la ciudadanía o el “pueblo” tienen derecho a la insurrección. Se produce una crisis política que puede derivar en una revolución democrática para establecer nuevos derechos, nuevos procedimientos y nuevas políticas públicas. La crisis actual ha revelado cambios profundos en las estructuras económicas y en las dinámicas sociales. Los derechos existentes se han pervertido, las desigualdades aumentan, la dinámica económica excluye a una parte de la ciudadanía, las instituciones han perdido gran parte de la confianza de la sociedad Es una nueva època que replantea los derechos ciudadanos y las políticas públicas. Estas reflexiones nos llevan a las dos últimas partes de este trabajo.

IV. La nueva era de derechos frente al Estado de derecho: un desafío democrático.29

La democracia es un proceso que tiende a “extender la esfera de la igualdad” 30 como condición de la libertad para todos. La democracia exige siempre “reclamar el derecho a tener derechos” según la expresión muy citada de Hannah Arendt. O como escribió Julie Butler “quien dice derecho dice rebelión”. Pues el Derecho libera primero, luego oprime. Los derechos que configuran el status de “ciudadano” son la garantía teórica de poder ejercer estos derechos. El Estado de Derecho materializado por la Constitución y las leyes fundamentales consensuadas formalizan la democracia en un momento dado y el desarrollo normativo y las políticas públicas materializan el ejercicio de los derechos. Pero también el Estado de derecho establecido se convierte gradualmente, y en ciertas coyunturas radicalmente, en una limitación de la democracia. Con frecuencia deriva en un proceso de desdemocratización, limita o anula los derechos, autonomiza el Estado de la ciudadanía, niega la demanda de nuevos derechos que respondan a las nuevas necesidades y practica unas políticas contrarias a los intereses de amplios sectores ciudadanos. Ocurre cuando el Estado está secuestrado por los poderes económicos y por una elite política y burocrática (o militar). El Estado asume el monopolio de la Nación, este Estado-nación se substituye a la Nación-pueblo y promueve consensos pasivos o utiliza la “autoritas”, es decir los poderes políticos jurídicos y policiales, para reprimir a la ciudadanía.

Hoy el Estado, seguramente más en Europa más que en América latina, está orientado por la ideología y la política “neoliberal”. Todo es mercancía, el trabajo y la ciudad, el consumismo individual para los que poseen demanda solvente y la privatización sistemática de lo que se considera por su propia naturaleza “bienes comunes”. En estos casos el Estado se refuerza en su vocación “Estado policial o “gendarme”. Los poderes políticos y económicos, los mediáticos y buena parte de las elites académicas asumen que la única realidad posible es la que hay. Se niega de facto la existencia de una comunidad (“la sociedad no existe, existen solo los individuos” declaró la lider conservadora británica, la señora Thatcher), se rechaza la existencia de las clases sociales y de las crecientes desigualdades31 y se reprimen incluso mediante la violencia legal y preventiva las expresiones, manifestaciones, conflictos o ideas que denominan “antisistema”. Una de las formas que ha tomado la desdemocratización en los países teóricamente democráticos desarrollados es la práctica de la exclusión y la represión preventivas, se reprimen no solo a los individuos, también a colectivos sociales, étnicos o culturales, catalogados como peligrosos para el sistema. Inmigrantes, pobres, jóvenes, desempleados… y también activistas sociales y militantes políticos.

Primero se señalan a la opinión pública los grupos peligrosos y se estimulan los miedos urbanos. Se excluye de los espacios públicos y de la ciudad formal y acomodada a estos colectivos. Se les aplican normas de “civismo” o de “seguridad ciudadana” o similares, lo cual genera una persecución sistemática. Ya son delincuentes potenciales y susceptibles de ser reprimidos. Más aún si los catalogados como “peligrosos” se expresan a favor de sus derechos o contra las políticas antisociales o la degeneración democrática, si organizan o participan en actos de protesta, se manifiestan o se concentran en un espacio público, son reprimidos violentamente aunque los actos sean políticos y pacíficos. Las instituciones y partidos gobernantes utilizan las leyes contra los colectivos agentes de cambios democratizadores, la extensión de la igualdad y de la libertad. El Estado en nombre del derecho condena preventivamente a los portadores del derecho a tener derechos..32 Los ciudadanos quedan de facto despojados del derecho de expresar su voluntad política de cambio, de alternativa. La democracia pierde su sentido si no se puede cambiar el sistema político y socio-económico. La alternancia conservadora entre partidos sistémicos es a la larga radicalmente antidemocrática. Sin alternativa no se conquistan o se renuevan los derechos.

La desdemocratización se acentuó en Europa y Estados Unidos con ocasión de la crisis de los últimos años y la utilización de la radicalización islamista. En España ha sido especialmente visible.33 Estamos pues ante una ofensiva antidemocrática, excluyente socialmente y que genera una regresión moral. El Estado está corrompido y corrompe a la sociedad y destruye los lazos de la conciudadana. Los derechos políticos formales se pervierten o se vulneran. Los derechos sociales (laborales, de protección social, acceso al empleo y la vivienda, etc) se anulan. Los bienes públicos se subastan o a se dan bajo precio mediante la complicidad público-privada. Los servicios públicos que corresponden a derechos fundamentales como el agua, la energía, la sanidad, la educación, etc se privatizan. Este derecho será ejercitable según la solvencia económica de cada uno. La sociedad existe pero las políticas neoliberales la fragmentan, la degradan, la atomizan, la someten a los poderes económicos en muchos casis invisibles, la desprotegen. Sin derechos y sin poder. No es del todo una realidad pero si una muy fuerte tendencia. Aunque sabemos que tendencia no es destino. Quieran o no los gobernantes actuales estamos en una nueva era que exige nuevos derechos.

La edad de los derechos34. Es hoy un gran desafío a la humanidad. Un desafío político. Los Estados de derecho actuales son deficitarios de derechos, incluso los más formalmente democráticos. En primer lugar hay uno derechos efectivos o reales, principalmente derechos políticos y civiles. Aunque no para todos.Es el caso de los inmigrantes, en realidad son residentes a los que no se les reconocen derechos básicos (capitis diminutio). Como hasta hace pocos años ocurría con las mujeres e incluso ahora con los jóvenes. En bastantes paises la edad penal se aplica a jóvenes que en cambio no tienen derechos políticos. Además estos derechos son en la práctica discriminatorios. Los sistemas electorales atomizan a la ciudadanía, no representan correctamente a la ciudadanía (por ejemplo en las grandes ciudades) y favorecen a los que disponen de grandes medios financieros. No hay mecanismos de control o de sanción a los representantes y determinadas opciones no son admitidas (los “antisistema” por ejemplo). Más importante aún: las elecciones y los partidos integrados en el sistema político-jurídico monopolizan el conjunto de aparatos del Estado. Aunque se proclame la importancia de la participación ciudadana los mecanismos establecidos son inexistentes (por ejemplo la revocación de los cargos públicos), inoperantes por la dificultad de conseguir los objetivos propuestos (por ejemplo la iniciativa legislativa popular) o ineficaces por estar planteados únicamente como tribunos de la plebe (por ejemplo comparecencias de tarde en tarde de entidades ciudadanas ante las instituciones).

En segundo lugar hay derechos “universales” pero que en realidad dependen de políticas públicas que no se desarrollan de forma tal que sean derechos efectivos para una parte, a veces mayoritaria de la población. El agua, la energía, la vivienda, el trabajo, la asistencia sanitaria, la educación, el transporte, etc. Son derechos que en muchos casos se han convertido en mercancías y el acceso a ella depende de la disposición de recursos económicos. Los “bienes comunes” que rigieron en las sociedades preindustriales ahora son objeto de negocio y se acepta que sectores importantes de la población no puedan acceder a ellos.35

En tercer lugar aparecen los derechos emergentes, aquellos que en muchos casos no están codificados, o muy escasamente, pero que responden a necesidades de la ciudadanía. Es el caso de los derechos ambientales, el derecho a los nuevas tecnologías de información y comunicación, los derechos de las minorías sexuales, religiosas o culturales, los derechos al autogobierno de los territorios históricos o de fuerte identidad cultural, etc. Con frecuencia estos derechos han sido asumidos por la sociedad mucho antes que por parte de los Estados.

Obviamente estos derechos solamente serán efectivos si se promueven transformaciones socio-económicas y culturales. Para lo cual se precisa una revolución política democrática. Las elites políticas que se alternan en las instituciones no pueden ni quieren hacerlo: están comprometidas con los poderes económicos y mediáticos y difícilmente pueden modificar el sistema político establecido que es el que les ha favorecido para instalarse y reproducirse en el actual marco político-jurídico.

La paradoja democrática. En nombre de la democracia se crea un marco político-jurídico que garantiza los derechos políticos y el status de ciudadanos libres e iguales. Pero al mismo tiempo legitima la demanda de nuevos derechos en base a los principios de igualdad y libertad y en consecuencia también legitima el conflicto social que cuestiona o no acepta el marco legal y socio-económico establecido . Una paradoja o contradicción aparente, solo lo es si se considera como una relación estática. Los derechos como hemos expuesto son formales pero no materiales (faltan las políticas públicas), o son insuficientes, o aparecen necesidades y derechos nuevos. Existe siempre la tensión entre democracia del pueblo (los que no tienen poder) y la ciudadanía formal (entendida como status político-jurídico asignado y delimitado por el Estado mediante la nacionalidad). La democracia es un proceso permanente constituyente, se ejerce con más o menos dificultades para formalizar y ejercer los derechos legítimos. La ciudadanía en sentido restrictivo o formal es estática, está regulada por un poder, el Estado, que de facto está por encima de la voluntad popular. Se puede argumentar que el Estado de derecho, incluso más formal que material, ofrece medios para promover las transformaciones necesarias o para ejercer la protesta hasta conseguirlas. Y también es cierto e importante que la ciudadanía integra en su conciencia derechos no contemplados o no efectivos pero que las mayorías sociales pueden consideran derechos legítimos como poder ejercer o acceder al empleo o la renta mínima, la vivienda, el transporte público, la energía, el agua, la pensión o jubilación, la pureza del aire o los derechos de las minorías, la protección social, etc. Es cierto pero no suficiente.

Los derechos por muy legítimos que lo consideren ciertos sectores o aparatos del Estado (por ejemplo algunos gobiernos locales o una parte de la judicatura) y una gran parte de la opinión pública si son insuficientes o inaccesibles a colectivos sociales significa que el poder político gobernante tiene otros prioridades y prioriza a otros grupos sociales o económicos, minoritarios pero más poderosos. Por lo tanto cuando ocurre esto, como en la actual coyuntura global y local, hay una escandalosa dejadez o no reconocimiento de derechos para una parte importante y en muchos casos mayoritaria de la población. En esta caso y en nombre de la democracia, la ciudadanía activa debe confrontarse con el “Estado de derecho realmente existente”, que niega derechos básicos de la ciudadanía y rechaza sus demandas. El sistema político y económico vigente menosprecia los derechos de los ciudadanos y reprime a los ciudadanos que los exigen y pretende ejercerlos. Por ejemplo ocupando viviendas vacías o fábricas que despiden a trabajadores a pesar de obtener beneficios o bancos cuyas prácticas fraudalentas han afectado a ciudadanos incluso de bajos ingresos. O tomando las sedes desde donde se organiza y se ejecuta la acción represora, sea la judicatura o los cuerpos armados del Estado. El “pueblo”, los ciudadanos sin poder, están legitimados para practicar la desobediencia civil. Pacífica si es posible, pero insurrección ciudadana, tan necesaria como justa. 36 Lo cual nos lleva de nuevo al “derecho a la ciudad” y a la vocación de las clases populares y amplios sectores empobrecidos a conquistar el nivel de “ciudadanía” que corresponda a sus derechos considerados legítimos. El derecho a la ciudad es una vía para democratizar la democracia.

V. El derecho a la ciudad, entre la Revolución democrática y el Estado de derecho pervertido.37

¿Podrán sobrevivir nuestras ciudades? Empecemos por el reto que nos plantea la ciudad. La pregunta que se hizo Sert38 en los años 40 es más actual que nunca. Las ciudades viven dinámicas autodestructoras, En sus entornos se generan procesos urbanizadores sin ciudad. Se impone un uso depredador del patrimonio natural, social y cultural. La ideología del miedo y la obsesión de la seguridad disuelve la convivencia ciudadana y reduce los espacios públicos. La ciudad de calidad se vuelve excluyente, la especulación prioriza el valor de cambio sobre el del uso, la arquitectura de los objetos substituye al urbanismo integrador. Cuando la ciudad es mercancía dejar de ser ciudad, la especulación produce dinero que produce dinero39. El capitalismo financiarizador de la urbanización puede crear una apariencia de ciudad pero no podrá mantenerla. Al contrario: nos lleva a las crisis inmobiliarias y financieras, a la insostenibilidad ambiental y energética, a acentuar la segregación y la desigualdad sociales, a la atomización de la ciudadanía y a su impotencia o rebeliones esporádicas.40 Los gobiernos locales por debilidad o complicidad no asumen la representación y las demandas de la ciudadanía despojada de sus derechos. La confusión, opacidad y anacronía de las instituciones locales no conectan con los nuevos proletarios y reserva de fuerza de trabajo. La urbanización sin ciudad es hoy una política perversa de los gobiernos y de los organismos internacionales al servicio de la economía capitalista-especulativa.41 La especulación reduce en muchas ciudades la economía productiva, aumenta la desocupación de trabajadores, técnicos y profesionales y crece empleo de servicios (limpieza, hostelería, turismo, etc) no calificado, mal pagado y precario. La ciudad como ámbito de la ciudadanía se pierde en el magma de la urbanización, los lazos de la ciudadania se deshacen y es creciente el sentimiento de desposesión y desprotección de amplios sectores de la población.42

El malestar urbano es creciente y la resistencia ciudadana se expresa. Las promesas de la ciudad, de la gran ciudad especialmente, no se han cumplido. Algunos derechos conquistados se han perdido, otros no son lo que eran. La vivienda no es del que la compró, ahora es de los bancos o la amenaza de desahucio acecha. Los barrios populares que fueron rehabilitados y renovados ya no son para sus antiguos ocupantes, no hace falta expulsarles por la fuerza, lo hace el mercado. Y los que no fueron mejorados o están fuera del perímetro de calidad se degradan aceleradamente. El espacio público en las zonas privilegiadas tiende a ser excluyente, en el resto o bien se difunde la ideología del miedo o bien son espacios pobres y monopolizados por colectivos específicos. Los inmigrantes se refugian en la privacidad o en zonas que han colonizado. Aumentan los jóvenes del ni-ni, ni trabajo ni formación y se puede añadir ni esperanza. Sin embargo la ciudad no deja de ser el espacio de la esperanza y el ámbito donde los lazos se crean o se reconstruyen. Existe arraigado el sentimiento de ser ciudadano, la vocación de ser libre, la conciencia de que en la calle todos somos iguales. A medida que las ciudades son excluyentes y la urbanización sin ciudad, de guetos y barrios cerrados, la dialéctica social genera anticuerpos, aparecen focos de resistencia, se proponen alternativas (incluídas políticas), se generan iniciativas solidarias o formas múltiples de cooperación y se reivindican derechos legítimos pero no reconocidos. Las fuerzas políticas y económicas dominantes reconocen cada vez menos a grandes sectores de la población pero éstas a su vez los rechazan. Las clases que sufren exclusiones son también las que tienen más razones y más demandas compartidas para reivindicar sus derechos.

Derechos de ciudadanía y clases sociales. Hay que reconsiderar la relación entre igualdad y libertad. Los derechos humanos son universales, incluyen la libertad y la igualdad. Pero en la práctica los derechos humanos en el mejor de los casos sirven para legitimar reivindicaciones sociales pero no para hacerlos efectivos. El status de ciudadanía en cambio garantiza realmente derechos civiles y políticos vinculados al principio de libertad pero no garantiza concretamente la aspiración igualitaria. La tradición liberal considera la igualdad como una utopía peligrosa pues estimular las tendencias hacia la igualdad conduce a la opresión, además de conducir a la mediocridad y pobreza generalizadas. En la tradición popular o socialista los derechos formales liberales son ficticios puesto que al no tener en cuenta la situación social y económica y la posición en el territorio de las clases “subprivilegiadas” éstas sufren un déficit de ciudadanía.43 Los derechos liberales que poseen formalmente no los pueden ejercitar del todo (por ejemplo la participación política) y los derechos sociales en la práctica aún menos (por ejemplo tener garantizado acceder a un empleo o a la vivienda).44

¿La cuestión: libertad e igualdad tienden a la confrontación o hacia la complementaridad? Unos debates modernos que se iniciaron con las revoluciones de Norteamérica y de Francia y que es también pertinente en la actualidad. ¿La ciudadanía es patrimonio de las clases altas y medias y excluye a las clases populares? ¿El derecho a la ciudad es la alternativa popular al concepto “burgués” de ciudadanía? De todo lo expuesto hasta ahora y de cómo entendemos el proceso histórico se pueden apuntar algunas conclusiones. Los derechos ciudadanos han sido reivindicaciones populares cuya conquista fue compartida, pactada y formalizada por los grupos sociales más fuertes. Desde la Carta Magna (1215) hasta hoy. Estas conquistas políticas pero limitadas han permitido a las clases trabajadoras no solo disfrutar de derechos civiles y políticos efectivos aunque insuficientes, también han facilitado la lucha para conquistar derechos sociales45. Sin embargo las clases dominantes han pervertido los conceptos de libertad e igualdad al hacer un uso interesado del concepto de libertad en detrimento de la igualdad. El análisis lógico de los conceptos y su realidad práctica histórica nos demuestran que sin un alto grado de igualdad la libertad no es real. Y también que sin un alto grado de libertad la igualdad no existe, se imponen los más fuertes.46 El derecho a la ciudad emerge como propuesta de renovar la ciudadanía mediante la integración de derechos tanto sociales, económicos, culturales y ambientales con los políticos, nacionales y civiles. El derecho a la ciudad es un medio de complementar igualdad con libertad, y viceversa. No hay oposición entre lucha de clases y ciudadanía. Hay al contrario una relación dialéctica.

De la democracia a la ciudadanía: el derecho a la ciudad. Ya nos hemos referido a la tensión entre el ideal democrático y la materialización del Estado de derecho en sistema político-jurídico hegemonizado por las oligarquías políticas y económicas. En síntesis la democracia legítima entendida por los ciudadanos se confronta se con la democracia pervertida por las leyes y las políticas públicas. La ciudadanía aparece como un concepto ambivalente: para los ciudadanos principalmente de los sectores populares es una conquista en gran parte pendiente. Pero el marco político-legal es lo que hay, es decir lo que hay no es suficiente para las aspiraciones democráticas. El derecho a la ciudad aparece como un concepto mediador. Este derecho se construye a partir de cómo se entiende en un momento histórico determinado la democracia y más concretamente en sociedades urbanizadas como son especialmente las europeas y las americanas. No es aquí necesario exponer el conjunto de derechos que integran el derecho a la ciudad que han sido objeto de Cartas de derechos (ya citadas anteriormente) además de numerosas publicaciones. A título de recordatorio citamos los estrictamente urbanos (vivienda, movilidad, centralidad, visibilidad, espacio público significante, equipamientos, servicios urbanos básicos, mixtura social, compacidad urbana, etc), los socio-económicos (empleo, formación continuada, renta básica, protección social, educación, asistencia sanitaria, seguridad, etc), los ambientales, los culturales (diferencias e identidades individuales y colectivas) y los políticos (participación política, gestión cívica, instituciones transparentes y adecuadas al territorio social real, rendimiento de cuentas, etc). Estos derechos requieren poderes públicos radicalmente democráticos y que asuman las competencias necesarias y los medios legales y financieros públicos para hacer efectivos los derechos (suelo, banca, enseñanza, sanidad, etc).

De lo cual se deduce que el derecho a la ciudad no es un paraguas que integra derechos existentes pero no siempre efectivos. Es una clave interpretativa y crítica para expresar los défícits de ciudadanía. Y en consecuencia el derecho a la ciudad es también la base de una estrategia para hacer efectivos los derechos que configuran el derecho a la ciudad. Todos los derechos ciudadanos son necesarios todos a la vez, son interdependientes y dependen de las políticas públicas y de la participación activa de la ciudadanía. Pues los derechos y las políticas no nacen de la inspiración de políticos, expertos o líderes sociales sino de las necesidades colectivas e individuales expresadas, de las conquistas políticas conseguidas o reivindicadas y de las aspiraciones explícitas o latentes de las mayorías sociales. El derecho a la ciudad es un medio para completar la ciudadanía y especialmente para que los sectores populares adquieran plena y realmente la ciudadanía, ser libres e iguales todos.

No hay pleno derecho a la ciudad sin cambio político “antisistémico”. El presidente Eisenhower en su discurso de despedida al finalizar su mandato (17 de enero de 1961) expresó su gran preocupación respecto al “complejo industrial-militar que condicionaba fuertemente a las instituciones políticas democráticas y al conjunto de la sociedad”. Actualmente el Estado ha sido secuestrado por un complejo financiero-político/burocràtico (incluye a judicatura, ejército, etc) y excluye al pueblo, clases populares y medias. O si lo prefieren el 1% acumula la mayor parte del poder y del dinero frente al 99% como expresaron los okupantes de Wall Street. En nuestras sociedades y sistemas institucionales y económicos complejos no parece que pueda darse una revolución convencional como las consideradas clásicas como la francesa de 1789 o la rusa de 1917. La revolución democrática solo puede ser procesual, aunque haya momentos fuertes. Como escribió Lefebvre “la revolución será urbana o no será”. ¿La ciudad puede ser el medio de la transformación política y en consecuencia la socio-económica, cultural y ambiental?

La ciudad ha sido históricamente el lugar y el momento de la innovación cultural, de los cambios políticos y de la movilización social. Obviamente los cambios triunfaban si se extendían a todo el país o fracasaban. Como fue el caso de la Commune (Paris, 1871), el referente de “revolución social urbana” o en el caso de España el cantón de Cartagena (1873). Hoy vivimos en países y continentes altamente urbanizados y organizados por redes de ciudades y que incluyen entre el 80 y el 90 % de la población. La tensión democracia y marco político-legal solo se puede superar mediante la “insurrección ciudadana”47, pacífica, masiva, organizada, a partir de la ocupación de las instituciones existentes y con el consenso de la mayoría de la ciudadanía. Puede ser una insurrección rampante, con momentos de confrontación y otros de negociación. Pero como anunció Salvador Allende en su últimas palabras antes de morir el día del golpe militar “mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor…”. No vivimos un golpe anacrónico como el de Chile, sufrimos unos Estados que excluyen a las mayorías sociales. Desde hace unas décadas estamos sometidos a un proceso golpista gradual, también llamado desdemocratización. Parece lógico y necesario invertir el proceso, redemocratizador, lo cual exige algo más que elecciones y consultas por sufragio universal. Se requieren momentos fuertes de desobediencia civil, de ocupación de instituciones, de invención de iniciativas alternativas, de boicot a las empresas públicas o privadas (bancos, de servicios de interés general, etc) que niegan derechos básicos a colectivos sociales, etc. Los derechos se conquistan cada día. El derecho a la ciudad se conquista políticamente. La ciudadanía no se pide, se construye y se ejerce.

Jordi Borja, marzo 2015.

Notas

Nota del autor. Las referencias bibliográficas se refieren casi siempre a publicaciones en castellano, traducidas en muchos casos del francés, inglés, italiano, alemán y catalán. Se añade el año de la publicación en la lengua original excepto si se tratan de obras clásicas y muy reeditadas o cuando la edición original es muy próxima a la traducida. En algunos casos se cita la referencia de la obra en la lengua original por no conocer los datos de la edición traducida o por no existir ésta.

1 El autor ha desarrollado el concepto de” derecho a la ciudad” en sus obras” La ciudad conquistada” (2003) y “Revolución urbana y derechos ciudadanos” (2013), publicados por Alianza Editorial y Café de las Ciudades. Un conjunto de textos del autor relativos a esta cuestión se encuentran también en “Revolución urbana y derecho a la ciudad” publicado por Olachi, Quito, en una colección dirigida por Fernando Carrión.

2 Título del libro, “Classes laborieuses et Classes dangereuses” (Paris, 1958) del historiador y demógrafo Louis Chevalier. La obra de Henri Lefebvre, “Le droit à la ville” (1968) y las siguientes de temática urbana (ver referencia 5) es hoy considerada como seminal.Sin embargo tuvo que pasar más de un cuarto de siglo para que el concepto del derecho a la ciudad fuera gradualmente asumido por sectores de la intelectualidad urbanística y de diversas organizaciones sociales.

3 Titulo del documento-novela del escritor barcelonés de origen proletario, Francisco Candel, (1958). La frase de F.Giroud,,es de sus Memorias “On ne peut pas être heureux tout le temps” (2001, versión castellana Gedisa, 2001)

4 Conciudadano es el término que usa Étienne Balibar, ver “Ciudadanía”, editorial Adriana Hidalgo, Córdoba, Argentina 2013 (versión original en italiano, Boringhieri, 2012).

5 Después de El derecho a la ciudad Henri Lefebvre publicó cinco obras más, entre 1968 y 1974: “De lo rural a lo urbano; La revolución urbana; El pensamiento marxista y la ciudad; Espacio y política y La producción del espacio”. Todas existen en castellano. La última citada ha sido publicada recientemente por Capitán Swing (2013). Lefebvre fue fundador y primer director de la revista Espace et Sociétés .Entre los autores influidos por Lefebvre en Estados Unidos se encuentran Richard Sennett (ver una de sus primeras obras, Vida urbana e identidad personal, 1970) y másexplícitamente Edward Soja. Y el ya citado David Harvey, especialmente en sus últimas obras.

6 En la década de los 90 sin embargo florecieron numerosas Cartas de derechos ciudadanos, urbanos, sociales, emergentes , etc en Europa y en América latina.: Carta urbana europea (Consejo de Europa, 1993), Carta europea de ciudadanía (Red europea de ongs, 1996), Carta de las eurociudades (1996), las Declaraciones del Movimiento de Reforma Urbana de Brasil, Carta de los derechos humanos en la ciudad (Foro Social de Porto Alegre,2000 y ratificada por Saint Denis-Paris y Barcelona), etc.

7 Recuerdo únicamente la referencia al derecho a la ciudad del urbanista mexicano Enrique Ortiz, presidente de Habitat International Coalition, y otra del autor de este texto. Ambos proponíamos asumir el derecho a la ciudad para evitar segmentación de derechos interdependientes en el ámbito ciudadano. HIC, impulsado por Ortiz, elaboró a finales de los 90 un dossier con documentos sobre el derecho a la ciudad, incluído un texto de J. Borja. Por cierto JB escribió un documento a debatir y especificaba los derechos urbanos, sociales, económicos, políticos y culturales que integraban el derecho a la ciudad. Probablemente entonces, en la década de los 90, era una novedad pero fue rechazado por la Revista Mexicana de Sociología por considerar que no tenía interés académico. Unos años después una versión ampliada fue publicada por la Fundación Alternativas (Madrid 2004). HIC publicó mas tarde una obra colectiva: Ciudades para todos, Experiencias y propuestas sobre el derecho a la ciudad (2010), coordinado por Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (en inglés, fráncés y castellano). También HIC-México promovió la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la ciudad (2010).

8 Sus principales textos sobre la cuestión se encuentran reunidos en “Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana” (2012, en inglés, 2013 editado en España y en Argentina).

9 Editores: Mireia Belil, J.Borja, y Marcelo Corti. Publicado por Icaria en Barcelona y Café de las Ciudades en Argentina (2012). La obra incluye dos largos textos de David Harvey y JB que fueron objeto del debate citdo. El libro incluye también contribuciones de Michael Cohen, José Manuel Naredo, Ada Colau, Alfredo Rodríguez, François Ascher, Jean Louis Cohen, Graciela Silvestri, Fernando Carrión, Lucía Dammert y otros/as.

10 Ver de JB su contribución a” Las ciudades una ecuación imposible”, op.cit. y del mismo autor “Luces y sombras del urbanismo de Barcelona” (UOC, 2011).

11 Nou Barris es un conjunto de barrios del norte de Barcelona que se convirtió en la principal referencia de la lucha popular urbana de la década previa a la democracia.Y aún hora es un ejemplo de vida asociativa y capacidad reivindicativa, propositiva y creativa..

12 Disponía de una cierta base cultural marxista adquirida en la militancia y en mis años de estudiante en Paris. Pero en mis inicios en los movimientos populares barriales y ciudadanos no llevaba el esquema marxista preparado para aplicarlo a la realidad. Fue el análisis crítico del urbanismo entonces vigente el que me llevó a deducir que las dinámicas y políticas urbanas resultaban muy funcionales a la acumulación de capital. Y participando en los nacientes movimientos sociales percibí que se trataba de un conflicto en defensa de la reproducción social que correspondía garantizarla a las políticas públicas, lo cual no hacían. De lo cual se derivaban conceptos útiles como plusvalías, explotación, coste de reproducción de la fuerza de trabajo, las dinámicas destructoras de la ciudad por parte del capitalismo poco o mal regulado, fiscalidad regresiva, políticas públicas no redistributivas, etc.

13 El colega y sin embargo amigo Manuel Delgado, con su brillante afán demoledor de las ideas ajenas y a veces de las propias, dispara contra el uso del concepto de ciudadanía, considerando que es un procedimiento destinado a evacuar “la lucha de clases”. Una parte de razón tiene si nos encerramos en una visión estàtica de la”ciudadanía” como ocurrió en la revolución francesa. Cuando se quiso integrar la universalidad de la “Déclaration des droits de l’homme” se añadió “les droits des citoyens”, se mantuvo la libertad y se le añadió el derecho de resistir a la opresión” pero no la igualdad y la fraternidad, que fueron substituídas por “la propiedad y la seguridad”. Pero sería desarmar políticamente a los sectores populares en su lucha por derechos políticos y sociales si prescinden de un conjunto de derechos ya establecidos o legitimados como ocurre con el statuts de ciudadano. En todo caso a pesar del estilo de MD, con un punto excesivo de provocación que no facillita su aceptabilidad, nuestras posturas son más próximas de lo que parecen.

14 Urbanismo mágico, op.cit (2012).

15 Veáse las referencias en las notas a pie de página 6 y 7.

16 Término utilizado por Saint Simon en su famosa parábola que distingue entre productivos y “fainéants”, los inútiles o que no hacen nada. Incluye a los rentistas, los especuladores y los usureros.

17 Sobre la Carta Magna, el uso que se ha hecho de ella y la comparación con la Carta del Bosque ver de Peter Linebaugh “El Manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertad para el Pueblo”, Traficantes de sueños, 2013.

18 Ver Eric Hobsbawm “La clase obrera y los derechos humanos”, texto de una conferencia de 1982, publicada en castellano en “El mundo del trabajo. Estudios sobre la formación y evolución de la clase obrera”, Crítica, 1987). Ver también las obras de G.Rudé, E.P.Thompson, Barrington Moore y C.Hill, citadas por Hobsbawm. Hay que tener en cuenta que los sindicatos construyeron y dirigieron un gran partido político, Labour Party, hasta el auge del neoliberalismo a finales del siglo XX.

19 Es interesante la polémica entre Tom Paine y el redactor principal de la Constitución de los Estados Unidos y su cuarto presidente, Madison. Paine critica la concepción abstracta de los derechos del hombre, universales y individualistas que no son ni efectivos ni justos para los no propietarios. Paine también criticó la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de Francia. . Veáse la obra clásica de Paine “Los derechos del hombre”, (Alianza Editorial 1984, primera edición en inglés 1791) que introduce los “derechos económicos” y las políticas resdistributivas. Cole la llamó “la Biblia de los pobres”. Su lema: “mi patria, el mundo; mi religión hacer el bien”.

20 “Fue el movimiento obrero que compió la camisa de fuerza individualista y político-jurídca que limitaba los derechos humanos y ciudadanos de la Déclaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos de la Revolución Francesa y de la Constitución de los Estados Unidos” E.Hobsbawm, op.cit. Marx, en unas notas en su texto sobre “la cuestión judía”, apunta ya una crítica al individualismo abstracto de la “Déclaration des droit de l’homme citada.

21 La ley Le Chapelier (1791) prohibía las asociaciones de trabajadores y de artesanos, comerciantes, agricultores y las formas de acción colectiva. Pero no se aplicaban a las organizaciones patronales. Desde inicios del siglo xix se empezaron a crear asociaciones obreras que se denominaron “sindicatos” pero no se legalizaron hasta mediados o finales de siglo, como el derecho de huelga. Medio siglo más tarde Marx escribió una dura crítica a la ley Le Chapelier y a la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución francesa en sus “Notas sobre la cuestión judía” .Marx sin embargo fue siempre un defensor incondicional de las libertades políticas, desde sus crónicas en la Gaceta Renana y en sus posteriores textos políticos. Exaltó la Commune como ejemplo de democracia ciudadana. Más tarde Engels, Marx ya había muerto, defendió el marco político democrático representativo como medio para “La revolución de la mayoría”, pensamiento político que un siglo más tarde asumió el “comunismo democrático”.

22 La nueva clase dominante, la burguesía, exaltó las libertades económicas pero muy poco las políticas. A lo largo del siglo XIX y XX los derechos políticos de los trabajadores y otros sectores de bajos ingresos fueron limitados o negado a amplios mediante normas excluyentes: no tener propiedad, analfabetismo, las mujeres, los que no tenían domicilio o cambiaban periódicamente de residencia, Y actualmente a los “inmigrantes” (residentes con otra nacionalidad). En España, en la segunda mitad del siglo XIX, el Partido democrático que preconizaba el sufragio universal, se le reprimió, era considerado antisistema.

23 Un dato simbólico: la “Marsellesa” ha sido un himno internacional de los movimientos de liberación nacional y de las luchas de los trabajadores.

24 Los mártires de Chicago, Spies, Fisher, Engel y Parsons, fueron los líderes anarcosindicalistas organizadores de la jornada del primero de mayo de 1886. Fueron condenados a ser ahorcados. La sentencia se ejecutó en 1887. Otros muchos fueron condenados a penas de cárcel.

25 Actualmente se utilizan argumentos economicistas. Por ejemplo reducir fuertemente los impuestos de los ricos generara inversiones, empleo, demanda solvente, más consumo, etc. Una falacia grosera aunque la utilicen economistas y políticos, a veces incluso algunos considerados “progresistas”. En la mayoría de casos los ricos no invierten en actividades productivas sino en especulación, inversiones al exterior, consumo ostentatorio, etc.

26 La convicción de la patronal de que los trabajadores no tenían otros derechos que los que les concedían los propietarios lo simboliza el incendio de una fábrica textil de New York (en el Village) el 25 de marzo de 1911. Las obreras, inmigrantes la mayoría y de edades entre 14 y 23 años, ocuparon la fábrica ante la negativa de la patronal a negociar nada. Reivindicaban la jornada de 8 horas y un salario digno. Los responsables de la fábrica desde el exterior cerraron puertas y ventanas para impedir su salida. Se produjo un incendio por causas desconocidas y murieron 123 mujeres. En su honor el 8 de marzo, Día Internacional de la mujer, se les rinde recuerdo y homenaje.

27 Hay que tener en cuenta el impacto de la revolución rusa de 1917 y el temor que el comunismo se impusiera al mundo liberal capitalista. Se puede debatir sobre las virtudes y vicios, los avances sociales y los crímenes de Estado en la URSS y sus zonas de influencia. Pero hay que reconocer que el miedo que inspiraba el comunismo a los gobiernos occidentales y a los capitalistas favoreció en gran manera a los derechos de las clases trabajadoras occidentales.

28 Veáse el excelente film de Ken Loach, “El espíritu de 1945”. A pesar de haber liderado la resistencia contra los nazis Churchill perdió las elecciones poco después de terminada la guerra y se formó un gobierno laborista que sentó las bases de un “welfare state” avanzado, en asistencia sanitaria, protección social, educación y vivienda.

29 Nos referimos no al Estado de derecho como figura ideal sino al marco político-jurídico de los Estados actuales de “democracia liberal o representativa”. El amigo Gerardo Pisarello me indicó que convenía hacer esta precisión que agradezco. Obviamente el Estado de derecho en abstracto es una condición de la democracia. Aunque Goethe prefería el orden a la justicia el Derecho es una condición de justicia para las clases sin poder. Para lo cual se requiere un modelo de Estado que organice poderes y contrapoderes o límites, derechos garantizados y exigibles para todos, etc. En la práctica el Estado realmente existente puede devenir excluyente y represivo pero busca su legitimación enarbolando la bandera del Estado de derecho. En el caso de España y del Gobierno del Partido Popular es muy evidente, ha degradado a los conceptos de democracia y de Estado de derecho.

30 E.Balibar, “Ciudadanía”, Editorial Adriana Hidalgo, Córdoba, Argentina 2013. La versión original es en italiano, “Cittadinanza”, editado por Bollati Boringhieri, 2012. El autor ha reelaborado diversos textos, artículos y conferencias la mayoría en inglés, producidos entre 2005 y 2010. En esta última parte de nuestro trabajo hemos tenido en cuenta estos textos así como una de sus obras principales y reciente “Citoyen-sujet et autres essais” (PUF, 2012) y algunas entrevistas posteriores.

31 En muchos departamentos de Universidades europeas y norteamericanas y en los jurados europeos se rechazan las propuestas de tesis o los proyectos de investigación que hacen referencia a las clases sociales y en general al pensamiento crítico, incluído el marxismo. Se priorizan los estudios formalistas, modelos que elaboran realidades ficticias y trabajos que en ningún caso cuestionen el sistema socio-económico y político-jurídico existentes.

32 J.Borja “Espacio público y derecho a la ciudad”, Viento del Sur, Madrid 2011. Una versión distinta se encuentra en “El derecho a la ciudad” (2011), libro colectivo editado por el Institut de Drets Humans de Catalunya y Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales). La bibliografía sobre este tema es numerosa. Destacamos los trabajos de Loïc Wacquant “Los parias urbanos” (2001) y “Punir les pauvres (2004) y Mike Davis,”Control urbano. La ecología del miedo” (2001). Citamos estas obras pues muestran como la ofensiva contra los sectores populares urbanos ya estaba en marcha antes de la crisis.

33 Se ha endurecido el código penal y se ha complementado con una ley de “seguridad ciudadana” que conculta derechos elementales como los de expresión, manifestación, opinión, etc. Las sanciones, muy duras mediante multas exorbitantes y represión administrativa, las impone directamente el ministerio del Interior, sin intervención de los jueces. Ver sobre el caso español los libros de Gerardo Pisarello y Jaume Assens “No hay derecho (s)”, Icaria, 2011 y “La bestia sin bozal”, Catarata, 2014. G.Pisarello es autor de una obra teórico-histórica relevante sobre esta última parte: “Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrática”, Ed. Trotta, 2013 y “Procesos constituyentes”, Ed.Trotta, 2014.

34 Este título corresponde a Norberto Bobbio: L’età dei diritti, Einaudi, 1990. Se trata de un recorrido histórico sobre los derechos desde la Antigüedad hasta la Declaración de derechos humanos de Naciones Unidas, 1948. Una obra muy actual, extensa e intensa es Il diritto di avere diritti, de Stéfano Rodotá. El título como es conocido, corresponde a una expresión muy característica de Arendt, ya citada en este texto. Pero en la obra, excelente, de Rodotá solamente se cita a Arendt dos veces entre varias centenas de referencias, pero no se indica el origen del título. Además de las obras citadas anteriormente nos parece interesante un pequeño libro, Manifiesto de Derechos Humanos, de Julis Wark, Ediciones Barataria 2011 y en inglés Zero Books 2013. La autora expone con numerosos ejemplos como los paises considerados democráticos y defensores de los derechos humanos vulneran sistemáticamente estos derechos.

35 Ver Hobsbawm, op. cit. Recientmente ha aparecido una voluminosa y completa obra sobre “lo común”: Commun, de Pierre Dardot y Christian Laval, La Décourverte 2014. Ver también la referencia a la Carta Magna y su uso posterior en la nota 16. Otras referencias bibliográficas: Ugo Mattei: Beni Comuni, Bari 2011. Es muy importante tener en cuenta la perspectiva feminista puesto que las privatizaciones muchas veces representan un doble trabajo para las mujeres pues aún hoy las funciones vinculadas a la reproducción social (alimentos, cuidado de niños, ancianos y discapacitados, atención los enfermos, etc) recaen principalmente en ellas. Veáse: “Calibán y la Bruja” de Silvia Federici, Traficantes de Sueños, Madrid, 2012. La brutal política privatizadora desde los años 80 del siglo XX equivalente a la que se produjo a los inicios de la revolución industrial ha afectado especialmente a “bienes comunes” lo que ha significado un empobrecimiento de los no-propietarios ni no-poderosos: agua, energía, suelo, educación, sanidad, protección social, vivienda, transportes, etc. Lo cual ha provocado una multitud de reacciones sociales, de alternativas a pequeña escala, de renacimiento de formas de propiedad o de gestión de carácter cooperativo o asociativo, etc. Las redes sociales en los últimos años han dado un nuevo impulso a la innovación social, cultural y económica. Y también política.

36 Veáse E.Balibar, Ciudadanía, op.cit. Balibar se refiere a la obra La Paradoja de la Democracia de Chantal Mouffe (2003, Gedisa, original inglés, Verso 2000). Ver también “La société du mépris”, de Axel Honneth (La Découverte, 2006, reune escritos en alemán entre 2000 y 2003).El autor es el actual director del Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt. La Escuela de Francfort que fundaron y dirigieron Horkheimer y Adorno tuvieron entre sus miembros y colaboradores Fromm, Marcuse, Habermas, Benjamin, Bloch, Arendt, Wittfogel, etc.

37 Esta última parte se basa en la reflexión del autor en su libro “Revolución urbana y derechos ciudadanos” (Alianza Editorial 2013 y Café de las Ciudades, Buenos Aires 2014). Este trabajo original puede considerarse como una continuación de la obra citada. Es muy recomendable la obra de José Manuel Naredo y para esta parte del trabajo es preciso citar un breve e interesante texto reciente: “Economía, poder y polítca” Madrid, 2013.

38 Josep Lluís Sert, vicepresidente del CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Asumió el libro que recogía la reflexión del CIAM a lo largo de la década de los 30. “¿Podrán las ciudades sobrevir?” se publicó en 1942 y al terminar la guerra mundial fue difundido por Naciones Unidas y orientó la reconstrucción de muchas ciudades europeas y también influyó en grandes proyectos urbanos en las ciudades americanas.

39 Marx escribió en El Capital: si el dinero produce dinero a medio plazo los salarios bajan, los beneficios obtenidos no han producido ningún ningún valor que no sea valor de cambio… hasta que la ruleta se para y la pirámide se derrumba..

40 La atomización de la ciudadanía en las periferias urbanas sin ciudad dan lugar a revueltas sin futuro, la llamada conflictividad asimétrica. El conflicto social es una explosión desesperada de los que claman por ser “reconocidos”, un movimiento “expresivo” (Pizzorno). No es una confrontación con el adversario que representa el poder establecido (Mounier diría “el desorden establecido”). Es simplemente un grito que llegue a los otros, como los jóvenes de las zonas suburbiales que queman autos o centros cívicos de su propio barrio. Pero los barrios populares consolidados y con conciencia de ciudadanía ofrecen resistencia social y capacidad de proponer y a veces imponer alternativas.

41 En su Informe anual de 2009 el Banco Mundial consideraba como uno de los principales indicadores de “desarrollo” la urbanización sin ciudad. No solamente no habían previsto una crisis que se había iniciado dos años antes sino que además mantenían y legitimaban las peores políticas

42 El autor analizó el sentimiento de desposesión en “Luces y sombras del urbanismo de Barcelona”, op.cit.

43 Nos referimos a la exclusión o marginación en el territorio. La urbanización sin ciudad que en muchos casos incluye conjuntos de vivienda social supone una pérdida considerable de derechos ciudadanos pues no solo hay déficits de infraestructuras, servicios y equipamientos con los consiguientes costes sociales. También se genera atomización social, desconexión de las áreas centrales psicológicamente integradoras, dificultad de participación política, etc. Ver de J.B. La Revolución urbana y derechos ciudadanos, op.cit. Y la reciente obra de B.Secchi: “La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres” (2015) y de Neil Smith, “Nueva frontera urbana” (2014), ambas en castellano. (las ediciones originales en inglés son también recientes).

44 Tocqueville, aristócrata liberal, fue uno de los más brillantes analistas de los procesos políticos generados por las revoluciones americana y francesa. Plantea a su manera la “paradoja democrática”. La libertad supone la igualdad de los derechos políticos pero al establecer sistemas representativos la mayoría social tenderá a la igualdad opresora de la masa en perjuicio de las minorías cultas y emprendedoras. Asume la contradicción entre liberalismo político y democracia social..

45 Ver E.Habsbawm, op.cit.

46 E.Balibar utiliza el concepto de “egaliberté”: máxima libertad compatible con la igualdad y máxima igualdad compatible con la libertad. Ver su obra reciente “La proposition de l’Égalité” (PUF, 2012) y “Droits de l’homme et droits du citoyen. La dialectique moderne de l’égalité et de la liberté” en la obra colectiva “Liberté, Égalité, Différences”, PUF 1990.

47 Balibar en sus últimas obras concluye que solamente la insurrección ciudadana salvará la democracia hoy falseada y manipulada. Ver “Ciudadanía”, op.cit.

1 Comment Ciudadanía, derecho a la ciudad y clases sociales. O la Democracia versus el Derecho.

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